En lo que va de la presente administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de mil 700 policías y expolicías han sido asesinados en el país por integrantes del crimen organizado, según una investigación realizada por la asociación civil Causa en Común, siendo 2022 el año más mortífero para estos cuerpos de seguridad en cuestión de la violencia que viven a diario.
- De acuerdo con la organización civil en lo que va de este año han sido asesinados 366 uniformados por integrantes de la delincuencia organizada, en donde la mayoría de las agresiones y crímenes ocurren en emboscadas o balaceras.
- Los estados con más policías asesinados en este 2022 son: Zacatecas con 48, Guanajuato contabiliza 46, Michoacán tiene 24 bajas, mientras que Guerrero 24, y Veracruz 22. Por ejemplo, solo en Zacatecas en tan solo tres años, de 2019 a 2021, la cifra de policías asesinados se ha disparado 300%, más que cualquier otro estado del país.
- Además el análisis detalla que son justamente las corporaciones municipales en la República mexicana las que registran más bajas por decesos a manos del crimen organizado, le siguen los cuerpos de seguridad estatal y por últimos los federales.
“Matar a un policía es fácil, muy rara vez conlleva una investigación concluyente, y menos aún, consecuencias judiciales”, reveló la oenegé.
Senado va por sanciones más duras
Al respecto, el senador Damián Zepeda, aseguró que buscarán desde la Cámara de Senadores garantizar la seguridad de los policías de los tres niveles de gobierno, principalmente a los municipales que son el sector más vulnerable del territorio nacional y con los sueldos más bajos.
“Las policías en México están abandonadas. Increíble que no todos no todos tienen completas sus prestaciones de ley: ahorro, salud, vivienda… Basta, necesitamos que se acabe la violencia, tenemos que empezar por dignificar el trabajo de quienes arriesgan su vida para proteger a ls mexicanos”, sostuvo el senador.
Precariedad laboral
El informe advierte además sobre la precariedad laboral de los policías en todos los niveles, mismos que llegan a trabajar por turnos de 24 horas o más, tienen bajos salarios, pocas o nulas prestaciones, tratos denigrantes, violencia laboral y no cuentan con el equipo adecuado para cumplir con sus labores.
“No cuentan con equipamiento ni capacitación suficientes y, en algunos casos, deben soportar tratos denigrantes, discriminación, violencia al interior de sus corporaciones y, a esto se suma, la falta de respeto por parte de la ciudadanía”, cita la organización civil.
Para contrarrestar esta violencia y mejorar las condiciones de trabajo de los cuerpos policiacos en México, Causa en Común, aseguró que una de las soluciones para revertir el abandono de los elementos policiacos es la realización de un censo nacional de policías y definir el estado de fuerza que se requiere en cada entidad de acuerdo con la problemática delictiva.
Más de la mitad de los militares han muerto en emboscadas
Los elementos del 25 batallón del Ejército se internaron en el municipio de Miguel Alemán, una ciudad tamaulipeca que apenas alcanza los 25 mil habitantes, a orillas del Río Bravo.
Ahí tuvieron un fatídico enfrentamiento con integrantes del crimen organizado. De acuerdo con reportes de los Guacamaya Leaks a los que tuvo acceso MILENIO, cruzados con datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 42 de los 76 militares que perdieron la vida en los últimos cuatro años fueron emboscados por mafias delictivas. Esto quiere decir que al menos 55 por ciento de los miembros del Ejército han sido asesinados con armas de fuego y en ataques directos.
- Aquel 5 de octubre, recibieron una llamada en el cuartel. “Había gente armada”, les dijeron. Se prepararon con sus chalecos antibalas, sus cascos, su armamento. En total, 54 soldados de la tropa y dos oficiales abordaron seis vehículos y se dirigieron a un paraje de terracería y casas hechizas que conocían como el rancho Los Marroquín.
Como siempre, en estas historias hay varias versiones, pero la que aún se sostiene por parte de los pobladores y un reporte militar, es que ese día, integrantes del Cártel del Noroeste, una escisión del Cártel de Los Zetas, precisamente un grupo paramilitar integrado por ex soldados, ingresó a una de las rancherías de la zona.
Según versiones de medios locales, los criminales iban vestidos con uniforme militar y le pidieron a una familia de la zona que los alimentara y les dieran de beber; además les advirtieron que debían callarse mientras estuvieran ahí. Solo así les permitirían seguir con vida.
Pero no cumplieron su palabra: ese mismo día asesinaron a dos hombres que se encontraban en el lugar. Cuando llegaron los militares, los sicarios llevaban cinco horas en el rancho y mientras los cuerpos de aquellos pobladores yacían en el piso, una mujer y una niña de la misma familia eran violadas. Una y otra vez.
Cuando llegó el Ejército, se enfrentaron a tiros. Según un reporte enviado al propio secretario de la Defensa Nacional, los sicarios se escondieron entre la maleza. El cabo Ocampo F. fue herido en el pecho, a pesar de llevar un chaleco antibalas.
- El movimiento para intentar salvarle la vida fue rápido, demasiado. Aun así nada funcionó: primero lo trasladaron al Hospital General del poblado Los Guerra, para intentar estabilizarlo. A las 10 de la noche con 40 minutos lo subieron a un helicóptero UH-60 y lo llevaron al hospital regional de Monterrey. El cabo murió a las 12 de la noche del 6 de octubre de 2019. Los demás elementos no lograron capturar a los asesinos, quienes huyeron “con rumbo desconocido con sus armas”.
En el operativo donde falleció el soldado fueron rescatadas varias personas secuestradas. Así dieron parte: “Seis personas privadas de su libertad (cuatro personas del sexo femenino y dos menores de edad –un niño y una niña), sin identificar, al momento de ser liberadas, manifestaron que las estaban violando y dos personas privadas de su libertad fallecidas, al momento de ser secuestrados y trasladados al lugar de la agresión, fueron privados de la vida por los secuestradores”.
Una investigación de MILENIO permite reconstruir cómo han muerto los militares entre los años 2018 y 2022. Esto es posible gracias a las estadísticas oficiales de la Sedena, las cuales ofrecen una radiografía fría de los hechos, más no detalles. Sin embargo, reportes de los Guacamaya Leaks revelan bitácoras que enviaron al propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, donde relatan cómo sucedieron estos asesinatos.
Cuartel Militar 16/o R.C.M – Nuevo Laredo, Tamaulipas (14:10, 14 de Noviembre de 2019). El reporte contenido en los correos hackeados por el colectivo Guacamaya revela: “En la Col. Nueva Ciudad Deportiva, Mpio. de Nuevo Laredo, Tamps., la B.O. ‘Móvil 3’ (1 Of., 31 Tpa. y 5 Vehs.) al realizar reconocimientos terrestres, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por sujetos que se trasladaban a bordo de dos camionetas (únicos datos), al repeler la agresión resultó uno de tropa fallecido Sld. Cab. Celerino H. presenta impacto de arma de fuego en la sien izquierda por debajo del casco”.
- Según las cifras que actualiza la Sedena mes con mes, durante este sexenio han fallecido 76 militares en diversas labores contra la delincuencia organizada. Hay muertes que sucedieron por accidentes, como volcaduras y ahogamientos, pero la mayoría (42 casos) de los fallecimientos fueron a consecuencia de ataques directos, emboscadas
Al leer los informes que se enviaron vía correo electrónico a la Secretaría, puede saberse que los militares reportaron que fueron atacados por “varios” o “muchos” hombres armados. Hay casos donde señalaron la presencia de entre cinco y diez camionetas atacándolos. Los episodios son tan crueles como el que ocurrió el 31 de diciembre de 2018, unos días después del arranque de este sexenio.
En el poblado de Pejelagarto, Tabasco, un oficial y 27 elementos de la tropa fueron atacados por un grupo criminal. Los militares venían del funeral de otro de sus compañeros. Así lo reportaron: “Al proporcionar el servicio de honores fúnebres, al extinto Sld. Inf. Ernesto L, quien perteneció al 60/o. B.I. y falleció por enfermedad, durante el traslado del cuerpo al panteón de citado Mpio., fueron agredidos con disparos”.
Las bitácoras permiten conocer que el lugar más mortal para los militares es Tamaulipas. De estos casos, 14 ocurrieron en este estado norteño, donde las constantes pugnas entre integrantes de los cárteles del Noroeste y del Golfo han dejado un saldo rojo para los uniformados.
Once crímenes ocurrieron en Nuevo Laredo. Otras entidades han sido escenarios del asesinato de militares, como Michoacán y Jalisco, donde también mantienen una pugna constante con el grupo criminal más poderoso del país: El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
4T abandona a policías locales
Cuando México optó por sacar a los militares de los cuarteles para encargarles tareas de seguridad pública en 2006, empezó el abandono de las policías locales. Sin embargo, es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el deterioro de las corporaciones estatales y municipales se ha acentuado: recortes en presupuesto, precarización laboral y aumento en homicidios, son solo algunos de los efectos del olvido.
- Expertos en seguridad pública explican que una de las principales consecuencias de la militarización de la seguridad pública es el deterioro en el que se encuentran la mayor parte de las corporaciones locales, lo cual señalan es preocupante, porque son éstas la vía por la que se dará la pacificación del país.
“Las policías locales son la mejor vía para recuperar la paz en el país. Es cierto que la de situación de la delincuencia organizada ha rebasado institucionalmente a localidades, pero también es cierto que abandonar a las policías locales ha sido un caldo de cultivo para que la violencia se mantenga por mucho más tiempo”, afirma, Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.
- El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no inició con el presidente Felipe Calderón, pues desde los años 40 del siglo pasado ya tenían asignadas algunas tareas como la lucha contra las drogas, pero es a partir de 2006 cuando se incrementa el uso de militares en el combate a la inseguridad.
Uno de los argumentos para recurrir al Ejército fue la incapacidad de las policías locales para hacer frente al crimen organizado, pero una situación que era una excepción se convirtió en la regla, por lo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también optaron por recargar su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas.
Mientras se usaba a las militares y marinos en el combate a la violencia, se debía profesionalizar a las policías locales, pero eso no sucedió. En los últimos tres sexenios, las policías se mantuvieron en el olvido.
“Las policías municipales son muy pequeñas y les falta capacidad, están asfixiadas presupuestalmente porque todo el presupuesto se ha ido a corporaciones federales como el Ejército, la Gendarmería, la Guardia Nacional”, plantea Víctor Hernández, experto en seguridad pública y miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y de la Red Nacional de Inteligencia.
- De acuerdo con el reporte “Números de Erario” , realizado por la organización México Evalúa, es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se acentúa el olvido a las policías civiles, mientras presupuesto militar ganó terreno.
- En 2022, el presupuesto de las corporaciones militares es 2.6 veces más que el de las civiles. En 2014, las instituciones de carácter civil tenían más recursos.
- El presupuesto estatal y municipal se integra por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y hasta 2020 que fue eliminado, en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El objetivo de ese presupuesto es el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de delitos; sistema nacional de información para la seguridad pública, entre otras.
Sin embargo, esos rubros también fueron afectados en la actual administración. El FASP prácticamente se ha mantenido estancado, mientras que el Fortaseg fue eliminado, lo que afectó a los municipios, que es donde ocurren entre el 80 y 90% de los delitos de alto impacto.
“Se eliminó el Fortaseg en 2020 con el discurso de corrupción e ineficiencia de policías locales, pero no se complementó con nada, esa es la mayor problemática que vemos en este gobierno, se quedaron completamente en el abandono algunas policías, ahí se agravó la situación”, refiere Angélica Canjuta.
- Pero los recursos no son la única arista del olvido. Al haber menos recursos, la operación de los policías se precariza: no hay uniformes, no hay equipo, no hay capacitación, no hay academias, y a ello se le suma que se incrementa el riesgo de ser asesinado en la labor.
- De acuerdo con el informe “La situación de las policías en México 2018-2022”, realizado por Causa en Común, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de este año han sido asesinados 1,537 policías o ex policías, que representan un promedio de más de un uniformado cada 24 horas”.
La precarización de los policías ocurre en el contexto en que en los homicidios no ceden en el país. En la actual administración suman 129,888 feminicidios y muertes intencionales.
- La falta de recursos para las policías locales no solo es una responsabilidad de la federación, también lo es de los gobiernos municipales y estatales, pero de acuerdo con el reporte Gasto en seguridad pública de la organización México Evalúa, el financiamiento de las policías civiles no es sostenible para los gobiernos locales porque no están recaudando los suficientes recursos.
“El cobro de predial a nivel municipal es muy inefectivo. Con datos del Inegi, sabemos que el 90% de la recaudación del impuesto predial se obtiene en 5% de los municipios a nivel nacional; esto, a pesar de que 50% de los municipios cobra predial. Es solo una muestra de que faltan políticas públicas que se enfoquen en encontrar soluciones para superar el pecado original de emprender un país sin asegurar las principales fuentes de financiamiento de las policías”, refiere en su reporte.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en hacer crecer a la Guardia Nacional. En sus tres años de operación esa corporación, ya a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha recibido más de 121,149 millones de pesos.
Para Víctor Hernández, la falta de presupuesto a las policías locales ha derivado en un círculo vicioso.
“Hay un círculo vicioso, se dice las policías municipales no funcionan. Como le quitamos dinero a la policía municipal para mandar a las policía federal que hoy es la Guardia Nacional, las policías locales no funcionan; entonces, se opta por perpetuar la militarización”, refiere.
- El decreto que dio origen a la Guardia Nacional establecía que los gobernadores tenían que entregar un diagnóstico para el fortalecimiento de sus cuerpos policiales en un plazo máximo de 180 días, sin embargo, no todos cumplieron. Hasta 2020, 30 entidades entregaron su diagnóstico (excepto Baja California Sur y Zacatecas) y 27 cumplieron con presentar su programa de fortalecimiento (excepto Baja California, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas).
La aprobación para prolongar de cinco a nueve años el uso de las Fuerzas Armadas en México en el Congreso de la Unión revivió un tema reclamado: la profesionalización de policías. A la par de mantener por cuatro años más a militares y marinos en tareas de seguridad pública, se aprobó que a partir del próximo año haya un fondo permanente para fortalecer los cuerpos policíacos de estados y municipios.
- Los expertos consideran que si bien la creación del fondo es una buena noticia, México está atrasado en el fortalecimiento de sus policías locales, las cuales son clave en la pacificación de un país que tiene en promedio, 85 homicidios dolosos por día y una tasa de muertes violentas de 28 por cada 100,000 habitantes.
Angélica Canjura señala que un elemento que se debe considerar en este fondo es cuidar que los estados “no hagan trampa” con las cifras de inseguridad.
“Este fondo se solicitó que fuera permanente, con recursos suficientes y específicos para el apoyo para entidades y municipios y que tenga un incremento igual en porcentaje al que reciban las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Hay un 25% que sería repartido entre las entidades que obtengan los mejores resultados en materia de seguridad, suena muy bien, sin embargo hay algunos problemas”, comentó.
De acuerdo con la experta, para que una entidad pueda obtener parte del 25% de la bolsa, deberá tener buenos números en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pero éste no funciona como debiera.
“Hemos detectado situaciones irregulares en donde tenemos estados que no está reportando ningún delito como Durango que no ha reportado secuestros, Colima donde no existe el robo con violencia ni a transeúntes ni de vehículo. Entonces, ¿cómo hacer este análisis de quienes obtienen los mejores resultados si se basarán en estos datos que no están reflejando la realidad y cuando se ha demostrado que tienen manipulaciones?”, cuestiona la experta./Agencias-PUNTOporPUNTO
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