El poder desmesurado y autoritario en Rusia y China, el atropello a las garantías democráticas en África, la represión en Afganistán e Irán se cuentan entre las múltiples amenazas a los derechos humanos en el mundo, según alerta el informe anual de Human Rights Watch (HRW) dado a conocer.
En un documento de más de 700 páginas la organización internacional dedicada a investigar y exponer abusos de poder y violaciones de derechos, presentó sus conclusiones sobre la situación en más de 100 países y territorios a lo largo de 2022.
Líderes con “manga ancha” en Rusia y China
El ataque a civiles por parte de las fuerzas del presidente ruso Vladímir Putin es uno de tantos temas que preocupan a HRW. La organización sostiene que la actual situación parte de la «manga ancha» que la comunidad internacional ha dado a Putin.
- Agrega que deberían haberse tomado medidas en 2014, al inicio del conflicto en el este de Ucrania, y en 2015, con la intervención rusa en Siria. Así como en numerosas ocasiones en las que el Kremlin violó los derechos humanos en su propio país.
- En el caso de China, la organización hace hincapié en el poder que ostenta Xi Jinping ahora en su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista Chino, “lo que lo convirtió en el dirigente más poderoso del país desde Mao Zedong”.
Señala que la atención internacional sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno chino ha venido en aumento. “Ocho gobiernos iniciaron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en señal de protesta”.
Y recuerda que en agosto la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Xinjiang, en el que concluía que los abusos en la región “pueden constituir crímenes contra la humanidad”.
Abusos generalizados en África
Fuerzas de seguridad estatales y grupos armados cometieron «abusos generalizados» contra civiles en África en 2022, un hecho que no controlaron los líderes del continente, denunció este jueves el organismo.
- Como ejemplo se menciona el caso de Argelia, donde las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión destacan en el informe. Ahí continuaron los procesamientos de activistas, abogados y periodistas, así como la disolución de organizaciones de la sociedad civil.
«Estas violaciones ocurrieron en un contexto de retroceso en las garantías democráticas y el Estado de derecho», subrayó el organismo.
Fuerza bruta en Irán y Afganistán
El uso de la fuerza «excesiva y letal» en la represión de las protestas en Irán, la prisión de cientos de personas bajo cargos injustificados y la emisión de sentencias de muerte en juicios sumarios y «gravemente injustos» han marcado el año 2022 de ese país según detalla la organización.
«Con represión masiva, elecciones no libres, la corrupción y mala gestión aparentes, la autocracia iraní gobierna con lo que le queda: la fuerza bruta», dijo la investigadora de HRW para Irán, Tara Sepehri.
Mientras que a Afganistán se vive el deterioro de los derechos fundamentales y libertades, afectando principalmente a las mujeres y a la libertad de expresión. La situación de las mujeres se deterioró drásticamente tras la llegada de los talibanes al poder, con prohibiciones que impiden la educación de las niñas, el acceso a la universidad, el trabajo y duras reglas de libertad social.
Alerta sobre deterioro de derechos en Latinoamérica
El panorama de derechos humanos en Latinoamérica «es uno de los peores de los últimos años», según dijo este 12 de enero de 2023 la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, al presentar el informe de la situación en la región y en el mundo en 2022.
«Ha habido un gravísimo deterioro del estado de derecho a nivel regional», dijo Taraciuk, y puso varios ejemplos: «Ataques directos y frontales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil«, no solo por parte de las dictaduras, sino también de «líderes elegidos democráticamente, que ponen así en riesgo los pilares de la democracia».
Si bien ha habido señales de «resiliencia democrática» en forma de elecciones que ponen fin a regímenes altamente autoritarios (Honduras o Brasil), o con decisiones de tribunales que han paralizado decisiones de algunos gobiernos, «han sido victorias pírricas», argumentó.
- Corrupción e inseguridad: Por toda la región se palpa «un gran descontento popular por la pobreza, la corrupción y la inseguridad«, un caldo de cultivo que es aprovechado por «políticos populistas que llegan al poder y no quieren o pueden enfrentar estos problemas (pero) restringen derechos».
«Se impone la narrativa de un líder salvador que solucionará problemas«, recalcó la responsable de HRW, quien recordó que «la solución es más democracia, y no menos».
Los desafíos «crónicos» de la región son «enormes», y entre ellos citó la pobreza (un tercio de la población latinoamericana vive en la pobreza), el desigual reparto de la riqueza (un 20% de la población acapara la mitad de los ingresos globales), la amenaza climática y la deforestación, más los altos niveles de violencia en toda la región, exacerbados en algunos países como Haití.
La suma de todos estos problemas ha producido un éxodo de millones de personas que escapan de la violencia o la pobreza, especialmente grave en el caso de Venezuela y de la región centroamericana en general, además de Cuba y Haití.
Persisten violaciones a derechos humanos en México
Human Rights Watch asegura que, a pesar de las políticas implementadas durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos y delitos en contra de la población, los cuales han alcanzado “niveles históricos”
- De acuerdo con el reporte, durante este sexenio “miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban desaparecidas en el mes de septiembre. La mayoría desaparecieron después de 2006. México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”.
“Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100,000 personas.
Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas”, menciona el apartado de México.
- Dividido en 12 apartados, el informe refiere que en el sistema de justicia penal no ha evitado que los policías, fiscales y soldados recurran a la tortura para obtener confesiones y abusos contra personas señaladas por delitos, por lo que “el sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso”.
“Los jueces están obligados por ley a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Cerca del 85 % de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito», según un análisis de datos oficiales que realizó la organización de derechos humanos Intersecta. En 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, amplió la lista de delitos que requieren de prisión preventiva obligatoria.
Además, menciona el reporte de Human Rights Watch, las cárceles son insalubres y sobrepobladas. Los agentes del Ministerio Público siguen empleando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.
Tortura: Según Human Rights Watch, en el caso de tortura, el último corte de información realizado en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 % manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.
“El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición. Una ley adoptada en 2017 exige que el fiscal general de la república establezca un registro para el seguimiento de las denuncias de tortura. En diciembre de 2022, la fiscalía puso el registro en línea y comenzó a publicar datos preliminares”.
- Abusos militares: En el apartado, el documento indica que los abusos de militares se juzgan tribunales militares, principalmente a partir de año pasado, cuando el Congreso modificó la ley para que los soldados estén sujetos al fuero militar en lugar del fuero civil, aun cuando realizan actividades de seguridad pública civil.
“Hasta diciembre, había seis casos ante la Suprema Corte de Justicia, presentados por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, en los que se impugnaba como inconstitucional la intervención de militares en tareas de seguridad pública civil”.
- Desapariciones: En el caso de las desapariciones, el informe de Human Rights Watch, asegura que, al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor.
“Casi mil han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36,000 personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”.
El apartado sobre México, menciona que, en abril de 2022, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada.
- Ataques contra periodistas y defensores: En las agresiones contra periodistas, el documento menciona que “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura”.
“Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado 1,552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual”.
- Derechos de mujeres y niñas: Según la información, a pesar de la legalización del aborto, muchas personas siguen enfrentando numerosos obstáculos al intentar acceder al beneficio, además que, durante este sexenio, hasta 2021, tres mil 700 mujeres fueron asesinadas de forma violenta.
“En 2022, varios estados legalizaron el aborto. Al mes de noviembre, eran once los estados que permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de gestación. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual. En 2021, el gobierno informó que se habían producido aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se informen todos los casos de femicidios”./PUNTOporPUNTO
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