Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron por unanimidad su rechazo a la reforma electoral (Plan B) que se discute en el Congreso, pues advirtieron que provocaría graves riesgos a la capacidad operativa electoral. Anunciaron que para preservar el orden constitucional, promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarios, en caso de que la norma sea aprobada.
- En conferencia de prensa en la sede del instituto, acompañado de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña, Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Jaime Rivera, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó un pronunciamiento a nombre de los 11 integrantes del Consejo General.
“La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”, expresó.
Hizo un llamado a los legisladores en el Congreso a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y permitir a los consejeros electorales presentar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.
Córdova Vianello enumeró seis elementos riesgosos que contiene la minuta de reforma electoral, conocida como Plan B, que es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador:
- Indicó que la reforma carece del más amplio consenso que debe existir entre los actores políticos para garantizar su legitimidad.
- La eliminación que propone de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales pondría poner en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
- Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. “Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía”.
- La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
- Los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente, por lo que “despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna”.
- “La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”.
Córdova Vianello afirmó que el “Plan B electoral” viola la Constitución en muchísimos puntos, por lo que, para preservar el orden constitucional, en caso de que la reforma sea aprobada por el Congreso, el INE promoverá todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarias ante la Corte. Afirmó que el INE no está confrontado con nadie, con ningún gobierno ni partido.
Cuestionado sobre si confían en la SCJN, el consejero presidente hizo suyas las palabras que pronunció en 2007 el entonces ministro Salvador Aguirre Anguiano cuando se discutía la denominada Ley Televisa: “el Ministro, frente a quienes sospechaba que la Corte sucumbiría dijo: no saben de lo que estamos hechos los Ministros de la Corte”.
El consejero Uuc-kib Espadas cuestionó si la reforma que promueve el gobierno será capaz de evitar conflictos poselectorales, como sí los evita la norma electoral vigente.
“Y la respuesta más optimista que podamos dar a esa pregunta es: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar, con una nueva y frágil estructura, una elección presidencial (del 2024) que promete ser una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿alguien puede afirmar que la nueva frágil estructura proveerá un servicio comparable con este que ha sido probado a lo largo de 8 años?, ¿sirve esto a quienes aspirar a ocupar en 2024 la Jefatura del Estado?, ¿en verdad un candidato puede preferir que su elección se haga en este sistema frágil, vulnerable, que no puede garantizar plenamente el proceso orgánico, incluyendo la instalación de las casillas? ¿algún precandidato quiere hoy que no se instalen las casillas en su totalidad como ha ocurrido?”, cuestionó.
El consejero Jaime Rivera opinó que la eliminación que se propone de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales del INE, para hacerlas temporales y mutiladas, implica que el INE deje de instalar alrededor de 5,000 casillas menos en las elecciones federales.
INE anuncia defensa jurídica de autonomía
Con un cierre de filas de sus 11 consejeros en contra de la iniciativa presidencial de reforma legal en la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que iniciará próximamente el proceso de defensa jurídica de su autonomía.
Para el INE, el Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Reforma Electoral “es preocupante” y su contenido debe revisarse.
- En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los 11 integrantes del Consejo General del órgano electoral, se argumentó que la aprobación de una eventual reforma a las leyes “podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas”.
“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma, al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, reprochó Lorenzo Córdova, consejero presidente.
Advirtió sobre las “deficiencias” del análisis que pone en peligro la operación de los procesos electorales, por lo que anunció que el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la “autonomía y profesionalismo” del INE.
- Córdova cuestionó el desarrollo del proceso legislativo, así como el contenido que se está discutiendo, y abordó seis puntos. Señaló que la reforma debe estar fundada en un amplio consenso entre actores políticos, para garantizar la legitimidad a partir del apego a la Constitución y leyes que rigen los procedimientos legislativos.
- Subrayó que eliminar la estructura del INE sería reducir el servicio profesional, por lo que dicha medida pone en riesgo la atención de los módulos donde se tramita la credencial.
Córdova explicó que la iniciativa elimina la Junta General Ejecutiva, la cual sería sustituida por una comisión de cinco consejeros, “desnaturalizando” la función de dirección en tareas administrativas.
Aseguró que la reforma “plantea compactación de calendarios y alteración de procedimientos, como la selección de funcionarios de mesa directiva que reciben y cuentan los votos de sus vecinos, por lo que conlleva la afectación a procesos básicos que permiten acciones libres y auténticas”.
El consejero presidente aseveró que se podría presentar una controversia contra la Cámara de Diputados por no justificar el recorte presupuestal al órgano autónomo.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Córdova enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría determinar que se presente una “motivación reforzada” sobre los recortes presupuestales.
Bloque de contención respalda a trabajadores
El bloque de contención en el Senado precisó que la ruta jurídica que seguirá en contra del Plan B de la Reforma Electoral incluye el respaldo para que se amparen los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE).
- El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Parlamentario Plural, dijo que una vez que concluya el proceso legislativo con el apoyo de la mayoría legislativa y se publique en el Diario Oficial de la Federación, comenzará la defensa jurisdiccional.
- Explicó que en el caso de los amparos son lo que impondrán los empleados del Servicio Profesional Electoral y también a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“En la vía de amparo, ahí hay dos vías, directamente, por ejemplo, las y los empleados del INE, del Servicio Profesional Electoral, se quiere despedir al 84 por ciento de la estructura. Ellos y ellas pueden acudir a esa vía, más los ciudadanos que consideren sus derechos políticos agraviados y sancionados, incluso puede haber también la ruta del TEPJF.
“Una parte de la discusión de hoy será hacer escuchar testimonios y voces de esas trabajadoras y trabajadores, porque es un atropello, es gente que lo que ha hecho es hacer cada vez mejores elecciones, cada vez se instalan más casillas en menor tiempo, con mejor rendimiento, para evitar incertidumbres y conflictos, y el premio que le da Morena y sus aliados es despedirlos”, aseveró.
En conferencia de prensa, en la que ciudadanos de distintas organizaciones se manifestaron en contra del Plan B, dijo que ya están preparando la acción de inconstitucionalidad.
Advierten violaciones a Carta Magna
El «Plan B» de reforma electoral aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, y que analiza el Senado de la República, contiene elementos de inconstitucionalidad que deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron tres expertos en derecho constitucional y electoral.
- Alberto del Castillo del Valle, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, argumentó que con base en el artículo 72 de la Constitución, el llamado “Plan B” -impulsado por el el presidente Andrés Manuel López Obrador- sería inconstitucional, porque la iniciativa de reforma constitucional que la precedió fue desechada por la Cámara de Diputados. Explicó que dicho artículo establece que cuando un proyecto de ley o decreto que fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
Añadió que la ley no puede ir más allá de lo que establece la Constitución, y por lo tanto no se puede disminuir la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en los 300 distritos electorales como plantea el “Plan B”.
Planteó que la norma no cumplió, por parte de la Cámara de Diputados, el requisito de exhaustividad, pues fue aprobada en «fast track» y sin el estudio de fondo requerido.
“Una reforma que contradice la Constitución es inconstitucional. Una ley que viene a destruir al INE, que tiene reconocimiento internacional, que le quita presupuesto y atribuciones que están en la Constitución, estamos ante una ley inconstitucional. Si bien el senador Ricardo Monreal dijo que la depuraría, no queda libre de inconstitucionalidad”, manifestó.
- Raúl Campos Martínez, profesor de la materia de derecho electoral en la FES Aragón de la UNAM, consideró que la forma apresurada en que la Cámara de Diputados aprobó el “Plan B” electoral, violó el proceso legislativo que debe seguir un dictamen. “Aquí ya hay un vicio de origen”, sostuvo.
- Mencionó que también sería inconstitucional la reforma que se plantea al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos puedan postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común y se beneficien con el reparto de votos entre sí. “Esto es inconstitucional porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que el voto es intransferible y, por lo tanto, los partidos no están facultados para ello”, dijo.
“Otro tema es que tocan la Ley General de Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral y crean el famoso juicio electoral, en donde amalgaman tres medios de impugnación dentro de los cuales entra el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que por su propia naturaleza no puede estar inmerso en juicios electorales como es el juicio de inconformidad, como es el juicio de revisión constitucional, porque son juicios netamente de defensa de derechos político-electorales y no propiamente medios de impugnación que atiendan violaciones dentro del proceso electoral. Por lo tanto me parece que esto viene a ser violatorio no solamente de la Constitución, sino de los derechos políticos-electorales del ciudadano y de los derechos humanos que establecen tratados internacionales en la materia”, dijo.
El abogado Raúl Campos Martínez dijo que, por todo ello, el artículo 99 de la Constitución faculta al TEPJF a inaplicar leyes secundarias cuando las considere contrarias a la carta magna.
- Jorge David Aljovín Navarro, abogado por el ITAM y especialista en materia electoral, constitucional y parlamentaria, refirió que la reducción presupuestal, de funciones y facultades que propone el “Plan B” electoral, también puede ser sujeto de controversia constitucional. Precisó que en ese caso, la Corte deberá analizar si la norma cumple con el requisito de urgencia.
“Existen criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señala: cuando no se justifica la urgencia, las reformas pueden ser invalidadas, por lo tanto también tendremos que abrir un corchete sobre esa interpretación que realice la Suprema Corte, de sise justificó o no la urgencia, y en cuanto al tema de la autonomía, la racionalidad, la urgencia, para poder aplicar este tipo de recortes al Instituto Nacional Electoral. Veremos la justificación que se hace en el dictamen, que habla de 3,500 millones de pesos de ahorros, pero eso tiene que ir acompañado por todo un estudio. Veremos si los tribunales consideran que eso es suficiente o se tuvo que llevar un estudio más amplio. Lo que requerimos es seguridad y certeza jurídica de las reglas que van a aplicar porque si no, nuevamente tendremos la narrativa del fraude electoral entrando por la puerta grande en la materia electoral, cuando ya estaba fuera de esta feria de las desconfianzas”, dijo.
Los tres abogados consultados coincidieron en que tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral tienen facultades para analizar las controversias constitucionales e impugnaciones, respectivamente, que eventualmente presenten los partidos políticos contra el denominado “Plan B” electoral del Gobierno federal.
Reforma electoral no abona a la pluralidad
Para Ana Micaela Alterio, profesora del ITAM, una de las ventajas de la elección popular es decidir entre las múltiples opciones disponibles, aquella que más nos “representa”, pero en el proyecto esa posibilidad está constreñida por una decisión previa que no es popular: las candidaturas no están abiertas a la postulación de la ciudadanía, sino que se debe optar entre aquellas definidas por los poderes del Estado.
“Esto quita todo poder configurativo a la participación popular, reduciéndola a un ejercicio de ratificación”, afirmó.
- Mientras que Karolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, consideró que eliminar los límites de sobrerrepresentación implicaría la ausencia de un número máximo de escaños a los que pudiera acceder una fuerza política, asegurando dominio de los partidos más grandes en cada demarcación y eliminando los incentivos para formar coaliciones.
Además, eliminar el financiamiento público sería otro factor que debilitaría a partidos pequeños. La expectativa de que se mantengan con las aportaciones de sus militantes y simpatizantes es inviable.
- Por su parte, Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, aseguró que no hay mucha diferencia entre lo que hicieron los reyes cuando fundaron el Estado nación en el siglo XVII y lo que quieren hacer los populistas de hoy: unificar la voluntad de los súbditos a la del monarca, en el caso de aquellos, o del mandamás, en nuestro caso.
“Al igual que la fallida iniciativa constitucional, la reforma legislativa tiene un solo y firme propósito: convertir a Morena en el partido dominante más allá de este sexenio a través del control gubernamental de las elecciones”, advirtió.
“Lo que se sabe del proyecto legislativo revela que con la ley violarán la Constitución y procederán a tomar decisiones produciendo hechos consumados que habrán de llegar a los tribunales como juicios de (in)constitucionalidad”, criticó Valdés Ugalde.
- Hugo A. Concha Cantú, también investigador del IIJ de la UNAM, sostuvo que la iniciativa combina dos temas vinculados, pero distintos: la organización del sistema de representación y el propiamente electoral. Ello no ayuda al análisis y deberían ser reformas separadas.
“Quizá el tema que en realidad requeriría más atención es el relacionado con los partidos. Han dejado de ser entidades para el beneficio de la ciudadanía y se han convertido en oligarquías cerradas. Es urgente una reforma profunda para democratizar a los partidos”, dijo.
Finalmente, Concha afirmó que la justicia electoral es el verdadero árbitro de una elección y por ello una reforma debe de involucrar el análisis de sus diversos temas como su organización y estructura, sus funciones, así como sus controles y límites.
“Sí es necesaria una reforma, pero sólo si es lo suficientemente amplia, incluyente y que fortalezca lo que se ha construido a lo largo de varias décadas para el beneficio de todos y todas”, concluyó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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