El robo de gas LP mediante la ordeña de ductos y de unidades implica pérdidas estimadas en unos 13 mil 200 millones de pesos al año.
Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP, explicó que el mercado ilícito del hidrocarburo no se ha logrado detener, de forma que con la reducción de las ventas de combustible por parte de Pemex se estima un impacto económico negativo hasta por mil 100 millones de pesos al mes.
- En cuanto a volumen, se habla de entre unas 60 mil y 80 mil millones de toneladas mensuales. «Estimamos que por la cantidad de toneladas que se están dejando de comprar a Pemex, estamos hablando de mil 100 millones de pesos mensuales.
- «No sólo no se le paga a Pemex, sino que no paga impuestos de ningún tipo y tampoco paga regulaciones ni paga derechos», señaló Landeros durante el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas LP.
Dijo que tan solo en el centro del País -entre la Ciudad de México y el Estado de México- se tienen autorizadas unas 400 estaciones de carburación por parte de la Comisión reguladora de Energía (CRE), pero se han detectado más de 800 estaciones en operación en la zona, de forma que el resto de las que no están reguladas son en las que no se cuenta con estándares de seguridad y se podría estar comercializando el gas ilícito.
«Estamos hablando de que entre el 15 y 20 por ciento de la distribución en el centro del País es lo que representa el volumen de gas ilícito; el consumidor final está consumiendo, sin saberlo, el gas que se ordeña al ducto, y en ese sentido tenemos que atacar por varios frentes», añadió.
Landeros dijo que se está buscando desarrollar una estrategia integral entre los reguladores, la Guardia Nacional y la Fiscalía para tratar de contrarrestar al mercado irregular.
Preocupa a gaseros rezago en la CRE: La industria del gas LP ha hecho un llamado para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) replantee la estrategia de admisión de nuevas solicitudes debido a que 50 turnos al mes para el sector de hidrocarburos son insuficientes para abatir el rezago.
Se estima que tan solo en materia de gas LP se tengan unas 2 mil solicitudes pendientes, dijo Landeros.
«Yo creo que sí nos afecta porque eso quiere decir que el rezago que traemos se puede solucionar en uno o dos años. Nosotros estimamos que había unos 2 mil permisos en la fila, entonces sacan solo 50 turnos al mes para todo hidrocarburos y petrolíferos, y de esos ¿cuánto nos puede tocar al gas LP?, probablemente unos 10, y eso quiere decir que nos va a llevar varios años podernos regularizar», indicó.
- Añadió que la presentación de nuevos permisos o las actualizaciones de cambio o mayor infraestructura, responden al crecimiento de la demanda y necesidades del mercado que deben atenderse, pero de una forma ordenada y regulada.
El pasado 1 de marzo entró en vigor un acuerdo la CRE en que se reactivaron los plazos y términos legales del regulador, en que se establece que los trámites pendientes tendrán hasta el cierre de 2024 para ser resueltos, mientras que para nuevas solicitudes solo se entregarán 50 permisos en materia de hidrocarburos, ya sea para nuevos permisos o actualizaciones.
- Carlos Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), agregó que se ha pedido al regulador considerar ampliar el número de trámites de admisión.
«Hablando de gas LP tenemos mil 300 plantas, 15 mil camiones de reparto de cilindros portátiles, 15 autotanques o pipas y más de 4 mil 700 estaciones de servicio; la CRE es la responsable de autorizar nuevos permisos o actualizaciones, todos esos trámites son necesarios de plantear a la autoridad y en su caso autorizarlos, hemos solicitado que se pueda ampliar la capacidad porque no es suficiente», puntualizó.
- Serrano Farrera resaltó que el 94 por ciento de las tomas clandestinas se concentran en Puebla, estado de México, Tlaxcala y Veracruz, pero 8 de cada 10 se concentran en 18 municipios, por lo que el problema está focalizado.
Al ser inquirido sobre cuál es el costo para la empresa estatal por este ilícito, el directivo señaló que si se toma en cuenta que el precio promedio es de 24 pesos por litro y al mes hurtan 60 mil toneladas —que cada una equivale a mil kilo—, por mes la pérdidas asciende a mil 440 millones de pesos, mientras que por año 17 mil 280 millones de pesos.
- Acotó que el año pasado por el robo de gas LP el ducto de mil kilómetros que va de Chiapas hasta Jalisco fue suspendido 146 días, lo cual interrupción el flujo y genera problemas de suministro, tanto para los distribuidores, como para la población.
- Los directivos estimaron que de las 60 mil toneladas que se roban en el país, 44 mil van a parar a la Ciudad de México y Estado de México, dato que representa entre el 15 y el 20 por ciento del suministro total.
- Luis Landeros, presidente de la ADG, comentó que el robo de gas llega a afectar, además de los estados mencionados, a Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Tabasco.
Destacaron que la presencia cada vez mayor de los grupos delictivos en la distribución ilícita del producto robado a la empresa estatal utilizan métodos coercitivos y violencia, por lo que existe una competencia desleal, además de afectar al consumidor, al gobierno federal y a las empresas establecidas.
Acotaron que han tomado el control de la distribución que se hace a través de vehículos que son clonados y que llegan exactamente a los puntos.
El sector distribuidor de gas LP estima que existen alrededor de entre 5 y 8 mil autotanques no registrados ante autoridades que cargan en plantas clandestinas.
Crimen organizado controla el mercado negro del gas LP
El crimen organizado se apoderó del mercado negro de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Durango, Querétaro y Tamaulipas y ya no solo roba a Petróleos Mexicanos (Pemex), también extorsiona a las empresas y las obliga a vender combustible ilegal, por eso muchas han cerrado sus instalaciones, asegura en entrevista, Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG).
- Indica el caso de Guerrero como uno de los más graves porque obligan a los empresarios a participar en esquemas ilegales de negocios con amenazas, lo que afecta los servicios. Tres plantas en Zihuatanejo están cerradas y dejan sin empleo a más de 500 personas, además de que se impiden más de cuatro mil 500 servicios diarios
- “En Guerrero, particularmente en Zihuatanejo, es donde debido a la presión que ejercen grupos criminales a través del cobro de derecho de piso a las empresas, las obligan a que vendan gas de origen ilícito, que les renten sus instalaciones y a establecer días de operación y el precio al que debe ser vendido”, señaló.
- La totalidad del mercado negro de gas LP, llamado huachigas, representa una pérdida mensual de mil 200 millones de pesos para Pemex y con las nuevas reglas dispuestas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) esta pérdida ya no será para la petrolera, se la van a cobrar a los consumidores.
El problema es la cantidad de tomas clandestinas que hay en el ducto que va del centro procesador de Cactus, en Tabasco, a Guadalajara, ya que crecieron de 2018 a 2022 en mil 148 por ciento, al pasar de 215 perforaciones a dos mil 684.
Landeros comentó que las plantas de distribución del combustible que operan en las zonas mencionadas se han visto en la necesidad de cerrar sus operaciones con graves implicaciones en el abasto.
- “Al menos el 80 por ciento del gas LP robado termina en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es gas que se vende por debajo del precio, sin control alguno y sin regulaciones de seguridad, el resto se vende en los estados del Triángulo Rojo (Veracruz, Puebla y Tlaxcala) o se mueve hacia Guerrero, en donde el abasto necesariamente se hace por tierra y es donde el crimen organizado se aprovecha”, indicó.
Se han presentado denuncias, sin que, hasta el momento, se tenga algún resultado que permita detener a estos grupos o minimizarlos.- Luis Landeros, presidente de la ADG
- El presidente de la ADG señaló que han hablado con diversas autoridades sobre el crecimiento del mercado de gas LP de origen ilícito, ya que este creció de manera exponencial en los últimos años, acompañado por diversos grupos criminales en diferentes zonas del país, y ahora ya están presentes en toda la cadena de distribución de la industria, en especial en la última milla.
- «Hay amenazas, extorsiones y cobro de derecho de piso, restringen la entrada y venta a muchas zonas donde se consume este combustible y, por ende, en donde más se afecta a la población. Se tienen zonas de alta incidencia del crimen organizado en la actividad, como es el caso de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México”, dijo el presidente de la ADG.
Los gaseros presentaron ayer, una carta a la Secretaría de Energía con el fin de que se establezca una mesa de trabajo con el sector para abordar de manera inmediata acciones que permitan implementar una estrategia conjunta para detener este fenómeno que atenta en contra de uno de los servicios básicos de la población y que pone en riesgo inminente a la población consumidora./Agencias-PUNTOporPUNTO
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