La deuda contratada por la pasada administración para levantar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) dista de ser enterrada. El año pasado sus intereses sumaron 4 mil 291 millones de pesos, cifra equivalente a 67 por ciento del presupuesto que recibió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el mismo periodo.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó cómo operó el entramado de fideicomisos que serviría de vehículo para levantar la obra en Texcoco y del cual aún quedan obligaciones por 4 mil 200 millones de dólares en bonos Mexcat, más los intereses que se acumulen hasta 2047.
- El esquema diseñado en 2014 y que imperó hasta 2018 a fin de captar recursos que financiaran la construcción de esa terminal aérea se levantó sobre tres fideicomisos: dos privados, el 80460 y el 2172, además del no paraestatal identificado como 80726, que hasta mitad del año pasado sirvió para pagar obligaciones con proveedores antes de ser alcanzado por el decreto de extinción del 2 de abril de 2020.
La ASF detalla que el fideicomiso privado 80460 obtuvo los derechos de la tarifa de uso aeroportuario (TUA) del AICM como garantía para contratar financiamiento por medio de una línea de crédito y los bonos Mexcat, que sumaban 6 mil millones de dólares y de los cuales se recompraron mil 800 millones de dólares en diciembre de 2018, cuando se decidió cancelar la obra.
En ese momento, para readquirir parte de los bonos se tuvieron que pagar mil 875 millones de dólares (mil 799 millones de dólares por el capital y 75 millones como parte de las compensaciones por la cancelación anticipada).
Sin embargo, antes de esa fecha el fideicomiso 80460 estaba encargado del pago principal de la línea de crédito y de los bonos que se transfirieron a la empresa Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México como aprovechamientos.
- Con el pago de ese concepto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplió el presupuesto de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de 2015 a 2016, con la finalidad de que dispusiera de recursos para que los aportara al patrimonio de esa empresa que tendría la concesión del NAIM, pero entre 2017 y 2018 extendió directamente el presupuesto de la dependencia, señala la ASF.
- Por otro lado se encuentra el fideicomiso privado 2172, el cual se encargaría de la recolección de la TUA directamente con las aerolíneas y pagaría los intereses por el crédito a la institución financiera con la que se contrató, además de los correspondientes por los bonos a sus tenedores, al tiempo que entregó recursos al fideicomiso 80460 que servirían para recomprar parte de los bonos en 2018.
A su vez, el fideicomiso no paraestatal 80726, ahora extinto, recibió todos los recursos para pagar los costos de la obra y, una vez cancelada, liquidar los contratos de forma anticipada, además de responder por las compensaciones generadas de los procesos legales. Por él pasaron 132 mil 660 millones de pesos provenientes de la deuda contratada a través del 80460 y 33 mil 113 millones de pesos de fuentes fiscales.
ASF detecta ‘hoyo negro’
La Auditoría Superior de la Federación señaló trabajos “a medias”, con retrasos y mal hechos, además de 17 “expedientes congelados” por casi 2 mil mdp de posible desfalco.
- El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo pagos multimillonarios a empresas internacionales que obtuvieron contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que muchas de estas compañías hicieron trabajos “a medias”, con retrasos y mal hechos, sin que a la fecha haya una denuncia por ello.
Además, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) gastó recursos indebidamente a causa de malos cálculos en los materiales y servicios relacionados con la obra y hasta por compras no autorizadas.
A pesar de que han transcurrido más de cinco años de algunos de esos pagos indebidos en el proyecto del NAIM, la ASF mantiene 17 expedientes “congelados” en los que se identificaron posibles daños patrimoniales por un monto de mil 982 millones 41 mil 546.88 pesos.
A la fecha, la ASF no ha emprendido acciones por esos 17 expedientes para recuperar el dinero o sancionar penal o administrativamente a quienes hicieron mal uso de esos recursos.
Esos más de mil 982 millones de pesos forman parte de los 710 expedientes de irregularidades en 45 dependencias que, durante el sexenio de Peña Nieto, sumaron más de 30 mil millones de pesos y que, como dio a conocer MILENIO el 23 de enero, la ASF mantiene “congelados” sin que proceda a denunciarlos para castigar a quienes hicieron mal uso del dinero.
Los 17 expedientes “congelados” del NAIM se suman a otros 94 del mismo proyecto, que en conjunto suman más de 9 mil millones de pesos, y que, aunque no están “congelados” porque sí han sido denunciados administrativamente por la ASF, tampoco han llegado a la instancia penal, la Fiscalía General de la República (FGR).
- Trabajar a medias, cobrar completo: El 1 de diciembre de 2014, dos años después de que asumió el cargo el presidente Enrique Peña Nieto, se firmó uno de los primeros contratos plurianuales para echar a andar el NAIM, que sería una obra emblemática de ese sexenio.
El monto más cuantioso por el que actualmente la ASF mantiene una investigación “en seguimiento” deriva de ese contrato.
El GACM, instancia encargada de echar a andar el proyecto del nuevo aeropuerto, contrató a FP-FREE, S. de R.L. de C.V., una firma que fungió como representante del consorcio formado por Servicios Smart FREE a tu Nivel, S.A. de C.V., y Foster + Partners Limited.
El consorcio fue contratado para encargarse de los proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle) del edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos y la torre de control y centros de control de operaciones del NAIM, así como el acompañamiento a las obras.
Entre 2016 y 2017, FP-FREE debió haber entregado la documentación con el diseño de al menos 11 áreas de la terminal, pero no fue así.
El consorcio sólo entregó informes de avances parciales, contraviniendo lo establecido en el multimillonario contrato.
A pesar del atraso, la compañía sí cobró en esos primeros años 704 millones 155 mil 801.30 pesos, un pago que, al no corresponder con el trabajo que le había sido encomendado, fue señalado como un presunto daño patrimonial por la ASF.
Han pasado ya más de cinco años desde que ese gasto irregular se hizo por parte del GACM y a la fecha no ha sido subsanado y la ASF tampoco lo ha denunciado ni administrativa ni penalmente.
- Esa irregularidad es similar a la ocurrida en el contrato plurianual firmado con la empresa Parsons International Limited, radicada en Emiratos Árabes Unidos, que fue contratada el 9 de octubre de 2014 para encargarse de la gerencia del proyecto del NAIM, a la que se pagaron indebidamente mil 9 millones 366 mil 670 pesos.
- Como FP-FREE, Parsons también incumplió con la entrega de sus trabajos en los plazos acordados, pero los expedientes también están “congelados”.
La labor principal de Parsons tendría que haber sido brindar asesoría y apoyo para el desarrollo de los trabajos, monitorear y dar seguimiento a las actividades relevantes, así como identificar riesgos o atrasos que pudieran incidir o generar efectos adversos en el desarrollo del proyecto.
Al 31 de agosto de 2018, fecha de la auditoría, la empresa tenía que haber elaborado una serie planes de gestión, dictámenes, reportes y opiniones técnicas, entre otros, pero no estuvieron completos.
Tampoco presentó los informes completos de soportes técnicos y administrativos, acompañamientos, gestiones, asesorías y análisis para los que fue contratada.
La ASF encontró que los trabajos no habían sido realizados según el programa de trabajo y no pudo comprobar la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal que fue contratado.
- Por otra parte, al grupo de empresas Operadora Cicsa, Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administración Técnica, Acciona Infraestructura México, ICA Constructora de Infraestructura, entre otras, también se les hicieron pagos indebidos por trabajos no concluidos.
La ASF identificó un probable daño patrimonial por más de 82 millones de pesos por pagos a ese grupo de compañías debido a que “la cantidad de obra ejecutada al cierre del ejercicio 2018 es menor a la de los anticipos otorgados”.
Otras irregularidades que contribuyen a engrosar el monto de más de mil 900 millones de pesos de posible desfalco son pagos de sueldos superiores a los autorizados, cargos adicionales a los precios unitarios sin autorización, pagos por trabajos de supervisión que no exigieron corrección de errores, servicios duplicados, servicios de supervisión sin reportes, compra de acero que no estaba considerado ni solicitado, contratación de mano de obra especializada y hardware y software operacional a destiempo, entre otros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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