La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula ya 25 acciones y controversias constitucionales (y contando) en contra del llamado Plan B de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas ellas empujadas por partidos políticos como el PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que buscan que se declare este plan como inconstitucional por los 11 ministros que integran la Corte.
- A estas fuerzas políticas se suman los posicionamientos de Ayuntamientos, diputados y senadores que han elaborado distintas impugnaciones en las últimas semanas en contra de lo aprobado por el Congreso de la Unión y que tiene como meta el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de que varios de sus párrafos contravienen la Carta Magna y pone en riesgo el sistema electoral mexicano.
Estos recursos en la actualidad son en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGC) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), las cuales fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario de Morena y aliados en diciembre de 2022, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
- Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único organismo autónomo que, hasta el momento, ha impugnado las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales permiten a servidores públicos ejercer su libertad de expresión durante procesos electorales e incluso hacer proselitismo.
Todos estos recursos contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral del gobierno federal fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, cuya ponencia tendrá que determinar en los próximos días si cumplen con los requisitos legales para su admisión y, en su caso, formulación de proyectos y análisis de los mismos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
