El Plan B de reforma electoral, impulsado por la Cuarta Transformación, dejó sin tocar el doble financiamiento a los institutos políticos, que este año gozarán de 12 mil 493 millones de pesos, recursos superiores a los destinados para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), al que se le “descuartiza” en su presupuesto operativo y personal.
- De acuerdo a datos del INE, desde los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), las fuerzas políticas nacionales recibirán un presupuesto paralelo por seis mil 259 millones de pesos durante 2023.
- Mientras que en la parte federal, el INE, que con la reforma podría quedarse sin 85% de su personal operativo, destinará este año seis mil 233 millones de pesos a los partidos nacionales: PAN, PRI, PRD, Morena, MC, PVEM y PT.
- El grueso de ese personal se encuentra diseminado en las 300 Juntas Distritales del INE en el país, quienes se encargan de funciones desde monitoreo de propaganda, recepción de denuncias, fiscalización y logística durante la organización de comicios.
El INE asegura que el Plan B elimina dichas juntas, mientras que Morena señala que la reforma deja a discreción del organismo electoral la reingeniería administrativa de esas oficinas, sin ordenarles despidos.
El partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador será el más beneficiado por el presupuesto público y, a su vez, es el que votó a favor e impulsó los cambios legales conocidos como Plan B, que modifican el sistema electoral nacional y que, a decir del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ponen en riesgo la celebración de comicios libres en 2024, pero dejan a salvo el presupuesto de partidos
- En la pasada sesión de Consejo General, el consejero José Roberto Ruiz alertó por el doble financiamiento: “Cómo nos explicarían, que no veo en sus narrativas, algún esfuerzo por convencer a los demás partidos de prescindir del doble financiamiento que tienen, reciben casi seis mil millones de pesos a nivel nacional y casi otros seis mil millones de pesos por las 32 entidades federativas, es un doble financiamiento, quiérase ver como se quiera ver, para partidos políticos nacionales”.
El consejero criticó que “habiendo grandes áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, esos grandes temas o áreas de oportunidad no se abordan, no se escuchan, no se ven en sus iniciativas”.
Sobre los cambios electorales, dijo que desearía “escuchar razones, no ideologías, no adjetivos, no acusaciones, no retórica, sino genuinamente escuchar qué pretenden con esta reforma en cada uno de sus puntos, pues creo que sería muy sano para la vida democrática poderles escuchar”.
El presupuesto federal de los partidos políticos no puede ser modificado, ya que se encuentra amparado por la Constitución y se necesitaría una reforma al artículo 41 para disminuirles los recursos que se les entregan anualmente.
- La propuesta original de reforma electoral, presentada por el Presidente en abril de 2022, sí contemplaba eliminar el financiamiento ordinario de las fuerzas políticas y solo entregarles recursos cada que estuvieran en campaña.
- Sin embargo, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les dio la posibilidad a los partidos de juntar sus financiamientos federales y locales y ponerlos en una especie de guardadito, con lo que, en caso de no utilizarse, ya no es obligatorio que los reintegren a la Tesorería de la Federación.
- Lo anterior es algo que se pudo frenar desde el Plan B de la reforma electoral, pero quedó sin tocar, por lo que las fuerzas políticas tendrán más de 12 mil millones de pesos de financiamiento, lo que es superior al presupuesto operativo del INE para este 2023, por 11 mil 546 millones de pesos.
Los recursos locales que tendrán también son comparables con lo que extraoficialmente podrían costar las liquidaciones de empleados del organismo electoral, tras la plena vigencia del Plan B.
A su vez, durante este año, Morena será el más beneficiado por el presupuesto, pues con recursos federales y locales, tendrá más de tres mil 500 millones de pesos.
Llama Córdova a ciudadanos a una lluvia de amparos
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a los ciudadanos a presentar amparos contra el Plan B de la reforma electoral, impulsado por el Gobierno federal.
- Junto al consejero Ciro Murayama, en la presentación de su libro La democracia no se toca, el funcionario señaló que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta los cambios al sistema electoral y administrativo del órgano electoral que, de entrar en plena vigencia, implicaría recortar 85% del personal operativo.
“Confío mucho en el diseño constitucional. Ha habido decisiones muy importantes que la propia Corte y que tribunales constitucionales han parado, hay jueces de Distrito que frente al acoso del poder han aguantado y han tomado decisiones que molestan al poder (…) El Poder Judicial está para ser incómodo al poder, no por vocación, sino por función”, señaló el consejero presidente.
- Aseveró que los ciudadanos también son responsables de que “el barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de consolidar nuestra democracia”, por lo que llamó a la población a emprender acciones en contra de la legislación electoral.
- Señaló que, ante las posibles violaciones a la Constitución del Plan B, se “supone que los partidos hagan su trabajo y que las minorías parlamentarias hagan su trabajo como ha venido ocurriendo, que se presenten acciones de inconstitucionalidad, que los órganos electorales presentemos controversias constitucionales, que los trabajadores del INE defiendan sus derechos laborales y que las ciudadanas y ciudadanos recurran a instancias jurídicas, porque si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad y se afecta el derecho de voto”.
Abundó que “este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”.
El consejero presidente criticó que Morena ha sido la fuerza política más beneficiada por el sistema electoral; sin embargo, “la gran paradoja es por qué dinamita desde el Poder las condiciones que le permitieron el acceso”.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama alertó que el Plan B traerá más conflictividad electoral y “podría instalarse en el país aquello que la democracia supone como negación, que es la violencia”.
Quiebran Oples
Siguiendo la lógica de austeridad que emana desde la cúspide del Gobierno federal, durante 2022 al menos 25 de los 32 órganos electorales de los estados sufrieron recortes presupuestales para su operación, señala un diagnóstico del Instituto Nacional Electoral (INE).
- El documento clasifica a cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en alerta roja, debido a que las restricciones presupuestales ponen en riesgo la operación de los institutos.
- Se trata de los órganos de la Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos, la mayoría gobernados por el partido oficial Morena, y a los cuales el año pasado los gobiernos locales les pasaron tijera por entre 41 y 65% de sus recursos.
Con riesgo moderado, debido a que los recortes ya comienzan a afectar sus actividades, están los Oples de Campeche, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
- En las restantes entidades, aunque se les han ministrado menores recursos a los que solicitaron, todavía no se tiene un impacto en la organización de elecciones.
- Respecto al caso de la Ciudad de México, el INE resalta que “el recorte presupuestal que se aplicó para 2022, por más del 50%, afectó tanto la operación como el financiamiento público de los partidos políticos”.
Ante la insuficiencia de recursos, el órgano electoral tuvo que utilizar parte de los recursos de financiamiento de partidos políticos de 2022 para cubrir sus gastos operativos, lo cual tuvo como consecuencia que se solicitarán al Gobierno de la capital del país ampliaciones por 39 millones de pesos para reponer los recursos que se tomaron de los partidos y por 16 millones de pesos para atender las demandas laborales que derivaron de los despidos por la reestructura de funciones.
Lo anterior, es una situación que en los próximos meses podría enfrentar el INE, pues la instrumentación de la reforma electoral federal, conocida como Plan B, según el propio instituto, implicaría recortar casi siete mil plazas.
- En la Ciudad de México, de manera adicional, el órgano electoral informó que estaban a la espera de que Morena cumpliera el compromiso de reintegrar 80 millones de pesos de su financiamiento local, lo cual hasta diciembre pasado no había sucedido.
- Respecto a Colima, el estudio señala que la tijera del gobierno morenista recortó 65% del gasto operativo del Ople, el cual urgió a una ampliación de 16 millones de pesos para pagar sueldos de funcionarios y gastos operativos.
- Tras lo cual el instituto local recibió un depósito de 4.2 millones de pesos, lo cual solo le alcanzó para cubrir los sueldos atrasados de trabajadores.
Entre las acciones de austeridad que implementó el órgano electoral de Colima está “privilegiar la modalidad de trabajo a distancia, cierre de los Consejos Municipales y que las sesiones, tanto del Consejo General como las Comisiones, se efectuarían de forma virtual, además de la suspensión de todas las actividades internas o externas que requieran la inversión de recursos”.
Aún con el cierre de actividades, el Ople, a finales de 2022, quedó con sendas deudas, como el “pago de rentas de los inmuebles que albergan los 10 Consejos Municipales Electorales, así como del de la oficina central; los servicios básicos, las aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado y el pago de impuestos federales y estatales”.
- En Durango, la falta de recursos generó que el órgano electoral de la entidad quedará a deber 2.8 millones de pesos de gastos operativos y 5.8 millones de pesos de adeudo por la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la pasada elección de gobernador.
- Respecto a Morelos, el INE destaca que el Congreso estatal negó las solicitudes de ampliación por más de 28 millones de pesos, lo cual dejó con un déficit al organismo electoral para enfrentar ese año y sin cumplir varios proyectos, como una consulta en materia de candidaturas indígenas.
Para 2023, según el diagnóstico del INE, los Oples del país solicitaron un total de 6 mil 306 millones de pesos para sus gastos operativos; 2 mil 360 millones de pesos, destinados a la organización de procesos electorales, y 6 mil 259 millones de pesos para financiar a los institutos políticos; es decir, un total de 14 mil 917 millones de pesos, sin tomar en cuenta los recortes presupuestales que pudieran presentarse a lo largo del año.
Oples tendrán 2 mil mdp menos este año
Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) operarán este año con dos mil 86 millones de pesos menos al presupuesto solicitado, pues en conjunto recibirán 12 mil millones de 14 mil requeridos.
- Nueve Oples serán los más afectados al enfrentar reducciones de entre 50% y 75% en sus asignaciones, a lo que se suma que ya habían tenido recortes en 2022.
- El de Nayarit encabeza la lista con 75.87% menos presupuesto, seguido de San Luis Potosí, con 74.35%; Colima, 70.28%; Puebla, 63.82%; Oaxaca, 59.55%; Zacatecas, 53.08%; Querétaro, 52.17%; Nuevo León 50.75% y Yucatán, con 49.83 por ciento.
- Nayarit concluyó el año fiscal con una reducción de 10.86%; para 2023 pidió 86 millones de pesos de gasto operativo, pero se le asignaron 20.7 millones.
- San Luis Potosí finalizó 2022 con 33.78% menos recursos y para 2023 su recorte ascenderá a 74.35%, pues de 296.4 millones solicitados, sin contar financiamiento a partidos, sólo dispondrá de 76 millones de pesos.
Colima requería de 64.2 millones para su gasto ordinario, pero el Congreso local le otorgó solamente 18.5 millones, 70% menos.
Con un recorte de 42%, el Ople de Campeche también operará en números rojos y con adeudos de seis meses en el pago de rentas y diversos servicios./Agencias-PUNTOporPUNTO
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