Representantes de la iniciativa privada del estado de Puebla están en contra de la propuesta de reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual busca modificar 23 leyes en materia administrativa.
- La iniciativa del Ejecutivo Federal encendió las alarmas de la cúpula empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que solicitaron la instauración de un Parlamento Abierto para discutir a profundidad el impacto de dichas reformas con el poder Legislativo.
Coincidieron en que este proyecto generará incertidumbre jurídica, atenta contra el Estado de Derecho, y encarecerá los costos de los proyectos, lo que impactará directamente a las empresas.
- En este sentido, Gustavo David Vargas Constantini, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expresó su preocupación de esta reforma, ya que considera impactará directamente en la certeza jurídica de los inversionistas a la hora de apostar su capital para la generación de empleos.
“De ser aprobada en los términos en que fue presentada, la iniciativa antes referida vulnera la certeza jurídica y es abiertamente contraria a principios constitucionales fundamentales, toda vez que introduce un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad en la actuación de la Administración Pública Federal en materia administrativa, a la que, además, convierte en juez y parte, en perjuicio de derechos adquiridos”, refirió.
- Por su parte, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que esta Reforma Administrativa es una mala señal para los mercados, ya que hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales.
Esta situación, pondría en riesgo las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco, lo que afectaría también a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos, ya que, sin inversión, no hay desarrollo.
“Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias, que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales”, destacó.
- Ante este panorama, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) hizo un llamado a las y los miembros del Congreso de la Unión para legislar con absoluta responsabilidad en esta materia y cuidar el interés público, pero no a costa de erosionar la certeza jurídica, el Estado de derecho y garantías fundamentales contenidos en la Carta Magna.
- El presidente del CCE reveló que hay mucha preocupación en el sector empresarial por esta iniciativa por lo cual han activado una serie de reuniones con Gobernación, la secretaria de Economía , y apostarle al diálogo para buscar soluciones a esta situación.
Confirmó que tanto la iniciativa de operación con la administración pública como los cambios propuesta por el Ejecutivo a la Ley minera, “son iniciativas que pudieran desalentar las inversiones, al nearshoring”.
- La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en nuestro país.
Reforma Administrativa pondría en riesgo la llegada de inversiones
Por la iniciativa de la reforma administrativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían ponerse en riesgo la llegada de inversiones para el Valle de México, coincidieron integrantes del sector privado estatal.
- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México informó que han identificado las posibles afectaciones que se darían por las posibles 23 leyes federales que pretenden modificar el plano económico nacional actual.
Por ejemplo, ahondó el presidente de Coparmex, Armando Zúñiga Salinas, para la capital del país, si bien su sector de servicios financieros resultaría afectado, en mayor medida quedaría perjudicada la actividad industrial, esto en un contexto en donde se busca que el sector terciario tenga mayor participación en el PIB local, con proyectos como Vallejo-i.
- “Para la Ciudad de México serían más que en las industrias, en los servicios financieros, puesto que, en los últimos cinco años, de cada dos dólares invertidos en el país en el sector, uno se queda en la Ciudad de México. En cambio, de las inversiones en manufacturas de los últimos cinco años, de cada 10 dólares invertidos en el país, apenas un dólar se queda en la Ciudad de México”, señaló.
El empresario aseguró que la aprobación de tales reformas no sólo minan la economía y finanzas del país, sino con ellas se puede dar una reducción de inversiones para México, desde capitales nacionales, hasta extranjeros.
- “Habrá una incertidumbre jurídica con tales modificaciones legales que se pretenden, anulando la oportunidad de prosperidad que el circunstancial fenómeno del nearshoring nos presenta”, recalcó.
Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, señaló que para la entidad mexiquense las actividades industriales son las que están en riesgo.
- Explicó que en los próximos dos años, en México, se espera la llegada de capitales por más de 35,000 millones de dólares por el nearshoring; donde se pretende que el Estado de México sea uno de los principales beneficiarios.
- El presidente de Concaem añadió que las medidas serían inconstitucionales, afectando la libre empresa y la igualdad, al volver a criterios personales para acceder a permisos de inversión y operación.
- “Lo que requerimos, más que una Reforma, es un esquema de mejora regulatoria que haga más sencillos los trámites, elimine duplicidades y favorezca la llegada de inversión. Se trata de hacer las cosas transparentes y simples para enviar un mensaje de certeza”.
Sauza Martínez recomendó que un grupo parlamentario dentro del Congreso de la Unión tome la agenda y evite que sea aprobada en los términos que ha sido presentada.
De acuerdo con Coparmex Ciudad de México, la iniciativa presidencial pretende dotar al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos y resguardar los intereses de la nación.
‘Viola el principio de legalidad’
Sofía Ramírez, presidenta de México ¿Cómo vamos? habló de la Reforma Administrativa, crecimiento al primer trimestre y el concurso de ensayo ‘progreso desde lo local’. La economista señala preocupación con los cambios a los 23 ordenamientos administrativos.
- Esta iniciativa, dijo, toca “cuatro estudios constitucionales y por supuesto tratados internacionales; primero que nada, el principio pro-persona, porque entre otras cosas esta reforma lo que buscaba es poner el bien general y el interés general de la población por arriba de las garantías individuales y los derechos humanos”.
Además, dijo, se viola el principio de legalidad, por el cual el estado mexicano o el gobierno no puede hacer más que lo que la Constitución dice que puede hacer, “esos 2 principios se violentan a través de estas discusiones administrativas”.
Sector empresarial pide ser escuchado en iniciativa de reforma administrativa
El sector empresarial afirma que su labor es generar progreso en México, por lo que pide ser escuchado para revisar esta iniciativa. Por ello, hacen un llamado a los legisladores para que escuchen todas las voces y se concreten acuerdos que beneficien el desarrollo del país.
Reforma de AMLO traerá más quejas del T-MEC: ICC
De aprobarse las propuestas de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia administrativa y en el sector minero, se podrían generar nuevas disputas comerciales con Estados Unidos y Canadá bajo el amparo del T-MEC.
- Claus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC), dijo en entrevista que dichas reformas no brindan certeza jurídica para las empresas nacionales y extranjeras que invierten o busquen hacerlo en el corto y mediano plazo.
- “Las reformas administrativas son una iniciativa que viola los tratados comerciales y a la protección de la inversión; afectaría a las empresas que ya invirtieron en México y a las que van a invertir”, aseguró von Wobeser a El Sol de México.
A finales de marzo y a poco más de un año de concluir su gobierno, López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa que busca modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa con las que amplía la posibilidad de que el Estado pueda revocar contratos o licitaciones sin tener que indemnizar a la parte afectada, esto bajo el argumento de defender derechos de la nación.
Para el presidente de la ICC México, la aprobación de las reformas abrirá una nueva disputa comercial entre México y Estados Unidos, la cual se sumaría a las consultas ya solicitadas por los socios del T-MEC en materia energética y de maíz transgénico. Añadió que el gobierno mexicano está enviando señales negativas al extranjero y que ningún inversionista quiere inyectar capital en un lugar donde impera la incertidumbre.
“No son buenas estas iniciativas, no están bien reflexionadas y pensadas. Se frenarían muchas inversiones, sin duda”, agregó el presidente de la ICC.
- Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó a este medio que es muy probable que Canadá y Estados Unidos exijan una explicación al gobierno mexicano por dichas iniciativas, especialmente porque se modifica la Ley de Expropiación.
“Se elimina la disposición que menciona que la expropiación está sujeta a los tratados comerciales, eso es gravísimo”, dijo Hurtado.
- México tiene todo para atraer e incrementar la inversión extranjera y que en lugar de proponer estas iniciativas, tiene que mejorar el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica nacional para aprovechar la reconfiguración de la industria global o nearshoring.
Reforma genera incertidumbre y atenta contra el Estado de derecho: Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa, de revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales viola la constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de Derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas.
- Rechazó el plan de enmienda a 23 leyes secundarias, ya que aseguró que de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del Gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.
Advirtió que las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados, hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales -entre ellos el TMEC- signados con por lo menos 46 países, con lo que advertimos, podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá.
- «La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en nuestro país».
De acuerdo con los planteamientos, pretende facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente a las entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos, al régimen de dominio público de la federación por razones de interés público general, social o de seguridad nacional. Lo que podría representar una profunda discrecionalidad en la administración.
Iniciativa vulnera el Estado de derecho: Concamin
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) advirtió que la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador para modificar 23 leyes en materia administrativa vulnera el Estado de Derecho, genera incertidumbre jurídica, violenta el orden jurídico nacional y atenta en contra de las empresas, quienes participan en la construcción de obras con el gobierno federal.
- “De ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”, declaró el organismo empresarial.
“Estas propuestas violentan el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”, comentó.
- Agregó que la discrecionalidad en las decisiones siempre genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos.
- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar 23 leyes en materia administrativa.
La reforma tiene como propósito que el Gobierno pueda decidir, unilateralmente, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
“Concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”, expresó Concamin.
- Las reformas propuestas buscan que la Administración Pública Federal, se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, pueda “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
- Además, le confiere “atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general”.
Concamin expresó que al no ser necesarios estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra, se atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales.
También hizo un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores para que haya un diálogo franco, serio y sin exclusiones con todos los sectores involucrados en este tema, a fin de que puedan expresarse los distintos puntos de vista.
- “Es necesario convocar a un Parlamento Abierto en el que realmente se escuche a las partes interesadas antes de que los legisladores dictaminen la iniciativa, porque de lo contrario se estaría legislando sin consultar a quienes podrán verse afectados con esa determinación”, concluyó Concamin.
IMEF se une también al rechazo a la reforma administrativa
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia administrativa inhibirá la inversión y genera incertidumbre jurídica para las empresas en México.
- “De aprobarse este proyecto de decreto sin cambio alguno se atentaría en contra el Estado de derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, afirma el IMEF.
La reforma administrativa propuesta por el Poder Ejecutivo, la cual plantea modificar 23 leyes federales, puede ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el mes de abril, señala el organismo empresarial.
La inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de México, necesita hoy condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas, consideró el Instituto.
- La aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía de México muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio, manifestó el IMEF.
- El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión, añade.
“Adicionalmente, de aprobarse esta iniciativa se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales”, apunta.
El IMEF exhortó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa de reforma administrativa del presidente de la República como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
Fin de FND pega a 300 mil productores
- El director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Luis Fernando Haro Encinas, informó que 300 mil productores, principalmente pequeños, quedarán en desamparo con la desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) propuesta por el Ejecutivo, al ser la única banca de desarrollo que apoya a este sector en el campo.
Agregó que actualmente existen alrededor de cuatro millones de hectáreas sin producir, lo que equivale a 25 por ciento del área cultivable de todo el país y que implica que millones de toneladas de alimentos se dejen de cultivar; “eso es una de las razones por las cuales no bajan de precio los alimentos”.
Denunció a La Razón que el organismo no fue tomado en cuenta en la decisión de desaparecer la FND, a pesar de que forma parte de su consejo directivo.
- Haro Encinas destacó que en los últimos cinco años son preocupantes las deficiencias en la evaluación, autorización y gestión de créditos, lo que se refleja en que sólo 5.0 por ciento de los productores que solicitaron un crédito a FND fue atendido.
- Por el momento señaló que aún no es posible cuantificar los daños a la producción alimentaria con el cierre y la desaparición del organismo, pero advirtió que, sin duda alguna, habrá menos disponibilidad de alimentos y por ende vendrá su encarecimiento,
“Sin crédito y ante los elevados costos de los insumos, la actividad agropecuaria, deja de ser rentable para una gran cantidad de productores en el país, provocando una inminente reducción en la producción; entre menos disponibilidad de alimentos haya, la inflación habrá de seguir impactando negativamente”, alertó el directivo del CNA./PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
