La experiencia se da a través de la empresa Turística Integral Islas Marías, S.A., que es parte del conglomerado que el presidente ha creado para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina ingresen a los sectores turístico, de aviación, aeroportuario, ferroviario y aduanal en México a través de empresas de participación estatal mayoritaria.
- Una de ellas es el conglomerado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GOOM), un consorcio coordinado por la Sedena que está integrado por el Tren Maya y cuatro aeropuertos.
Se trata del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México; el de Palenque, en Chiapas; el de Chetumal y el de Tulum, en Quintana Roo –cada uno de ellos constituido como sociedad anónima de capital variable–, en el sur sureste del país, zona de influencia del tren y de mayor recepción de turistas del país.
- De acuerdo con el observatorio México, ¿Cómo Vamos?, los activos de este inédito grupo empresarial-militar se estimaban en 2022 en 305,677 millones de pesos, en los que el Tren Maya tiene activos por 200,000 mdp y los aeropuertos, 105,677 mdp.
- De acuerdo con la organización, para el cálculo de activos se contempló el valor de los inmuebles y la infraestructura actual y de adecuaciones estimadas hasta el ejercicio presupuestal 2022, por lo que el valor podría modificarse.
Si bien la Constitución impide que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos civiles en tiempos de paz, desde 2006 se han encargado de tareas de seguridad y en la actual administración han sido la mano derecha del presidente López Obrador para llevarlas a prácticamente todos los ámbitos públicos del país. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró 246 asignaciones civiles al Ejército y a la Marina en su ‘Inventario Nacional de lo Militarizado 2011 a 2021’.
- El presidente López Obrador ha dicho que las Fuerzas Armadas son “muy confiables” y que ponerlas a cargo de los proyectos estratégicos asegura que “no entrará la corrupción”. “El Ejército, la Marina representan al pueblo, son del pueblo, los soldados, los marinos, es pueblo uniformado”, ha señalado para recalcar su confianza.
“El Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el de Palenque, el de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, no aguantan ni la primera embestida”, expresó el presidente en noviembre de 2021 al hablar de la corrupción que había antes.
- La Sedena también tiene participación en las empresas de los proyectos más grandes. La Secretaría de Marina estará a cargo de las empresas ecoturísticas de las Islas Marías, los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, Sonora, y desde 2021, las 16 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas), empresas públicas con ingresos vía el cobro de tarifas portuarias y por contratos con operadores privados.
- Por decreto del 14 de octubre de 2022, la Semar incorporará también a su estructura a la entidad paraestatal «Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec», S.A. de C.V, misma que modificó su carácter, pues antes era el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la economía regional.
Además, desde mayo de 2022, la Sedena y la Semar controlan las 50 aduanas del país, que no son empresas, pero generan ingresos por actividades de comercio exterior.
Al conglomerado de la Sedena se agregarán lo que por ahora son proyectos, pero que poco a poco se abren paso: la administración de seis hoteles, dos museos y dos parques ecológicos vinculados al Tren Maya.
- Además, la nueva aerolínea que prestará servicios de transportación a terceros y estará a cargo del Ejército, para la cual se compró la marca “Mexicana de Aviación”, por 815 mdp, misma que se mantiene en negociación. En su flota de 10 aviones, originalmente estaría el avión presidencial Boing 787 Dreamliner, pero recién fue vendido por el gobierno de López Obrador al Estado de Tayikistán.
Reformas a la carta
Hasta ahora habían sido resoluciones de la Secretaría de Hacienda, fundadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las que habían dado sustento jurídico a la conversión de las Fuerzas Armadas en un consorcio, al autorizar la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, como lo son las que integran el GOMM y Turística Integral Islas Marías.
Pero en 24 horas, el pasado 25 y 26 de abril, la Cámara de Diputados y después el Senado de la República, concretaron reformas legales para dar base legal a todos los planes del presidente López Obrador para que las Fuerzas Armadas administren y operen servicios, pero con perfil empresarial.
- Con esas modificaciones, la Sedena podrá administrar aeropuertos sin licitación; tener a su cargo la operación de la línea aérea del gobierno y también la del Tren Maya; e incluso se le dotó de una fuente de financiamiento para encargarse de esta infraestructura ferroviaria a partir del impuesto que se cobra a los visitantes extranjeros.
- Todos esos cambios fueron avalados por Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista: el primer bloque consistió en modificar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, para que pueda operar la línea aérea gubernamental.
- Se creó la figura de “asignación” y se autorizó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a “otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal” tanto para la administración, explotación y construcción de aeropuertos –sin licitación de por medio–, como “para prestar el servicio público aéreo nacional regular”.
Esa asignación será prácticamente eterna, pues se indica que será “por tiempo indefinido” y sólo podrá terminar cuando “se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social o por razones de seguridad nacional que lo justifique”.
Con esto, se justificó en el dictamen votado, “se sentarán las bases para crear una aerolínea paraestatal que democratice el servicio aéreo, posibilitando el acceso a un mayor número de personas, así como ampliar la conectividad en lugares que han sido desestimados por las aerolíneas comerciales, a la par que bajarán los costos de los boletos de avión y aumentará la calidad de los servicios”.
- Otro paquete de enmiendas se hicieron a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se incluyó que el Ejecutivo, a través de la SICT, podrá otorgar títulos de asignación de vías férreas a favor de entidades paraestatales y, como en el caso de la aerolínea, también con vigencia indefinida.
- Esa entidad paraestatal beneficiaria de las reformas no es otra que el Grupo Aeroportuario (GOMM), el conglomerado empresarial a cargo de las Fuerzas Armadas y al que se asignará la operación del Tren Maya.
- Pero para todos estos cambios legales, ni en las iniciativas, ni en ningún tramo de los procesos legislativos en las dos cámaras se solicitó o se presentó un análisis del mercado o la proyección del retorno de inversión para conocer si los proyectos –la aerolínea, los aeropuertos o el Tren Maya, entre otros- son económica y financieramente rentables y en cuánto tiempo.
De hecho, el tercer paquete de reformas, que involucró cambios a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo, tiene como fin dotar de recursos a la Sedena para aplicarlos a la infraestructura ferroviaria del Tren Maya, es decir, se le invertirán más recursos, en vez de que se proyecte generarlos.
- La modificación legal consistió en establecer que el 80% de los ingresos que se obtengan por el pago de derechos que realizan turistas extranjeros ya no se irán al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sino a “la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales” es decir, el GOMM, a cargo de la Sedena, pues no hay otra que realice tal amplitud de tareas.
Se le ordena incluso a esa paraestatal administrar esos recursos en un fideicomiso –como los que el presidente ha condenado, por opacos y presuntamente prestarse a la corrupción– y a constituirlo en los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Así, con estas reformas al marco legal, y presupuesto, las empresas “verde olivo” tienen garantizada su conclusión para el caso de las que están aún en obra, y su operación, para las que ya están en marcha, como es el caso del AIFA.
- Es por ello, que el “Proyecto Tren Maya”, aún en proceso, tendrá este 2023 un presupuesto de 143,073.3 mdp manejado por Sedena, y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V de 7,053 mdp, ahora administrados por la Semar.
Es decir, sigue la inversión, aunque se desconoce cuándo podría rendir frutos, y su viabilidad es poco clara. El caso emblemático es el AIFA, obra ya concluida y en operación pero que aún tiene inyección de recursos presupuestales.
Sedenaproa
Para expertos en turismo, seguridad y finanzas públicas, no está en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para construir u operar instalaciones, pero advierten que dedicarse a tareas ajenas podría conducir a un ‘Sedenaproa’, que deba rescatar a las empresas que fracasen bajo administración militar.
“El riesgo que corremos es tener empresas productivas del Estado que si no son rentables, acabemos rescatándolas todos”, advierte Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Estudios Presupuestales (CIEP).
- Para Gerardo Herrera, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y experto en el sector turismo, el riesgo es que se deben subsidiar los “eventuales yerros” de estas empresas, como el que puedan entrar al ramo hotelero y turístico sin preparar modelos de negocio.
- “Históricamente, las empresas públicas en México son muy poco rentables o no lo son, y requieren recursos públicos para financiarse. Y en ese caso, el Ejército incursionará en una área sin tener experiencia ni alguna habilidad desarrollada”, subraya.
- Pero el problema, ubica, es que “si el Ejército incurre en un emprendimiento de cualquier tipo que no es rentable, no veo cómo simplemente lo van a cerrar. Por el contrario, lo van a mantener, lo van a subsidiar con dinero de todos los mexicanos”.
Fernando Gómez, especialista en el sector aeroportuario y profesor invitado de la Universidad Panamericana, opina que el AIFA comienza a perfilarse como el primer descalabro de las empresas del Ejército.“Todo indica que pudiera tratarse del primer año en que subsidiaremos a ese aeropuerto, que no ha resultado el éxito esperado”, dice Gómez, al señalar que los ingresos obtenidos no son suficientes.
“Antes de abrir, el AIFA debió recuperar el grado de aviación 1 y amarrar aerolíneas para tener, al menos, el 10% de los movimientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es decir, cinco millones de pasajeros al año, para un mínimo operativo y de ingresos”, expone.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el AIFA debió cerrar 2022 con 2.4 millones de operaciones, pero la Sedena solo cuantificó 912,415, es decir, 62% menos. Según el Informe de Evaluación de Gestión del AIFA, al primer semestre de 2022, el mes que abrió recibió para “necesidades reales de la operación 951 mdp”. A los tres meses de operación, recibió más recursos y al final cerró ese año con 1,328 millones de pesos recibidos, pues hubo modificaciones al presupuesto aprobado, según la Cuenta Pública de ese 2022.
- Ahí se indica que el año pasado tuvo ingresos totales por 1,467 mdp. Pero, de ellos, el 90.5% fueron transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas. Sólo 139 mdp fueron de ingresos por pago de tarifas de uso de aeropuertos, servicios aeroportuarios, comerciales y otros.
- Y para 2023 se le presupuestaron 836 mdp, aunque ya está en funciones “opera con muy pocos vuelos y hay gastos de operación y salarios. El riesgo es tener empresas del Estado que si no son rentables, acabamos rescatándolas y subsidiándolas”, plantea Macías.
Ese subsidio se vislumbra en el caso del AIFA durante casi 14 años, a juzgar por la “visión” que expresa en sus documentos: “para el año 2036 (…) será una entidad consolidada en materia de calidad total para la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales; constituyéndose en un paradigma nacional e internacional de seguridad, eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rentabilidad”.
Otras empresas de las Fuerzas Armadas no pintan mejor para México
- ¿Cómo Vamos?, con datos de la Secretaría de Hacienda, el Tren Maya recuperará su inversión 17 años después del inicio de operaciones. Para el aeropuerto de Palenque, sería en 19 años y en 22, para el de Tulum. Es decir, se proyectan deberán contar con dos décadas de subsidios, con cargo al pueblo de México.
¿Se salva de la opacidad y la corrupción?
Los expertos ven con preocupación otro aspecto en la constitución de empresas militares y es que, a diferencia de lo que cree el presidente, no garantizan transparencia, rendición de cuentas, ni menores niveles de corrupción.
- En el reporte ‘El negocio de la militarización’, México Unido Contra la Delincuencia documentó la opacidad en la Sedena. En 2021 se negó a transparentar el 78% de la información pública que se le solicitó y la reservó por seguridad nacional y en el 22% restante alegó su inexistencia.
- En tanto, Mexicanos contra la Corrupción en su investigación ‘El aeropuerto del ‘dedazo’ militar’ concluyó que “prácticamente el 100%” de los contratos del AIFA fueron asignados directamente o por invitación restringida. Pudo revisar 1,233 contratos, pero 75% de ellos se los negaron.
Los expertos advierten que se deberá poner lupa especial a las utilidades de las empresas, luego de que el presidente López Obrador anticipó que las utilidades derivadas de la aerolínea y del conglomerado de la Sedena, así como las del tren del Istmo, los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, operados por la Secretaría de Marina, se utilizarán para solventar las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
- Para Óscar Fonseca, director de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, las Fuerzas Armadas pueden adoptar prácticas empresariales eficientes, son ágiles en tecnología y fuertes en la administración y gestión de personal, pero al darles tareas empresariales también se corre el riesgo de que concentren un gran control político.
“El uso de fuerzas armadas para funciones de administración (…) no es bueno para el Ejército ni para el fortalecimiento de nuestro sector privado. Tampoco es bueno para el control político de las instituciones democráticas: Al César lo que es del César’; se debe reforzar al Ejército para que haga funciones de apoyo a la sociedad y a las instituciones privadas para que sigan aportando al crecimiento de la nación”, considera.
- David Saucedo, consultor independiente en seguridad pública, recuerda que el Ejército no es impermeable a la corrupción, por lo que es necesario que las empresas civiles y militares tengan los mismos controles.
“Desde hace rato el Ejército incurre en prácticas de corrupción ¿Qué es lo que va a ocurrir teniendo más dinero, más atribuciones y con opacidad con la que se maneja pues todo lo reserva? Pues va a haber más corrupción, de eso no tengo ninguna duda”, sostiene.
Sedena se hace de la operación y de recursos con más paraestatales
El Ejército fue fortalecido tras la aprobación de legisladores morenistas y sus aliados PT y PVEM de una serie de reformas que les permitirá crear una aerolínea y un fideicomiso turístico, además de operar aeropuertos y otorgarles el control del espacio aéreo, la operación indefinida del Tren Maya y por si fuera poco, la entrega del 80 por ciento de los recursos del Derecho de No Residente (DNR), un impuesto que el año pasado dejó una derrama estimada en poco más de 24 mil 400 millones de pesos, dinero que ahora servirá para fondear una ‘superaestatal’ militar que reemplazaría al Fonatur.
- El sábado 29 de abril, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas que dejan el camino libre para que las paraestatales controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtengan asignaciones para la operación, posesión e inversión en proyectos ferroviarios, así como la posibilidad de poseer aeropuertos y aerolíneas, simultáneamente.
- Los cambios a la legislación avalados por el Congreso también incluyen un nuevo presupuesto etiquetado para la empresa paraestatal que se perfila para ser integrada y controlada por militares. Se trata de los recursos del DNR, una cuota cobrada a los viajeros extranjeros que llegan a México y que, hasta antes de este sexenio, funcionaba para la promoción de los destinos turísticos.
Con las modificaciones, el 80 por ciento de los recursos obtenidos por la entrada de los turistas extranjeros será usado para dar vida a un fideicomiso que alimente los proyectos de una megaparaestatal que podrá tener bajo su mando ferrocarriles, aeropuertos, aerolíneas, proyectos turísticos y culturales.
Además, los senadores oficialistas también aprobaron que la Sedena sea quien vigile el espacio aéreo, quitando facultades así a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), por lo que las fuerzas armadas serán las encargadas de verificar, por ejemplo, que las licencias o permisos de vuelos civiles cumplan con la normativa vigente.
- Otra de las reformas: La única que contó con la aprobación de la oposición, dotará de mayores facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para que esta pueda obtener la categoría 1 en seguridad aérea, la cual perdió hace casi dos años y que ha frenado el crecimiento de las líneas aéreas mexicanas en su capacidad de asientos hacia Estados Unidos.
Las reformas aprobadas trazan, así, el marco legal para que el ejército pueda detentar, en una megamepresa, los proyectos turísticos, la construcción, operación e inversión en aeropuertos, ferrocarriles, aerolíneas, proyectos culturales, entre otros servicios relacionados con el sector de la aviación.
- Los riesgos de las reformas aprobadas en el Senado en torno a las funciones del Ejército
Al respecto, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, compartió que la decisión de encargarle a una megaempresa del Estado el turismo no es lo mejor. “Probablemente no sería la mejor decisión el que el Estado interviniera en empresas turísticas, en tanto hubiera interés de los inversionistas privados”, indicó Madrid.
En tanto, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, advirtió que el Fonatur ha desaparecido de facto durante esta administración, y agregó que su eliminación, así como el control militar de los Centros Integralmente Planeados pone en duda su funcionamiento.
- “Básicamente desapareció el Fonatur. Por supuesto que el mantenimiento de los CIP, pero también la creación de nuevos CIP se pone en tela de juicio, porque este dinero que se ponía en mantenimiento no será una prioridad”, remarcó el representante de los empresarios turísticos.
- Previamente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había recomendado no autorizar que las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tuvieran operaciones en el servicio aéreo nacional al permitirles operar aerolíneas y aeropuertos de forma simultánea.
Esto, por considerar que las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal establecen un trato diferenciado entre particulares y empresas paraestatales sobre las causas para revocar y concluir concesiones, permisos y asignaciones.
- “Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal establecen un trato diferenciado entre particulares y empresas paraestatales sobre las causas para revocar y concluir concesiones, permisos y asignaciones”, expuso la Cofece en un posicionamiento el pasado 19 de abril.
Expertos han advertido que las nuevas reformas podrían afectar a los actuales operadores aeroportuarios:
- Grupo Aeroportuario Centro Norte.
- Grupo Aeroportuario del Pacífico.
- Grupo Aeroportuario del Sureste.
- Además de las aerolíneas nacionales como Viva Aerobus.
- Aeroméxico.
- Volaris.
Fuerzas Armadas tienen más poder en el sexenio Amlista
La decisión que tomó hace unos días la Suprema Corte de invalidar el decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restará labores al Ejército mexicano, una de las organizaciones con mayor poder en este sexenio.
- Y es que a pesar de perder la gestión de múltiples acciones presupuestales y directivas dentro de la Guardia Nacional, el Ejército sigue concentrando una gran parte de las tareas operativas relacionadas con los megaproyectos emblemáticos de esta administración y recientemente, se abrió el camino para que apoye en las tareas de seguridad pública del país hasta el 2028.
- La presencia de las Fuerzas Armadas en múltiples campos de la vida pública ha sido objeto de crítica por parte de opositores y grupos de derechos humanos quienes recuerdan al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su campaña a la presidencia en 2018 se comprometió a mantener a sus integrantes en los cuarteles para evitar que se repitieran los abusos cometidos durante el periodo conocido como Guerra contra el Narco.
Aún así el mandatario ha reconocido públicamente que equivocó la percepción que tenía de las corporaciones militares y ha insistido en que son necesarias para brindar seguridad a los habitantes en medio del entorno hostil que acecha al país.
¿Qué tareas están a cargo del Ejército mexicano?
El 13 de abril del año pasado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la conformación de la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Sedena.
- De acuerdo con el documento, esta empresa está a cargo de la administración, operación, explotación y construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Asimismo, este fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la autorización para que una paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. Esto después de que en octubre del 2022, López Obrador anunciara el lanzamiento de línea aérea que recuperará el nombre de Mexicana de Aviación y que estará bajo el mando de Olmeca-Maya-Mexica.
- Recientemente, los diputados también aprobaron cambios a diversas leyes que permiten que el jefe del Ejecutivo otorgue asignaciones a empresas del Estado para operar ferrocarriles y otros que contemplan nuevas facultades de la Sedena en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.
- Además, personal del Ejército y Marina administra la totalidad de aduanas del país. De acuerdo con información recuperada por Animal Político, en los primeros seis meses del 2021, fueron movilizados mil 130 efectivos de Sedena para asumir el control de las 20 aduanas fronterizas. Un año antes, elementos de la Marina-Armada comenzaron sus labores de administración y supervisión de los puertos mercantes.
Por si esto no bastara, en noviembre de 2022, se declaró la constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional para ampliar legalmente hasta el 2028, el apoyo del Ejército en las tareas de seguridad pública en el país.
- La reforma consistió en un cambio al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, aprobada desde marzo del 2019, en materia de la Guardia Nacional, que establecía que el Ejército prestaría sus servicios de apoyo sólo hasta el 2024, pero la temporalidad se modificó de cinco a nueve años y se amplió hasta el 2028./Agencias-PUNTOporPUNTO
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