Si una empresa va a instalar en México 3,000 paneles solares y su cliente le exige un contrato de recompra de esa inversión valuada en más de un millón de dólares en caso de que las leyes cambien, algo que no marcha bien. Y que la empresa acepte porque ha perdido otros proyectos y necesita trabajo, lo confirma.
- Esta ha sido la realidad para el empresario Manuel Vegara durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien el año pasado modificó la legislación para priorizar a la compañía estatal de electricidad en detrimento de las privadas -que tienen una mayor apuesta por la energía renovable-, y que intentó consolidar esos cambios en la constitución pero los partidos de oposición en el Congreso se lo impidieron.
El sector eléctrico celebró esa victoria pero sigue sumido en la incertidumbre ya que conviven leyes aparentemente contradictorias que están poniendo en riesgo las inversiones.
La empresa de Vegara, la mexicana Pireos Power, instala paneles solares desde 2018. Aunque no fue directamente afectada por los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, porque hace instalaciones relativamente pequeñas, sí sufrió sus consecuencias.
En 2021 perdió proyectos por tres millones de dólares de dos grandes clientes que decidieron dejar su apuesta por la energía solar para otro momento y ha pasado de tener 90 trabajadores a sólo 35.
“Ganamos varias licitaciones con un centro comercial que tenía varias sucursales, con una cadena de zapaterías y en los últimos dos o tres años esos proyectos no se han llevado a cabo”, explicó Vegara. “Hemos tenido que sobrevivir con pequeñas instalaciones en casitas o con los clientes que eran más valientes y pese a la incertidumbre se han animado a invertir”.
Al menos no ha tenido que recomprar los paneles que colocó en los techos de un centro logístico, una pequeña isla de energía limpia al norte de la contaminada ciudad de México.
- El escenario para las grandes compañías del sector es similar. En mayo de 2019, la energética española Iberdrola emitió un comunicado que decía: “México genera confianza: Iberdrola invertirá hasta 5,000 millones de dólares durante la presente administración federal”. Nada de eso ocurrió y no hubo explicaciones públicas.
- Cuando los partidos opositores bloquearon el domingo la reforma constitucional propuesta por el oficialismo en la Cámara de Diputados, “la sensación inicial fue de alivio”, reconoció Vegara. “Pero sabemos que el presidente no va a dejar así la cosa y no se zanja la incertidumbre aunque la tormenta gorda ya pasó”.
Las grandes energéticas callan, inmersas en decenas de recursos legales y con temor por el dinero que tienen en juego. Ni Iberdrola, la más atacada por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, ni la Cámara de Comercio Americana, que agrupa a algunas de las principales energéticas de Estados Unidos, accedieron a hacer comentarios a The Associated Press.
- El Consejo Coordinador Empresarial de México reiteró esta semana su petición por un “marco legal claro, transparente y confiable. México tiene ahora dos sistemas que son contradictorios operando simultáneamente”, explicó Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice.
Por un lado la constitución, que es más abierta al mercado desde las reformas de 2013 cuando se liberalizó el sector. Por otro, la Ley de la Industria Eléctrica modificada en 2021 para establecer privilegios a la generación gubernamental de electricidad -que es mucho más contaminante- en detrimento de las empresas privadas, con lo que se cerraron espacios a la libre competencia y se dejó inoperante al organismo que era el árbitro del mercado. Además, la norma permite revisar y anular contratos con efecto retroactivo.
- El gobierno aseguró que esas modificaciones pretendían corregir abusos del pasado o ventajas excesivas que tenían las compañías extranjeras como, por ejemplo, ser eximidas de ciertos pagos. Para las empresas fue un cambio en las reglas de juego en mitad de la partida y denunciaron que sus derechos se habían vulnerado.
- El resultado fueron cientos de recursos que, en la mayoría de los casos, han amparado a las compañías aunque la batalla legal continúa. “Les estás dando blanco a unos y negro a otros y la diferencia está entre quienes están amparados y quienes no”, detalló Grunstein. “Es un sistema que privilegia a las empresas que más resistencia tienen”.
No obstante, dijo, muchas están cansadas y están sopesando un arbitraje internacional.
Para complicar más el panorama, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre el tema en varias ocasiones este mes pero no de forma clara. Pese a que la mayoría de sus integrantes consideraron que la ley eléctrica es contraria a la carta magna, no la declararon inconstitucional.
- Por eso Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que solo cabía esperar más litigios.
- Ante este escenario y con un Congreso dividido, las soluciones no parecen sencillas y mientras algunos en el sector proponen que debería abrirse una negociación directa con las empresas, otros lo ven inviable.
- El reclamo del sector privado es claro: quieren certezas para saber cómo, cuándo y en qué invertir, algo que sólo se conseguirá volviendo a reformar la ley y si hay una presión efectiva de los mercados internacionales.
“Estados Unidos está cada vez más irritado” porque se pueden estar violando acuerdos de libre comercio, afirmó Grunstein quien, sin embargo, cree que el país vecino todavía no parece dispuesto a tomar acciones más contundentes.
“Se trata de una lucha entre dos modelos y dos visiones de país”, señaló Vegara, el director de la empresa de paneles solares. Por un lado el neoliberal, en el que pudo haber abusos; por otro el estatista, que frena la inversión y pone en riesgo el medio ambiente.
Y en medio los ciudadanos que no saben si tendrán que pagar más por la luz.
Según el empresario, sólo en el medio puede estar el punto óptimo: lograr un modelo que garantice la libre competencia y potencie la energía limpia para que México cumpla con sus compromisos climáticos y a la vez asegure que los mexicanos -sobre todo los más necesitados- tengan un buen servicio eléctrico a precios razonables.
Pero por ahora, agregó, el diálogo entre las dos visiones de país parece imposible.
Inversionistas eléctricos ‘huyen’ de México
La venta de 13 de las 27 plantas que Iberdrola operaba en México, al gobierno por 6 mil millones de dólares, es una señal de advertencia para las empresas energéticas que tienen inversiones en el país como Enel, Naturgy, Mitsui, Sempra Infraestructura, entre otras, que podrían analizar pausar o incluso, retirar sus capitales en lo que resta de esta administración, advirtieron analistas del sector.
- “A pesar de que el país tiene una mayor demanda de energía eléctrica, yo no veo inversión privada en el sector energético de aquí al 2024, después de la elección presidencial y una vez que haya certeza de que habrá cambios en la política energética”, aseguró Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía.
- Si bien no hay un mensaje nuevo para las empresas, pues desde el inicio de esta Administración se les atacó constantemente, detuvo la operación, refuerza el mensaje del presidente López Obrador de no permitir inversiones a privados, lo que terminará por ahuyentar las inversiones de otras empresas productoras de electricidad.
- “En lo que va de esta Administración, las inversiones destinadas a proyectos de energías limpias se han ido reduciendo drásticamente, pasando de 5 mil 893 millones de dólares en 2017 y 4 mil 254 millones de dólares en 2019, a tan solo 705.9 millones de dólares en 2021″, destacó Ramírez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su trato con Iberdrola como una “nueva nacionalización” de México.
“La elección de palabras y mensajes es deliberada. El mensaje principal para los inversionistas del sector privado, al menos en el lado de la electricidad, ciertamente no es bueno”, dijo Juan Padilla, director gerente de la consultora de energía IPD Latinoamérica.
Hasta antes de la compra de las plantas de gas natural y un parque eólico de la compañía eléctrica más grande de España, en México, aparte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), existían 16 empresas dedicadas a la generación de electricidad, mismas que representaban un total de 33 mil 300 Megawatts (MW) de capacidad instalada, lo que representa más del 38 por ciento de la capacidad total en el país con más de 25 mil millones de dólares de inversión, según datos de la Asociación Mexicana de Energía (AME).
- Con la operación, Iberdrola es la empresa que más electricidad genera en el país, de los casi 11 mil MW que tenía en sus 27 plantas, ahora se quedó con 2 mil 427 MW. Con estas cifras, CFE tendrá 55 por ciento de la participación en el mercado eléctrico y los privados 45 por ciento.
- De acuerdo con el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, tanto la política pública implementada por este gobierno al aprobar las leyes secundarias a la Ley de la Industria Eléctrica, así como los constantes ataques que hubo hacia Iberdrola por parte del ejecutivo federal, fueron las razones por las que la empresa tomó la decisión de vender la mayoría de sus activos.
Según datos de la CFE, de haber continuado con la política pública que permitía el ingreso de agentes privados al mercado eléctrico, para 2024 cerca del 70 por ciento de la generación eléctrica estaría en manos de privados y el resto en la Comisión, lo que, para expertos como Víctor Ramírez, habría significado un menor costo en la electricidad.
La compra requerirá que México invierta dinero en plantas antiguas en lugar de hacerlo en proyectos de energías renovables, dijo el consultor energético Severo López Mestre.
“Este acuerdo es una malla compleja con alta rentabilidad política por un lado, muy alta rentabilidad comercial por el lado de Iberdrola y baja rentabilidad para el sector energético en México”, dijo.
Alertan por reforma para derogar la Ley de Expropiación
El analista de GMEC alertó a las demás empresas generadoras de electricidad, ya que, dijo, podrían empezar a ser blanco de ataques del presidente para que CFE se convierta en un monopolio aún mayor, al modificar las Ley de Expropiación.
“Hace un par de semanas se presentó en Cámara de Diputados una iniciativa para derogar la Ley de Expropiación. Esta reforma lo que busca es que las expropiaciones ya no tengan que ser pagadas, lo que permite al Estado o empresas del Estado terminar anticipadamente los contratos sin tener que indemnizar nada e incluso hasta previniendo la formación de arbitrajes internacionales, todo esto en aras de lo que han llamado Interés Público”, sostuvo Monroy.
- Bajo este contexto, pidió a las empresas mantenerse alertas para prevenir que estas reformas sean aprobadas, ya que esto podría afectar gravemente a sus intereses e incluso podría afectar a los mexicanos.
“Esta iniciativa es una mala señal porque no sólo las empresas de generación de energía se pueden ver afectadas, también las empresas mineras, de infraestructura y todas aquellas industrias que inviertan en el país y que por alguna razón el gobierno decida expropiar sus fierros. Esta iniciativa puede poner en riesgo, incluso, el llamado nearshoring”, adelantó Monroy.
Iberdrola ya anticipaba su salida de México
Entre 2018 y 2022 las inversiones de la empresa española Iberdrola en México se desplomaron 254 por ciento, lo que apunta a que ya anticipaba un quiebre con el gobierno federal y su eventual salida del país, señalan analistas.
- La compañía destinó un total de 898 millones de euros en 2018, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pero en 2022 esa cifra se redujo a tan solo 253.6 millones de euros, según cifras de sus informes financieros
Ello implica que la española dejó de invertir 644.4 millones de euros desde esa fecha. De esta forma, cada día dejó de ejercer el equivalente a 8.8 millones de pesos en promedio en México.
- Iberdrola anunció un acuerdo para vender al gobierno mexicano el 77 por ciento de sus activos en territorio nacional por 6 mil millones de dólares, lo que implica su salida del país tras un largo historial de confrontamientos con López Obrador, quien los llegó a acusar de saqueadores, aunado a las trabas que enfrentó para obtener la renovación de sus permisos a lo largo de este sexenio.
- El dinero que Iberdrola espera recibir por sus activos equivale a 110 mil millones de pesos, cifra que supera en 22 veces la inversión equivalente en pesos que la empresa ejerció en 2022, por aproximadamente 5 mil millones de pesos.
- Así el gobierno mexicano se quedaría con 13 centrales eléctricas: 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los estados de Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas y una planta de energía eólica, ubicada en Oaxaca.
Para los analistas, el desplome en las inversiones de Iberdrola es una señal de que la compañía ya anticipaba una eventual ruptura con el gobierno federal y su retirada de México.
“Iberdrola ya no le estaba invirtiendo a esas plantas, ahora se tiene que hacer un diagnóstico de cuánto es su utilidad y la eficiencia”, opinó Ramsés Pech, analista de Caravia y Asociados.
- Explicó que si el gobierno quisiera construir estas plantas como nuevas tendría que invertir 8.9 mil millones de dólares, lo que aparentemente sería más caro que los 6 mil millones que pagará a la empresa, pero las nuevas centrales serían más eficientes y tendrían una vida últil más larga.
“La pregunta es si está justificado y si es eficiente en el largo plazo comprar esas centrales a costo bajo”, cuestionó.
Opinó que este anuncio se puede interpretar como que el gobierno mexicano acorraló a Iberdrola para obligarla a vender sus plantas, las cuales ahora serán operadas por la CFE.
“No le quedaba de otra, el negocio de Iberdrola en México ya no crecía, únicamente se mantenía. Ahora le conviene más llevarse su dinero a otro país donde tenga mejores condiciones”, afirmó.
“El gobierno, por su parte, tenía que comprar las plantas para mantener la generación de energía porque la demanda crece 5 por ciento cada año”, dijo Pech.
Además, consideró que la compra implicará un impacto para las finanzas públicas, pues el gobierno deberá endeudarse para pagarle a Iberdrola.
- La compra se realizará a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca.
“Es deuda que no asume el gobierno sino el Fonadin, pero al fin de cuentas es deuda en un momento en que las tasas de interés están muy altas”, añadió el analista.
Eductrade participará en la construcción de un complejo energético en México
Eductrade, empresa española dedicada al desarrollo integral de proyectos en los sectores del agua, energía, salud y educación, participará en la construcción de un complejo energético de México de 15 millones de euros.
- La compañía desarrollará conjuntamente con Ingeniería y Proyectos Tyson una parte del complejo de Manzanillo III Generation Plant, en el Estado de Colima, que actualmente construye la compañía Harbin Electric International Company para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa española realizará las labores de construcción de los edificios técnicos, cimentaciones de equipos auxiliares, y captación de agua de mar (‘Intake works’).
La CFE desarrolla 24 proyectos de generación que se encuentran en proceso de construcción, con una capacidad neta de generación de 13,476 megavatios (MW), y el complejo termoeléctrico Manuel Álvarez Moreno, integrado por las plantas de Manzanillo I y Manzanillo II.
Estas plantas disponen de 12 unidades generadoras de energía, con una capacidad de 2.754 MW, que equivale el 7% de la capacidad efectiva de la CFE y convierte al complejo en el más grande del país./Agencias-PUNTOporPUNTO
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