AMLO abusa de las contrataciones por ADJUDICACIÓN DIRECTA para las OBRAS y proyectos INSIGNIA

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado el mecanismo de adjudicación directa como una de las principales armas de contratación para las obras y proyectos insignia de la Cuarta Transformación.

• Adjudicar contratos de forma directa es un mecanismo que han utilizado las dependencias para concretar proyectos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros, así como para compras a escala menor.
• En general, entre 2019 y 2021, el Gobierno federal ha adjudicado entre 38% y 43% de sus compras anuales, lo que significa el mayor número de compras sin licitar en la historia del país; en comparación, el récord fue en 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 35% de contratos entregados por ese mecanismo directo, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En ese sentido, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad destaca que en 2021, de acuerdo con los datos publicados en CompraNet, la adjudicación directa se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones.

Y es que por esa vía la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante ese año; de ellos, el 80.3% se adjudicó directamente.

“Al analizar todas las compras de 2021 disponibles en la plataforma Compranet, seguimos identificado un uso excesivo de las adjudicaciones directas (8 de cada 10 contratos han sido dados por esta vía), presencia de empresas fantasma, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo”, señala la organización.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las adjudicaciones directas, se consideran como una excepción, pues se deben priorizar los concursos de licitación.

• De acuerdo con dicha legislación, entre las excepciones está que las dependencias deben presentar al menos tres cotizaciones o estudios de mercado con las que se justifique que la empresa adjudicada ofrece las mejores condiciones financieras y técnicas para el Gobierno federal.
• Otra limitante es que la suma de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas no podrán exceder 30% del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios.

“La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 30% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario”, indica la fracción de dicha ley.

Actualmente se desconoce si el Gobierno federal ha cumplido con esa regla, pero organizaciones civiles, como el IMCO, han señalado que el abuso en las contrataciones por adjudicación directa fomenta la opacidad y potencializa el riesgo de actos de corrupción.

El IMCO señala que “las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas”.

El organismo social considera que la tendencia del Gobierno federal para hacer compras sin licitar “es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”.

• Obras insignias: En el caso del Tren Maya, según información pública, 80% de los contratos se han otorgado por adjudicación directa. Al respecto, el Fonatur, encargado de la obra, señaló que se cumplió con todo lo estipulado en la ley para optar por ese mecanismo en lugar de concursar el proyecto.

Respecto a la construcción de Dos Bocas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus revisiones de las cuentas públicas 2020 y 2021, alertó que la mayoría de contrataciones estaban en opacidad y señaló que “los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida deben utilizarse como excepciones a los concursos abiertos, o su equivalente licitación pública, y no al revés”.

Otro de los casos es Segalmex, que entre 2019 y 2020 adjudicó 70% de los contratos. Durante ese periodo se cometieron supuestos actos de corrupción en el ejercicio del presupuesto de esa dependencia, con más de 9 mil millones en irregularidades.

• Falta de transparencia: Al respecto, el diputado Héctor Saúl Téllez, integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Transparencia y Anticorrupción, señaló que la supuesta lucha contra la corrupción en el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación no se refleja en los hechos.

“La corrupción sigue creciendo, acabamos de conocer el índice de transparencia que dio a conocer Transparencia Internacional y descendimos incluso dos lugares, el ranking, hoy ocupamos el lugar 126 de 180 naciones en el índice de percepción de transparencia, con apenas 31 puntos de 100 posibles en este ejercicio”, destacó el panista.

El diputado resaltó que la Secretaría de la Función Pública debería llevar un monitoreo constante en Compranet, para que las dependencias convoquen a través de la licitación pública, además de supervisar que no haya simulaciones de licitaciones, para después darlas por adjudicaciones.

También afirmó que Compranet es un sistema ejemplar que ha sido minimizado y al cual no se le está dando el funcionamiento para el que fue creado.

“Hacemos un llamado para que el Gobierno federal se abstenga de llevar a cabo este tipo de contrataciones y direccionar con miles de millones de pesos a empresas consentidas, seleccionadas que no hacen otra cosa más que abrir sospechas de que hay corrupción”, sentenció.

El diputado recordó que “presentamos una iniciativa de ley que modifica la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras públicas… Nosotros queremos que solo el 20% de las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno se hagan por adjudicación directa, que el 80% se realice por licitación. Hoy el límite en la Ley de Obras y de Adquisiciones están como límite el 30%; nosotros queremos que sea el 20%”.

Adjudicaciones directas muestran la incongruencia de la 4T

Con las asignaciones directas que ha realizado el Gobierno federal se demuestra la total incongruencia en el ofrecimiento que se hizo al inicio del sexenio de acabar con esta práctica, aseveró el diputado federal Riult Rivera Gutiérrez (PAN).

Ya son prácticamente cuatro años transcurridos en el Gobierno federal y en esos cuatro años se ha visto totalmente la incongruencia, se hace lo contrario a lo que se dice y yo creo que habrá consecuencias en el futuro.

“Sí dentro de nuestras posibilidades y facultades llega a estar, por supuesto que impulsaremos cualquier acción legal para que se esclarezca el destino de los recursos; y si no se siguieron los mecanismos preestablecidos en la normativa para utilizar este dinero, pues habrá que ver quién tiene la responsabilidad y efectuar las sanciones que correspondan”, expuso el legislador.

• El Gobierno de la llamada cuarta transformación, entre 2019 y 2021, ha adjudicado entre 38% y 43% de sus compras anuales que significa una cifra histórica en el país, en comparación con el sexenio del priista Enrique Peña, el año en que más utilizó la adjudicación directa fue en 2018 con 35% de los contratos entregados bajo este esquema.
• El diputado Rivera Gutiérrez añadió que no solamente está el tema de las adjudicaciones directas en el actual gobierno, sino la creación de empresas para otorgar contratos millonarios, lo que demuestra el descontrol sobre los recursos públicos y la posibilidad de actos de corrupción en el favoritismo hacia estas compañías.

Por su parte, el diputado federal Marcelino Castañeda (PRD) dijo que en las asignaciones directas que ha realizado el Gobierno federal no cabe duda si es que hay corrupción.

“Podemos afirmar que hay corrupción y no hay transparencia para estas adjudicaciones y las consecuencias de este tipo de acciones se podrán ver hasta el siguiente sexenio (porque) hay muchas observaciones al respecto”, dijo el perredista.

Gobierno de AMLO no permite la competencia

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerró sus contratos a un grupo de empresarios y proveedores afines, por lo que no permite la competencia. Así lo reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción, que dio a conocer que se mantiene la adjudicación directa a empresas que incluso han sido señaladas de prácticas irregulares.

• La oenegé reveló que el contrato de mayor monto para el tercer trimestre de este 2022 fue de 12 mil 417 millones de pesos de parte de Banobras a Mota-Engil, una empresa con irregularidades en sobrecostos y retrasos en compras de años anteriores documentadas en distintas auditorías. Incluso este corporativo también ha recibido contratos relacionados con el Tren Maya.

A su vez tres instituciones más concentraron más de 95% de su gasto en contratos con poca o nula competencia, como lo fue Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con 99%, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con 98% y Diconsa con 94%. Estas fueron las instituciones de la administración pública que más gastaron en contratos vía adjudicación directa e invitación restringida.

En tanto, la empresa Ingeniería para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V., socia de una empresa inhabilitada previamente, ha recibido más de 40 millones en contratos este año con el sector salud. Sus contratos fueron con el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

• El ritmo de compras de la administración federal reporta que en lo que va del año se ha entregado cada día un promedio de 465 contratos por mil 329 millones de pesos.

Con corte al 30 de septiembre de 2022, la tendencia en el número de contratos por tipo de procedimiento de contratación se ha mantenido, en tanto que ocho de cada 10 contratos son por adjudicación directa y uno de cada 10 por licitación pública.

Para conocer el universo de las compras del gobierno federal se procesaron un millón 798 mil 450 contratos desde 2010 hasta el tercer trimestre de 2022 por un monto total acumulado de más de cuatro billones de pesos en contratos de compras públicas del gobierno federal.

De este total se pudo comprobar que 48 de cada 100 pesos se han gastado por licitación pública mientras que 37 pesos de cada 100 son mediante procedimientos de excepción.

A su vez, 15 de cada 100 se gastan por otros tipos de contratación, lo que incluye contratos entre entes públicos, contrataciones con créditos externos y procedimientos no clasificados.

Los “otros contratos” de la Cuarta Transformación

En materia de compras de gobierno, la transformación no ha llegado a México: continúa el abuso de figuras como la adjudicación directa, la asignación de contratos mediante criterios políticos y ha aparecido la figura de “otros contratos”, a través de la cual se saca del alcance de las auditorías, del acceso a la información y del radar del escrutinio público, el gasto en insumos, servicios y ejecución de obra pública, plantearon expertos en estos temas.

Además, señalaron que se abusa de la declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, con el fin de evitar las licitaciones públicas, e, invocando “motivos de seguridad nacional”, se reserva información sobre obra pública, con lo cual el presupuesto se invierte con total opacidad.

En la página 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece el propósito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “prohibir las adjudicaciones directas”.

Además, en octubre de 2020, la entonces secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró desde la tribuna de la Cámara de Diputados que la intención del gobierno federal era reducir la asignación directa de contratos a 20 por ciento.

Esa promesa está lejos de cumplirse. No solo no se redujo el porcentaje de contratos que se adjudican mediante esa modalidad, sino que aumentó.

• De acuerdo con un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de los reportes de la plataforma Compranet, en 2021, se adjudicaron por la vía de la adjudicación directa 126,766 contratos, que representan 80.3%; 16,235 que implican 10.3% mediante licitación pública y 9,692, es decir 6.1% por invitación restringida.
• Ese año, el monto total de los contratos por adjudicación directa fue de 147,206 millones de pesos, que constituye 38.1% del total; el de las licitaciones fue de 176,126 millones, es decir 45.6% y las licitaciones 19,407 millones que corresponden a 5 por ciento.
• El abuso de esta figura no es algo nuevo. El director ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez, llama la atención que en México las adjudicaciones directas nunca han sido menores a 70 por ciento.
• En ese sentido, los datos sistematizados por la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI permiten ver que durante los dos últimos años del sexenio del presidente Felipe Calderón, el porcentaje de contratos adjudicados directamente fue de 78.3% (en 2011) y 73.6% (en 2012).

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estuvieron entre 74.9% y 82.6 por ciento. Durante 2019, el primero del presidente López Obrador fueron 80.7%, luego subió ligeramente a 80.8% en 2020 y 80.3% el año pasado.

En ese sentido, Eduardo Bohórquez enfatizó que no todas las adjudicaciones directas son corrupción, pero se ha abusado históricamente en el país y durante la pandemia se abusó, como en otros países.

Hay un abuso histórico y sistemático de la figura de compras por adjudicación directa, el cual no revirtió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se mantuvo la tendencia histórica, expuso.

Lo que se requiere, indicó, es corregir esa tendencia y llevarla hacia donde la ley marca, es decir, que el grueso de las adjudicaciones de contratos sea por licitación o por contratos marco y que solo algunos se hagan por adjudicación directa.

Una buena práctica sería invertir la proporción que hay ahora, que solo 25 o 30% se hagan por adjudicación directa.

• El director de TM recalcó que si se observa el porcentaje de este tipo de contratos, se pueden ver cifras cercanas al 80% , pero lo relevante es revisar el monto de recursos que se adjudica por esa modalidad.

Además, puede ocurrir que se estén realizando adjudicaciones directas muy bien sustentadas, por ejemplo para la compra de materiales de oficina, pero cuesta trabajo pensar que ocurra lo mismo en casos de licitaciones vinculadas con la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, por ejemplo.

Recalcó que lo que debe hacerse es un análisis diferenciado para identificar dónde los riesgos de la adjudicación directa son mayores y revisarlos a profundidad.

• Por su parte Marco Antonio Fernández Martínez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aclaró que la adjudicación directa, en sí misma no es sinónimo de corrupción, ya que tanto la Ley de Adquisiciones, como la de Obra Pública prevén razones por las cuales se utilizan; sin embargo, lo grave es que no se cuenta con evidencia que demuestren que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifiquen si las compras que realiza el gobierno mediante la adjudicación directa cumplan con lo previsto en la ley como excepciones a la licitación pública, lo cual constituye una omisión fundamental.
• Recordó que la SFP, últimamente ha manifestado que la forma en que se disminuirá la corrupción en la licitación de obra pública será mediante las bitácoras de obra, pero el problema es que ese mecanismo lo desechó de facto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decretó acelerar los permisos a los entes gubernamentales que están realizando una obra pública.
• Eduardo Bohórquez explicó que quienes están facultados para revisar si en la adjudicación directa se cumplió con la normativa vigente son los comités de adquisiciones de cada una de las dependencias.

Sin embargo, actualmente el problema es que como hay una declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, ésta se invoca para adjudicar de manera directa y se cometen abusos. Por ejemplo, se llegó al extremo que, en 2020, una dependencia compró mediante adjudicación directa boletos para el parque de diversiones Six Flags, en medio de la pandemia, invocando a la emergencia sanitaria.

En ese sentido comentó que Transparencia Mexicana ha pedido se suspenda ya la declaratoria en el capítulo de contratación pública que la están invocando en las áreas de compra para asuntos que no deberían estar ahí.

“Si se están quitando las restricciones sanitarias, pues entonces que se vuelvan a habilitar los controles democráticos en las contrataciones públicas del sector público”, abundó.

• Por su parte, Leonardo Núñez González, investigador de MCCI expuso que, a pesar de que el gobierno actual habla de que se lleva a cabo un cambio de régimen, el marco legal que rige las compras en el país no se ha actualizado desde hace varios años y eso explica que se siga abusando de la figura de las adjudicaciones directas.
• Concretamente señaló que si se revisa la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, permanece prácticamente igual que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues solamente fue modificada en agosto de 2020 y otra en mayo de 2021.
• La primera, para que las compras de medicamentos en el extranjero quedaran excluidas de la Ley de Adquisiciones y, la segunda, para incluir el nombre de fiscalía general de la República.

Por otra parte, destacó que, aunque constitucionalmente el gobierno está obligado a utilizar las licitaciones públicas como el método principal para comprar, es mucho más complicado, lento y requiere mucho más habilidades burocráticas y técnicas y esta administración no las posee.

• El problema es que esa situación sirve tanto para lo bueno, que podría ser adjudicar y facilitar el proceso de adquisiciones, pero también sirve para lo malo, es decir beneficiar directamente a ciertas personas físicas o morales, con las compras del gobierno, incluso si se trata de empresas sin nula experiencia.

Recordó que cuando inició la actual administración federal, se recurrió a las compras consolidadas desde la Secretaría de Hacienda, sin embargo, pronto se empantanó ese ejercicio.

“Contratar en el sector público no es fácil; se requiere de conocimientos y lo que tenemos acá es que están continuando con una inercia burocrática que venimos cargando de tiempo atrás”.

Por otra parte, subrayó que comprar mediante licitación pública, es el método que deja más evidencia para el escrutinio público, lo cual se convierte en un incentivo perverso para preferir otros métodos que son opacos.

Asimismo resaltó que ya no estamos ante una situación de improvisación, por tratarse de un nuevo gobierno, pues la curva de aprendizaje ya debió concluir. Entonces lo que tenemos es una decantación por la opción más sencilla./Agencias-PUNTOporPUNTO