La reforma en materia de minería y agua, ha generado preocupación en diversos sectores debido a las posibles violaciones a derechos fundamentales que podría implicar su entrada en vigor, señalaron abogados expertos en el tema.
- De acuerdo con la firma Von Wobeser y Sierra, uno de los aspectos que ha sido objeto de críticas es la eliminación de las solicitudes de trámite de nueva concesión que estén pendientes de resolverse, lo cual podría afectar a aquellos que habían iniciado el proceso para obtener una concesión y ahora tendrán que comenzar de cero.
- Además, comentan que la obligación de obtener una carta de crédito adicional que garantice posibles daños y presentar solicitudes de autorización adicionales a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impuestas a las personas que actualmente cuenten con títulos de concesión vigentes, también ha generado preocupación.
“Estas posibles afectaciones podrían ser violatorias de derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, como pueden ser el derecho a la igualdad, la garantía de irretroactividad de la ley y la libertad de comercio”, señalan los abogados de Von Wobeser y Sierra.
Otro aspecto relevante es que aquellos que estén interesados en obtener títulos de concesión deberán analizar cuidadosamente las implicaciones económicas de la iniciativa de Ley Minera, pues deberán considerar las limitaciones que se impondrán y el hecho de que las entidades paraestatales que ya cuentan con concesiones pueden recibir un trato preferencial en comparación con los demás solicitantes.
¿Por qué la Ley Minera abriría un panel del T-MEC?
Pedro Morales, socio de GLZ Abogados, señaló que la iniciativa es una afectación muy grave a la inversión extranjera directa, ya que genera un descontento grande del sector minero extranjero, especialmente de Canadá, que pertenece al T-MEC.
“A raíz de esto, es muy probable que se inicie un panel de solución de controversias porque es una clara violación de las obligaciones de México en la protección de inversión extranjera”, indicó el abogado, destacando que la inversión canadiense es muy grande en México, por lo que es una afectación directa a sus intereses.
- En su opinión, el tema de las indemnizaciones en proyectos ha dejado bastante descontento al gobierno federal, porque cada vez que cancelan un proyecto tienen que indemnizar conforme a derecho, por tal razón el gobierno también está sacando iniciativas para poner un tope a los pagos.
“Si llegan a sacar la reforma, la afectación es para el sector privado nacional, porque estaría más desprotegido. En el caso de los privados internacionales, aunque esto genera una incertidumbre jurídica y pocas ganas de invertir en el país, aquellos que serían afectados harían valer la protección de los tratados de inversión extranjera”, explicó Morales.
Reforma minera violaría el T-MEC y reglas de la OMC: CanCham
La reforma propuesta sobre litio a la Ley Minera violaría compromisos de México en tratados internacionales, de acuerdo con Armando Ortega, presidente del Mining Task Force, de la Cámara de Comercio del Canadá (CanCham) en México.
- De entrada, la CanCham argumenta que no se pueden reservar, en este caso, minerales para la exclusiva exploración y explotación por parte del Estado, sin haber hecho la referida reserva en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Desde su punto de vista, las reservas son áreas de exclusión de obligaciones y compromisos, y hacerlo sin negociación previa es arbitrario y está prohibido.
Por ejemplo, en el T-MEC, México se reservó expresamente la emisión de papel moneda como actividad exclusiva del Estado. Así lo aceptaron sus contrapartes norteamericanas y quedó reflejado en uno de los Anexos del T-MEC.
El posicionamiento ocurrió horas antes de que la mayoría simple morenista aprobara en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley minera y reservar al Estado la explotación de este mineral, cuya demanda global se ha disparado por ser un insumo clave para la producción de baterías eléctricas.
- La CanCham arguyó que reservar el litio sólo para la exploración y explotación del Estado mexicano ex-post es violatorio tanto de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al igual que de las correspondientes a todos los Tratado de Libre Comercio (TLC) suscritos por México.
- El propuesto artículo 10 de la reforma hace referencia a la reserva del litio “y demás minerales declarados como estratégicos por el Gobierno Federal”, sin definir los segundos.
Para la CanCham, ello es igualmente violatorio, porque no se conoce qué reservas adicionales de otros minerales serán en lo futuro atribuidas exclusivamente al Estado.
Tales reservas potenciales, de suyo, son ya violatorias de la OMC y de los TLC por las razones aludidas, pero la violación se hace más evidente para la AmCham cuando se prevén reservas arbitrarias futuras sin siquiera definir a qué minerales puede involucrar. Con ello, prosiguió la Cámara, se deja a las contrapartes comerciales de México y a los agentes económicos en total estado de indefensión.
Por otra parte, la creación de un organismo público descentralizado violaría lo establecido en el Capítulo 22 del T-MEC y en los capítulos equivalentes de otros TLCS. Y lo viola, según la CanCham, porque se establece una empresa productiva del Estado cuyo sustento y origen es ilegal (parte de una reserva improcedente bajo la OMC y por los TLC suscritos por México).
Igualmente, el artículo 10 sería violatorio del principio de Trato Nacional previsto en la OMC y en cada TLC suscrito por México. Su razonamiento en este punto: se restringe a personas físicas mexicanas, ejidos y comunidades agrarias mexicanas, la exploración y explotación de los minerales previstos en el artículo 4 de la ley.
La creación de un organismo público descentralizado para explorar, explotar y aprovechar de forma exclusiva el litio y sus cadenas de valor, violaría lo establecido en el Capítulo 22 del T-MEC, porque se establece una empresa productiva del Estado cuyo sustento y origen es ilegal, afirma la CanCham.
Reforma causará efectos negativos en inversión y en precio de los productos
La Cámara Minera de México (Camimex), que representa a 59 grupos empresariales que concentran el 93% de la producción minerometalúrgica, ya se encuentra haciendo un análisis de la reforma.
“Camimex está analizando su contenido y el alcance de los cambios legales propuestos, en tanto que notoriamente implican fuertes repercusiones para el desarrollo del sector minero y de otros sectores industriales relacionados con la producción de materias primas, con importantes impactos y consecuencias para la economía nacional y el bienestar social en el país”, aseguró el organismo en un documento proporcionado a Expansión.
- La situación se da en medio de un entorno de recortes en las inversiones, que cayeron 27.8% entre 2018 y 2020 al cerrar en 3,532 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
- Si bien, la inversión en 2021 alcanzó la cifra de 4,810 millones de dólares, esto se debió más al levantamiento de las restricciones de movilidad por la pandemia por covid-19, por lo que, con la propuesta reciente del Ejecutivo Federal, el panorama luce desalentador.
Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgitas y Geólogos de México, explica que, al reducir los plazos de las concesiones, las empresas empezarán a apostar por proyectos mineros más pequeños, lo que reducirá el tamaño de la industria en el país.
La propuesta contempla ampliar las concesiones sólo una vez, por un periodo extra de 15 años, lo que pone en una situación complicada el desarrollo de la actividad, ya que tan solo los períodos de exploración para encontrar posibles yacimientos pueden llevar entre 10 y 15 años.
“Si te dan una concesión de 15 años, a lo mejor apenas estás terminando de descubrir el yacimiento y no sabes si lo vas a poder explotar. ¿Qué va a pasar al fin de los 30 años? ¿No vas a tener posibilidad de seguir explotando aunque haya el mineral ahí?”, señala.
- La iniciativa surge en medio de la búsqueda de las industrias por esquemas de producción y movilidad más amigables con el medio ambiente. La Agencia Internacional de Energía refiere que, además de litio, para la producción de un vehículo eléctrico se necesitan cerca de 55 kilos de cobre y otros 50 de níquel, lo que hace indispensable al suministro de estas materias primas.
La industria eléctrica, electrónica y química, por mencionar algunas, también dependen en gran medida de estos insumos. La propuesta obligaría a las empresas a optar por la importación de los minerales, lo que impactaría en los precios de los productos que llegan al consumidor final con un alza de hasta 30%, calcula Alatorre en una primera previsión.
“Piensa en el flete. Si hay que traer un mineral de África, China o Chile, simplemente ¿cuánto cuesta transportarlo y quién va a pagar ese aumento de precio? Esto va a traer un efecto dominó en la industria, de caída, de contracción, de aumento en precios, que no lo vamos a ver mañana, se irá dando de forma paulatina en los próximos años”, añade.
- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México también manifestó su preocupación en torno a la propuesta, de la que teme impactos negativos a la industria, ya que, asegura, pone en riesgo su subsistencia y continuidad.
El organismo destacó la necesidad de revisar y comentar los cambios propuestos, ya que tal como están planteados “pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones, lo que podría generar la salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera”, aseveró./Agencias-PUNTOporPUNTO
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