La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer 18 organismos ha recibido críticas por parte de diversos sectores que consideran que la simplificación orgánica implica riesgo de retroceso en estrategias como el combate a la corrupción y la atención de grupos vulnerables indígenas, niñas, niños y adolescentes, juventud y personas con discapacidad.
El mandatario envió a la Cámara de Diputados una reforma en materia de simplificación orgánica que implica desaparecer 18 organismos con una plantilla laboral de más de 3.500 personas y que implican una bolsa de recursos de alrededor de MXN $16.506 millones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023.
La reforma administrativa presidencial pretende racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales “adecuadamente”, sin embargo, diversos sectores advierten riesgos.
- Sistema Anticorrupción: Entre los 18 organismos que quiere eliminar AMLO, como se le conoce al presidente, se
encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), que es la institución encargada de coordinar las políticas y estrategias del Estado mexicano de forma transversal.
El Sistema Anticorrupción aseguró, en un posicionamiento enviado alCongreso y difundido este domingo 23 de abril, que no duplica funciones con ningún ente público del país, como es el argumento de la reforma presidencial.
Alertó sobre los potenciales riesgos e impactos negativos en la estrategia anticorrupción de Estado “que se avizoran” en caso de aprobarse la reforma.Dijo que la transferencia de facultades al Ejecutivo federal compromete los fundamentos de coordinación y colaboración en la que todas las instituciones del Estado mexicano deben comprometerse para controlar y combatir la corrupción en el país.
El SESNA indicó que la reforma apunta a la clausura de una visión nacional de combate a la corrupción y la concentración de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo. AMLO busca desparecer el Sistema Anticorrupción a pesar de que el combate a la corrupción es su bandera política y eje de acción para la gestión de su Gobierno.
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es otro organismo que se propone desaparecer en la reforma para que se convierta en una unidad administrativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de tecnología del Agua (SITIMTA) dijo que el instituto ha estado amenazado con su extinción e integración a la Conagua desde 2021 y desde entonces se ha buscado diálogo con el presidente sin recibir respuesta.
Señaló que la fusión, integración o extinción de 18 organismos y fideicomiso se fundamenta en planteamientos falsos como la duplicidad de funciones y el ahorro del presupuesto federal. En el caso de Conagua y el IMTA -agregan-la Ley de Aguas nacionales define las funciones de cada institución.
Sociedad civil alza la voz
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó en un análisis que la transferencia de funciones de los organismos a unidades administrativas de las dependencias de la APF podría restarles capacidad de decisión.
Indicó que, aunque el objetivo es eficientar recursos, la reforma menciona que el personal de los órganos trasladados se integrará y que el presupuesto de estos se compensará.
- Asimismo, dice el CIEP, seis de los 18 organismos a modificar se relacionan con poblaciones vulneradas como son los indígenas, niñas, niños y adolescentes, juventud y personas con discapacidad, lo que podría implicar afectaciones hacia ellos.
- La organización Iniciativa Manifiesta y un grupo de 500 organizaciones civiles difundieron un comunicado este domingo 23 de abril para exigir al Congreso que no apruebe la reforma de AMLO, ya que consideran que no hay ninguna razón clara presupuestal o programática que justifique el recorte institucional.
- Indicó que la iniciativa busca disminuir recursos y capacidad institucional, debilitando la atención a las niñas, estudiantes, indígenas, personas adultas mayores, refugiados, personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes, las lenguas indígenas, la Acción contra el Cambio Climático y la lucha contra la corrupción, entre otros.
Subrayaron que la reforma representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de problemas sociales, ya que varios de los organismos que se buscan eliminar se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Nubarrones para la inversión y la economía
Según la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C., el Ejecutivo busca “fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de las dependencias de la Administración Pública Federal”.
Esta intervención podría penetrar en los servicios públicos y las obras de infraestructura, “dotando al Gobierno Federal de facultades más amplias y con más discrecionalidad”, lo que también afectaría la certeza jurídica para futuras inversiones en México.
La firma de abogados Holland & Knight explica que estas reformas se dividen en tres apartados: “(a) reversión de actos de corrupción; (b) prevención de actos lesivos al interés público o que puedan causar daños al erario y (c) fortalecimiento de la Administración Pública Federal”.
Según la firma, esto otorgaría los siguientes poderes al Estado:
- Facilidad para anular actos administrativos, como registros y renovaciones, que se determinen ilegales o derivados de actos de corrupción
- Se podrán revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias si la autoridad considera que hay hechos que afecten el “interés público, general o social” o que se cause un “desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier índole”
- La autoridad competente podrá establecer nuevas condiciones en las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias “con motivo de hechos o actos supervenientes y, en caso de incumplimiento de dichas nuevas condiciones, revocar las concesiones, permisos, autorizaciones o licencias”
- Se incluirá la “cláusula exorbitante” en todos los contratos de adquisiciones y obras públicas para “estipular que dichos contratos podrán terminar anticipadamente por causa de interés público”
- Se limitará el monto de las indemnizaciones que el Estado “deba pagar como consecuencia de condenas en procedimientos jurisdiccionales o arbitrales” en México con el extranjero
- Se creará un régimen “de excepción de cumplimiento de leyes y reglamentos para proyectos de infraestructura prioritarios”
- Asimismo, se facultará al Ejecutivo federal para “asignar (incluyendo en materia de vías general de comunicación) — directamente y de manera indefinida — a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público” por causas de utilidad e interés público, interés general, social “o de seguridad nacional”.
Un ejemplo de los sectores más afectados por estas reformas será el de la industria de la ingeniería civil. Una fuente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) detalló que la “cláusula exorbitante”, que de aprobarse deberá agregarse en los contratos con el Estado mexicano, será especialmente perjudicial porque facultará al gobierno para terminar unilateralmente y anticipadamente con contratos por causa de “interés público”.
La fuente señala que esto contraviene la dinámica de mercado de la industria, donde los retrasos de obra y la elevación de precios de construcción pueden darse por factores ajenos a la empresa contratada por el Estado.
Esto es particularmente grave ya que, según información de la página Statista, la industria de la construcción es elemento clave en la economía de México pues este sector atrae “una gran cantidad de inversión pública y privada”, lo que generó 464 mil 157 empleos en 2022 y contribuyó en 2021 con aproximadamente el 6.8% del producto interno bruto (PIB) mexicano.
Ambigüedad, sello de la propuesta de reforma
Para Mariana Merino, licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la UNAM y que ha trabajado en organismos autónomos como el INE, la iniciativa propuesta por el presidente pretende abordar dos puntos clave dentro de la actual administración: modificar la Ley Federal de Austeridad y darle mayor fuerza a la administración pública federal centralizada.
- En este sentido, advierte la necesidad del Estado de ser concretos en las leyes: “Hay términos que resultan ambiguos dentro de las de las propias leyes, y ya cuando están en el momento de la aplicación, resulta que nadie sabe a lo que se refieren”.
- Merino comenta que si bien “puede llegar a ser” que el sector privado salga afectado con las nuevas reformas, también se advierten “actos de mala fe” cometidos por las empresas. “El Estado puede terminar esa relación jurídica de manera anticipada y unilateral”.
- Aunque por encima de todo, está la ambigüedad de los deseos presidenciales: “El mayor problema que podría tener este decreto de reforma es definir qué es el interés público, qué es el interés general o cuál va a ser el interés social”.
Un vacío que podría erosionar todavía más la ya de por sí gastada relación entre el Estado lopezobradorista y la inversión de la iniciativa privada, nacional y extranjera, fundamental para el desarrollo económico y democrático del país.
Reforma administrativa podría freno al nearshoring
La reforma podría paralizar las inversiones de la relocalización o nearshoring, pues el hecho de que se les pueda revocar alguna concesión o contrato a las empresas bajo los criterios que considere el gobierno, genera incertidumbre, indicaron analistas.
- Para James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco las reformas provocarían que la Inversión Extranjera Directa (IED) se estanque en los niveles promedio que registra México, que son alrededor de 30 mil millones de dólares.
“Si se cumple el escenario de incertidumbre y de un ambiente de negocios complicado, estaríamos hablando de algunas décimas menos en las expectativas que se tienen del PIB”, dijo.
A finales de marzo pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa que reforma 23 leyes en materia de administración pública. Entre ellas se propone modificar la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere una afectación económica, ambiental o de cualquier tipo y establecer topes en el pago de indemnizaciones.
Al respecto, Gabriella Siller, directora de Análisis Económico de Grupo financiero Base, dijo que el nearshoring podría quedar en una promesa si las reformas avanzan en el Congreso de la Unión.
“Las reformas terminarían por provocar que se pierda cualquier beneficio que el nearshoring ya haya traído a México. El daño no sería inmediato, sino paulatino”, aseguró Siller.
- Carlos López Jones, director de consultoría en Tendencias Económicas y Financieras, dijo que la afectación al nearshoring podría ser indirecta, ya que, en primera instancia, el nearshoring corresponde a empresas privadas que vienen a operar a México sin hacer contratos con el gobierno.
- Sin embargo añadió que al generarse incertidumbre sobre los contratos gobierno-empresa, caerá la inversión en infraestructura y eso deteriorará las condiciones para hacer negocios en México.
“Podrían no construirse carreteras suficientes, líneas de transmisión de electricidad, hospitales públicos, drenaje, agua, y todo lo que necesita una empresa para establecerse en México”, dijo López Jones.
- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que las reformas atentan contra el Estado de Derecho e inhiben la inversión en el país. El instituto agregó que la aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía nacional muestra niveles reducidos de crecimiento y que por tanto requiere de una recuperación de la inversión extranjera.
Si bien 2022 cerró con una Inversión Extranjera Directa (IED) preliminar de 35.3 mil millones de dólares, el nivel más alto en siete años, el IMEF prevé que este 2023 la cifra sea menor, especialmente si se aprueban las reformas.
Al cierre de este 2023, la Secretaría de Hacienda estima un crecimiento de la economía de tres por ciento anual, sin embargo el IMEF y otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman un Producto Interno (PIB) del 1.9 y 1.6 por ciento, respectivamente.
Requiere modificaciones
La iniciativa de reforma en materia administrativa como actualmente está planteada, requiere que los legisladores realicen algunas precisiones para disminuir la incertidumbre que genera hacia los inversionistas, consideró Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Y es que, en algunos casos queda abierta la interpretación en torno a las afectaciones al interés público, general o social, mismas que podrían dar paso a que el Estado pueda cancelar contratos o revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, cuando así lo determine.
“El diagnóstico que hace la propia administración de su desempeño es correcto, lo que falta adecuar a este diagnóstico es realmente corregir los problemas de fondo y no dar solamente un poder discrecional, exorbitante, aumentado, sin contrapeso a la Administración Pública”, añadió.
- “En los contratos administrativos, este poder exorbitante que tiene la Administración Pública para decidir cuándo se termina un contrato, cuándo se rescinde, qué monto se debe de pagar de forma discrecional, sí genera un desincentivo al sector privado porque genera este sentido de incertidumbre jurídica, de falta de protección, de garantías institucionales que hagan posible una conducción conforme a lo que se pacta conforme a los contratos públicos, conforme a las legislación en materia de compras públicas”.
En ese sentido, enfatizó que cuando la iniciativa salga a discusión en la Cámara de Diputados, se necesitarán hacer las modificaciones pertinentes para eliminar la percepción e incertidumbre jurídica hacia los particulares.
PAN se lanzará contra reforma administrativa
Marko Cortés Mendoza, líder del PAN advirtió que llegó la hora de que “todos nos movilicemos para protestar y frenar al Gobierno. México está viviendo uno de los peores momentos de su historia. No hay espacio para el silencio y la inmovilidad”.
- Además, advirtió que, “de aprobarse esta destructiva reforma administrativa, presentaremos ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad por violentar claramente nuestra Ley Suprema”, advirtió.
- Explicó que la iniciativa otorga poderes dictatoriales al propio Presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido pues podrán decidir a quién quitarle concesiones, licencias y permisos.
- Con la reforma administrativa, indicó, el populismo destructor ataca de nuevo, pues ahora quiere acabar con la libre competencia, el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a un ambiente sano.
“López Obrador ya multiplicó la pobreza, la delincuencia y la impunidad, pero no está contento. Ya desapareció las Escuelas de Tiempo Completo, el Seguro Popular, las estancias infantiles, los comedores populares, los refugios para mujeres golpeadas, pero aún no está satisfecho”, enfatizó./PUNTOporPUNTO
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