En el contexto de la crisis económica, el cobro de derecho de piso por parte de organizaciones criminales a establecimientos comerciales, tiene un impacto todavía más significativo, pues estas actividades delictivas inhiben la inversión de las grandes compañías y prácticamente asfixian a las pequeñas y medianas empresas.
- En julio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó su informe de resultados del primer cuatrimestre de 2022, en el cual muestra que el ánimo de inversión bajó al 52 por ciento, 1.8 menos que el año anterior, en buena medida por la delincuencia. Con la extorsión y el cobro de piso entrando al top tres de los principales delitos contra empresarios.
- Con la pandemia de COVID-19, los grupos que cobran derecho de piso a pequeñas y medianas empresas aumentaron los costos de su “impuesto”
Si bien José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, detalló que la incertidumbre económica sigue siendo el principal inhibidor de la inversión, explicó que uno de cada dos socios de la Confederación fueron víctimas de algún delito. Destacando el incremento en reportes por cobro de derecho de piso y demás tipos de extorsión.
- Manuel Vélez, subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, comenta a Reporte Índigo que “lo lacerante de la extorsión es que mata la actividad empresarial”, pues es una actividad con características complejas que la vuelven más difícil de contener que a otros delitos como, por ejemplo, los asaltos.
“Es un delito que puede afectar el desempeño económico de varias formas. En primer lugar, puede afectar decisiones de inversión, al final de cuentas se convierte en, le podemos llamar, un impuesto que te va minando todo lo que podrías estar invirtiendo. Puede también afectar decisiones internas de la empresa”.
También considera que “resulta un tanto ingenuo pensar que las policías van a resolver el problema de la extorsión”, siendo que, precisamente, una de las características de este delito “es que tienen un componente de colusión con las autoridades”.
- Esto como ejemplo de las muchas formas en las que pueden desarrollar estos delitos, mencionando que hay “extorsiones predatorias, que nada más están buscando extraer rentas; extorsiones protectivas, en las que llegue otra persona o conjunto que diga ‘para evitar que te pase eso, yo te protejo, pero entonces págame”.
- Aunado a esto, Vélez plantea que no se puede esperar una política anti extorsión homogénea y se debe apostar por una de carácter diferenciado que contemple las características de las empresas por cada región, ya que esta clase de cobros afecta de una manera a las grandes empresas y de otra a las pequeñas.
Aunque las grandes firmas no están exentas de sufrir los efectos de estas extorsiones, son las pequeñas y medianas empresas las que están más expuestas, situación de suma gravedad al considerar que estas representan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y sobre el 80 por ciento del empleo formal, no obstante, tienen una esperanza de vida media menor a dos años.
- Desde octubre de 2021, la Alianza Nacional de Micro y Pequeños Comerciantes, denunció que estos negocios son afectados por una triple tributación, ya que a los impuestos comunes y legales, se suman los costos de las mordidas que piden funcionarios para otorgar permisos o autorizar trámites, además del cobro de derecho de piso y demás extorsiones.
Gerardo López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, comenta a Reporte Índigo que, dada la falta de confianza en las autoridades y el tiempo que se requiere para denunciar las extorsiones, un gran número de pequeños empresarios optan por cerrar y cambiar de ubicación como medida de protección.
“La acreditación lleva años, llega a representar el 80 por ciento de tus ventas. Un local pequeño trabaja, por lo menos, tres años para estar acreditado y poder estar en la mente del consumidor.
“Cuando llega el crimen organizado, o desorganizado, porque aquí ya no sabemos, la opción más viable es bajar las cortinas, cerrar y buscar otros lugares”.- Gerardo López, Presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio
- De acuerdo con estudios del Consejo, un comercio pequeño tiene que pagar cobros de entre tres y cinco mil pesos en promedio, aunque pueden llegar hasta los 10 mil según la información que los extorsionadores obtengan.
Además, “ya con una economía abierta después de la pandemia, se han incrementado los casos de delito”.
Destaca las afectaciones al sistema económico nacional en general, puesto que las cantidades de dinero que los criminales obtienen por las extorsiones “no solamente no fluye en las venas de la economía formal, tampoco se pagan impuestos. Es un recurso que termina generando un boquete importante al pago de impuestos”.
13 estados han denunciado ser extorsionados
Comerciantes y empresarios de 13 estados del país han denunciado ser extorsionados por organizaciones criminales, mismas que los contactan por llamada telefónica para cobrar derecho de piso, aseguran que no importa el giro del negocio, todos deben pagar un costo.
- José es dueño de un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, y hace más de ocho años recibió un mensaje a su celular: “Somos del CJNG y tenemos la indicación de ponernos de acuerdo contigo para que pagues piso”. Acto seguido, los delincuentes se presentaron al establecimiento. Después de tomarse unas cervezas, se fueron con la promesa de un asustado José, quien les pagaría entre cinco y diez mil pesos al mes. “Quisimos denunciar, pero vimos que quemaban los negocios y no nos arriesgamos”.
Al igual que José, comerciantes y empresarios de 13 estados acusan que son extorsionados por las organizaciones criminales: los pagos van desde los 50 pesos semanales hasta los 250 mil por mes. No importa que la víctima venda dulces o maneje un taxi, que tenga una tortillería o administre un restaurante, que trabaje en un taller mecánico o que sea el dueño de un hotel, que sea el propietario de un deshuesadero o de un bar.
El alarmante delito de la extorsión ha sido reconocido por la Confederación de Cámaras Industriales, la cual detectó a Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas como entidades donde la delincuencia controla incluso los precios y el abasto de los alimentos.
“En Coatzacoalcos controlan el alcohol y la droga”, dice José y cuenta que hace unas semanas llegaron a ofrecerle que dejara de pagar la cuota a cambio de que vendiera droga. “Pero me negué y me siguen cobrando”. Seis de sus conocidos, en cambio, aceptaron el nuevo giro comercial. Los propietarios del Club Barrillas no accedieron ni a una ni a otra y, horas antes de la inauguración, les fueron a balear el lugar.
- Lo mismo ha sucedido en Minatitlán y Nanchital, donde han atacado a hospitales, negocios de comida y talleres mecánicos. “Ahora se llaman Nuevo Veracruz, pero son los mismos del CJNG”, cuenta José. El alcalde Amado Cruz no niega exista el delito, pero tampoco ha recibido ninguna denuncia.
- Donde tampoco se cuentan con denuncias es en Baja California Sur, pese a que, en enero pasado, el obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba, denunció que la extorsión es el delito más común en los cinco municipios.
Odilia, dueña de una tienda abarrotera, fue amenazada por varios hombres que le ordenaron cerrar más temprano. “No es posible denunciar, va de por medio la familia, por eso nos callamos”, se queja.
Casos similares se reportan en Oaxaca, donde la fiscalía local cuenta con 74 denuncias por cobro de derecho de piso a empresarios, locatarios de mercados públicos y hasta propietarios de escuelas privadas. Los municipios más perjudicados son: Oaxaca de Juárez, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.
- En Chihuahua, la fiscalía ha iniciado poco más de 300 carpetas de investigación. Entre los negocios más afectados están los yonques o deshuesaderos de autos y el de la compra y venta de metales. “Diario recibimos llamadas de extorsión”, se queja Héctor Lozoya, dirigente de la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez. “Hay algunos que sí han depositado porque les gana el temor”.
Rogelio Ramos, presidente local de la Canaco, cuenta que los giros agrícolas, de fumigaciones y cibernético han estado recibiendo llamadas desde diferentes reclusorios del país.
El mismo fenómeno ocurre en Durango. Teófilo Chaidez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Social, dice que varios de sus afiliados reportan extorsiones telefónicas al menos una vez al día. “Pagan por miedo, porque no quieren arriesgarse a que las amenazas se hagan realidad”.
- En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se ejerce desde hace más de una década. A los vendedores de ropa usada de la colonia Emiliano Zapata, por ejemplo, les impusieron una cuota de 120 pesos diarios; a las fonditas y a taqueros, 100. “Pero si tienes mesas y sillas, sube la cantidad”, dice una comerciante, cuyo hijo tampoco se escapa de la extorsión. “Tengo dos taxis, pero pago cuota a tres grupos diferentes. Si no lo hago, me queman las unidades”.
En el Estado de México, la Asociación de Empresarios y Ciudadanos dio a conocer que al menos cuatro de sus agremiados han sido asesinados por no pagar la “renta”. Que Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Bravo son los municipios con más extorsiones. Y que el modus operandi de los delincuentes consiste en fotografiar a los empleados de los negocios para amenazarlos y/o golpearlos “para que el patrón entienda que no es broma”.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en Valle de Bravo, cuenta que la extorsión telefónica es la más recurrente, seguida de la presencial u “operación guante”, que no es otra cosa que presentarse a las empresas para “explicar los beneficios” de llegar a un acuerdo. “Los dueños de tiendas de abarrotes, carnicerías o tortillerías pagan entre 2 mil y 3 mil pesos al mes; los franeleros y boleros, 50 y 100 pesos a la semana”, dice Rivera. “A muchos comerciantes los obligan a vender cigarros sueltos de contrabando y a los taxistas a entregar droga a domicilio”.
- En Zamora, Michoacán, los comercios informales, especialmente aquellos dedicados a la venta de productos ilegales, son el blanco perfecto de las células delictivas. De acuerdo con comerciantes, en este municipio todo se puede hacer: rifas clandestinas, juegos de apuesta, venta de ropa de segunda mano, siempre y cuando se pague una tarifa.
- En Tamaulipas la extorsión era uno de los delitos de alto impacto que había logrado reducirse, pero en los últimos meses se ha triplicado. Los empresarios creen que ahora se trata de bandas foráneas, bien organizadas, que poseen información detallada de las actividades de las víctimas. “Eso facilita que tres de cada diez extorsionados, caigan”, dice Cristian Pérez, secretario técnico de la federación local de Cámaras de Comercio.“Aquí el delincuente llama al establecimiento y amenaza con hacerle daño a algún familiar o al mismo dueño. Usan nombres e información que recaban por redes sociales”.
Otros estados en focos rojos por el delito de la extorsión son Hidalgo (sobre todo a transportistas de la ruta México–Tizayuca), en Puebla (en mercados como La Unión, Morelos, La Acocota, Hidalgo e Independencia), y en todo el estado de Nuevo León.
Sector comercio exige respuesta firme al problema de inseguridad
El sector comercio, servicios y turismo de México exigió a los tres ordenes de Gobierno para que den respuesta firme y contundente al problema de inseguridad y bloqueos en las carreteras, que ha arrojado la pérdida de 35,000 empresas.
- Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) afirmó que los robos a negocios, al transporte, la extorsión y asaltos a las personas es uno de los principales problemas que frenan la recuperación de la economía mexicana, porque rompen con las cadenas de suministro que conllevan al desabasto.
- El dirigente refirió que el costo económico por la inseguridad fue 277.6 mil millones de pesos durante el 2020. Esto es 1.85% del PIB nacional, de acuerdo con la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al reunirse con la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González, coincidieron en que los delitos siguen en aumento; mientras que la informalidad se amplió a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
“Tenemos los problemas de inseguridad y por eso seguiremos insistiendo a las autoridades, sobre todo a nivel nacional, sobre todo por los bloqueos carreteros, por los ferrocarriles. Y Tan solo en el sector terciario, desde el 2020, en nuestras cámaras reportan el cierre de negocios, provocados por inseguridad, pandemia y cambios de giro de 35,000 de las 750,000 afiliadas de la Concanaco”, dijo el dirigente empresarial.
- Contrario al discurso gubernamental de que la inseguridad va a la baja, la presidenta del CCEM dijo: “no hay tendencia a la baja”.
- Detalló que en delitos patrimoniales, el Estado de México representa el 20% de lo reportado a nivel nacional, a robo a transporte de carga es el primer lugar y es el 54% de lo registrado a nivel nacional; el robo a negocios es 23% de lo nacional y la extorsión al 37%, por eso “exigimos la necesidad de la reestructuración de la procuración de justicia».
Las zonas más conflictivas, en el Oriente del Valle de México es Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán y la zona metropolitana del Valle de Toluca, Metepec, San Mateo, Lerma, aseguró.
Incrementa 13.6% extorsión contra comercios
De acuerdo con la última encuesta sobre seguridad en los comercios de la capital del país, efectuada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), durante el tercer semestre 2021 el delito de extorsión se incremento en 13.6 por ciento.
- Según los resultados del estudio, el 18.9 por ciento de los comerciantes entrevistados fue víctima de, al menos un ilícito, lo que muestra un incremento del 4.4 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2021.
Al comentar los resultados de este estudio, Nathan Poplawsky presidente del organismo empresarial, señaló que durante el trimestre en estudio, se obtuvo que el 9.2 por ciento de los empresarios entrevistados, dijo haber sido víctima de extorsión o cobro por derecho de piso, lo que significa una variación de 13.6 por ciento con respecto al trimestre anterior, lo cual resulta preocupante.
- Con respecto al análisis de extorsión o cobro por derecho de piso por demarcación, indicó que las tres alcaldías con mayor incidencia fueron: Venustiano Carranza, con un 15.9 por ciento, seguida por La Magdalena Contreras, con 13.3 por ciento y, en tercer lugar, con un 12.6 por ciento, se ubicó Iztapalapa.
Sobre el tipo de extorsionador apuntó que el 44.4 por ciento de los empresarios entrevistados señaló que los delincuentes dijeron pertenecer a una banda organizada; el 39.1 por ciento identificó que el acto fue realizado por una persona sola, mientras que el 9.0 por ciento comentó haber sido víctima de extorsión por parte de alguna autoridad. El 7.4 por ciento prefirió no responder.
Indicó que las 3 alcaldías que presentaron mayor incidencia delictiva fueron: Tláhuac, que registró una incidencia delictiva de 27.9 por ciento seguida por Cuauhtémoc con 27.6 por ciento y en tercer lugar se ubicó Iztapalapa con 21.8 por ciento
- Para el tercer trimestre de 2021, el giro con mayor incidencia delictiva fue, de nueva cuenta, el minisúper (tienda de conveniencia) con 60.9 por ciento; seguido por las joyerías, con 30.8 por ciento y en tercer lugar se ubicó el giro de electrónica (celulares y accesorios) con 29.6 por ciento, agregó.
- Sobre la percepción, Poplawsky agregó, que, para el tercer trimestre de 2021, el 60.7 por ciento de los entrevistados percibió que los niveles de inseguridad son regulares y/o malos, mientras que el 39.3 por ciento mencionó que la seguridad era buena
Para el presente estudio, explicó, se tomaron en cuenta los 25 giros comerciales que representan el 80 por ciento de los establecimientos mercantiles que operan en la Ciudad de México. La metodología tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, apuntó.
Cobran derecho de piso a gasolineras
La inseguridad es un tema que se ha quedado en el día a día del país; muchos sectores económicos han denunciado desde hace tiempo una serie de problemas, entre estos el cobro de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada y en el caso de las gasolineras, hay reportes de que les pueden llegar a pedir hasta 100,000 pesos al mes.
- En Michoacán, uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, es donde se llegan a ver casos de este alto cobro de piso; solo por una gasolinera, al año lo pagado suma 1.2 millones de pesos.
“Esto es una realidad”, indicó Alicia Zazueta, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).
Otras entidades con alta inseguridad para el sector gasolinero son Oaxaca, Baja California, Puebla, Tamaulipas y Guerrero.
- Zazueta apunta que el cobro de piso es algo que aqueja a las gasolineras desde hace años, pero a esto se añaden otros delitos, por ejemplo, el robo de pipas.
“Hemos visto recientemente mucha delincuencia en el tema de la logística, cuando recorren muchos kilómetros les detienen la unidad la decomisan y bajan a la persona y se la llevan. Tenemos varios casos abiertos porque las carreteras están muy inseguras y siempre los combustibles están en el ojo del huracán de la gente”, señaló.
También la delincuencia ha entrado en estaciones de servicio que están cerradas por alguna autoridad o por remodelación o porque se adquirió y estaba sin utilizarse; en aglunos casos, el crimen organizado ha querido usar esas instalaciones para operarlas.
- Otra constante son los asaltos a los trabajadores que están despachando en las gasolineras: “todo esto es algo con lo que viven los empresarios que tiene que lidiar con la inseguridad en todos los niveles desde el cobro de piso, robo de pipas, asaltos frecuentes”.
- Además de la merma económica por los robos, extorsiones y cobros de piso, las gasolineras incurren en importantes costos para la seguridad.
“Una estación de servicio tiene que tener a un guardia armado, cámaras por todas partes, capacitación constante, apoyo o colaboración con autoridades locales que a veces les cuesta, entonces el costo de seguridad en este giro siempre es muy alto”, refirió.
- Zazueta comentó que los empresarios a veces tienen la necesidad de cerrar temporalmente sus gasolineras en lo que se tranquiliza la situación de alguna localidad, pues la misma delincuencia organizada lanza amenazas constantes, pero los propietarios tienen que seguir sosteniendo al trabajador para mantener el negocio y después reabrir.
“Sí tenemos conocimiento de varias (que han vivido esto)”, afirmó la directiva./Agencias-PUNTOporPUNTO
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