TEXTO ÍNTEGRO: Ejército registra el Mayor EMPODERAMIENTO Político y Económico con AMLO

En los primeros cinco años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Sedena recibió 516 mil 273 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Como nunca antes en este gobierno encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han registrado el mayor empoderamiento político y económico que se haya observado y para muestra un botón: Al menos 163 cargos tanto en la Administración Pública Federal como en posiciones civiles de gobiernos subnacionales que correspondían a civiles, han sido ocupados por militares.

  • Las instituciones que han sufrido mayor captura administrativa por parte de militares son las secretarías de Seguridad Pública estatales y locales (51 cargos ), el Instituto Nacional de Migración (44), el ISSSTE (18), las aduanas (17) y la Administración Portuaria Integral (17).
  • Ello además de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también tiene tres militares entre sus mandos incluido su director, según detalla el Reporte de la organización “Signos Vitales” titulado Diagnóstico de México: obscuras perspectivas conjuntamente con información del Observatorio de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas (OGN).
  • El hecho de que las Fuerzas Armadas controlen de manera formal una serie de sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto –agrega–deriva de un creciente poder político por parte de los grupos castrenses.

Este reporte advierte el empoderamiento que han registrado las Fuerzas Armadas en este sexenio a través del aumento significativo en los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), el incremento de tareas delegadas en una gran variedad de áreas de política pública que atraviesan desde el control de puertos, aeropuertos y la construcción de megaproyectos de infraestructura hasta la intervención en la política científica y la política social del país.

Eso sin contar le traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena y la opacidad en los contratos públicos realizados por el ejército.

  • La organización integrada entre muchos otros por María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Alejandra Palacios, Federico Reyes Heroles, Salomón Chertorivsky, advierte que todas estas responsabilidades cedidas a las fuerzas armadas representan sectores estratégicos para el gobierno y para el Estado mexicano, especialmente las relacionadas con la seguridad interior, migración, puertos y aduanas que significan el control de entradas y salidas del país de personas y mercancías.

El hecho de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de estos sectores –agrega aumenta su imprescindibilidad y las empodera frente al poder civil.

“El control de la información y operatividad del Estado por parte de los militares puede implicar una mayor autonomía. De por sí, los militares se han negado a ser fiscalizados política y presupuestalmente”, establece

  • Fuerzas Armadas, el reino de la opacidad: El reporte considera que las Fuerzas Armadas mexicanas han sido históricamente opacas y el aumento presupuestal que vino aparejado de esta ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno, ha hecho del proceso de militarización– militarismo un gran negocio difícil de cuantificar.

“La Sedena y la Semar han logrado opacar miles de millones de pesos públicos a través de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y fideicomisos públicos”, sostiene

Además, han abusado de la normatividad relativa a la seguridad nacional y el acceso a la información para impedir ser fiscalizadas, como en cualquier democracia deberían estar.

  • Con base en el informe El negocio de la militarización, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), este reporte recordó que la Dirección General de Administración (DGA) de la Sedena, encargada de administrar y supervisar el presupuesto de la institución, ejerció, tan solo en 2019, 22 mil 741 millones de pesos, a pesar de que su presupuesto aprobado en el legislativo fue menor a los 8 mil millones de pesos.

Esta práctica se repitió en 2020 y en 2021, cuando ejerció 26 mil 476 millones y 48 mil 741 millones de pesos respectivamente.

En ninguno de estos años el presupuesto que se había asignado en principio para la DGA había alcanzado los 8 mil millones, es decir que en este tiempo la DGA presentó, en promedio anual, sobre ejercicios equivalentes al 347%.

MUCD también mostró, en el mismo reporte, que la mayoría de este dinero se dirigió a la partida de aportaciones a fideicomisos públicos que, a pesar de no presentar recursos programados en el presupuesto, ha ejercido 81 mil 800 millones de pesos entre 2019 y 2021 que se dirigen al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), mismo que multiplicó su monto disponible a partir del inicio de este gobierno.

  • Detalla que los ingresos del FPAPEM entre 2019 y 2021 equivalieron a 122 mil 510 millones de pesos. Entre 2018 y 2021 el monto se multiplicó por 37. Los egresos del mismo fideicomiso entre 2020 y 2021 alcanzaron la cifra de 45 mil 336 millones de pesos.
  • Cabe mencionar que tan solo en el año 2021, cuando el FPAPEM reportó su máximo en rendimientos, estos equivalieron a 408 millones de pesos (MUCD, 2022).
  • Debido a la opacidad con la que se maneja este fideicomiso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la Sedena no ha registrado diversos contratos sobre obras públicas de manera correcta, sin tener medidas administrativas que remedien dichas irregularidades.

Una cantidad muy importante de recursos del FPAPEM se ha utilizado para la realización de los megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y hasta el Aeropuerto Internacional de Tulum sin necesidad de que esos gastos transiten por la Cámara de Diputados, responsable de la aprobación presupuestaria de cada año.

“Esto quiere decir que el gobierno de López Obrador ha explotado, quizá como ningún presidente anterior, las adecuaciones presupuestales para ejercer de manera absolutamente discrecional los recursos públicos del Estado mexicano”, sostiene

  • Además, la operación y administración de varios de los megaproyectos mencionados correrá a cargo de una empresa de la Sedena y el 75% de sus utilidades se dirigirá a pagar pensiones de soldados y marinos (MUCD, 2022).
  • En 2020, la Semar no organizó una sola licitación pública, adjudicó de manera directa 1 mil 900 millones de pesos (72% de su presupuesto) y otorgó 671 millones a través de invitaciones restringidas.

Aunado a lo anterior, este gobierno ha reservado información sobre asuntos de gran interés público que incluyen las grandes obras presidenciales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, los contratos relativos a la compra de vacunas contra COVID y otras enfermedades, los datos reales sobre las muertes a causa de la pandemia por COVID.

Ejército está lleno de tareas… y dinero

El Ejército llega hoy a su día haciendo de todo. pero con la cartera llena.

En los primeros cinco años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Sedena recibió 516 mil 273 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. En el mismo periodo de tiempo del Gobierno de Enrique Peña (2013-2017), al Ejército le destinaron 338 mil 976 millones, un incremento en este sexenio de 52 por ciento.

  • Además, el Ejército tiene otras fuentes de ingreso, como el Fideicomiso Militar de Administración y Pago de Equipo que, al cierre de 2022, tenía un saldo de 42 mil 334 millones de pesos.
  • El Gobierno federal y las Fuerzas Armadas tienen además bajo su control una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero, de acuerdo con documentos de la Sedena, obtenidos por el grupo de hackers Guacamaya.

La Sedena tiene además otros 17 mil 154 millones adicionales para modernizar aduanas en ocho estados.

Además de operativos contra el narcotráfico y la vigilancia del Metro de la Ciudad de México, los militares han sido empleados en este sexenio para la construcción de aeropuertos (Santa Lucía, Tulum y Campeche), del Tren Maya, de 249 cuarteles de la Guardia Nacional, de 2 mil bancos del Bienestar, dos canales de riego en Nayarit y un acueducto en Campeche.

También construyen seis hoteles en la ruta del Tren Maya, un hospital en Cuajimalpa y obras propias en instalaciones castrenses.

  • Asimismo 13 mil militares resguardan 21 Aduanas, unos 4 mil a los ductos e instalaciones de Pemex, 900 se hacen cargo del resguardo de complejos de la CFE y más de 2 mil vigilan aeropuertos del interior del País.
  • En el tema del huachicol, el Ejército apoya en el Plan de Transporte en Apoyo a Pemex con 637 autotanques que cubren 11 rutas de abastecimiento y vigilan 11 ductos prioritarios.

Y se va a agregar también el manejo de la aerolínea Mexicana de Aviación, luego de que en enero la Federación pagó 816 millones de pesos por la marca de esa empresa en quiebra y unos activos chatarra.

Obras emblemáticas asignadas al Ejército, provocaron desempleo

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reclamó al gobierno federal la desventajas y el desempleo que generó en la industria de la construcción al otorgar las grandes obras de infraestructura -tren maya, refinería, y el corredor transistmico- al Ejército y consideró que la iniciativa privada hubiera general una gran derrama económica y fuentes de empleos para miles de mexicanos.

“Si las obras emblemáticas del gobierno se hubieran puesto en manos de este sector (la industria que representa), la derrama económica hubiera sido más importante y habría permitido generar miles de empleos en beneficio de los trabajadores”, aseveró el presidente de la Concamin.- José Abugaber,

Refirió que mientras la industria de la manufactura aumentó su dinamismo 5.8% en los primeros ocho meses del año, el sector de la construcción decreció 0.5%, derivado de la nula presencia de la inversión privada en la infraestructura de México.

“Esto significa una mala noticia para un sector que es indispensable para el crecimiento económico del país”, afirmó, ya que es altamente generador de empleo y desencadena otras actividades.

  • El líder de los industriales señaló que la administración federal sólo invierte alrededor del 2% del PIB en infraestructura, cuando tendría que ser de al menos el 5% para que cumpla con uno de sus propósitos principales: la creación de empleos.
  • Al respecto, el presidente de la Concamin lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya retrasado la presentación del tercer paquete de infraestructura, bajo el argumento de que se analizan los avances del primero y segundo paquetes.

“Es necesario acelerar esa inversión que permitiría recuperar terreno a la industria de la construcción”, e insistió que las grandes obras de infraestructura bajo la responsabilidad absoluta del Ejército Mexicano, afecta a cientos de trabajadores de la industria de la construcción y a esta misma, porque se encuentra en condiciones de desventaja.

Abugaber exhortó a que el siguiente año cambie la estrategia y se permita acelerar la inversión pública y privada para que la industria de la construcción tenga una pronta recuperación y sea actor destacado en la consolidación y el desarrollo económico del país.

  • El presidente de la Concamin señaló que, si la venta de autos en México va al alza, entonces la infraestructura en carreteras, calles y avenidas debe crecer de manera paralela.
  • De acuerdo con información del INEGI, en octubre de 2022 la venta de vehículos nuevos alcanzó las 91,101 unidades, lo que representó un crecimiento del 18.9 por ciento respecto a las comercializadas el mismo mes del año pasado, con 76,640 coches.

“Todo debe ir en equilibrio. Si la venta de autos en el país crece, quiere decir que a la gente le va bien, pero para transitar se requieren más carreteras, calles y avenidas en todo el país, así como darle mantenimiento a las que ya existen, y todo ese requiere mayor inversión”, destacó.

GN realiza tareas de todo tipo

En los primeros tres años de su creación, la Guardia Nacional enfrentó una serie de acusaciones y quejas por organizaciones civiles, derechos humanos y partidos políticos de oposición por el poder que ha ganado para realizar tareas de todo tipo en el país.

La directora de Causa en Común, María Elena Morera acusó que la Guardia Nacional no se está formando como policía civil, sino todo lo contrario: se le han dado millones de pesos para capacitar a un cuerpo militar, lo que viola lo acordado en la Constitución.

  • La activista precisó que el cuerpo de seguridad —que nació en 2019— ha ganado terreno en las labores que realiza a nivel nacional y en consecuencia también se ha traducido en un incremento feroz en el presupuesto anual que se le asigna por la Federación.
  • En el informe se precisa que la Guardia Nacional se le ha encomendado la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco de Bienestar, el Tren Maya; la distribución de vacunas e insumos por la pandemia de Covid-19; así como la operación de aduanas, puertos y marina mercante.

Incluso, la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil, el traslado de dinero de programas sociales y reparto de libros de texto gratuito, entre algunas por mencionar.

Este cuerpo militarizado resalta por el presupuesto millonario que se les ha dado; no obstante, cuenta con un número importante de violaciones humanos. Se puede decir que es la columna vertebral de un proyecto político y no funciona como una institución del Estado, acusó la activista.

De acuerdo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), las Fuerzas Armadas recibieron para este 2022 casi 200 mil millones de pesos, el segundo mayor monto de gasto después de las pensiones de adultos mayores y 80% más de los que se asignó para 2020./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro:

Reporte-3-2022

 

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