El exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, creó una asociación delictuosa, una red de corrupción y extorsión desde la posición privilegiada que le daba su puesto y la relación tan especial que tenía con el presidente López Obrador, afirmó el abogado Paulo Díez Gargari.
- En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que Scherer claramente traicionó la confianza del presidente al pervertir lo público para beneficiarse a sí mismo y a la empresa corrupta Aliatica, antes OHL, para bloquear una investigación criminal donde la FGR había concluido que la empresa debía devolver el Viaducto Bicentenario al no tener una concesión con el Gobierno Federal.
Destacó que todo eso fue posible gracias a las facultades que el propio exconsejero Julio Scherer Ibarra se otorgó con una reforma que promovió y entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, que lo facultaba para designar a todos los jurídicos de todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, «de modo que hizo lo que se le dio la gana».
- Agregó que no es el único caso donde ha actuado así esta red de corrupción y extorsión, pues ha actuado de la misma manera en los casos de Juan Collado, Alonso Ancira, Cruz Azul, Interjet e Inés Gomezmont , donde había grandes cantidades de dinero involucradas y muchas veces fueron creados desde la Consejería Jurídica, en los que siempre aparece Scherer con el mismo grupo de abogados incluyendo al despacho de Juan Antonio Araujo y de Alonso Rivera Gaxiola.
Finalmente, el abogado Paulo Díez dijo que, sin ser ingenuo, confía en que la FGR investigue de forma seria y ágil este asunto, para que estos señores rindan cuentas ante la justicia.
La Fiscalía investiga a Julio Scherer
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde mayo de 2022 el patrimonio inmobiliario de quien fuera el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra.
- El expediente, que se suma a otras acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, señala ahora que el exfuncionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública ser dueño de al menos siete casas y departamentos en Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco en el tiempo en que fungió como el abogado del presidente de México.
- El precio al que fueron adquiridas las propiedades, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es de 70,7 millones de pesos (3,7 millones de dólares). Estas nuevas revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario del exconsejero presidencial se suman a la filtración, en octubre de 2021, de documentos que dieron cuenta de que también poseía un lujoso departamento de 1,2 millones de dólares en Miami a través de una estructura corporativa offshore.
- La Fiscalía sostiene que Scherer, de 63 años, pudo haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, debido a que en una de sus propiedades inició una edificación nada más renunciar a la Presidencia de la República, el 1 de septiembre de 2021. EL PAÍS ha contactado a Scherer para conocer su versión.
El abogado ha rechazado hacer aclaraciones sobre su patrimonio, pero ha afirmado que tiene todo en orden y que la investigación es parte de “la campaña” de la Fiscalía en su contra. “Este asunto es un episodio más de la campaña que se ha emprendido en mi contra para desacreditarme. Nada de lo que ahí se menciona [en la denuncia] tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad. Desafortunadamente la política nos llevó a estas cosas. Lamento mucho que el señor Paulo Díez sea utilizado como un instrumento para dañar mi imagen y mi reputación”, ha dicho en un sucinto posicionamiento.
- La FGR abrió la indagatoria a partir de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari el 27 de mayo de 2022, a la que ha accedido este periódico. La carpeta de investigación fue turnada al fiscal especial de Control Competencial, Juan Ramos López, segundo al mando de la FGR y brazo derecho del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
- Esta es la tercera indagatoria en la que ha sido señalado el exconsejero presidencial tras su estruendosa ruptura con Gertz, a finales de 2021. Los tres expedientes están en manos de Ramos, a quien el fiscal general encomienda los casos políticamente más relevantes.
Personas de su entorno cercano han afirmado a este diario que Scherer transfirió las propiedades investigadas por la FGR a un fideicomiso “para sus hijos”. Se trata del fideicomiso Banorte número 750977, que fue creado el 28 de febrero de 2019, es decir, tres meses después de que el abogado fuera designado consejero jurídico del Ejecutivo Federal.
En el expediente en poder de la FGR hay documentación que indica que, si bien se creó el fideicomiso en esa fecha, varios inmuebles no fueron depositados en él mientras Scherer aún era servidor público. En todo caso y según el expediente, aunque el abogado ya no sea el titular de algunas propiedades, su nombre aparece como fideicomisario, dejando una puerta abierta a la posibilidad de recuperar la propiedad de los bienes.
- El exconsejero ya había sido involucrado directamente en otra carpeta de investigación de febrero de 2022 en la que la Fiscalía le acusó de haber aprovechado su cargo público —era nada menos que el abogado de López Obrador— para frenar sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHL (ahora Aleática), con la que Scherer y familiares suyos tenían, según la indagatoria, conflictos de interés laborales y económicos. Esa indagatoria también se originó por una denuncia del abogado Díez Gargari y continúa abierta.
- Existe una tercera investigación de la FGR de finales de 2021 contra un grupo de abogados con los que Scherer tuvo negocios en despachos privados antes de trabajar para el Gobierno federal. Aunque en ese expediente él no fue acusado directamente, la Fiscalía señaló que sus exsocios tenían acceso a información privilegiada y que hacían uso de sus vínculos con el entonces consejero presidencial para extorsionar y chantajear a empresarios, exfuncionarios y litigantes que estaban en la mira del Gobierno por corrupción.
Un juez federal ya revisó el caso y, en una primera instancia, sostuvo que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para probar la responsabilidad de los abogados acusados, mucho menos la del propio Scherer. La FGR aún no cierra este expediente y puede volver a presentar el caso al juez.
Las propiedades bajo la lupa
Al ingresar al Gobierno de López Obrador, Scherer —que es hijo del periodista Julio Scherer García, fundador de Proceso— declaró a la Secretaría de la Función Pública poseer dos departamentos que valían 108 millones de pesos en Ciudad de México, y dijo que los adquirió mediante una cesión de un fideicomiso el 18 de noviembre de 2018, esto es, pocos días antes de asumir como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (lo que ocurrió el 1 de diciembre de ese año).
- Los folios reales consultados por este diario demuestran que ambas propiedades están en un condominio ubicado en la colonia Polanco, una de las más caras de México. Scherer vendió uno de sus departamentos en junio de 2019 a Edgar Daniel Murillo Karam, hermano del exprocurador general Jesús Murillo Karam, por 66,2 millones de pesos.
Esta información se desprende de los reportes patrimoniales del abogado entregados a la Función Pública. En sus primeras declaraciones, que son obligatorias para los funcionarios públicos del poder Ejecutivo y deben presentarse de manera anual, Scherer no registró la existencia del fideicomiso al que supuestamente transfirió los siete inmuebles que ahora indaga la Fiscalía.
Tanto en su reporte patrimonial de 2018 como en el de 2019, disponibles en internet, aseguró que no tenía participaciones económicas ni financieras. Fue hasta su declaración de 2020 que dio cuenta de un fideicomiso en Banorte del que dijo ser solo fideicomitente (aportante del patrimonio, más no beneficiario, como era el caso). En el reporte del año siguiente —el último que estuvo en el Gobierno— repitió esa misma información.
La FGR sostiene que Scherer siguió siendo dueño de varios inmuebles mientras era funcionario del Gobierno de López Obrador. Es el caso de una casa ubicada en Lomas de Reforma, una exclusiva colonia a la que solo pueden acceder quienes viven allí o son visitantes autorizados.
- Esta propiedad, con valor de 27,5 millones de pesos, fue comprada en junio de 1999 por Scherer, que vivió en ella durante casi dos décadas. El 8 de agosto de 2021 —dos meses antes de renunciar a la Consejería Jurídica presidencial— Scherer transfirió la casa al fideicomiso inmobiliario, según los folios del Registro Público en poder de la Fiscalía.
- El 30 de agosto, un día antes de su salida del Gobierno, una representante del fideicomiso de Bancomer solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo —donde se ubica el inmueble— un permiso para construcción. La obra fue autorizada días después y actualmente sigue en curso, según pudo constatar este periódico en una visita.
- El círculo cercano de Scherer asegura que en la casa se están haciendo “remodelaciones” desde hace tres años. Para la Fiscalía, ese desarrollo podría ser una vía de blanqueo de dinero, pues ni la propiedad fue declarada en su momento ni se conoce el origen de los recursos usados para la construcción.
- La obra, en la que labora una docena de trabajadores, tiene un anuncio en su fachada que indica que está a cargo del despacho arquitectónico de Humbeto Artigas Aspe, un antiguo socio de Scherer.
- Otro caso es el de un departamento en un condominio localizado en la avenida Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, que fue adquirido por el exconsejero presidencial en abril de 2008 a un precio de 4,3 millones de pesos.
El 23 de abril de 2019 se anunció en el Registro Público un “aviso preventivo” de que la propiedad sería depositada en el fideicomiso inmobiliario, pero la transacción no se llevó a cabo sino hasta dos años después, de acuerdo con la documentación consultada.
- Scherer compró otras dos propiedades en Ciudad de México. En la calle de Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa, él y un grupo de cinco socios adquirieron en septiembre de 2012 una casa con valor de 7,5 millones de dólares. Al exconsejero jurídico se le asignó el 12,5% del valor de la propiedad, unos 975.000 dólares. En este sitio hay una casa deshabitada.
- Otro inmueble del abogado está en un condominio de la calle Lago Alberto, colonia Anáhuac. Se trata de un apartamento de 117 metros cuadrados que Scherer adquirió en enero de 2016 por 3,7 millones de pesos.
- Otros dos inmuebles bajo investigación se localizan en la zona Diamante de Acapulco, la más cara del puerto guerrerense. Uno de ellos —un departamento— está dentro del club El Palmar, en el fraccionamiento Tres Vidas, a 10 minutos del aeropuerto internacional. Scherer lo obtuvo en octubre de 2012 por 630.792 dólares, equivalentes a 11,9 millones de pesos actuales.
- La otra propiedad en el puerto turístico es un lote de 800 metros cuadrados con vista a la playa en el condominio Los Riscos, en Punta Diamante. El abogado lo adquirió en octubre de 2007 por 633.000 dólares, más de 12 millones de pesos actuales.
Condominios en la mira
El condominio de la calle Rubén Darío, Polanco, donde Scherer declaró a la Función Pública tener dos departamentos es vigilado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, que suele prestar servicios de seguridad a particulares.
En la entrada hay una escultura de mármol de un caballo de más de dos metros y una placa que indica que la torre de 16 niveles fue construida por el despacho arquitectónico de Artigas. El condominio fue comprado en diciembre de 2011 a través de un fideicomiso privado por Scherer y un grupo de 10 socios.
- En 2014, el abogado y sus socios solicitaron al Gobierno capitalino la formación de un “polígono de actuación” entre Rubén Darío y un inmueble ubicado en la calle Campos Elíseos, también en Polanco, casi a espaldas del primero. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) concedió la autorización, lo que permitía a los inversionistas incrementar el número de niveles, departamentos y estacionamientos a construir en los lotes.
- Un año después, en septiembre de 2015, Scherer y sus socios compraron finalmente el inmueble de Campos Elíseos por 7,8 millones de dólares. El valor de la propiedad fue repartido proporcionalmente entre todos los socios, y al exfuncionario le correspondió el 6.5%, unos 546.000 dólares.
El de Campos Elíseos luce ahora como un predio en desuso. Es una suerte de patio trasero abandonado del lujoso condominio de Rubén Darío. La Fiscalía también investiga al exconsejero jurídico por ese lote, pues, como el resto de sus propiedades, tampoco fue reportado a la Función Pública.
De Cruz Azul a Gómez Mont
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la posible existencia de malos manejos o tráfico de influencias detrás de al menos seis casos abiertos por presuntos hechos de corrupción de alto impacto, y en las que personas denunciadas se han visto favorecidas con beneficios legales, exoneraciones o con retrasos en sus consignaciones.
- Lo anterior luego de que los abogados que participan o han participado en estas indagatorias fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía por, presuntamente, extorsionar a sus clientes a cambio de supuestos favores que obtendrían con las autoridades, en supuesta complicidad con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.
- Entre esos casos se encuentran las indagatorias por lavado de dinero en el caso de la cooperativa Cruz Azul, los presuntos hechos de corrupción relacionados con concesiones de la empresa Aleática (antes OHL), y los hechos relacionados con presuntos desvíos en que participaron empresas factureras del caso Álvarez puga – Gómez Mont.
- Autoridades de la Fiscalía confirmaron a Animal Político que hay cuatro carpetas de investigación en curso que involucran a diversos abogados y servidores públicos que han intervenido en múltiples casos. Las indagatorias se han abierto a partir de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada de Control Competencial y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas adscritas a la FGR.
La primera de esas indagatorias ya fue enviada ante un juez del Reclusorio Norte y, en ella, se acusa a cuatro litigantes del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” (AGPRyC) de ser probables responsables de los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto relacionado con la investigación abierta contra Juan Collado. El resto de las carpetas continúan en integración.
A continuación, se detallan los casos que están bajo la lupa de la FGR por los supuestos malos manejos de los despachos cercanos a Scherer
- Cruz azul: Este caso es investigado tanto por la FGR a nivel federal, así como por la Fiscalía de la Ciudad de México a nivel local. Lo que se indaga son malos manejos hasta por un monto de 43 mil millones de pesos que la gestión de Guillermo Álvarez habría llevado a cabo con el dinero de los cooperativistas de la cementera Cruz Azul cuando este era el director general de la misma.
Uno de los implicados en este caso es Ángel Junquera Sepúlveda, quien fungiera como apoderado legal de la cooperativa en la gestión de Álvarez. En contra de Junquera se libraron dos órdenes de aprehensión, una a nivel federal por lavado de dinero y delincuencia organizada, y otra a nivel local por administración fraudulenta.
Pero en octubre del año pasado la Fiscalía capitalina frenó el proceso penal en contra de Junquera y canceló la orden de aprehensión que se le había girado, luego de que este firmó con la cooperativa un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a regresar 45 inmuebles por un valor de poco más de 700 millones de pesos.
Aunque este acuerdo no reparaba todo el daño del supuesto fraude cometido Junquera, los abogados de los cooperativistas, pertenecientes al despacho “García González y Barradas”, aconsejaron a sus clientes para que lo aceptaran. Acto seguido se firmó el convenio que establece que, a mas tardar en mayo de 2022, deben entregarse dichos inmuebles.
Lo que Junquera y sus abogados buscaban es que la firma de este convenio también les allanara el camino a una eventual exoneración a nivel federal, a través de acceder a un criterio de oportunidad. Esto ya que para la obtención de dicho criterio es obligatorio reparar el daño causado, lo que técnicamente se realizaría con la devolución de las propiedades.
Sin embargo, el año pasado Junquera a través de su hijo presentaron una denuncia ante la FGR en la que sostienen que fueron engañados y presionados por el despacho “García González y Barradas”, en supuesta colusión con Julio Scherer, para ceder su patrimonio a cambio de un beneficio al que no han accedido.
Sobre esta denuncia los abogados del despacho “García González y Barradas” aseguraron a este medio que toda su intervención en el caso Cruz Azul ha sido legal y persiguiendo el beneficio de los cooperativistas. Rechazaron estar implicado en tráfico de influencias a nivel local o federal.
- Acuerdo con Ancira: El año pasado el empresario Alonso Ancira, principal accionista de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), logró salir del Reclusorio Norte luego de haber permanecido menos de tres meses en prisión. Esto tras firmar un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos en el que se comprometió a pagar, a plazos, mas de 200 millones de dólares.
Ancira fue acusado por la FGR de haber pagado sobornos en el sexenio pasado con los cuales consiguió que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Emilio Lozoya, le comprara a AHMSA la planta Agronitrogenados en Veracruz con un importante sobreprecio que dejó pérdidas de miles de millones de pesos.
Tras saber que estaba siendo investigado el empresario escapó del país. Fue hasta mayo de 2019 cuando pudo ser detenido en España en cumplimiento de una orden de aprehensión y con una ficha roja de Interpol. Después siguió un largo proceso de extradición de casi dos años, en donde Ancira interpuso múltiples recursos para tratar de no enfrentar la justicia en México. Tras perder todas las batalles legales, fue enviado a nuestro país en febrero de 2021 y encarcelado en el Reclusorio Norte.
Pero en abril de ese mismo año el empresario recuperó su libertad. Lo hizo tras una negociación encabezada por su abogado Juan Araujo y litigantes del despacho AGPRyC en la que logró que Pemex aceptara retirar los cargos a cambio de la promesa de Ancira de entregar 200 millones de dólares a la compañía en un periodo de dos años.
Aunque la Fiscalía respaldó en su momento esta solución, en los últimos meses ha expresado al juez responsable del proceso su desacuerdo en la forma en como el empresario ha “cumplido” con algunas cláusulas del convenio como, por ejemplo, la constitución de un fideicomiso para garantizar que se cumpla con dicha reparación del daño.
Autoridades federales explicaron que, si bien el acuerdo reparatorio es una salida alterna válida para un proceso penal, desde que se comenzaron a recibir las denuncias formales en contra de Araujo y de Scherer la FGR indaga si hubo acuerdos irregulares o tráfico de influencias detrás de esta solución que le permitió a Ancira no solo dejar la cárcel, sino volver a salir del país.
- La “cooperación” de Zebadúa: El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, Emilio Zebadúa, tiene serias acusaciones en su contra. Tanto la Unidad de inteligencia Financiera, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han presentado denuncias penales en la que lo responsabilizan del desvío de más de tres mil millones de pesos y de operaciones de lavado de dinero. Se trata, según reconocen autoridades de la propia FGR, de una de las piezas claves en el entramado de la llamada “Estafa Maestra”.
En agosto de 2019 Zebadúa fue citado a comparecer ante un juez de Reclusorio Sur para ser imputado por los desvíos ocurridos en las secretarías donde trabajó, pero no se presentó. A aquella audiencia inicial solo acudió su exjefa, Rosario Robles, quien fue procesada y detenida. Desde aquella fecha la exsecretaria de Estado se encuentra presa.
Zebadúa, en cambio, logró evitar los juzgados y la cárcel. Bajo la asesoría del referido despacho “Araujo, Gonzalez, Peimbert, Robledo y Carrancá”, logró que se detuviera la persecución penal en su contra y negoció que se le concediera un criterio de oportunidad. A cambio presentó una denuncia en la que señalaba que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, era el responsable del esquema de “La Estafa Maestra”.
Hasta la fecha y aun cuando no ha reparado ningún daño, Emilio Zebadúa ha podido continuar en libertad. Pero tras las denuncias en contra de sus abogados, quienes dejaron su representación hace unos meses, la FGR revisa las condiciones en que el exoficial Mayor ha sido favorecido sin que se consolide aun el criterio de oportunidad que estaba buscando.
- Retrasos en el caso Puga – Gómez Mont: Desde 2019 el gobierno de México encontró evidencia de que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conducta Inés Gómez Mont, estaban implicados en una operación fraudulenta y bien organizada a través de la cual se habían logrado desviar con empresas factureras casi tres mil millones de pesos en el sexenio pasado.
Ese mismo año la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal entregaron a la FGR información a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada (SEIDO) que, en noviembre de 2019, abrió la carpeta de investigación correspondiente.
Sin embargo, durante casi año y medio no se procedió penalmente en contra de Álvarez Puga y las compañías factureras. Fue hasta septiembre de 2021, justo una semana después de la renuncia de julio Scherer a la consejería jurídica de la Presidencia, cuando la Fiscalía pudo obtener una orden de aprehensión en contra de la pareja que, para ese momento, ya había salido del país.
En las denuncias presentadas ante la FGR se reporta que despachos de abogados ligados al exconsejero de la Presidencia habrían gestionado e incluso presionado a las autoridades para retrasar cualquier tipo de acción penal en contra de Álvarez Puga y su red de empresas factureras.
De acuerdo con autoridades ministeriales, en este caso se investigan pagos de presuntos sobornos o entrega de bienes a los abogados o exfuncionarios, entre los cuales podría haber incluso propiedades, a cambio de la supuesta protección legal.
- OHL y Paulo Diez: Desde el sexenio pasado la constructora española OHL (hoy llamada Aleática) ha mantenido un fuerte litigio en contra el abogado Paulo Diez, luego de que este se ha encargado de denunciar públicamente presuntos hechos de corrupción en torno a las concesiones que el Estado mexicano le ha cedido a dicha empresa. Particularmente, Diez ha documentado irregularidades en las concesiones de vías de paga como el Circuito Exterior Mexiquense o el Viaducto Bicentenario.
Tras el cambio de sexenio, el abogado ha reportado que la presunta complicidad y hasta protección a los hechos de corrupción prevalece tanto en el gobierno federal como en el del estado de México.
En 2021 Diez acusó públicamente a Julio Scherer de “mentirle al presidente” al informarle que la corrupción de OHL había terminado. En cambio, señaló al entonces consejero jurídico de la Presidencia de trabajar sus influencias para proteger los intereses de la conocida constructora.
A finales del año pasado Diez presentó una denuncia penal – que ha ido ampliando progresivamente – y en la que advirtió que Scherer en colusión con diversos grupos de abogados, entre ellos los del despacho “Araujo, Gonzalez, Peimbert, Robledo y Carrancá”, han traficado influencias no solo ante autoridades ministeriales sino también ante poderes judiciales. Con ello han conseguido detener las acciones y resoluciones legales en contra de Aleática.
El viernes pasado el abogado confirmó en un comunicado la existencia de esta denuncia y señaló que detrás de los presuntos hechos irregulares podría estar un fideicomiso denominado IFM Global Infrastructure Fund, el cual fue constituido sin personalidad jurídica en las Islas Caimán.
Cabe señalar que Diez fue el primero en revelar públicamente la existencia del presunto tráfico de influencias entre la FGR (antes PGR) con la consejería jurídica y despacho de abogados. Recalcó que se trata de mecanismos de extorsión y corrupción que se implementó desde el sexenio pasado cuando Humberto Castillejos ocupaba la consejería jurídica, pero que ya en el actual sexenio se ha continuado y profundizado.
- Collado: El abogado Juan Collado Mocelo, quien ha representado legalmente ha importantes figuras políticas sobretodo del PRI como el expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en julio de 2019 cuando comía en un restaurante con el exdirigente del sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps.
El conocido litigante fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte donde permanece hasta la fecha. Enfrenta varios procesos penales a nivel federal y local por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, entre otros.
El año pasado, según una denuncia presentada por el propio Coello a través de su hermano, comenzó a ser asesorado por los abogados del despacho AGPRyC para la obtención de un supuesto criterio de oportunidad que le permitiría recuperar su libertad a más tardar en diciembre de 2021. Los litigantes le indicaron que aprovecharían su cercanía con Scherer para obtener dicho beneficio en el menor tiempo posible.
Sin embargo, dicho acuerdo no se consiguió y Collado denunció que el dinero que pagó a dichos litigantes fue producto de una extorsión más que de una negociación. Tras verificar la información la Fiscalía encontró indicios que le permiten presumir que los abogados cometieron, por lo menos, cuatro delitos. Los resultados de la indagatoria inicial ya fueron presentados ante un juez.
Sobre la situación de Collado, autoridades federales confirmaron que se revisará si la concesión del criterio de oportunidad es procedente a partir de la información que ha otorgado para denunciar estos hechos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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