La Secretaría de la Función Pública (SFP) declaró nulo el fallo que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) otorgó a la empresa Impregráfica Digital para la adquisición de paquetes para equipar bibliotecas comunitarias, el cual fue apelado por otra de las empresas que participaron en la convocatoria.
- Luego de la impugnación, hecha por la empresa Tercer Escalón, la SFP le otorgó al Conafe un plazo de 6 días hábiles –que concluyen este lunes– para revisar de nueva cuenta su decisión y revisar si la empresa Tercer Escalón es o no solvente a los requerimientos de la convocatoria.
- Se trata de una convocatoria que el Conafe, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que promueve la educación en zonas marginadas, emitió para solicitar 30 mil 597 paquetes con 25 títulos de obras clásicas de la literatura infantil y juvenil destinados a bibliotecas rurales.
El Conafe, en su fallo de adjudicación, resolvió que Impregráfica Digital era la única de 6 participantes que cumplió con las condiciones de la licitación; pero la empresa Tercer Escalón impugnó esta resolución.
El contrato, que se determinó adjudicado de manera irregular en 2021, es por 84 millones de pesos.
- El Conafe ha sido cuestionado por irregularidades en la asignación de sus contratos y, a pesar de que en junio de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación al respecto, no ha habido una respuesta clara sobre el tema.
- En aquel entonces, el mandatario señaló en una de sus conferencias que el Conafe, durante la gestión de Cuauhtémoc Sánchez, cometió irregularidades y señaló “nosotros no somos corruptos y si hay un acto de corrupción en el gobierno se castiga a quien sea”. Sin embargo, a la fecha no se han dado resoluciones sobre los supuestos casos de corrupción.
También en 2022, medios digitales documentaron que el Conafe pagó 128 millones de pesos a empresas sin domicilio fijo para el pago de uniformes, materiales y cubrebocas. La Silla Rota documentó, en 2019, que empleados de este órgano denunciaron acoso y despidos injustificados.
La investigación
La SFP señaló en su investigación que al requerir al Conafe información sobre el fallo de su licitación “en su informe circunstanciado la convocante pretendió mejorar la fundamentación y la motivación del acto impugnado (fallo) lo que desde luego no está permitido ya que los argumentos y fundamentos del Conafe debieron darse a conocer en el fallo, y no en un informe circunstanciado”.
- En su impugnación, la empresa Tercer Escalón cuestionó la licitación EH147 para la adquisición de paquetes de bibliotecas comunitarias. Señaló que el “fallo fue ilegal porque no fue ni fundado ni motivado”.
- Igualmente, ejemplificó que el trabajo realizado por Impregráfica Digital no fue el mejor ya que “la imagen de la caja que contiene las muestras presentadas fue modificada, porque se aprecia que el logotipo de la SEP está deformado”.
Y enumeró que ésta no cumplió con 3 requisitos indispensables en la convocatoria como mostrar obras registradas ante Indautor, que debieron ser publicadas y que no contaba con muestras digitales.
- El resultado de la investigación de la SFP arrojó que hubo irregularidades, ya que la empresa ganadora respondió hasta el último momento las notificaciones que se le hicieron en diversas ocasiones.
- Revisó que según el fallo de la licitación Conafe (emitido por María del Socorro Maldonado Rivera, directora de Recursos Materiales) consideró que Impregráfica Digital fue la única que cumplió con los requisitos de la convocatoria porque “el licitante cumple con los requisitos técnicos solicitados de conformidad al dictamen técnico emitido por la dirección de cultura publicaciones y difusión”.
Dicho fallo agregó que Tercer Escalón no cumplió con los requisitos, porque no presentó las muestras solicitadas en papel digital y que aquellas que sí presentó fueron revisadas en su contenido; pero que tenían faltas gramaticales y de redacción. En conclusión, dijo el Conafe, su fallo fue “fundado y motivado”.
La SFP encontró de manera adicional que “indebidamente el titular de la dirección de Cultura Publicaciones y Difusión del Consejo Nacional de Fomento Educativo se asume como autoridad en materia de metrología al expresar y de conocer desconocer las normas oficiales vigentes en materia de espesor y peso de papeles y cartoncillos”.
Y detalló que en la convocatoria que emitió Conafe no se solicitó a los participantes presentar un escrito o manifestación bajo protesta de decir verdad con relación a sus propuestas.
Conafe pagó 128 mdp a empresas
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que atiende a los estudiantes que viven en las regiones más rezagadas del país, pagó 128 millones de pesos a empresas que ni siquiera fueron localizadas en su domicilio o no entregaron la totalidad de los productos requeridos como uniformes, materiales educativos y cubrebocas durante 2020.
- Estos pagos irregulares representa 30% de los 425 millones de pesos revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del presupuesto del programa “Educación inicial y básica comunitaria”, que tenía el objetivo de “contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de localidades de alta y muy alta marginación o rezago social concluyan cada uno de los niveles de educación inicial y básica comunitaria. Así como garantizar apoyos económicos a las figuras educativas y útiles escolares a los alumnos”.
Los contratos se entregaron durante la administración de Cuauhtémoc Sánchez Osio, director del Conafe destituido por presuntamente favorecer a compañías con más de 400 millones de pesos en contratos, y acusado penalmente de acoso laboral.
Como parte de la tercera entrega del Informe de Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, publicado este domingo, el organismo determinó “un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal” por “no reintegrar a la Tesorería los recursos que fueron registrados como gastados sin la recepción de los bienes contratados con diversos proveedores y recursos falta de aclaración de gasto que suman 128 millones 334 mil pesos”.
- Por ejemplo, se presume un daño al erario por 48 millones de pesos del contrato firmado con la empresa Mujeres Insurgentes por México, S.A. de C.V. el 25 de noviembre de 2020 para la adquisición de uniformes escolares: hasta 280 mil 236 playeras tipo polo para niña y hasta 287 mil 402 piezas de playeras para niño.
La representante legal dijo a la Auditoría que “hasta el momento la empresa no ha recibido recursos públicos federales a la fecha actual, correspondientes al ejercicio fiscal 2020”. Mientras que el almacén central del CONAFE “generó una Nota de Entrada de Almacén sin contar con la remisión correspondiente y sin que hayan ingresado los bienes”.
Esto significa que el Conafe no adquirió los bienes, pero tampoco “realizó el reintegro a la Tesorería por 48 millones 595 mil pesos que fueron registrados como devengados, sin contar con la evidencia de la recepción de los bienes durante el ejercicio 2020”.
- Otro caso más ocurrió en plena pandemia, cuando el Conafe hizo una contratación por 2 millones 800 mil pesos para comprar hasta medio millón de cubrebocas para niños y maestros, que debían ser entregados en un plazo de 48 horas en los estados prioritarios como Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán.
- Mientras que en 72 horas debían recibirlos los estados no prioritarios, como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas; en ambos casos, contadas a partir de la notificación de adjudicación, el 13 de mayo de 2020.
Aunque en el contrato se estableció la obligación de que el pago se realizaría solo hasta que el Conafe confirmara la recepción en tiempo y forma, “el CONAFE no proporcionó el documento donde conste el visto bueno” de haber recibido los cubrebocas, pero aún así pagó la totalidad del contrato el 22 de mayo de 2020.
Durante la revisión del gasto, la ASF acudió al domicilio, pero “no fue localizado el proveedor en dicho domicilio fiscal. Posteriormente, se identificó un segundo domicilio fiscal en el cual tampoco se encontró al proveedor”.
- La Auditoría tampoco localizó en el domicilio registrado a la empresa Cid & Cid, S.A. de C.V., que debía entregar 696 mil 639 morrales para niños por 7 millones 878 mil pesos. El Conafe sí pagó el monto, aunque no hubiera prueba de la adquisición de los artículos.
Con la empresa Punto Europeo, S.A. de C.V., el Conafe hizo un contrato el 25 de noviembre de 2020 por 41 millones de pesos para comprar uniformes escolares que consistía en hasta 117 mil 527 faldas de mezclilla para niña y hasta 283 mil 819 piezas de pantalón para niño.
Sin embargo, “el Conafe no proporcionó las remisiones de la entrega de los uniformes escolares en los almacenes de las Entidades Federativas, ni tampoco realizó el reintegro a la Tesorería por 41 millones 965 mil pesos”, advierte la auditoría.
- Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. debía entregar útiles escolares y material para el aula del Conafe, con fecha límite de entrega del 10 de septiembre de 2020; pero no entregó la totalidad de los solicitado.
- Pese a ello, “el Conafe no informó de las penas convencionales aplicadas al proveedor Grupo Papelero Gutiérrez, ni acreditó haber realizado el reintegro por 6 millones 565 mil pesos a la Tesorería derivado de la diferencia entre los pagos realizados y la documentación comprobatoria proporcionada”.
Solarimex Desarrollo y Soluciones a Comercios Mexicanos, S.A. de C.V. debía entregar 2 mil 25 paquetes de instrumentos médicos por un costo total de 182 mil pesos, pero tampoco hay evidencia de entrega.
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