En México, más de la mitad de los casos de desplazamiento forzado por violencia ocurren en el sur del país.
- De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero de 2019 a julio de 2022, al menos 52% de los casos han ocurrido en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Si se consideran también los de Michoacán, la cifra se incrementa a 65 por ciento.
- A escala nacional, de enero a julio de 2022, al menos 4,521 personas han sido obligados a salir de sus comunidades. Un promedio de 161 cada semana.
Los registros de esa organización civil señalan que, de 2019 a la fecha, se han registrado al menos 103 episodios de esa naturaleza en 14 entidades del país y, salvo Zacatecas, que desde el año pasado se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para vivir en varias comunidades, las entidades del sur del país son las que siempre han estado entre las primeras de la lista de aquellas en donde más personas son obligadas a salir de sus lugares de origen.
- El año pasado, Chiapas, Oaxaca y Guerrero registraron 40% de los desplazamientos forzados a escala nacional, en 2020 el 58% y en 2019 el 69 por ciento.
Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que se trata de tres entidades donde una buena parte de la población desplazada es indígena. Particularmente en Chiapas y Oaxaca, donde la mayoría de los que han sido obligados a salir de sus pueblos son indígenas.
La especialista explicó que algunas personas se desplazan cerca de sus comunidades, en el mismo municipio, aunque otras se van más lejos, pero dentro del estado y otras atraviesan sus fronteras, sobre todo, rumbo al norte del país. Esto último ocurre particularmente con los expulsados de Michoacán, lo que, incluso, ha obligado al gobierno del estado a abrir oficinas de atención a desplazados en Tijuana, Baja California, donde hay un gran número de ellos.
“En un primer momento es común que se vayan a la cabecera municipal o se queden en el mismo estado, pero después puede ser que también busquen a otro estado”, mencionó.
Dijo que uno de los problemas que se tiene con este tipo de movilizaciones es que no hay certeza de qué es lo que está pasando con esas personas. No se sabe cuántos regresan o en qué tiempo lo hacen, en qué condiciones y quiénes jamás vuelven a pisar sus comunidades.
La especialista comentó que, desde 2019, cuando el gobierno mexicano reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno, se han registrado avances a escala federal y en algunas entidades, pero es necesario que haya una buena coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para atender a esas personas que salen de sus comunidades en una situación de alta vulnerabilidad.
A escala nacional, los mayores avances son en generación de información, particularmente en el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, así como el interés en buscar alianzas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil en México, mencionó.
Para la activista, es necesario contar con una ley nacional en la materia, la cual está congelada en el Senado de la República, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados en 2020, así como aprobar el presupuesto necesario para implementar programas de atención a desplazados por ese tipo de violencias.
- Chiapas: Entre enero de 2019 y julio de 2022, Chiapas es el estado del país donde han ocurrido más desplazamientos, con al menos 28 episodios, seguido por Guerrero, con 16, Michoacán 13 y Oaxaca con 10. En esa entidad fronteriza del sur del país, comunidades enteras han sido obligadas a huir.
Entre las causas de la violencia que obliga a familias enteras al destierro son principalmente conflictos agrarios y entre comunidades, a los que se suman otros tipos de violencias, incluida la que ejercer organizaciones paramilitares y del crimen organizados que también se involucran en conflictos entre comunidades.
En marzo, más de cinco familias tzotziles de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, fueron obligadas a huir de sus hogares y refugiarse en comunidades cercanas al ser atacadas con armas de fuego por presuntos habitantes del municipio de Aldama.
Asimismo, en mayo ocurrió un desplazamiento masivo en el municipio de Ocosingo, concretamente en el municipio autónomo Moisés Gandhi, luego de ataques armados de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo.
Fueron obligados a huir al menos 83 personas de las localidades de Emiliano Zapata y La Resistencia, parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En julio nuevamente se registraron al menos dos eventos de desplazamiento interno por violencia en Chiapas.
En el primero, alrededor de 400 personas de 850 familias fueron desplazadas de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria como consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública.
Asimismo, en el municipio de Larráinzar, 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón, tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión. Las familias desplazadas también fueron despojadas de sus pertenencias, según el monitoreo de la CMDPDH.
En esa entidad, durante 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo nueve desplazamientos forzados incluidos masivos, es decir cuando se desplazan más de 10 familias; en 2020 ocurrieron, en 2021 11 y de enero a julio pasado van al menos cuatro.
Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en tercer lugar con 22,000 personas desplazadas.
- Oaxaca: De 2019 a julio pasado se han registrado al menos 10, de los cuales tres ocurrieron en 2019, cinco en 2020, uno en 2021 y uno en este año.
En este caso las violencias se deben más a conflictos locales, ya sea de tipo político y claramente relacionados con procesos electorales y conflictos territoriales entre comunidades, particularmente en la región triqui.
En enero pasado, al menos 30 personas, de seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de la comunidad de San pedro Chimaltepec, municipio de San Juan Mazatlán.
Previo a eso, al menos seis hombres que profesan la religión evangélica habían sido detenidos y mantenidos incomunicados por motivos religiosos.
- Guerrero: De enero de 2019 a julio pasado ocurrieron al menos 16 desplazamientos forzados, de los cuales ocho tuvieron lugar en 2019, cinco en 2020, dos en 2021 y uno este año.
Si se toman encuentra los desplazamientos desde 2016 esa entidad ocupa en segundo lugar, con alrededor de 24,000 desplazados.
Aquino Barbosa comentó que la mayoría de los desplazamientos en ese estado tienen que ver con la operación de grupos criminales, así como con ataques.
En marzo, a menos de dos semanas de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, más de 200 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.
- Michoacán: De 2019 a julio pasado, se han registrado al menos 13 eventos de ese tipo, de los cuales tres ocurrieron en 2019, tres en 2020, cinco el año pasado y al menos dos en lo que va de 2022.
Ligia de Aquino Barbosa, coordinadora del área de desplazamiento forzado interno de la CMDPDH explicó que si se consideran los datos desde 2016 Michoacán es donde más ocurren ese tipo de violencia, sobre todo porque en 2021 más de 13,000 personas tuvieron que salir huyendo de sus comunidades por temor a su vida o que atenten contra a su integridad física.
En enero de este año, varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, fueron atacadas con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones. La agresión fue atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Eso ocasionó el desplazamiento de habitantes de El Bejuco y La Romera, donde al menos una persona resultó herida y varias viviendas fueron dañadas.
Desplazamiento interno se dispara en último trimestre
En el último trimestre del año, de octubre a diciembre, el desplazamiento interno de familias en México se disparó en un 250% principalmente por la violencia que generan los grupos criminales o crimen organizado.
- De acuerdo a un reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la ciudad de Aguascalientes se ha convertido en receptora de población en situación de desplazamiento interno provenientes de los estados Jalisco, San Luis Potosí y sobre todo Zacatecas, entidad donde en los últimos meses se ha registrado diversas masacres y actos violentos donde se involucra al crimen organizado.
El alcalde de la ciudad, Leonardo Montañez Castro, informó que s cifras de compra de viviendas en la ciudad, que se usan como indicador de la llegada de personas desplazadas, han aumentado un 41%.
El reporte indica que de las 18 comunidades desplazadas de la Sierra de Jerez, Zacatecas, hace más de un año, apenas el 10% ha podido retornar a sus lugares de origen dado que persisten las condiciones de inseguridad, por lo que las personas en situación de desplazamiento solo hacen visitas esporádicas para verificar el estado de sus propiedades y tierras.
- Según la CMDPDH, en octubre se registraron mil 625 casos de personas desplazadas internamente, pero en noviembre se disparó a 250 % al llegar a 4 mil 37 casos de desplazamiento masivo y la tendencia se fue al alza en diciembre donde se han registrado 4 mil 189 casos.
- Julio fue el mes con más casos de desplazamiento interno con 4 mil 953 mientras que enero de este 2022 el que menos registró con 809.
- Según esta organización defensora de derechos humanos, en Chiapas se vive una situación complicada de violaciones a los derechos humanos, por el control que ejerce el crimen organizado en diversos territorios del estado lo cual, junto con un proceso creciente de militarización y de imposición de megaproyectos como el Tren Maya han permitido escenarios de despojo de territorios y desplazamiento forzado de población.
La asamblea del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios reafirmó su decisión de articular pueblos, redes, colectivps del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona contra la imposición de megaproyectos, la violencia, el narcotráfico, la prostitución y el alcoholismo.
Representantes de las etnias tsotsil y tseltal, originarias de los Altos, informaron de la proliferación de “cantinas, drogas y armas.
“Hay constantes desplazamientos de grupos armados en vehículos, aumento de la migración de jóvenes, y los que se quedan en nuestras comunidades ya no respetan a las mujeres ni a las personas mayores”, acusaron
- Expresaron que en San Cristóbal “se viven despojos mediante la invasión de tierras provocada por grupos armados con la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos, que hacen de las balaceras algo cotidiano y ponen en tensión la vida diaria de mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional, pero se hace la que no ve ni escucha”.
“Con la construcción del mal llamado Tren Maya se ha incrementado el desmonte y la destrucción de cerros, la contaminación del agua y el despojo y desplazamiento de comunidades. Se hace presente la mercantilización de la cultura maya, favoreciendo a la iniciativa privada empresarial”, acusaron
Alertaron que se está incrementando la prostitución y es visible la migración. “Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están cometiendo asesinatos. La Guardia Nacional simula su función y con su presencia genera terror entre la población.”
Senado congela ley contra el desplazamiento forzado
En 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual en su momento se dijo fue creada para atender una “laguna jurídica” que violenta los derechos de las personas, sin embargo, más de dos años después, la reforma permanece congelada en el Senado de la República.
- La iniciativa es de singular importancia, ya que de acuerdo con los registros que han dado a conocer organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hasta diciembre de 2021 había al menos 379 mil personas en México en esta condición.
Tan sólo en ese año, la misma organización contabilizó a más de 28 mil personas que tuvieron que abandonar sus hogares para resguardar su integridad y la de su familia ante el avance de la delincuencia −principalmente organizada− en las diferentes regiones del país.
- De haberse aprobado la Ley en el Senado a los pocos días que la Cámara de Diputados giró la minuta, esas casi 30 mil personas que −oficialmente− se vieron obligadas a dejar su lugar de residencia habrían sido “cobijadas” por la nueva legislación, no obstante, permanecen desamparadas junto a otras 350 mil personas −sin contar las víctimas de 2022.
- La llamada Cámara alta que controlan Morena y sus aliados no ha carecido de tiempo para discutir la iniciativa de reforma. Tan sólo en su primer año y medio de trabajos en la LXV legislatura −entre el 1 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022− han resuelto 290 asuntos, entre ellos 12 nuevas leyes.
Lo aprobado en la Cámara de Diputados pretendía atender uno de los reclamos más sentidos por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado para que las autoridades del país creen un padrón de víctimas de desplazamiento forzado que permita conocer quiénes son los principales afectados de este fenómeno y las causas que los orillan a tomar esta decisión.
- En septiembre pasado, luego de una visita al país, Cecilia Jiménez, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos de los desplazados forzados internos, cuestionó la falta de cifras oficiales, ya que estas pueden permitir la creación de políticas públicas para la prevención, protección y atención de las víctimas.
“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento forzado interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas (…) contar con cifras oficiales basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativa y cualitativa es fundamental para la elaboración de políticas públicas”, aseguró.
- De acuerdo con la iniciativa, sería la Secretaría de Gobernación la encargada de generar este padrón, así como de establecer el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar este delito, sin embargo, hasta ahora sólo se tienen datos del perfilamiento de las víctimas y de las entidades afectadas gracias a la CMDPDH y al Observatorio de Desplazamiento Interno de la ACNUR (IDMC, por sus siglas en inglés).
- Según estas organizaciones, son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, Durango y Nayarit, las entidades que agrupan la mayor cantidad de víctimas.
Las familias indígenas son el sector de la población que históricamente ha sido desalojado de sus hogares por la presencia de los grupos armados. Tan sólo en 2020, del total de eventos de desplazamiento forzado que se contabilizaron en el país, en 41 por ciento de los casos se trató de personas identificadas como indígenas.
- Asimismo, la CMDPDH registró que en el 83.33 por ciento de los eventos había niños involucrados, siendo el grupo etario más afectado en el país, seguidos de las mujeres, con presencia en al menos 58.33 por ciento de los eventos.
No obstante, el Senado no es el único poder que ha dejado de lado la legislación en la materia. Los estados también han sido omisos en tipificar este delito. Apenas el miércoles Chihuahua se convirtió en el cuarto estado, junto a Chiapas, Guerrero y Sinaloa, en agregar a este fenómeno en su código penal.
Y aunque los propios legisladores locales del estado fronterizo reconocieron que agregar el delito al catálogo constitucional no es una solución en sí misma, pues es necesario que eso se traduzca en acciones específicas, es un paso que víctimas como las que agrupa el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes consideran necesario a nivel local y federal para lograr que todas las personas tengan una vida digna en el país./Agencias-PUNTOporPUNTO
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