El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial subió de tono este domingo, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de violar la constitución y de “sustituir” al Poder Legislativo con el proyecto para invalidar el “Plan B” de la Reforma Electoral.
“Al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, explicó el .
- La Consejería Jurídica detalla que, en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (plan B), al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso.
Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia.— CJEF
De invalidarse proceso legislativo del “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/ogW3EIcmiP pic.twitter.com/P634NVFp9I
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2023
Consejería Jurídica acusa a ministros de la SCJN de “no leer” los proyectos
En su comunicado, la CJEF afirma que, de la lectura al proyecto “se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido”.
“Cabe resaltar que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la propia Primera Sala de la SCJN; así se señala con claridad en la exposición de motivos. Dicha situación tampoco fue estudiada por el ministro ponente, a pesar de que constituye una cuestión de interés público, ya que se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida por el propio tribunal constitucional, lo que evidencia la parcialidad del proyecto propuesto”, añade.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, acusó Palacio Nacional.
- El texto termina con un llamado a la congruencia por parte del Ejecutivo. “Debe prevalecer el fondo sobre la forma, así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos. El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”.
SCJN descartó una solicitud de la Consejería Jurídica
La semana pasada, la SCJN descartó una solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia con la que pedía atender primero una controversia constitucional promovida desde 2018 a la Ley de Comunicación Social, antes de iniciar la discusión sobre el plan B.
Al rechazar dicha petición, la Corte “demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, apuntó la CJEF.
- En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023, el ministro Alberto Pérez Dayán propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022, con el argumento de que “no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso”, insistió.
Además, consideró que el ministro instructor “es omiso” al no tomar en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas.
En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución.
Durante la aprobación de dichas leyes, el Congreso “cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, insistió la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Inicia SCJN debate sobre constitucionalidad de la primera parte del Plan B
Alrededor de las once de la mañana de este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) inciará el debate sobre la constitucionalidad de la primera parte del Plan B de reforma electoral, que incluye las reformas del año pasado a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Se votará un solo proyecto que responde en su conjunto a las siete acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como diversos integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, y el partido político con registro local en Jalisco “Hagamos”.
- Como se sabe, el proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, propone invalidar todo el decreto de estas reformas, debido a que se incurrió en diversas irregularidades en el proceso legislativo.
- Por tratarse de una ley ya en vigor, se requerirá de una votación de mayoría calificada, por lo menos ocho de los once integrantes del pleno, para invalidar la reforma impugnada.
Ante la entrada principal de la SCJN, se mantiene el plantón que desde hace meses reúne firmas en demanda de la renuncia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Un discreto dispositivo de seguridad de la policía capitalina resguarda las calles aledañas, donde transcurre sin variantes la vida cotidiana del Centro Histórico./Agencias-PUNTOporPUNTO
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