A pesar de que la narrativa del gobierno federal subraya que “por el bien de todos, primero los pobres”, los programas sociales desplegados por la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, han aumentado el número de hogares de familias ricas beneficiadas y disminuido el de familias pobres favorecidas, según análisis realizados por académicos.
- Para Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara, la política social del gobierno federal perdió su poder redistributivo; dejó de privilegiar a los pobres, como sucedía en sexenios anteriores y terminó beneficiando más a los hogares más ricos del país, quienes ahora reciben el dinero que se le quitó a hogares más pobres que antes lo recibían.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2019 el gobierno federal estableció 17 programas prioritarios de desarrollo social. Posteriormente, algunos fueron eliminados de la lista y otros más se incluyeron.
Actualmente son 16 y son los siguientes:
- De 2018 a 2020 pasó a 17% la población más rica beneficiada: En el documento “Primero los pobres”: Política social de desigualdad y pobreza durante el sexenio de López Obrador”, el académico Máximo Ernesto Jaramillo-Molina expone que datos oficiales muestran que, en 2016, es decir en el cuarto año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 67% de la población en situación de pobreza recibía, al menos los beneficios de un programa social. Para 2020, era 43 por ciento.
“Esto quiere decir que la mayor parte de la población en situación de pobreza extrema (57%) no tenía acceso a ningún tipo de programa social de transferencia monetaria que apoyara sus ingresos”.
Además, destaca que en el decil X, es decir, en el 10% más rico del país, prácticamente se triplicó el porcentaje de población que recibe programas sociales, pasando de 6% a 17%, entre el periodo de 2018 y 2020
Para el académico, tal vez eso se debe al cambio en la orientación de la mayor parte del presupuesto: antes de este sexenio se privilegiaban los programas sociales focalizados a la población en situación de pobreza (como Prospera); el gobierno de López Obrador canaliza el presupuesto principalmente a los adultos mayores y la pensión universal que reciben.
- El especialista llama la atención en que, mientras en 2018 la mitad de los hogares más pobres era beneficiario del programa Prospera, para 2020 ningún programa social ha alcanzado la cobertura que llegó a tener ese programa: 20% reciben la Beca Benito Juárez de Educación Básica, 8% la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y 10% la Pensión de Adultos Mayores. En conjunto, todos los programas existentes en 2020 llegan a 40% de la población de dicho decil, incluso por debajo de lo que sólo el programa Prospera lograba en 2018.
Según el Coneval, si se comparan los indicadores de los programas de 2019 y 2021, se observa que Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantuvo en una cobertura de 94 por ciento. aunque creció el número de beneficiarios, también creció la población objetivo. El de Producción para el Bienestar bajó su cobertura de 91 a 88 por ciento.
Jóvenes Construyendo el Futuro bajó su cobertura de 33 a 13% y el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez bajó de 15 a 10 por ciento.
El estudio de cobertura realizado por el Coneval reveló que de forma general, los programas prioritarios, atendieron en 2021 a 27 millones de personas mexicanas, cifra equivalente al 64% de la población objetivo de los programas. De 2020 a 2021, los programas que incrementaron en mayor medida su población atendida son:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
- Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Entre los tres programas incorporaron a 5.6 millones de personas beneficiarias, es decir, un incremento del 26% respecto del año previo. De manera coincidente, estos programas son los que tuvieron el porcentaje de cobertura más alto, por encima del 70% en 2021.
Por otra parte, los resultados del Cumplimiento Efectivo de Metas demuestran que el 56% de los programas prioritarios tuvieron un cumplimiento adecuado o destacado en 2021.
- Baja la transferencias monetarias a los más pobres: Máximo Ernesto Jaramillo-Molina subraya que mientras los beneficiarios del decil con menos ingresos (decil I) vieron casi estancados entre 2018 y 2020 los montos de las transferencias monetarias que recibían, los hogares más ricos, es decir, los del 10% más ricos o del decil X, se vieron beneficiados por un aumento de 60% en el monto promedio de transferencia que recibían.
Por otra parte, en 2018 la política social en México era redistributiva: 23% del monto total de las transferencias monetarias iba a parar al bolsillo de los hogares del 10% más pobre y sólo 2% iba al 10% más rico.
En 2020 el poder redistributivo se nulificó: 10% del total de las transferencias monetarias va al 10% más pobre, con cifras similares para casi cualquier decil.
Las estimaciones del académico refieren que se mantuvo en 9% la población que sale de la pobreza gracias a los ingresos de las transferencias monetarias de los programas sociales. En cambio, el aumento de la pobreza total se debe al incremento también de la población que estaría en situación de pobreza si no fuera por los programas sociales, pasando de 59% en 2018 a 62% en 2020.
- Aumento del gasto en programas sociales fue de 0.7%: Con base en las cifras del Inventario Nacional de Programas Sociales y Acciones Sociales Federales de Coneval, Jaramillo-Molina asegura que 2022 sería el primer año en que el monto total absoluto a precios constantes llega a un máximo histórico, con 1.3 billones de pesos, que estaría apenas 3% por encima del máximo alcanzado en 2015. Pero no basta comparar montos absolutos, sino el tamaño del total de los ingresos del país, para tener una medida que refleje la realidad del alcance total de la política social.
Al hacer la comparación, respecto del tamaño total de la economía, es decir frente al Producto Interno Bruto, concluye que en cuatro años el aumento total respecto a 2018 ha sido apenas de 0.7% del PIB, llegando a un total de 4.7%. Con esta cifra, el gasto en programas sociales durante el sexenio de López Obrador sería menor que el de los cuatro últimos años del sexenio de Felipe Calderón y que los primeros tres años del sexenio de Peña Nieto.
Por otra parte, el diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) realizado por el Coneval, reveló que, en 2022, el 50% de los programas prioritarios obtuvo una calificación de diseño adecuada o destacada.
De los 16 programas prioritarios de desarrollo social,75% lograron identificar de manera total o parcial la temática que atienden. No obstante, aún hay cuatro programas prioritarios que no tienen claridad sobre su población objetivo y son: Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; Programa Nacional de Reconstrucción; Sembrando Vida; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Al analizar la concentración presupuestal por grupo poblacional, se observa que las personas adultas mayores tienen la mayor parte del presupuesto de los programas prioritarios con el 47 por ciento. En contraste, la población en condiciones de vulnerabilidad es el grupo con menor presupuesto ya que únicamente tiene el 1 por ciento.
- Deficiente la evaluación: Por su parte Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?, expuso que algo que falta en esta administración es evaluación de los programas sociales para poder hablar con datos sobre los resultados y si este tipo de intervenciones han sido las adecuadas.
En materia de diseño de políticas públicas, dijo que, tan solo el programa de transferencias monetarias Benito Juárez, para ser exitosa debe ir acompañada de inversión en infraestructura educativa, con el fin de que se cumpla el destino de los recursos.
“Si no tenemos lugares en los salones de clases para poder atender a nuestros estudiantes, las transferencias monetarias probablemente van a ser destinadas a otros fines que no sean el de la educación y desarrollo de sus capacidades”.
En ese sentido indicó que, debido al impacto económico derivado de la pandemia de la Covid-19, los recursos que recibieron familias que tenían como objetivo avanzar en el plano educativo, seguramente se usaron para subsistencia.
- Asimismo, expuso que, en el caso de las pensiones para adultos mayores, si bien México ¿cómo vamos? no está en contra del carácter universal de esa política pública, el problema de ese tipo de intervenciones es que México no cuenta con los recursos para poder ofrecer pensiones a todos los adultos mayores, porque tiene un espacio fiscal muy reducido.
Además, la dispersión no focalizada de la bolsa de recursos destinados a ese programa no permite que se tenga el impacto deseado en aquellos lugares que más lo necesitan.
Estas pensiones crecen como una bola de nieve y se aumentan los beneficios cada año, pero no hay una estrategia para financiarlos.
Esta política social no está siendo redistributiva y al final de cuentas va a acabar ahorcando los recursos disponibles para atender la educación y la salud de los mexicanos.
Ocupan 3 programas 97.2% del presupuesto destinado a Bienestar
Los recursos destinados a la política social en el país se han incrementado a una tasa anual de 24.2 por ciento durante la actual administración, pero tres programas ocupan 97.2 por ciento del presupuesto en la Secretaría de Bienestar, la dependencia con mayor dinero para este fin.
- Las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, junto con Sembrando Vida, concentran 403 mil 55.7 millones de pesos, de los 414 mil 632.3 millones que tiene la Secretaría de Bienestar este año, subraya un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Mientras esos programas en conjunto reportan un incremento anual de 33.3 por ciento, una vez descontado el efecto de la inflación, el resto de programas, que de entrada tienen alrededor de tres de cada 100 pesos que maneja la dependencia, vieron una reducción común de 2.8 por ciento en su presupuesto.
El informe destaca que, pese a haberse retirado recursos para temas de género que en la Secretaría de Bienestar iban al Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, al Seguro de Vida para Jefas de Familia y el Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, la dependencia no deja de obtener más presupuesto, para 2023 tuvo un incremento anual de 32 por ciento.
- El CEFP informa que cuando se analiza el presupuesto aprobado para los años 2018-2023, la dependencia vio un crecimiento anual promedio de 24.2 por ciento, pero éste se determina básicamente por los recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo incremento promedio anual fue de 45.5 por ciento.
- A la vez, el programa Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social tuvo un incremento promedio anual de 33.2 por ciento, mientras en el resto de los 28 programas, que al menos en uno de los últimos cuatro recibieron recursos, en 23 la constante es la pérdida de presupuesto, incluso 14 de ellos ya no cuentan con asignación.
El CEFP agrega que de las 65 unidades responsables para el manejo del dinero, sólo una, la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es la que tiene 365 mil 969.6 millones de pesos, prácticamente nueve de cada 10 pesos con los que cuenta la dependencia federal, mientras la Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad tiene el menor presupuesto aprobado, 5.1 millones de pesos.
El centro señaló que los movimientos en la estructura programática ha derivado en recortes también de recursos. Por ejemplo, con el decreto por el que se abroga el Instituto Nacional de Desarrollo Social, sus recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos, pasaron a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, pero con una reducción de presupuesto, el cual entre 2022 y el año en curso pasó de 797.3 millones de pesos a 91.5 millones.
Se dispara costo de pensión para adultos mayores
En 2022, el gobierno destinó 244 mil 488 millones de pesos a la pensión para adultos mayores, 51.5% más anual real contra el año previo.
- El alza en el presupuesto de este programa, que brinda un apoyo bimestral universal a personas de 65 años y más, ha sido vertiginoso, pues en los cuatro años de gobierno ha aumentado 53.9% promedio anual en términos reales.
- Esta pensión se suma a las presiones de gasto que año tras año tiene el sector público, como las pensiones contributivas y el costo financiero de la deuda pública.
Este incremento en el gasto ha estado asociado a la mayor cobertura, pues hasta el sexenio anterior sólo recibían el apoyo quienes no tuvieran una pensión contributiva, situación que se cambió en el actual gobierno.
También influye el aumento en el monto, pues en 2018 los beneficiarios recibían mil 160 pesos bimestrales, que habrá aumentado a cuatro mil 800 este año.
Analistas alertan sobre la sostenibilidad financiera de este programa, ya que si bien es positivo que se fortalezca el piso mínimo pensionario del país, debe hacerse considerando presiones financieras de mediano y largo plazo.
Durante 2022, el gobierno federal ejerció 244 mil 488 millones de pesos en la Pensión para Adultos Mayores, programa social que brinda un apoyo bimestral universal a personas de 65 y más.
Este monto implicó un aumento de 51.5% anual en términos reales frente a lo ejercido en 2021, y fue uno de los programas presupuestarios mayores con incrementos el año pasado.
Con esto, el gasto de la llamada pensión no contributiva ha crecido de forma vertiginosa en el sexenio, pues en los cuatro años de gobierno ha aumentado 53.9% promedio anual en términos reales.
Así, este programa se suma a las presiones de gasto que año tras año tiene el sector público, como las pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, etc.) y el costo financiero de la deuda.
- Factores: El incremento del gasto en la pensión para adultos mayores ha estado asociado, por un lado, a la mayor cobertura del programa, pues hasta el sexenio anterior sólo recibían el apoyo quienes no tuvieran una pensión contributiva, situación que se cambió en el actual sexenio al universalizarse el programa.
Y, por otro lado, también ha influido el aumento en el monto de los apoyos, pues en 2018 los beneficiarios recibían 1,160 pesos bimestrales, que habrá aumentado a 4,800 pesos este año, y se prevé que para 2024 el monto sea de 6,000 pesos bimestrales.
Analistas han alertado sobre la sostenibilidad financiera de este programa, ya que si bien afirman que es positivo que se fortalezca el piso mínimo pensionario del país, éste se debe hacer considerando las presiones financieras de mediano y largo plazo.
Así, hasta el momento, no ha habido un plan de cómo se generarán los recursos que permitan cubrir los futuros incrementos al programa, y lo que se ha hecho es realizar ajustes para hacer espacio a los aumentos de cada año.
La Secretaría de Bienestar expresó que para este año se tendrá un padrón de beneficiarios para la pensión de adultos mayores de 11 millones 56 mil 534 personas y el gasto ascenderá a 339 mil 341 millones de pesos.
Debido a una mayor cobertura y al aumento en el monto otorgado a los beneficiarios, la pensión para adultos mayores ha crecido 53.9% promedio anual, en términos reales, en este gobierno./PUNTOporPUNTO
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