Los más de 110 mil desaparecidos y 56 mil cuerpos sin identificar a causa de la crisis forense y de desapariciones que atraviesa México, aguardan a que se inaugure este 30 de enero el Laboratorio de Identificación Humana (LIH) del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), cuyo objetivo es identificar restos óseos mediante la biología molecular y otras técnicas; así como recabar ADN de familiares de personas desaparecidas para integrar una base de datos.
- Desde mayo de 2022, el gobierno federal anunció la creación del LIH para la identificación de muestras complejas de restos humanos que, por su degradación, quedaron relegadas en las fiscalías de nuestro país.
Ocho meses después, con una inversión de alrededor de 15 millones de pesos y personal capacitado en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, Austria, se espera que entre en funcionamiento el laboratorio que tendrá la capacidad de tomar –de forma mensual– cerca de mil muestras referenciales de ADN de familiares de personas desaparecidas; y capacidad para procesar entre 70 y 80 muestras de restos óseos en un mes.
- Cabe señalar que el pasado 16 de enero se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas sin que, hasta el momento, se haya cumplido a cabalidad con disposiciones como la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses; y el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
- En las últimas dos décadas México se ha convertido en un territorio en el que las personas desaparecen todos los días. De las 110 mil 423 personas desaparecidas y no localizadas que se mantienen en esa calidad entre el 15 de marzo de 1964 y el 29 de enero de 2023 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el 63.20% se suscitó entre 2006 y lo que va de 2023.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 39 mil 952 personas desaparecidas (31 mil 772) y no localizadas (8 mil 181), 36.8% de las contabilizadas en ambas calidades desde que se tiene registro.
- Por otra parte, los desbordantes índices de violencia en México pusieron de manifiesto la crisis forense en septiembre de 2018, cuando se halló un tráiler con más de 200 cadáveres en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco (estado con mayores cifras de desapariciones), pues las morgues regionales se encontraban sobresaturadas.
- Especialistas coinciden en que el recrudecimiento de la violencia que ocurrió desde 2006 a raíz del inicio de la llamada “Guerra contra el narco”; el número indeterminado de fosas clandestinas; décadas de impunidad; la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales; así como el abandono institucional en áreas forenses, son algunos de los factores que profundizan estas crisis en México que, entre otros retos, tienen por delante la identificación de 56 mil cuerpos.
La crisis forense es el resultado de años de abandono, de la falta de preocupación en el proceso de investigación forense completo que deriva, por supuesto en la falta de identificaciones y, por lo tanto, de impunidad. Entonces, esto significa que abatir la crisis implica hacerle frente a estos altos índices de impunidad. Implica reconocer a las personas desaparecidas y traerlas de vuelta a su seno familiar; pero también a la sociedad”.— Roxana Enríquez, del Equipo Mexicano de Antropología Forense.
Desaparición de personas con pendientes en 2022
Activistas y expertos consideraron que la desaparición de personas sigue siendo uno de los grandes pendientes al cierre de 2022, pues si bien hay programas que se crearon, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), sólo se ha logrado reducir el delito en 16 por ciento en un año.
- Por esa razón, exigen que se refuerce el combate a los grupos del crimen organizado —que son los responsables directos de la desaparición de personas— y con ello, disminuir el delito a nivel nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del 1 de enero al 30 de noviembre de este año, se registraron nueve mil 687 desapariciones, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 10 mil 389, es decir, hubo una baja de 16 por ciento.
- No obstante, en la actual administración federal hay un aumento en la desaparición de 93 por ciento, ya que se registraron 39 mil 092 en 38 meses de gestión (1 de diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2022), contra 20 mil 243, pero del sexenio anterior (1 de diciembre de 2012 al 17 de diciembre de 2016), de acuerdo con cifras de la dependencia federal.
- Al respecto, Delia Quiroa, madre buscadora en Tamaulipas, criticó que el Centro de Identificación Forense se haya logrado hasta el cuarto año de gobierno, cuando una de las promesas al inicio del sexenio fue el buscar e identificar a la gente desaparecida.
“Vamos en retroceso, vamos para atrás a pesar de que se creó el Centro de Identificación Humana es muy tarde, pues hasta el momento no tiene herramientas para comenzar a operar. La que ha avanzado es la Fiscalía General por el tema del predio La Bartolina -lugar considerado de exterminio en la entidad-, pero es a partir del escándalo que se generó”, indicó.
- Aseguró que este año lo que causó mayor impacto es que las madres de familia al ver falta de respuesta de las autoridades, comenzaron a pedir permiso al crimen organizado para que las dejaran hacer sus búsquedas sin ser amenazadas o agredidas. “Nosotros nos atrevimos a hablarle al diablo de frente, pero definitivamente vamos en retroceso”.
Destacó que las autoridades deben combatir a los grupos criminales, que son quienes desaparecen a la gente.
“Las autoridades deben combatirlos, ya que ellos son los que desaparecen a la gente, con ello se avanzaría y no habría tanta impunidad y falta de justicia. La estrategia de seguridad debe cambiar, si bien ayudan los programas, también lo haría la detención de responsables”, dijo.
- Delia Quiroa mencionó que a medida que la estrategia de seguridad no funciona, los criminales cada vez son más “cínicos” en su manera de actuar, ya que antes se escondían para hacer sus delitos y ahora hasta lo publican en redes, lo que ha aumentado la violencia, mientras las autoridades siguen cruzadas de manos.
Agregó que mientras más pasan los meses, los criminales se hacen más fuertes, aparte que tiene varios conocidos que fueron policías federales que, al dejarlos sin trabajo, se fueron a las filas del narcotráfico.
- De acuerdo a un documento en poder de La Razón, en diciembre de 2019 el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobó, por mayoría, el Acuerdo SNBP/001/2019 por el que se crea el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia.
El 10 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Búsqueda, como parte del proceso de selección del Grupo Coordinador del MEIF, los perfiles de las siete personas que integrarían al Grupo Coordinador; cuatro personas expertas en materia forense; una persona experta en derecho; una persona experta en cooperación técnica internacional, y una persona experta en enfoque psicosocial y vinculación con familias.
A pesar de ello, activistas consideran que no han visto el trabajo de los expertos, ni saben dónde están, pues la crisis forense sigue y no ven algún avance.
En tanto, la madre buscadora Ceci Flores Armenta consideró que la actual administración federal ha sido la peor, ya que no hay apoyo de las autoridades en la búsqueda de personas. “Yo creo fue un año perdido en el tema, pues a pesar de que se les dio mucha información no hicieron nada por investigar casos”, dijo.
- Señaló que este año las autoridades sólo se cruzaron de brazos sin hacer acciones, pero lo que consideró peor es que este año aumentaron las amenazas hacia las buscadoras, como en su caso que piden 50 mil pesos por su muerte. “Ellos saben quién gobierna, por ello hace lo que se les da la gana y nosotros tenemos que estarles pidiendo permiso para que nos dejen buscar, es algo risible”, aseveró.
La buscadora destacó que 2022 se caracterizó por la falta de apoyos a las familias, ya que varias se encuentran amenazadas y las autoridades “sólo han sido monos de aparador. Esperemos que con tanta presión mejore y no siga peor de lo que está en estos momentos, ya que el panorama no es el más adecuado”.
Crisis en Sinaloa
Después de la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto líder del llamado Cártel ,del Pacífico, los municipios de esa entidad se entregaron al encierro y al silencio.
Las horas transcurren en la incertidumbre y, a veces, sólo permiten el ruido de las balaceras.
Es el punto máximo de una crisis que cada vez genera más fantasmas y que, en las últimas dos décadas, le ha dejado a la entidad cinco mil 665 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO).
Durante 2022 se sumaron a la lista de personas no localizadas 686 mujeres y hombres sinaloenses. Es decir, cada día del año pasado, cerca de 2 personas no volvieron a sus hogares.
- El 7 de noviembre de ese año, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sostuvo en su conferencia semanal que en su primer año de administración, de noviembre de 2021 a 2022, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones disminuyeron de manera drástica en comparación con el primer año de sus antecesores, Mario López Valdez (2011-2017) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021).
Días después –el 22 de noviembre–, Rocha Moya firmó un convenio de coordinación en materia de búsqueda forense de personas desaparecidas con fines de identificación humana con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Pero justo en ese año no hay registrada ninguna adquisición pública en Compranet relacionada con la búsqueda de personas en Sinaloa, según una revisión de Reporte Índigo.
- En los últimos cuatro años, aparecen 10 contratos para atender la tragedia. Fueron firmados en 2020 y 2021, durante el gobierno de Ordaz Coppel.
- La suma de esas contrataciones fue de seis millones 447 mil 341 pesos para adquirir vales de combustible, equipo especializado y unidades de transporte para la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.
- En cuatro años, mantener el avión presidencial ha costado unos 440 millones de pesos. Lo que se compró para buscar a los desaparecidos de Sinaloa cabe 68.2 veces en esa cantidad.
En conferencia de prensa, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, calificó la detención de Ovidio Guzmán como “un golpe contundente” a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico que genera violencia en la región noroeste del país.
Pero si se siguen las estadísticas oficiales, en el panorama de la desaparición en Sinaloa, las acciones federales no brindan esperanzas de alivio.
- El número de las personas que permanecen desaparecidas en el estado del norte se disparó a partir de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) emprendió una guerra en contra del llamado crimen organizado. De 2006 a 2007, Sinaloa tuvo 54 desaparecidos. De 2011 a 2012, la cifra fue de 234.
A partir de entonces, la entidad acumuló ausencias. De las cinco mil 665 que se reconocen actualmente, cinco mil 226 ocurrieron después de 2006.
Problema nacional
La paradoja de cómo las personas desaparecidas son registradas para después no ser buscadas se extiende a nivel nacional. México inicia el 2023 con 109 mil 689 personas desaparecidas y no localizadas.
- Las mujeres y hombres que hoy faltan en sus familias, sus trabajos o sus comunidades, abarcarían tres cuartas partes del Zócalo de la Ciudad de México o casi llenarían el estadio Azteca.
Sin embargo, frente a esta crisis, las compras públicas entre 2019 y 2022 concernientes a “personas desaparecidas” suman apenas 44 millones 904 mil 535 pesos, de acuerdo con una revisión en Compranet de Reporte Índigo por título y descripción de contrato.
Se trata de un pastel de dinero público mínimo respecto a otros dramas que agobian a México como el de la migración que llega a más de mil millones de pesos o el de la discriminación que supera los 100 millones de pesos, según indican los datos abiertos de Compranet.
- Por ejemplo, ETN Turistar de Lujo firmó un contrato de más de 137 millones de pesos en 2021 para regresar a sus países vía terrestre a migrantes extranjeros en condición de retorno.
- En cambio, el contrato más grande que entre 2019 y 2022 se firmó para la búsqueda de personas desaparecidas fue por seis millones 660 mil 450 pesos y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Se signó para suministrar software y equipo especializado para la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nuevo León con la empresa Coedra S.A. de C.V.
- Buscar a los desaparecidos de México ha significado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 154 contrataciones para adquisición de software, radares, unidades de transporte, herramientas, mobiliario para las comisiones de búsqueda, suministro de vehículos, vales de combustible, así como impartición de cursos.
- Carlos Antonio Romero Deschamps, quien fuera dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, aún no comprueba más de 600 millones de pesos que Petróleos Mexicanos le dio de manera discrecional entre 2016 y 2018, según el portal de transparencia del sindicato.
Lo que se ha gastado para buscar a los desaparecidos cabe cerca de 18.7 veces en ese dinero que cayó a las arcas del otrora dirigente y el cual, hasta ahora, no ha rendido cuentas.
El RNPDNO indica que desde el 2000, los años con mayor número de víctimas son 2021 y 2022: en el primero, 10 mil 405 personas no volvieron a ser vistas por familiares o conocidos y en el segundo, esa cifra fue de nueve mil 746 personas.
¿Qué es una persona desaparecida y una no localizada?
En México una persona no localizada es de quien se desconoce su ubicación; mientras que una persona desaparecida es de la que sus familiares desconocen su paradero y se presume que su ausencia está relaciona con la comisión de un delito.
Personas que se mantienen como desaparecidas y no localizadas (De marzo de 1964 al 29 de enero 2023)
Por estado
- Jalisco (15 mil 43)
- Tamaulipas (12 mil 481)
- Edomex (11 mil 934)
- Veracruz (7 mil 479)
- Nuevo León (6 mil 445)
- Sinaloa (5 mil 686)
- CDMX (5 mil 240)
- Michoacán (4 mil 911)
- Sonora (4 mil 472)
- Guerrero (3 mil 983)
- Coahuila (3 mil 714)
- Chihuahua (3 mil 506)
- Zacatecas (3 mil 388)
- Guanajuato (3 mil 162)
- Puebla (2 mil 470)
- Baja California (2 mil 288)
- Morelos (2 mil 274)
- Nayarit (mil 662)
- Colima (mil 493)
- Chiapas (mil 227)
- San Luis Potosí (862)
- Quintana Roo (849)
- Baja California Sur (837)
- Hidalgo (819)
- Durango (792)
- Oaxaca (597)
- Querétaro (541)
- Aguascalientes (357)
- Yucatán (340)
- Tabasco (251)
- Campeche (198)
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