ISSSTE da Contrato MILLONARIO a EMPRESA acusada por Incumplimiento

La empresa Imedic, contratada por el ISSSTE para ofrecer servicios de radiografía, endoscopía, tomografía y mastografía, así como para resguardar los expedientes médicos de más de 13 millones de pacientes, y la cual enfrenta acusaciones por incumplir el contrato, reportó como sus domicilios en el país direcciones que corresponden a una bodega abandonada, una lavandería, un taller y una plaza comercial.

• La decisión de adjudicar el servicio a Imedic fue de la encargada de compras de esa institución, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien hasta diciembre de 2021 era responsable de Vigilancia y Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó al ISSSTE al revisar la Cuenta Pública de 2019 que Imedic tenía un domicilio inexistente.
• La Organización Editorial Mexicana (OEM) visitó los cinco domicilios que la empresa reportó como sus sedes en su página de Internet, hasta el jueves pasado, y encontró que no corresponden a instalaciones de la empresa.

En la sucursal de Puebla, en la calle 29 Poniente 2707, interior D, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles hay una bodega abandonada y un espacio en el que opera un taller de muebles. El sitio se observa descuidado y a decir de los vecinos antes fue un lugar de eventos sociales.

• En el caso de la calle de Tizoc 7, interior 2 en la colonia Cumbres de Conin, en El Marqués, Querétaro, se encontró un taller de manufacturas de corte de metales. Una empleada dijo que en ese domicilio no había interiores y desconocía la existencia de Imedic.
• En el caso de Villahermosa, Tabasco, en la calle Plutarco Elías Calles 324, interior B, se encontró una lavandería, mientras que en avenida Tecnológico 104 Norte, local 3, en Llano Grande Bellavista, en Metepec, Estado de México, hay una plaza comercial que alberga a la inmobiliaria Coldwell Banker, una panadería, una pizzería, un local de comida saludable y otro más de comida argentina.

Además, hay un local en el que se notifica que está en “proceso judicial”, sin que los locatarios sepan qué había en ese sitio.

En la sede matriz del grupo, ubicada en avenida Miguel Alemán 31 de Xalapa, Veracruz, se encontró a otra empresa relacionada con medicamentos de alta especialidad. Una mujer en la recepción aseguró que esa compañía, cuyo nombre omitió, no tiene relación con Imedic.

Vía telefónica, Armando Vázquez, vocero nacional de Grupo Imedic, afirmó que éste cuenta con oficinas en la Torre Centro Mayor o JB, del fraccionamiento Pastoresa, en Xalapa, Veracruz, y en Santa Fe, Ciudad de México.

• Informó que la empresa operó en la sede que visitó Diario de Xalapa en Miguel Alemán 31 y no pudo recordar la fecha de mudanza a su nueva sede. Comentó que se encuentran en proceso de modificar la dirección de Imedic, que está “desactualizada en algunas plataformas digitales”.
• Después de la llamada telefónica con el vocero la empresa, entre jueves y viernes de la semana pasada, Imedic hizo al menos tres modificaciones a su página web: eliminó dos sedes (Estado de México y Tabasco), cambió los domicilios de las sedes y finalmente borró todas las direcciones.

Imedic informó originalmente contar con domicilios en Puebla, Querétaro, Veracruz, Tabasco y Estado de México, las cuales visitó la Organización Editorial Mexicana; posteriormente solo reportó sucursales en Puebla, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México, y actualmente solo aparecen números telefónicos para todo el país, Xalapa, Veracruz y Puebla.

La OEM cuenta con capturas de pantalla de las direcciones que reportó originalmente Imedic. Además, su vocero confirmó que la compañía se encontraba en el domicilio de Miguel Alemán 31 en Xalapa, Veracruz, su “sede matriz”, como se indicaba en su página web.

Imedic por los ahorros

De acuerdo con un acta de la sesión del Comité de Compras del ISSSTE, del 16 de junio de 2022, de la cual la OEM cuenta con una copia, la directora Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, Ortiz Genis, determinó no renovar el contrato a la empresa Tesi de México —vigente desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto—. En su lugar, propuso contratar, a partir del 1 de julio del presente año, a Imedic S.A. de C.V., a cambio de un ahorro de 2.2 millones de pesos durante un semestre.

• El procedimiento de adjudicación AA-051GYN005-E86-2022 para el Servicio Integral para la Gestión, Digitalización, Almacenamiento, Procesamiento y Distribución de Imágenes Médicas de Imagenología (radiología), Endoscopía y Anatomía Patológica se formalizó el 20 de junio de este año, con un costo de 144 millones 768 mil pesos, con IVA incluido, para ampliar la atención a 90 unidades clínicas y hospitalarias, para brindar los servicios del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.

Mientras que la renovación del contrato a Tesi de México S.A. de C.V. implicaba un gasto de 146 millones 995 mil 200 pesos en solo 40 unidades médicas. El costo del estudio era de 78 pesos con Imedic y de 373.24 pesos con Tesi.

Vendían perfumes

Imedic, la nueva empresa a la que se le adjudicó el contrato, lo mismo vende complementos alimenticios o dietéticos; perfumería, abarrotes, o construye y/o renta bienes inmuebles.

• En otro oficio, el DG 100.1/0518/2022, fechado el 2 de septiembre, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, identificó con base en una revisión al acta constitutiva de Imedic, que su objeto social es la venta, elaboración y distribución de medicamentos alópatas, naturistas, material de curación, instrumental médico, además de “complementos dietéticos, alimenticios, de perfumería y abarrotes”.

Otros rubros de operación de la empresa son “la construcción, arrendamiento y la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Además, obtiene y concede “préstamos”, endosa y avala “toda clase de títulos de crédito y otorga fianzas de garantías”, indica el oficio del director.

Aseguró en dicho documento que “la directora Normativa de Administración y Finanzas es totalmente responsable de las afectaciones que está padeciendo la derechohabiencia de este instituto a nivel nacional, al estar mermando gravemente el derecho humano a la salud”.

• La administración de Zenteno Santaella señaló “incumplimiento” del contrato, así como premura para realizar la contratación, observó como improcedente el fundamento legal para solicitar la excepción de la licitación, así como un posible hackeo a los expedientes médicos de los pacientes y retrasos en el arranque de los servicios.
• El ISSSTE ya pagó seis millones 852 mil 172 pesos a Imedic en los dos primeros meses del presente año, según se indica en uno de los documentos dirigidos a Almendra Ortiz Genis, la responsable de compras, por lo cual se le requirió informar a cuánto ascienden las multas a aplicar.

“Es necesario se sirva informar con carácter de urgente, en un término no mayor a veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de la recepción del presente, el monto al que asciende la aplicación de penas convencionales derivado del incumplimiento por parte de Imedic”, se precisa en el documento revisado por la OEM.

El posible hackeo a los expedientes médicos de 13.6 millones de pacientes que se resguardan desde hace cinco años, inició en los equipos de copiado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, por lo cual se levantó un nuevo procedimiento en contra de la empresa Imedic, ante lo que el ISSSTE denominó una “alerta de virus en red de imagen”.

Como consecuencia, el pasado 20 de septiembre la Subdirección de Tecnologías de la Información de la institución pidió “no permitir comunicación para intercambio de datos (carga y descarga) entre la infraestructura de Imedic y cualquier equipo dentro de la red del instituto, en particular la infraestructura del Centro de Datos del Instituto”.

• Así se establece en el oficio DNAyF/STI/SC3/264/2022, en el cual se pidió a la empresa brindar evidencia de contar con un antivirus con licencias vigentes y activas para el hardware, software y sistema de gestión. “No se aceptan licencias temporales”, exigió el ISSSTE.
• Asimismo, pidió mostrar evidencias del escaneo a las plataformas de Imedic y que sus equipos están libres de software malicioso, así como un análisis de la vulnerabilidad de acciones correctivas.

Desde su registro como proveedor del Gobierno federal de 2007 a 2021, Imedic firmó 26 contratos con empresas como Pemex y los servicios de Salud de Veracruz, Tlaxcala y el ISSSTE, por un monto de 18.7 millones de pesos.

La empresa que presenta como socios a Marcelo, Orquídea y Aida todos de apellidos González Álvarez, tiene una denuncia por sobreprecio en la venta de medicamentos, de acuerdo con el portal Quienesquien.

La ASF también ha investigado la relación de Imedic con el ISSSTE, tal es el caso de un contrato por bienes y servicios firmado en 2019, por 15.9 millones de pesos, el cual no ganó aunque sí participó en el proceso.

El ente fiscalizador detectó al revisar los domicilios que “en las cotizaciones enviadas al ISSSTE no fue posible notificar el oficio de confirmaciones, debido a que las personas que estaban en el domicilio informaron que la empresa no existe en ese lugar”.

Hay irregularidades en el sistema de pensiones del Issste

El descontrol y la falta de rigor en la administración del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) provocó un posible daño patrimonial por más de 575 millones de pesos en 2020, la mayor parte por remanentes no devueltos hasta febrero pasado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Así lo reveló la cuenta pública de ese año de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

• El dictamen encontró irregularidades y situaciones que dan cuenta del manejo discrecional que durante décadas se dio al presupuesto del Issste, como ha sido el programa para autorizar pensiones de “trato especial”.
• Entre las anomalías identificadas destaca la falta de documentación que respalde los pagos que cada mes reciben los trabajadores en retiro, así como una contabilidad deficiente que impide identificar la ruta del dinero, incluidos recursos no utilizados.

De acuerdo con la ASF, el instituto carece de mecanismos eficaces para verificar la sobrevivencia de los trabajadores en retiro. La auditoría reveló que alrededor de 9 mil personas pensionadas tienen 90 años de edad, pero no hay prueba de supervivencia.

Tampoco funciona, como debiera, el proceso de conciliación de datos de actas de defunción y baja de la CURP en el Registro Nacional de Población (Renapo), ni con el padrón de instituciones bancarias a donde se transfieren los pagos de pensiones.

Los auditores también encontraron que de 1989 a la fecha ha existido una nómina de “trato especial”, mediante la cual, en forma inicial, se benefició con pensiones a 5 mil 900 servidores públicos, “cuya salud física o mental les impidan el desarrollo de sus funciones, y para los mayores de 55 años cuyo reconocimiento de antigüedad sea requisito indispensable para pensionarse”.

• La “Norma que regula el Programa Pensionario de Trato Especial para el Personal Operativo de la Administración Pública Federal” fue expedida el 6 de febrero de 2002, pero se aplicaba desde 1989 por un “acuerdo de voluntades” y como parte de los programas especiales de la administración pública federal que estaban a cargo de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto.
• La ASF encontró que en diciembre de 2021 sólo quedaban 16 pensionados en la citada nómina. Con los expedientes a la vista, corroboró que cumplían con los requisitos señalados en el programa, por lo que no determinó irregularidad alguna. De cualquier manera, la ASF indicó que no es viable la actualización del convenio para continuar ese programa, ya que “sus efectos jurídicos están por extinguirse”.

De ese “trato especial” se benefició desde 1989 a personal operativo de base en el tabulador general de las dependencias del gobierno federal, el personal operativo de confianza y el de enlace hasta el nivel MC07 o equivalente (de director general), conforme al Tabulador de Puestos de Enlace.

También a los que hayan prestado sus servicios mediante el régimen de “lista de raya” y obtuvieron nombramiento definitivo a partir del primero de enero de 1975.

• En tanto, sobre el sistema de pensiones y jubilaciones de servidores públicos del país, el Issste reportó al 31 de diciembre de 2020, un millón 233 mil 219 pensionados vigentes, de los cuales un millón 192 mil 331 corresponden al régimen anterior, es decir, su pensión se calcula con base en el sueldo de su último año de trabajo. El resto, 40 mil 888 personas, están en el régimen de cuentas individuales vigente a partir del primero de abril de 2007.

Para cumplir las obligaciones con el primer grupo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiere los recursos que, para el año revisado por la ASF, ascendieron a 241 mil 330 millones 532 mil 400 pesos. Las anomalías detectadas en la investigación son respecto de este dinero.

Expedientes

Los auditores revisaron 60 expedientes de las delegaciones Puebla, Hidalgo, Ciudad de México Sur y estado de México. En esta última se identificaron anomalías pues cinco carpetas –de 25 requeridas– no se localizaron en un principio.

• Hubo corrección en cuatro y del quinto se identificó que se trataba de una pensión de orfandad que debía haber concluido en junio de 2014, pero hasta 2020 se seguía pagando. Sólo en ese año el Issste erogó 733 mil 900 pesos de manera irregular para este caso.
• Sobre los recursos pendientes de devolución a la Tesofe, son 469 millones 633 mil pesos de remanentes de 2020 y que al cierre de la auditoría el primero de febrero de 2022 seguían sin entregarse. En parte, esto es resultado de las deficiencias del sistema de contabilidad del instituto.

La ASF también identificó una diferencia de 24 millones 812 mil 200 pesos entre el monto ejercido y el reportado en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal. El Issste no contó con la documentación para comprobar que ese dinero se destinó al pago de pensiones.

Tampoco pudo justificar el concepto “pagos no efectuados por motivos varios” por 79 millones 839 mil 200 pesos./Agencias-PUNTOporPUNTO