El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ‘encendió’ un pleitazo con el empresario Germán Larrea: la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos, Veracruz, tomó este viernes el control de Ferrosur, empresa ferroviaria del magnate. Esto abre la pregunta: ¿qué pasará con Banamex?
- Según Bloomberg, dicho movimiento puede ser un factor que complique la oferta de la empresa minera por el negocio de la banca minorista ya que Larrea es considerado como el ‘favorito’ en la puja por la adquisición.
- Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, agregó que esta acción ahuyenta las inversiones. Apenas esta semana, AMLO había dado su VoBo para que el empresario adquiera el banco Banamex, pese a tener «diferencias» con él.
Luego de ese respaldo, desde la conferencia matutina, AMLO y el dueño de Grupo México se reunieron en dos ocasiones en Palacio Nacional.
De acuerdo con Bloomberg Línea, las acciones de Grupo México Transportes, que administra Ferrosur, cayeron hasta 3.8 por ciento en operaciones en Ciudad de México. Mientras que las acciones de la matriz extendieron pérdidas iniciales hasta un 1.8 por ciento.
Pleitazo con Larrea
La toma de control del Ferrosur responde al más reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación y explotación en zonas específicas.
Se trata de los tramos de las líneas «Z», «ZA» y «FA», que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos.
- Además, se orden la ocupación temporal inmediata a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- Sin embargo, Grupo México anunció que la «sorpresiva e inusitada» toma de las instalaciones por parte del Ejército ya está siendo analizada por los inversionistas y abogados de la compañía.
AMLO expropia tres tramos de Ferrosur
El Ejecutivo Federal declaró como bienes de utilidad pública tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, propiedad de Grupo México y que forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- La declaración, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ordena la ocupación temporal inmediata de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (Ferrosur). Derivado de lo anterior, elementos de la Secretaría de Marina, arribaron esta mañana a las instalaciones de Ferrosur en Coatzacoalcos y Cosoleacaque para tomarlas en control, previo a la entrada de las seis de la mañana, informaron empleados locales de la empresa.
- El resolutivo cuarto del Decreto establece que con su entrada en vigor “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.
Sin embargo, advierte que con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Expropiación, los interesados podrán acudir al Poder Judicial de Federación únicamente para controvertir el monto de la indemnización.
Preocupa a iniciativa privada la expropiación a Ferrosur
Cámaras empresariales expresaron su preocupación por la expropiación de tres tramos de vías ferroviarias concesionadas a Ferrosur, subsidiaría de Grupo México, al señalar que el decreto vulnera el Estado de derecho y pone en riesgo las inversiones en el país.
Por separado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que el Gobierno federal haya expropiado los tres tramos de vías férreas a Ferrosur, y aseguró que hay conversaciones con Grupo México para la compra de estos.
- A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por el futuro de la inversión en México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expropió tres tramos de vías ferroviarias concesionadas a Ferrosur.
- “Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, indicó el Consejo.
El CCE expresó su disposición de dialogar con el Gobierno federal para construir en conjunto “las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional” y recordó que ha externado su interés por participar en el proyecto en el sur del país, pero siempre garantizando la certeza jurídica para empresarios mexicanos y extranjeros.
- Al igual, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar las expropiaciones como la realizada a 120 kilómetros de vías férreas de Grupo México Transportes, una empresa propiedad de Germán Mota Velasco.
“Se deben tomar medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país”, declaró el organismo encabezado por Héctor Tejada Shaar
- Agregó que la propiedad privada es la base fundamental del libre ejercicio empresarial y es esencial para fomentar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. La organización empresarial pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respeto a la propiedad privada como base fundamental del libre ejercicio empresarial.
El 19 mayo de 2023, el presidente de la República emitió un decreto a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) para declarar como utilidad pública tramos ferroviarios operados por la empresa Ferrosur S.A de C.V.
Ante ello la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo presentó una postura enérgica en defensa de la protección de la propiedad privada en México.
Las empresarias y los empresarios de nuestro país son los verdaderos generadores de riqueza y empleos, comentó.
Añadió que las empresarias y los empresarios siempre de manera justa, ética y responsable buscan el diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para encontrar soluciones, que permitan retener y atraer la inversión.
- Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx) aseguró que el decreto por el cual la Secretaría de Marina tomó el control de tres tramos de Ferrosur, de Germán Larrea, “vulnera el Estado de derecho y afecta todas las inversiones realizadas en el país bajo el régimen de concesión”.
“Siempre estamos y estaremos dispuestos al diálogo con el gobierno para construir juntos un desarrollo nacional sólido y sustentable. La plena certeza jurídica fortalece el interés de empresarios nacionales y extranjeros para invertir y acompañar los grandes proyectos nacionales y aprovechar la magnífica estabilidad económica que tenemos en el país”, expresó la Canaco CdMx a través de un comunicado.
El titular de Segob aseguró que no hubo expropiación, sino que es una ocupación temporal.
- «Había conversaciones con Grupo México respecto a ese tramo, no hubo un acuerdo, y legalmente las dos partes llegamos a esta libertad. No descartamos que hay muy pronto un acuerdo” añadió el funcionario que justificó el decreto al calificar el tema como seguridad nacional.
Expropiación a Ferrosur es un golpe a la confianza de los inversionistas
La expropiación indefinida de tres tramos ferroviarios de Grupo México por el Gobierno mexicano en Veracruz, es un golpe en la confianza de los inversionistas, coincidieron analistas.
- “El decreto por sí solo genera desconfianza para los empresarios en un clima de negocios que ya estaba deteriorado”, declaró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, en un reporte a medios.
- La especialista añadió que esta ocupación también “representa un golpe a la confianza de los inversionistas y puede generar un impacto negativo en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica en el ámbito empresarial”.
- Agregó que el hecho de que la ocupación de estos tres tramos se haya efectuado con agentes de las Fuerzas Armadas plantea preocupaciones adicionales sobre el respeto a los derechos y la seguridad jurídica en el país.
También recordó que quien encabeza a Grupo México, el magnate Germán Larrea, había anunciado su intención de comprar el Banco Nacional Mexicano (Banamex), aunque consideró que “lo ocurrido hoy con Grupo México podría poner en riesgo esta transacción”, de aproximadamente unos 7,000 millones de dólares.
- En este mismo sentido, el consultor privado Mario di Constanzo cuestionó en sus redes sociales al empresario minero Larrea si esto le da confianza para adquirir al negocio minorista del estadounidense Citigroup, o los activos que conlleva la transacción.
- “Oye German Larrea, después de esto, qué te asegura que ‘mañana’ no será Banamex o su patrimonio cultural, arquitectónico, etcétera”, apuntó en redes sociales y cuestionó si el Gobierno mexicano no querrá expropiar la banca.
- En tanto Viviana Patiño, investigadora de la organización México Evalúa, también cuestionó esta medida y la forma en que el Gobierno mexicano protegió sus obras consideradas como “prioritarias” y de “seguridad nacional e interés público”.
“Cuando la justicia y el debido proceso te estorban para gobernar; capítulo obras prioritarias”, manifestó.
El presidente López Obrador también decretó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de mexicano, será considerado de “seguridad nacional y de interés público”, blindando su construcción, funcionamiento, operación, así como la administración de infraestructura de transportes y servicios.
- Por su parte, el analista Carlos López, de la firma Tendencias Económicas y Financieras, coincidió en que esta ocupación temporal es delicada y significa un “pésimo mensaje a la inversión pública y un pésimo mensaje a la inversión privada”.
Niega AMLO expropiar a Grupo México
«Esto estaba considerado como de seguridad nacional, todo y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional sólo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Y cómo fue eso, cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salina Cruz? Si es de puerto a puerto», se quejó el Presidente.
- «Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión, porque dicen ‘se expropió’, ¿qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación», indicó.
- Durante la mañanera, López Obrador dijo que la acción no tiene que ver con la operación que lleva a cabo Grupo México, de Germán Larrea, para comprar Banamex ni tampoco es un pleito personal con el empresario.
«También aclarar todo, esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no», aseguró.
López Obrador dijo que dependerá de la actitud de la empresa si la medida es permanente.
¿Acción constitucional o arbitraria de AMLO?
El primer problema que exhibe el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador es la violación del principio constitucional de legalidad en su vertiente de taxatividad, que exige a todas las autoridades emitir sus actos detallándolos de manera concreta y unívoca.
- Esto no ocurre con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado viernes 19 de mayo, el cual solo establece que se trata de una ocupación temporal de tres líneas férreas, las Z, ZA y FA, “que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos” en Veracruz.
- En ninguna de las 26 páginas del documento se encuentra el plazo de dicha ocupación.
- Tal y como está redactado el decreto, aunque este exprese que se trata de un acto administrativo temporal, previsto en el artículo 2 Bis de la Ley de Expropiación, al carecer de un lapso específico lo hace -en automático- indefinido, alterando con ello la posibilidad de calcular la indemnización que procede en este caso.
Lo único que sí menciona la publicación en el DOF, sin citar la norma correspondiente, lo que trasgrede el artículo 16 constitucional, es que “en caso de que los bienes y derechos respecto de las vías férreas materia de la declaratoria de utilidad pública y de ocupación temporal no fueran destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar” su reversión total o parcial.
- Esto último está contemplado en el artículo 9 de la Ley de Expropiación, numeral que no es explícito en el decreto y, aunque lo fuera, no sustituye la obligación de la autoridad de señalar puntualmente cuál será el plazo de la ocupación temporal de los tramos de Ferrosur.
Con esto, una vez más nos encontramos ante un acto arbitrario, pues con todas estas omisiones se incumple la principal obligación que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal: Todo acto de la autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose el primer término como la expresión precisa de los preceptos legales aplicables al caso, en tanto que la motivación es el señalamiento exacto de las circunstancias, razones o causas que justifican la emisión del acto.
- Interpretación errónea: Los tres tramos de líneas férreas de Ferrosur ahora serán manejados por la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la cual se militarizó, pasando a la Secretaría de Marina, también a través de un decreto del presidente publicado en el DOF el 14 de octubre de 2022.
Este último documento también es cuestionable, constitucionalmente hablando, pues el manejo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec por parte de la Marina solo se justifica en ese decreto porque la paraestatal citada “se vincula con las facultades otorgadas” a esa Secretaría.
Es decir, la motivación es ambigua al igual que todas las actividades -formalmente civiles- que en la actual administración han sido transferidas a personal castrense.
- A su vez, en cuanto a los motivos de la ocupación temporal de los tres tramos de líneas férreas, el decreto presidencial que afecta a Ferrosur apunta que esas instalaciones, por su ubicación geográfica, se consideran “estratégicas y de seguridad nacional”, de acuerdo con los artículos 28 de la Constitución y 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Aquí tenemos una franca trasgresión del numeral 28 de la carta magna, pues los ferrocarriles no están señalados en ese artículo como áreas estratégicas, sino que, junto con la comunicación vía satélite, “son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”.
- De su lado, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que “se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución”.
Ergo, si constitucionalmente los ferrocarriles no son áreas estratégicas, sino solo prioritarias, la remisión a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad es errónea, lo que vicia por completo la fundamentación y motivación del decreto del López Obrador que ordena la ocupación temporal de los 91,248 kilómetros de líneas férreas concesionadas a la empresa de Grupo México.
- Legalidad vs. ideología: Contra estos argumentos, estrictamente jurídicos, obviamente está la peculiar definición que ha hecho la actual administración federal del término seguridad nacional.
Según el también cuestionable decreto presidencial, publicado en el DOF el jueves 18 de mayo, en el que se consideran con ese adjetivo las construcciones prioritarias del gobierno, este “entiende la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera”.
“Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano”.
- En ambos párrafos se confunde -como si fueran lo mismo- la seguridad pública y la seguridad nacional, además de que la integridad del Estado, también mencionada, no es igual a la estabilidad y permanencia del Estado democrático, ya que el primer término significa que el territorio del Estado mexicano no se vea alterado o amenazado, como puede ocurrir con una invasión extranjera.
En tanto que la estabilidad y permanencia del Estado democrático nos remite al funcionamiento y eficacia de los instrumentos e instituciones que nos permiten ser una democracia y no una dictadura o un régimen autoritario, como lo son la división de poderes, la aplicación de la ley y, ante todo, el respeto -sin regateos- a la Constitución./Agencias-PUNTOporPUNTO
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