El presunto daño patrimonial a Segalmex, Liconsa y Diconsa; el supuesto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el desfalco al Estado por un funcionario de la Presidencia son algunas de las 731 denuncias presentadas por dependencias federales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en los primeros tres años de la actual administración.
La inmensa mayoría de ellas permanece en forma de carpeta de investigación. Sólo 25 se han judicializado y únicamente un caso, hasta ahora, ha culminado en una sentencia condenatoria, según la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República (FGR), a la que está adscrita la FEMCC. El veredicto, sin embargo, se desconoce. La información no es pública.
- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del 22 de octubre de 2021 que el gobierno federal ha presentado de 200 a 300 denuncias por corrupción en la FEMCC, pero la cifra oficial real de acusaciones duplica o triplica esos números.
- Se solicitaron a la FEMCC –creada en marzo de 2019 y encargada de investigar y, en su caso, judicializar los delitos de corrupción– copias de las denuncias por delitos de corrupción levantadas únicamente por dependencias federales contra funcionarios de las administraciones presente y pasada.
- En un principio la FGR argumentó que la información tenía carácter de reservada. Tras impugnar la respuesta ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, éste ordenó entregar la documentación solicitada.
- De las 731 denuncias –hasta noviembre de 2021– la única que culminó en sentencia condenatoria fue presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en mayo de 2019 contra un funcionario de la Presidencia que desfalcó al Estado en sólo cuatro meses por 355 mil pesos.
Los delitos de corrupción cometidos por funcionarios federales en su gobierno, dijo López Obrador, “se combaten y se presentan denuncias ante la fiscalía. No se protege a nadie”. Afirmó que existían órdenes de aprehensión contra actuales funcionarios y se comprometió a revelar detalles de los delitos, sanciones y acusados. No ocurrió, aunque el combate a la corrupción prevalece en su discurso.
- Que 25 denuncias se han judicializado, significa que solo en 3.41% de los casos federales el Ministerio Público consideró que contaba con elementos suficientes para probar ante el Poder Judicial que ocurrieron los hechos denunciados y para determinar quiénes fueron los responsables. La FEMCC detalló que no existían sentencias en ninguno de los procesos penales.
- Argumentó que se encontraba jurídicamente imposibilitada para entregar los documentos de esas carpetas porque, concluida la investigación inicial y al poner al imputado a disposición del juez de control, la FGR deja de manejar la investigación.
- La FEMCC forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece la política nacional de combate a la corrupción de todos los niveles de gobierno, y en el que participan también, entre otros, la SFP y la Auditoría Superior de la Federación.
Pueden denunciar dependencias de los gobiernos, pero también particulares. Tras las declaraciones de López Obrador en octubre de 2021, el reportero solicitó las denuncias efectuadas a nivel federal. La FEMCC entregó información estadística sobre la cantidad de carpetas de investigación que continúan en trámite en la FGR, la dependencia denunciante, el año de inicio de la carpeta y la presunta conducta delictiva reportada.
- El Ministerio Público aún reúne pruebas para determinar si los hechos denunciados ocurrieron y quiénes los cometieron. No se han efectuado acusaciones ante el Poder Judicial, no hay personas contra quienes se siga un juicio y menos señaladas como culpables de los hechos investigados, recalcó la fiscalía especializada.
Segalmex acumula 40 denuncias
A casi cuatro años de la creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que nació con el objetivo de garantizar que la población más vulnerable tuviera acceso a la alimentación, 9 mil 500 millones de pesos han desaparecido sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Esta situación ha provocado que diversas instituciones hayan elaborado 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, realizado 84 actos de fiscalización y presentado 40 denuncias penales, procesos de los que solo se han conseguido dos vinculaciones a proceso contra un solo exfuncionario y ninguna sentencia.
- Lo anterior, a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador y su administración sobre que no habrá impunidad en este caso. Hoy, siguen sin explicación ni castigo gastos no comprobados, inventarios fantasma, sobrecostos y otras irregularidades.
- Por decreto presidencial, el 18 de enero de 2019 se creó Segalmex, que agrupó a las empresas públicas Diconsa y Liconsa para apoyar en las tareas de compra y distribución de productos como granos, alimentos no perecederos y leche.
- Desde su creación, quedó al frente de esta institución Ignacio Ovalle, quien durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue director de la Conasupo.
- Un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al entregar los resultados de la Cuenta Pública 2019, indicó que Segalmex rebasó el presupuesto aprobado para el programa de precios de garantía para productos básicos y no acreditó el destino de 3 mil 027 millones de pesos, lo que significó un probable daño al erario.
- Además, documentó que el organismo ejerció mil 148 millones en gastos de operación o actividades administrativas, lo que significó 14.2% del presupuesto ejercido, cuando el límite máximo de este tipo de gastos es de 5%.
Esto, “sin que la Secretaría de Agricultura (Sader), como coordinadora del sector, y Segalmex, como operadora del programa, tomaran las medidas pertinentes para racionalizar el gasto”.
- Al año siguiente, en la Cuenta Pública 2020, la ASF nuevamente detectó presunta corrupción por 8 mil 638 millones en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que tuvieron irregularidades en contrataciones y comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas.
- Esta vez, el informe general señaló que en Segalmex se detectaron las mayores anomalías por 5 mil 640.6 millones, principalmente en los rubros de inventarios, ingresos, pagos por bienes y servicios, así como su registro contable y presupuestal, mientras que en Diconsa las observaciones fueron por mil 413.4 millones y en Liconsa por mil 583.2 millones.
Entre las irregularidades se detectó, además, la pérdida de bienes y recursos, como maíz y frijol, productos de la canasta básica cuya entrada a almacenes no se acreditó y salidas de efectivo.
Precisamente fue en esa segunda revisión que la ASF señaló por primera vez a René Gavira, entonces director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, como responsable de efectuar entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos de esas instituciones por 950 millones de pesos, además de “extraviar” los rendimientos de este movimiento por 10.6 millones.
- Según la ASF, esta irregularidad inició desde la firma de un primer Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal.
- El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago número CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presunto lavado de dinero.
- Pese a que las indagatorias recién comenzaban, el 30 de junio de 2020 Gavira, subalterno de Ovalle, renunció al organismo, lo que ocasionó que su sucesor, Jesús Óscar Navarro Gárate, fuera el encargado de las gestiones que se siguieron en el caso.
Este funcionario declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, avisó a la Unidad Jurídica y contactó a CI Casa de Bolsa para tramitar la recuperación de los 950 millones de pesos.
Pese a lo anterior, fue hasta marzo de 2021 que Ovalle giró instrucciones para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos. Un mes después, el 16 de abril, ordenó que se presentara una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Si bien se logró recuperar la totalidad de estos recursos a inicios de 2022, los informes de la ASF no dieron cuenta de que se hayan recibido en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones en rendimientos “extraviados”.
- El 26 de enero de 2022, la Sader finalmente ordenó “separar de su cargo a varios servidores públicos, así como solicitar la intervención jurídica y administrativa en estas instancias”.
- Entre los funcionarios separados estuvieron Bernardo Fernández Sánchez, quien se desempeñaba como director de operaciones de Segalmex; Manuel Lozano Jiménez, quien fungía como apoderado legal y director de comercialización de Liconsa y Diconsa, y Carlos Antonio Dávila Amerena, director de asuntos jurídicos.
En paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa sobre los recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, “detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”.
Los hallazgos de la última revisión se publicaron en febrero de 2022, un mes después de que el gobierno diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la FGR por posibles irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios.
El 14 de marzo pasado, este medio dio a conocer que la FGR investigaba más de 20 denuncias sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Desde entonces se anunciaba que el caso más avanzado era por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales por 950 millones autorizadas por Gavira.
La versión que planteó la Fiscalía Anticorrupción era que, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias serían transferidas al propio Gavira, mientras que las pérdidas serían absorbidas por las empresas bajo su cargo, aunque las indagatorias apuntaron a que había más cómplices.
Durante la investigación de la ASF, y una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el exdirector de Segalmex, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, acusación que realizó sin presentar pruebas.
- No obstante, a través de solicitudes de transparencia, Animal Político obtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a Gavira que realizara las inversiones bursátiles supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría su objetivo.
- Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, según consta en las actas del Consejo y la Asamblea de Accionistas de ambas instituciones.
En audiencia ante el Ministerio Público el 1 de abril pasado, Ovalle declaró no recordar haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos para la compra ilegal de certificados bursátiles, aunque incurrió en varias contradicciones e incluso dijo que pudo haber firmado sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, pues a diario recibía documentos ya revisados para su firma.
Este caso se derivó de una denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa presentada desde el 16 de abril de 2021, así como de otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y consiguió pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública.
- La fiscalía también comenzó con la investigación de una veintena de denuncias presentadas por la ASF y Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de Liconsa, que fueron pagados a empresas que no entregaron los bienes contratados.
- Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2020 ya investigaba a Gavira y su círculo cercano, luego de detectar que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La corrupción sigue imperando en la 4T
“No somos iguales” ha repetido en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando quiere distanciarse de los sexenios anteriores.
- El mandatario hizo del combate a la corrupción una promesa de campaña, que según él ya cumplió. En sus conferencias matutinas ha sacado varias veces un pañuelo blanco, al tiempo que asegura que “se acabó la corrupción arriba, ya el gobierno no está dedicado a robar como era antes”.
Sin embargo, el cambio de gobierno -de Enrique Peña Nieto a López Obrador- no implicó ni menos víctimas ni menos actos de corrupción en las instituciones del país.
- La corrupción sigue siendo uno de los problemas más sentidos por los mexicanos: el 86.3% de la población considera que estos actos son frecuentes en las instituciones de gobierno, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- En 2017, el último año completo del gobierno de Peña, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
- En 2021, a la mitad del gobierno de AMLO, la tasa de incidencia fue de 14 mil 701 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. En cuanto a casos, en 2017 había una tasa de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras en 2021 la tasa alcanzó los 25 mil 995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Es decir que con López Obrador prácticamente se mantienen los niveles de corrupción del sexenio de Peña.
Las condiciones para cometer un acto de corrupción siguen siendo las mismas en el pasado y en el presente, explica el doctor Fernando Nieto, investigador del Colmex y especialista en administración y función pública, corrupción, burocracia y transparencia en el gobierno.
“Sigue siendo muy fácil, por ejemplo, crear en México una empresa fantasma; sigue siendo relativamente fácil coludirse para obtener una licitación pública; seguimos sin tener servicios civiles profesionales, que garanticen que aquellos que llegan a los puestos públicos son personas competentes y no solamente leales a un grupo político”, expone en entrevista.
En ese sentido, “parece que la política de la actual administración se ha centrado en la cuestión simbólica y discursiva“.
“Las políticas públicas que se han venido desarrollando, las pocas que hay, han sido inefectivas… No estamos reduciendo ni la percepción de que México es un país donde la corrupción sucede frecuente o muy frecuentemente y tampoco estamos reduciendo las oportunidades digamos cotidianas para que la corrupción suceda”, señala el coordinador del Diplomado sobre Análisis y control de la corrupción del Colmex.
- El doctor Nieto aclara que “la corrupción no es solamente una cuestión del ámbito gubernamental estrictamente, la corrupción es un problema social, en el sentido de que está extendido a otras esferas, por ejemplo las empresas privadas”.
En una revisión que se hizo de las dependencias y sus titulares, se pueden encontrar prácticas de posible corrupción tanto en el sexenio anterior como en este./Agencias-PUNTOrporPUNTO
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