La Reforma CONSTITUCIONAL que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo “supondría una carga adicional” de más de 8 mil millones de pesos, sino, sobre todo, “la captura” y “subordinación de las autoridades electorales al gobierno en turno”, concluyó un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
- De acuerdo con el análisis, la propuesta de elegir a consejeros y magistrados electorales cada seis años mediante el voto directo de la ciudadanía es contradictoria con la premisa de la austeridad que impulsa la propia iniciativa, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional.
- Ello supone –refiere el documento titulado Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro– un proceso electoral federal adicional, al cual habría que destinar recursos económicos, prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de fiscalización, entre otras muchas actividades.
Se precisa que la realización de las elecciones en nuestro país se lleva a cabo observando ciertas condiciones y cumpliendo obligaciones específicas señaladas por la ley, la cual estipula, entre otras cosas, el número de casillas a instalar, la cantidad de boletas a imprimir, la capacitación de funcionarios, sólo por nombrar algunas.
“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondría una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, se refiere.
- El estudio pone énfasis en que la iniciativa, enviada al Congreso por el Ejecutivo el 26 de abril de este año, conlleva un “mayor riesgo”, que es “la captura” de las autoridades electorales por parte del gobierno en turno.
“Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”, se advierte.
- Así, en el estudio se subraya que la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades.
Por lo tanto, se concluye que, de avanzar esta propuesta, se abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, “poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”.
El costo de blindar al INE
Una clara mayoría (57%) de quienes hoy tienen una credencial de elector acudieron o acudirán a las urnas sin enfrentarse a las trampas que imperaron en los comicios en México durante décadas, como el Ratón loco, urnas embarazadas, la Operación tamal, el voto de ciudadanos muertos o el robo de urnas.
- De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), hay 94 millones 776 mil 387 personas con credencial para votar. De este total, más de 54 millones de mexicanos han participado en votaciones en las que ya existía una autoridad electoral independiente y una serie de candados para evitar los fraudes.
Desde el fin de la Revolución y hasta 1994 las elecciones eran organizadas por el gobierno. El secretario de Gobernación era el titular de la comisión encargada de organizar las votaciones. El padrón lo elaboraba la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Electores y en las credenciales aparecía la firma de un funcionario de Gobernación, quien era militante del PRI.
Ahora, la propuesta de reforma electoral elaborada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado que es necesario reducir el costo del sistema electoral (el INE recibió un presupuesto de 13 mil 914 millones de pesos en 2022).
- Hay una razón para explicar el costo del sistema electoral de nuestro país, indica José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e integrante del Sistema Nacional de investigadores (SNI), y esta es la desconfianza hacia los procesos de elección de autoridades marcados histórica mente por el fraude.
- Las violaciones a la voluntad popular no iniciaron con el PRI, vienen desde siglo XIX y esto provocó una cultura de la desconfianza. Ya con el PRI afianzado en el poder hubo fraudes como el cometido a José Vasconcelos en el año de 1929, o el de Juan Andreu Almazán en 1940.
En 1988, cuando la votación mostraba una clara ventaja para la alianza encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, la administración de Miguel de la Madrid decidió cortar la información (la famosa caída del sistema).
El fantasma del fraude creció tanto que hizo necesaria una reforma para, gradualmente, quitar al gobierno el control y la organización de las elecciones.
“Sí hubo que invertir mucho dinero en una maquinaria tan grande en el IFE, con mucha gen te e institutos estatales para garantizar que hubiera procesos más limpios y equitativos”, relata José Antonio Crespo.
“El padrón se le quitó a Gobernación, la credencial ya vino con fotografía, con claves para evitar su falsificación, con sellos de agua. Ya hubo mamparas priva das, que no había, tinta que no se borrara. Fue necesario invertir dinero para que las elecciones ganaran credibilidad. Por eso el costo del INE se fue elevando”, añade el académico.
- Gonzalo Altamirano, quien milita en el PAN desde hace más de 50 años, vivió los tiempos de una oposición testimonial que iba a las elecciones en completa desventaja, sin recursos públicos, contra todo el aparato del gobierno volcado en favor de un contendiente y con un árbitro que debajo traía la camiseta del partido gobernante.
“No había un árbitro imparcial, el árbitro era el gobierno que representaba al partido oficial. Los partidos y ciudadanos se encontraban indefensos ante una situación de esta naturaleza”.
Los presidentes de casilla, agrega, expulsaban a los representantes de oposición. “Era tal el cinismo que vaciaban toda la lista de electores y había casillas con 100% de participación, toda a favor del partido oficial”, narra.
- Los controles con que se cuenta hoy día (boletas foliadas y con elementos de seguridad para hacerlas infalsificables, credencial para votar con fotografía, que además es un documento de identificación, padrón de electores) han reducido los márgenes del fraude, comenta a su vez José Antonio Crespo.
- En tanto, José Woldenberg, expresidente del IFE que organizó la primera elección en la que un opositor triunfó en 70 años, la de 2000, es contundente en torno a las ventajas que existen ahora.
“Este INE es mejor en todo [respecto a lo que había antes], desde el padrón, hasta el cómputo de votos; desde la organización electoral, hasta la forma en que conocemos los resultados. Hoy tenemos un padrón que nadie cuestiona. Se han erradicado los fantasmas y rasurados”.
El costo de la democracia, coinciden los especialistas y protagonistas de elecciones, es alto, pero es más caro no tenerla.
Aprueban recorte al INE por casi 5.000 mdp
La Cámara de Diputados de México aprobó en la noche del viernes por 270 votos a favor, 219 en contra, y una abstención el presupuesto para 2023. Habrá un aumento real del gasto público del 12% respecto al año anterior para llegar a los 8,3 billones de pesos.
- En el penúltimo año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la gran beneficiada de este incremento es la Secretaría del Bienestar, responsable de los programas sociales. Por el contrario, los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), encajarán un notable recorte.
Los legisladores han decidido, de hecho, modificar el proyecto presentado por López Obrador y hacer más grande aún la rebaja para los organismos y poderes autónomos hasta alcanzar los 6.437 millones de pesos.
- De ese total, 4.475 corresponden al INE. El organismo se ha convertido en un blanco de ataques del presidente, quien lo acusa de ser demasiado oneroso. De hecho, está en discusión una reforma constitucional en materia electoral que reduciría la estructura de la institución y que la oposición considera una amenaza a su imparcialidad.
La mayoría de los recursos perdidos por los organismos autónomos irán a la Secretaría del Bienestar. La dependencia es la encargada de algunos de los proyectos estrella de López Obrador, como el programa Sembrando Vida y las pensiones a los adultos mayores. Este aumento del gasto social, además de ser coherente con el discurso de “primero los pobres” del mandatario, asegurará la continuidad de los apoyos justo cuando el sexenio toca a su fin y la clase política se prepara para las elecciones de junio de 2024.
- El dictamen fue aprobado el martes en lo general por 273 votos a favor de Morena y sus aliados, y 222 en contra de la oposición —PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano—. Sin embargo, la discusión se prolongó hasta el viernes porque los partidos políticos presentaron 2.264 reservas. Después de 40 horas de debate, solo se aprobaron cuatro modificaciones menores.
Durante la discusión, diputados opositores criticaron el aumento del gasto y del endeudamiento, así como los recortes al INE. Según Margarita Zavala, del PAN, el presupuesto “muestra claramente que gastan mucho y gastan mal”. Mientras, los representantes de la mayoría defendieron el aumento de gasto social. “No les gusta que distribuyamos el dinero con la gente, con el pueblo”, le lanzó Reginaldo Sandoval, del PT, a la oposición.
El aumento del gasto público ha despertado temores sobre la forma cómo se va a financiar. Hace tres semanas, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos que debe sustentar el presupuesto. Se autorizó elevar el techo de la deuda al 49,4% del PIB y no se crearon nuevos impuestos —la apuesta es que la recaudación suba gracias a la mayor vigilancia fiscal—. Por otra parte, las proyecciones de crecimiento sobre las que se basa la Secretaría de Hacienda para estimar los ingresos son más optimistas que las de los organismos internacionales./PUNTOporPUNTO
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