Legisladores abren la puerta a SEDENA para hacerse de la OPERACIÓN y RECUR$O$ con MÁS PARAESTATALES

La presencia de las Fuerzas Armadas en múltiples campos de la vida pública ha sido objeto de crítica por parte de opositores y grupos de derechos humanos quienes recuerdan al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su campaña a la presidencia en 2018 se comprometió a mantener a sus integrantes en los cuarteles

El Ejército fue fortalecido tras la aprobación de legisladores morenistas y sus aliados PT y PVEM de una serie de reformas que les permitirá crear una aerolínea y un fideicomiso turístico, además de operar aeropuertos y otorgarles el control del espacio aéreo, la operación indefinida del Tren Maya y por si fuera poco, la entrega del 80 por ciento de los recursos del Derecho de No Residente (DNR), un impuesto que el año pasado dejó una derrama estimada en poco más de 24 mil 400 millones de pesos, dinero que ahora servirá para fondear una ‘superaestatal’ militar que reemplazaría al Fonatur.

  • El sábado 29 de abril, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron una serie de reformas que dejan el camino libre para que las paraestatales controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtengan asignaciones para la operación, posesión e inversión en proyectos ferroviarios, así como la posibilidad de poseer aeropuertos y aerolíneas, simultáneamente.
  • Los cambios a la legislación avalados por el Congreso también incluyen un nuevo presupuesto etiquetado para la empresa paraestatal que se perfila para ser integrada y controlada por militares. Se trata de los recursos del DNR, una cuota cobrada a los viajeros extranjeros que llegan a México y que, hasta antes de este sexenio, funcionaba para la promoción de los destinos turísticos.

Con las modificaciones, el 80 por ciento de los recursos obtenidos por la entrada de los turistas extranjeros será usado para dar vida a un fideicomiso que alimente los proyectos de una megaparaestatal que podrá tener bajo su mando ferrocarriles, aeropuertos, aerolíneas, proyectos turísticos y culturales.

Además, los senadores oficialistas también aprobaron que la Sedena sea quien vigile el espacio aéreo, quitando facultades así a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), por lo que las fuerzas armadas serán las encargadas de verificar, por ejemplo, que las licencias o permisos de vuelos civiles cumplan con la normativa vigente.

  • Otra de las reformas, la única que contó con la aprobación de la oposición, dotará de mayores facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para que esta pueda obtener la categoría 1 en seguridad aérea, la cual perdió hace casi dos años y que ha frenado el crecimiento de las líneas aéreas mexicanas en su capacidad de asientos hacia Estados Unidos.

Las reformas aprobadas trazan, así, el marco legal para que el ejército pueda detentar, en una megamepresa, los proyectos turísticos, la construcción, operación e inversión en aeropuertos, ferrocarriles, aerolíneas, proyectos culturales, entre otros servicios relacionados con el sector de la aviación.

  • Los riesgos de las reformas aprobadas en el Senado en torno a las funciones del Ejército
    Al respecto, Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, compartió que la decisión de encargarle a una megaempresa del Estado el turismo no es lo mejor. “Probablemente no sería la mejor decisión el que el Estado interviniera en empresas turísticas, en tanto hubiera interés de los inversionistas privados”, indicó Madrid.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, advirtió que el Fonatur ha desaparecido de facto durante esta administración, y agregó que su eliminación, así como el control militar de los Centros Integralmente Planeados pone en duda su funcionamiento.

“Básicamente desapareció el Fonatur. Por supuesto que el mantenimiento de los CIP, pero también la creación de nuevos CIP se pone en tela de juicio, porque este dinero que se ponía en mantenimiento no será una prioridad”, remarcó el representante de los empresarios turísticos.

  • Previamente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) había recomendado no autorizar que las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tuvieran operaciones en el servicio aéreo nacional al permitirles operar aerolíneas y aeropuertos de forma simultánea.

Esto, por considerar que las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal establecen un trato diferenciado entre particulares y empresas paraestatales sobre las causas para revocar y concluir concesiones, permisos y asignaciones.

  • “Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal establecen un trato diferenciado entre particulares y empresas paraestatales sobre las causas para revocar y concluir concesiones, permisos y asignaciones”, expuso la Cofece en un posicionamiento el pasado 19 de abril.

Expertos han advertido que las nuevas reformas podrían afectar a los actuales operadores aeroportuarios:

  • Grupo Aeroportuario Centro Norte.
  • Grupo Aeroportuario del Pacífico.
  • Grupo Aeroportuario del Sureste.
  • Además de las aerolíneas nacionales como Viva Aerobus.
  • Aeroméxico.
  • Volaris.

Fuerzas Armadas tienen más poder en el sexenio Amlista

La decisión que tomó hace unos días la Suprema Corte de invalidar el decreto que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) restará labores al Ejército mexicano, una de las organizaciones con mayor poder en este sexenio.

  • Y es que a pesar de perder la gestión de múltiples acciones presupuestales y directivas dentro de la Guardia Nacional, el Ejército sigue concentrando una gran parte de las tareas operativas relacionadas con los megaproyectos emblemáticos de esta administración y recientemente, se abrió el camino para que apoye en las tareas de seguridad pública del país hasta el 2028.

La presencia de las Fuerzas Armadas en múltiples campos de la vida pública ha sido objeto de crítica por parte de opositores y grupos de derechos humanos quienes recuerdan al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su campaña a la presidencia en 2018 se comprometió a mantener a sus integrantes en los cuarteles para evitar que se repitieran los abusos cometidos durante el periodo conocido como Guerra contra el Narco.

Aún así el mandatario ha reconocido públicamente que equivocó la percepción que tenía de las corporaciones militares y ha insistido en que son necesarias para brindar seguridad a los habitantes en medio del entorno hostil que acecha al país.

¿Qué tareas están a cargo del Ejército mexicano?

El 13 de abril del año pasado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para la conformación de la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Sedena.

  • De acuerdo con el documento, esta empresa está a cargo de la administración, operación, explotación y construcción del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Asimismo, este fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene la autorización para que una paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. Esto después de que en octubre del 2022, López Obrador anunciara el lanzamiento de línea aérea que recuperará el nombre de Mexicana de Aviación y que estará bajo el mando de Olmeca-Maya-Mexica.

  • Esta semana, los diputados también aprobaron cambios a diversas leyes que permiten que el jefe del Ejecutivo otorgue asignaciones a empresas del Estado para operar ferrocarriles y otros que contemplan nuevas facultades de la Sedena en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.
  • Además, personal del Ejército y Marina administra la totalidad de aduanas del país. De acuerdo con información recuperada por Animal Político, en los primeros seis meses del 2021, fueron movilizados mil 130 efectivos de Sedena para asumir el control de las 20 aduanas fronterizas. Un año antes, elementos de la Marina-Armada comenzaron sus labores de administración y supervisión de los puertos mercantes.

Por si esto no bastara, en noviembre de 2022, se declaró la constitucionalidad de la reforma a la Guardia Nacional para ampliar legalmente hasta el 2028, el apoyo del Ejército en las tareas de seguridad pública en el país.

La reforma consistió en un cambio al artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, aprobada desde marzo del 2019, en materia de la Guardia Nacional, que establecía que el Ejército prestaría sus servicios de apoyo sólo hasta el 2024, pero la temporalidad se modificó de cinco a nueve años y se amplió hasta el 2028.

Fuerzas Armadas tendrán voz y voto en ciencia y tecnología

Las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tendrán voz y voto en la política de ciencia y tecnología en nuestro país. Ayer en la mañana, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprobaron en fast track la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual se otorga un lugar a ambas dependencias en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional que estará a cargo de este sector.

En cambio, a investigadores, académicos, científicos y otros servidores públicos sólo se les dará un lugar por invitación a la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto.

  • De acuerdo con la nueva Ley, la Junta de Gobierno estará conformada por representantes de las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Salud y Cancillería, además de la Sedena y Semar. En la actual ley, no se consideraba a las Fuerzas Armadas.
  • Entre sus facultades está aprobar la propuesta para el titular de la Dirección General del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la distribución del presupuesto, el programa de inversiones, decidir el destino de los excedentes y aprobar las inversiones.
  • La Junta de Gobierno también tendrá la facultad de reconocer a los Centros Públicos de Investigación, y de evaluar las políticas en la materia. La nueva ley también quitó el presupuesto mínimo de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología. Ahora, los recursos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria.

El quitar el piso mínimo para ciencia y tecnología fue un punto criticado por legisladores de oposición durante la discusión. Sin embargo, pese a que desde septiembre de 2004 la Ley de Ciencia pone como mínimo uno por ciento del PIB, el monto nunca se alcanzó.

En 2022, el gasto orientado a ciencia fue de 55 mil 945 millones de pesos, lo que representó apenas 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el Análisis Público Federal para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por la Cámara de Diputados.

En 2021, el presupuesto para este rubro fue de 51 mil 349 millones, cifra equivalente a 0.20 por ciento del PIB, de acuerdo con el mismo estudio; el promedio para los años 2003 y 2012 se estima en alrededor de 0.41 por ciento del PIB, de acuerdo con el informe Análisis comparado del gasto público en ciencia y tecnología: Lecciones para México, elaborado también en San Lázaro.

  • El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que el proceso carente de diálogo con la comunidad científica va a traer problemas de legalidad y una serie de litigios. “(Tenemos) un gobierno que le teme a la inteligencia, es un gobierno enfermo”.
  • Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) Cinvestav, dijo en una entrevista que es un retroceso, eliminar la obligatoriedad del uno por ciento del PIB.

“En este dictamen que se aprueba, si se elimina parte del uno por ciento, es grave, es un retroceso que no tengamos un marco mínimo hacia donde aspirar como país para invertir en ese sector. Es desesperanzador un poco porque en lugar de estar poniendo metas mucho más ambiciosas, lo que hacemos es eliminar un porcentaje bajo el argumento de que no se cumple”, aseveró.

Otro punto de esta Ley es la creación de una Agenda Nacional de Investigación enfocada en “atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana”, algo que para Maldonado pone en riesgo el desarrollo de la ciencia al ceñir la investigación a una agenda centralizada.

  • Con la reforma se transforma al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, el cual se encargará de articular la política pública en la materia; y se establece que el acceso universal a las becas —uno de los puntos más importantes de la reforma— estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
  • Maldonado calificó de desafortunado el proceso fast track para aprobar la Ley, pues pone en evidencia que la Cámara de Diputados no entendió “la importancia de hacer un buen trabajo legislativo, pulcro y considerando las opiniones, propuestas e iniciativa para lograr una Ley de consenso y que genere una buena opinión con la comunidad”.

Las academias de Ingeniería de México, Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina de México reclamaron la aprobación de la ley sin que concluyeran los foros de Parlamento Abierto.

A través de un comunicado, estas asociaciones instaron al Senado de la República a escuchar los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas de la ley y rechazar lo que aprobaron los diputados./PUNTOporPUNTO

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