El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que el delito de extorsión afecta significativamente a todos los sectores de la economía en el país, sin embargo, preocupa que las autoridades minimicen el problema bajo el argumento de que no hay denuncias por parte de la población, lo que se traduce en cien por ciento de impunidad.
- Durante la presentación de la primera parte de la investigación: “La extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas”, el director del organismo, Francisco Rivas, detalló que las autoridades no sólo ignoran las secuelas de este delito, sino que renuncian a la generación de inteligencia para su inhibición.
“Es posible afirmar que el tipo penal y los recursos institucionales son insuficientes, al grado que las extorsiones han rebasado las capacidades del Estado y se ha generado el ciclo perfecto para que prive la impunidad y cifra negra en torno a este fenómeno”, destacó en conferencia virtual.
Lamentó que la extorsión se haya convertido en un delito esencial para entender al México contemporáneo en el ámbito económico, político y cultural: “Este ilícito se ha vuelto tan ubicuo y complejo que tratar de clasificarlo a partir de su medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas”. Por ello, indicó, la extorsión florece “allí donde hay oportunidad pues los riesgos son mínimos y los beneficios, ilimitados”, destacó.
- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, en el país se cometieron 4 millones 910 mil 206 extorsiones en hogares; de ellos se denunciaron solamente 246 mil 138 casos y solo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación.
- En 59.6 por ciento de las denuncias que derivaron en carpeta de investigación no se procedió, mientras que el 26.3 por ciento seguía en trámite. En 2.8 por ciento de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento de los casos se logró la recuperación de los bienes. En ninguno de los casos hubo reparación del daño.
Por otro lado, alrededor de 1.2 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito. El más frecuente fue la extorsión (28.9 por ciento). Solamente en Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Querétaro la extorsión no es ni el primer ni el segundo delito más recurrente en las unidades económicas.
- La investigación detalla que el marco jurídico en torno a la extorsión ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad al simplificarlo como un mero delito patrimonial. Además, subraya que, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo por la dimensión del problema sino los rasgos que ha adquirido.
El ONC detalló que los retos institucionales que existen para la atención de la extorsión van más allá de su denuncia, ya que se requieren resultados palpables para la población, no sólo para ciertos actores o sectores en específico. Aparte de que el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) es “marginal” en la investigación y procuración de justicia en casos de extorsión.
Grupos criminales afectan la economía en los estados y la CDMX
En el contexto de la crisis económica, el cobro de derecho de piso por parte de organizaciones criminales a establecimientos comerciales, tiene un impacto todavía más significativo, pues estas actividades delictivas inhiben la inversión de las grandes compañías y prácticamente asfixian a las pequeñas y medianas empresas.
- En julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó su informe de resultados del primer cuatrimestre de 2022, en el cual muestra que el ánimo de inversión bajó al 52 por ciento, 1.8 menos que el año anterior, en buena medida por la delincuencia. Con la extorsión y el cobro de piso entrando al top tres de los principales delitos contra empresarios.
- Con la pandemia de COVID-19, los grupos que cobran derecho de piso a pequeñas y medianas empresas aumentaron los costos de su “impuesto”
Si bien José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, detalló que la incertidumbre económica sigue siendo el principal inhibidor de la inversión, explicó que uno de cada dos socios de la Confederación fueron víctimas de algún delito. Destacando el incremento en reportes por cobro de derecho de piso y demás tipos de extorsión.
- Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, comenta a Reporte Índigo que “lo lacerante de la extorsión es que mata la actividad empresarial”, pues es una actividad con características complejas que la vuelven más difícil de contener que a otros delitos como, por ejemplo, los asaltos.
“Es un delito que puede afectar el desempeño económico de varias formas. En primer lugar, puede afectar decisiones de inversión, al final de cuentas se convierte en, le podemos llamar, un impuesto que te va minando todo lo que podrías estar invirtiendo. Puede también afectar decisiones internas de la empresa”.
También considera que “resulta un tanto ingenuo pensar que las policías van a resolver el problema de la extorsión”, siendo que, precisamente, una de las características de este delito “es que tienen un componente de colusión con las autoridades”.
- Esto como ejemplo de las muchas formas en las que pueden desarrollar estos delitos, mencionando que hay “extorsiones predatorias, que nada más están buscando extraer rentas; extorsiones protectivas, en las que llegue otra persona o conjunto que diga ‘para evitar que te pase eso, yo te protejo, pero entonces págame”.
- Aunado a esto, Vélez plantea que no se puede esperar una política anti extorsión homogénea y se debe apostar por una de carácter diferenciado que contemple las características de las empresas por cada región, ya que esta clase de cobros afecta de una manera a las grandes empresas y de otra a las pequeñas.
Aunque las grandes firmas no están exentas de sufrir los efectos de estas extorsiones, son las pequeñas y medianas empresas las que están más expuestas, situación de suma gravedad al considerar que estas representan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y sobre el 80 por ciento del empleo formal, no obstante, tienen una esperanza de vida media menor a dos años.
- Desde octubre de 2021, la Alianza Nacional de Micro y Pequeños Comerciantes, denunció que estos negocios son afectados por una triple tributación, ya que a los impuestos comunes y legales, se suman los costos de las mordidas que piden funcionarios para otorgar permisos o autorizar trámites, además del cobro de derecho de piso y demás extorsiones.
Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, comenta a Reporte Índigo que, dada la falta de confianza en las autoridades y el tiempo que se requiere para denunciar las extorsiones, un gran número de pequeños empresarios optan por cerrar y cambiar de ubicación como medida de protección.
“La acreditación lleva años, llega a representar el 80 por ciento de tus ventas. Un local pequeño trabaja, por lo menos, tres años para estar acreditado y poder estar en la mente del consumidor.
“Cuando llega el crimen organizado, o desorganizado, porque aquí ya no sabemos, la opción más viable es bajar las cortinas, cerrar y buscar otros lugares”.- Gerardo López, Presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio
- De acuerdo con estudios del Consejo, un comercio pequeño tiene que pagar cobros de entre tres y cinco mil pesos en promedio, aunque pueden llegar hasta los 10 mil según la información que los extorsionadores obtengan.
Además, “ya con una economía abierta después de la pandemia, se han incrementado los casos de delito”.
Destaca las afectaciones al sistema económico nacional en general, puesto que las cantidades de dinero que los criminales obtienen por las extorsiones “no solamente no fluye en las venas de la economía formal, tampoco se pagan impuestos. Es un recurso que termina generando un boquete importante al pago de impuestos”.
13 estados han denunciado ser extorsionados
Comerciantes y empresarios de 13 estados del país han denunciado ser extorsionados por organizaciones criminales, mismas que los contactan por llamada telefónica para cobrar derecho de piso, aseguran que no importa el giro del negocio, todos deben pagar un costo.
- José es dueño de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, y hace más de ocho años recibió un mensaje a su celular: “Somos del CJNG y tenemos la indicación de ponernos de acuerdo contigo para que pagues piso”. Acto seguido, los delincuentes se presentaron al establecimiento. Después de tomarse unas cervezas, se fueron con la promesa de un asustado José, quien les pagaría entre cinco y diez mil pesos al mes. “Quisimos denunciar, pero vimos que quemaban los negocios y no nos arriesgamos”.
Al igual que José, comerciantes y empresarios de 13 estados acusan que son extorsionados por las organizaciones criminales: los pagos van desde los 50 pesos semanales hasta los 250 mil por mes. No importa que la víctima venda dulces o maneje un taxi, que tenga una tortillería o administre un restaurante, que trabaje en un taller mecánico o que sea el dueño de un hotel, que sea el propietario de un deshuesadero o de un bar.
El alarmante delito de la extorsión ha sido reconocido por la Confederación de Cámaras Industriales, la cual detectó a Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas como entidades donde la delincuencia controla incluso los precios y el abasto de los alimentos.
“En Coatzacoalcos controlan el alcohol y la droga”, dice José y cuenta que hace unas semanas llegaron a ofrecerle que dejara de pagar la cuota a cambio de que vendiera droga. “Pero me negué y me siguen cobrando”. Seis de sus conocidos, en cambio, aceptaron el nuevo giro comercial. Los propietarios del Club Barrillas no accedieron ni a una ni a otra y, horas antes de la inauguración, les fueron a balear el lugar.
- Lo mismo ha sucedido en Minatitlán y Nanchital, donde han atacado a hospitales, negocios de comida y talleres mecánicos. “Ahora se llaman Nuevo Veracruz, pero son los mismos del CJNG”, cuenta José. El alcalde Amado Cruz no niega exista el delito, pero tampoco ha recibido ninguna denuncia.
- Donde tampoco se cuentan con denuncias es en Baja California Sur, pese a que, en enero pasado, el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba, denunció que la extorsión es el delito más común en los cinco municipios.
Odilia, dueña de una tienda abarrotera, fue amenazada por varios hombres que le ordenaron cerrar más temprano. “No es posible denunciar, va de por medio la familia, por eso nos callamos”, se queja.
Casos similares se reportan en Oaxaca, donde la fiscalía local cuenta con 74 denuncias por cobro de derecho de piso a empresarios, locatarios de mercados públicos y hasta propietarios de escuelas privadas. Los municipios más perjudicados son: Oaxaca de Juárez, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.
- En Chihuahua, la fiscalía ha iniciado poco más de 300 carpetas de investigación. Entre los negocios más afectados están los yonques o deshuesaderos de autos y el de la compra y venta de metales. “Diario recibimos llamadas de extorsión”, se queja Héctor Lozoya, dirigente de la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez. “Hay algunos que sí han depositado porque les gana el temor”.
Rogelio Ramos, presidente local de la Canaco, cuenta que los giros agrícolas, de fumigaciones y cibernético han estado recibiendo llamadas desde diferentes reclusorios del país.
El mismo fenómeno ocurre en Durango. Teófilo Chaidez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Social, dice que varios de sus afiliados reportan extorsiones telefónicas al menos una vez al día. “Pagan por miedo, porque no quieren arriesgarse a que las amenazas se hagan realidad”.
- En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se ejerce desde hace más de una década. A los vendedores de ropa usada de la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, les impusieron una cuota de 120 pesos diarios; a las fonditas y a taqueros, 100. “Pero si tienes mesas y sillas, sube la cantidad”, dice una comerciante, cuyo hijo tampoco se escapa de la extorsión. “Tengo dos taxis, pero pago cuota a tres grupos diferentes. Si no lo hago, me queman las unidades”.
En el Estado de México, la Asociación de Empresarios y Ciudadanos dio a conocer que al menos cuatro de sus agremiados han sido asesinados por no pagar la “renta”. Que Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Bravo son los municipios con más extorsiones. Y que el modus operandi de los delincuentes consiste en fotografiar a los empleados de los negocios para amenazarlos y/o golpearlos “para que el patrón entienda que no es broma”.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en Valle de Bravo, cuenta que la extorsión telefónica es la más recurrente, seguida de la presencial u “operación guante”, que no es otra cosa que presentarse a las empresas para “explicar los beneficios” de llegar a un acuerdo. “Los dueños de tiendas de abarrotes, carnicerías o tortillerías pagan entre 2 mil y 3 mil pesos al mes; los franeleros y boleros, 50 y 100 pesos a la semana”, dice Rivera. “A muchos comerciantes los obligan a vender cigarros sueltos de contrabando y a los taxistas a entregar droga a domicilio”.
- En Zamora, Michoacán, los comercios informales, especialmente aquellos dedicados a la venta de productos ilegales, son el blanco perfecto de las células delictivas. De acuerdo con comerciantes, en este municipio todo se puede hacer: rifas clandestinas, juegos de apuesta, venta de ropa de segunda mano, siempre y cuando se pague una tarifa.
- En Tamaulipas la extorsión era uno de los delitos de alto impacto que había logrado reducirse, pero en los últimos meses se ha triplicado. Los empresarios creen que ahora se trata de bandas foráneas, bien organizadas, que poseen información detallada de las actividades de las víctimas. “Eso facilita que tres de cada diez extorsionados, caigan”, dice Cristian Pérez, secretario técnico de la federación local de Cámaras de Comercio.“Aquí el delincuente llama al establecimiento y amenaza con hacerle daño a algún familiar o al mismo dueño. Usan nombres e información que recaban por redes sociales”.
Otros estados en focos rojos por el delito de la extorsión son Hidalgo (sobre todo a transportistas de la ruta México–Tizayuca), en Puebla (en mercados como La Unión, Morelos, La Acocota, Hidalgo e Independencia), y en todo el estado de Nuevo León.
Roma, Condesa y Obrera concentran homicidios registrados por extorsiones
Los homicidios registrados por extorsiones en la Ciudad de México (CDMX) se concentran en colonias como Roma, Condesa, Atlampa, Peralvillo, Valle Gómez, Santa María la Ribera, San Rafael y Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Así lo reveló el diputado local panista Aníbal Cañez Morales quien alertó del cobro por derecho de piso en dicha demarcación y exhortó a la fiscal Ernestina Godoy y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a implementar acciones para disminuir dicho delito.
“El problema de inseguridad solo se va a resolver si existe la voluntad de los tres órdenes de gobierno, definitivamente dejar la responsabilidad en manos únicamente de la alcaldía no generara los mejores resultados; lo anterior se robustece si tomamos en consideración la información filtrada por Guacamaya Leaks que, según la cual, en Cuauhtémoc existen polígonos de alto riesgo”— – dijo.
Señaló que durante recorridos comerciantes denuncian públicamente robos y extorsiones, delitos que afectan a la Ciudad de México y en algunas demarcaciones en específico.
Alcaldías con altos niveles de extorsión
Datos proporcionados por el legislador local indican que 102 de las 185 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía local, para la investigación del delito de extorsión entre enero y junio de este año, se centraron en cuatro alcaldías: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero, lo que representa el 55% de las denuncias en la ciudad en el primer semestre del 2022.
“No obstante, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, esta cifra aumentó para el mes de agosto para llegar a las 249 denuncias, superando la cantidad respectiva al mismo periodo en 2021″— – agregó.
Todo lo anterior, dijo, en marco de una reactivación económica que ha sido lenta posterior a la pandemia y que ha dejado ‘en estado de indefensión a varias personas que hacen del comercio su principal fuente de ingresos’.
La última encuesta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) evidenció que en esta entidad se registró una baja de las víctimas de extorsión; sin embargo, también se identificó que un menor número acudió ante las autoridades correspondientes a levantar una denuncia.
Según la Encuesta Trimestral de Seguridad en el Comercio de la Ciudad de México, correspondiente de abril a junio del año en curso, solo 27% de las víctimas de extorsión denunciaron el delito. La cifra bajó 4.5 puntos porcentuales de lo registrado en el primer trimestre.
Para identificar quiénes realizan en mayor medida este ilícito se tuvo como respuesta que en el 66% de los casos se trató de una persona sola, el 14.9% comentó haber sido víctima de extorsión por parte de alguna autoridad; mientras que el 12.8% identificó que el acto fue realizado por personas que dicen pertenecer a una banda, finalmente el 6.4% prefirió no responder.
De acuerdo con los datos recabados, el 75.3% de las extorsiones representó una pérdida en efectivo; el 19.8% manifestó que el móvil de las extorsiones fue en activos; el 3.7% manifestó que la pérdida fue en efectivo y mercancía, y el 1.2% se abstuvo de responder.
Colonia que concentran homicidios por extorsión
- Roma
- Condesa
- Atlampa
- Peralvillo
- Valle Gómez
- Santa María la Ribera
- San Rafael
- Obrera/Agencias-PUNTOporPUNTO
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