Para que México pueda cumplir con los compromisos que estableció en el Acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para contener el cambio climático, deberá invertir aproximadamente 137 mil millones de dólares.
- De acuerdo con las estimaciones más recientes que ha elaborado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en este sentido, si México logra inyectar esa bolsa de recursos de aquí a 2030, estaría logrando la eliminación de una cantidad de emisiones que resultaría inclusive superior a las que tiene establecidas en su compromiso internacional.
“Las medidas analizadas, en su conjunto, tienen un potencial de reducción de emisiones de 237 MtCO2e en 2030, el cual supera en aproximadamente 12 por ciento los compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático 2015-2030, estimados en 211 MtCO2e”, así lo señala el informe titulado Estimación de costos y beneficios asociados a la implementación de acciones de mitigación para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones comprometidos en el Acuerdo de París, del 2021.
Con una inversión de la magnitud que señala el instituto, México estaría en condiciones de intervenir sobre todos los sectores de la economía nacional, para implementar en ellos las acciones de mitigación que requiere el país, incluyendo los rubros de energía, transporte, manejo de residuos, residencial y comercial, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, silvicultura, industria, agricultura, ganadería y en petróleo y gas.
- Debido a que este monto de inversión puede irse aplicando de forma gradual hasta ser completado totalmente en el año 2030, el informe indica que no está fuera de las posibilidades del gasto público del Gobierno de México.
- La cantidad de recursos que cada año dirige el Gobierno federal en subsidios energéticos, bastaría para cumplir con el Acuerdo de París si los redireccionara hacia la mitigación de emisiones de GEI
“La OCDE (2013) estima que los subsidios para la electricidad, gasolina y diésel y gas L.P. para uso doméstico promedió por año más de 200 mil millones de pesos durante 2005-2009, equivalente a cerca de 10 mil millones de dólares de 2018. Es decir, el monto de recursos económicos asignado a subsidios podría alcanzar para financiar las medidas analizadas entre 2019 y 2030″.
- La transformación de la economía nacional para que reduzca su contribución actual al cambio climático, costará anualmente, en realidad, menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país
“La inversión necesaria a 2030 asociada a la implementación de las 35 medidas analizadas es de aproximadamente 137 mil millones de dólares. Por ejemplo, si este monto se distribuyera en 10 años, representaría un gasto de aproximadamente 0.8 por ciento anual del PIB de 2019”.
Beneficios económicos del combate al cambio climático
Con su investigación, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) descubrió que las medidas de mitigación de GEI que fueron analizadas no sólo le permitirían a México cumplir satisfactoriamente con el Acuerdo de París, sino que además le generarían cuantiosos beneficios económicos al país.
- Inclusive, el organismo asegura que la transformación de la economía nacional para volverla más amigable con el medio ambiente, terminaría produciendo una cantidad de beneficios económicos que superaría por mucho los costos de las acciones que deben implementarse con ese objetivo.
“El resultado contundente de nuestra investigación es que avanzar en la mitigación del cambio climático reporta beneficios importantes para México. Los costos asociados a la implementación de todas las medidas, suman 137.6 mil millones de dólares de 2018. Estos incluyen las respectivas inversiones acumuladas hasta el 2030, así como los costos de operación a lo largo de la vida útil de las mismas, pudiéndose extender estos últimos hasta el 2060.
“Por otro lado, los beneficios brutos calculados por la implementación de estas acciones alcanzan los 294 mil millones de dólares. (…) El llevar a cabo estas medidas de mitigación generará mayores ganancias que costos, puesto que los beneficios netos por la implementación de estas medidas alcanzarían cerca de 157 mil millones de dólares durante toda la vida útil de estas inversiones”.
El Acuerdo de París, se recuerda en el documento, estableció el objetivo internacional de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2°C, y hacer esfuerzos por limitarlo a 1.5°C y su implementación resulta obligatoria para todos los países participantes.
Sectores primordiales
Aunque México tendrá que realizar cambios significativos sobre todos sus sectores económicos para poder reducir sus emisiones de GEI y, de esta manera, satisfacer los compromisos que estableció ante el Acuerdo de París, hay dos que juegan un papel clave: transporte y electricidad.
- Ambos son grandes generadores de las emisiones que México está pretendiendo mitigar: el sector transporte aporta el 20.1 por ciento del total nacional de CO2e (dióxido de carbono equivalente); mientras que el de electricidad contribuye con el 23.3 por ciento.
- De hecho, la investigación del Instituto concluye que casi tres cuartas partes de toda la inversión que deberá inyectar México para concretar los objetivos del Acuerdo de París, serán absorbidas por ese par de sectores económicos:
“En conjunto, los sectores de transporte y electricidad contabilizan 72 por ciento de la inversión necesaria a 2030. (…) El 90 por ciento de la inversión en el sector eléctrico corresponde a la medida de integración de energías renovables en la matriz de generación eléctrica. (…) Por su parte en el sector transporte, cerca de la mitad de las inversiones corresponden a las medidas de la norma de eficiencia energética de vehículos ligeros y de electromovilidad”.
México puede presentar metas progresivas ante Cambio Climático
México debe redoblar esfuerzos en sus acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, comenzando por presentar una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) más ambiciosa en la próxima Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP 27), a celebrarse en noviembre en Egipto, señaló la organización Greenpeace.
“Lo anterior es apremiante frente al reto de limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1.5º C y, con ello, prevenir afectaciones irreparables al medio ambiente y a los seres humanos a nivel global”.
- La organización celebró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya realizado un esfuerzo para la recolección de propuestas de acciones climáticas en materia de adaptación y mitigación de diversos actores a nivel nacional, regional y local desde la academia, la sociedad civil organizada y el gobierno.
“Es momento de cristalizar los insumos en una política climática justa y, por lo tanto, ambiciosa. Estos contenidos pueden dar sustento a una NDC actualizada que se presente en la COP 27”.
- La NDC actualizada en 2020 está suspendida como parte de un proceso judicial; sin embargo, no existe un impedimento legal para que México elabore y presente una nueva NDC que incorpore un mayor nivel de ambición, así como la voz y acción climática de todas aquellas iniciativas que la enriquecen.
Tal como precisó el tribunal al otorgar la suspensión, México y los otros países que han asumido compromisos en el marco del Acuerdo de París están obligados a emitir NDC sucesivas que representen una progresión, aumentando el nivel de ambición y alentando la adopción de medidas de reducción de emisiones.
- Esta obligación no sólo deriva expresamente del artículo 4.3 del Acuerdo de París, sino también del derecho a un medio ambiente sano establecido en el artículo cuarto de la Constitución y del principio de progresividad en materia de derechos humanos que debe orientar la actuación de todas las autoridades.
- En ese sentido, la organización consideró que el Estado mexicano tiene la oportunidad de presentar en la próxima COP27, una NDC con compromisos de mitigación más ambiciosos, a fin de cumplir con lo que establecen tanto el Acuerdo de París como el Pacto de Glasgow.
- «Hacemos un llamado conjunto para que el Gobierno Federal lidere el esfuerzo para que la Contribución Nacionalmente Determinada que México presente en la COP 27 sea un compromiso que cierre la brecha entre lo que México emite y su justa contribución a la reducción global de emisiones”.
Sólo a través de una política climática robusta, encabezada por una NDC justa y progresiva, es que México podrá transformar la profunda inequidad e injusticia climática, que pone al 68 por ciento de su población en condición de vulnerabilidad, en particular a quienes se encuentran en situación de mayor pobreza, indicó Greenpeace.
México apuesta su futuro energético al petróleo
Impulsado por el objetivo histórico de López Obrador de retirar el control del sector energético a las empresas privadas a fin de que las estatales dominen el mercado, el gobierno está socavando los esfuerzos de expandir la energía renovable y apostando el futuro del país en los combustibles fósiles.
La política es clave para la ambición de López Obrador de revertir lo que considera una privatización corrupta de la industria, garantizar la soberanía energética de México y devolver al país a los días gloriosos en los que el petróleo creaba miles de empleos y ayudaba a impulsar la economía.
- Para este fin, las autoridades mexicanas están empleando el poderío de sus agencias regulatorias para mantener a las empresas de renovables fuera del mercado, bloqueando la operación de sus plantas eléctricas y más bien apuntalando las plantas de hidrocarburos que el Estado posee u opera, según entrevistas con más de una decena de exfuncionarios del gobierno, analistas y ejecutivos del sector energético.
- Como resultado, según los analistas, es casi seguro que México no logre cumplir su promesa al mundo de reducir su producción de carbono. El país posiblemente también haya puesto en riesgo miles de millones de dólares de inversiones en renovables y creado otra fuente de tensión con el gobierno de Joe Biden, que ha hecho del combate al cambio climático un pilar de su agenda de política exterior.
“La gente dice, ‘¿cómo va a cumplir sus compromisos con el cambio climático?’ Y yo siempre le digo a la gente, ‘bueno, a él no le importa’”, dijo Tony Payan, experto en México del Instituto Baker de Política Pública en la Universidad de Rice, refiriéndose a López Obrador. “Es un hombre de petróleo”.
La oficina de prensa de la presidencia, la Secretaría de Energía de México y la empresa estatal de electricidad no respondieron a los pedidos de comentario.
Pero López Obrador ha argumentado que si bien la transición a la energía renovable sucederá en algún momento, México simplemente no está listo.
“Ese avance tecnológico más temprano que tarde se convertirá en realidad”, dijo en la inauguración de la refinería. “Es claro que, para llegar a ello, todavía falta tiempo”.
- El gobierno no ha abandonado por completo las energías renovables. Planea gastar unos 1600 millones de dólares para construir una enorme planta solar en el norte de México, y también reequipar más de una decena de plantas hidroeléctricas propiedad del Estado.
- México genera alrededor del 70 por ciento de su energía de combustibles fósiles, mientras que las fuentes renovables y nucleares proveen el 20 por ciento restante, según cifras del gobierno.
- Los partidarios de López Obrador también argumentan que la estrategia gubernamental permitirá al Estado un mayor control sobre el sector energético y cualquier cambio hacia las renovables. La política es clave en un país en donde la supervisión pública del sector privado a menudo ha sido débil, según Fluvio Ruíz Alarcón, exconsejero en Pemex.
“Una vez que un sector tan importante en nuestro país como el energético quedara controlado por manos privadas, la regulación desde el Estado yo la veo muy muy difícil”, dijo Ruíz. Mantener el sector en manos del Estado, “te da la capacidad de manejar tus ritmos de transición energética”.
- Para México, la soberanía energética es muy especial. En la década de 1930, el presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de las petroleras extranjeras, incluidas estadounidenses, acusándolas de explotar a los trabajadores y nacionalizó la industria, un evento icónico que se celebra como una fecha cívica.
- Para López Obrador, que dice que Cárdenas es una inspiración, una de sus principales prioridades es recuperar para el Estado un casi monopolio de la energía.
- Una de sus primeras medidas fue instalar a sus partidarios en el directorio de una comisión regulatoria de energía encargada de supervisar el sector energético, convirtiendo así, según los analistas, a una agencia independiente en una herramienta para llevar a cabo la agenda presidencial.
“Ahí pierdes cualquier apariencia de autonomía o independencia”, dijo Jeremy M. Martin, vicepresidente de energía y sostenibilidad en el Instituto de las Américas, una institución de investigación en materia de política pública.
En junio, más de 50 proyectos eólicos y solares propuestos por empresas privadas y extranjeras estaban a la espera de permisos de la comisión; algunas de las solicitudes databan de 2019, la última vez que se aprobaron permisos nuevos para compañías privadas de energía, según registros del gobierno.
- En total, representan casi 7000 megavatios de energía renovable, suficientes para abastecer a una ciudad del tamaño de Los Ángeles.
- Según Francisco Salazar Diez de Sollano, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, se trata de una “guerra que ha habido contra las renovables”.
Antonio Perea, quien trabaja en desarrollo de negocios en Sungrow, una empresa china proveedora de equipo solar, dijo que tres proyectos en los que su empresa trabajaba se encontraban en pausa debido a que el gobierno no ha emitido los permisos.
“Llegamos a tener en México, como país, la energía más barata del mundo en tema solar y, desafortunadamente, con todos estos cambios nos quedamos en el camino”, dijo Perea sobre la agenda de energía del gobierno. “No es un tema energético, es un tema político”.
- López Obrador también se ha enfocado en dar marcha atrás a las amplias reformas económicas aprobadas por su antecesor, que abrieron los mercados energéticos a las empresas privadas, incluidas las extranjeras que trabajan con renovables, por primera vez en décadas.
- Y canceló una subasta pública en 2019 que ponía a la venta los derechos para la generación de energía eólica y solar, incluso cuando las subastas previas habían resultado en precios de energía renovable que se hallaban entre los más bajos del mundo.
El partido gobernante de López Obrador, Morena, también ha aprobado una propuesta de ley para reescribir las reglas que rigen el orden en que las plantas generadoras alimentan la energía a la red eléctrica mexicana, con lo que se revierten los cambios previos que exigían que la energía más barata, a menudo renovable, se despachara primero en lugar de darle la prioridad a las plantas estatales.
La nueva ley, que ha sido ampliamente criticada por el sector privado y los ambientalistas, fue ratificada por la Suprema Corte en abril, pero sigue entrampada en varias demandas.
- Las autoridades gubernamentales también han evitado que operen comercialmente al menos 14 plantas privadas eólicas y solares que ya se habían construido, según dos ejecutivos de la industria que pidieron el anonimato, pues temen las represalias del gobierno.
El gobierno, alegando las necesidades de fiabilidad del sistema de energía, también ha permitido que la plantas que queman carbón, gas y combustible propiedad del Estado alimenten a la red eléctrica nacional antes que las plantas privadas de energía renovable.
- Dicha práctica se llevó a cabo “sin justificación aparente”, según un informe emitido el año pasado por una firma con sede en Estados Unidos que México contrató para monitorear el sector energético del país. La Suprema Corte falló que la política era inconstitucional, pero en la práctica sobrevive, según ejecutivos de la industria.
Incluso al obstaculizar la energía renovable, el Estado planea invertir 6200 millones de dólares para construir 15 plantas a gas y diésel para 2024, según documentos del gobierno.
- La atención de las autoridades al sector energético ha tenido un gran impacto económico: la inversión extranjera directa en la industria pasó de 5000 millones de dólares en 2018, año en el que López Obrador asumió la presidencia, a menos de 600 millones el año pasado, según cifras del gobierno.
“México no está abierto a la inversión en energía”, dijo Payan. “Simplemente se cerró”.
Dado que empresas estadounidenses ya había hecho cuantiosas inversiones en el sector energético mexicano, los cambios en las políticas cada vez siembran más tensión en la relación con Washington.
- El mandatario mexicano ha dicho que su país estaría abierto a la inversión extranjera en proyectos renovables solo si la Secretaría de Energía estuviera a cargo de la planeación y la empresa eléctrica estatal tuviera una participación mayoritaria, lo que podría ser una violación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
- López Obrador ha insistido que México cumplirá su meta, establecida en el Acuerdo de París de 2015, de producir 35 por ciento de su energía con fuentes renovables para 2024, pero un informe presentado este año mostraba que el país lleva años de retraso en ese objetivo.
- Muchos ambientalistas y expertos en energía renovable dijeron que estaban concentrados en las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en dos años, con la esperanza de que un nuevo gobierno sea más amigable a la energía renovable.
“Quien sea que asuma el cargo en 2024 tendrá que lidiar con graves deficiencias en el sector energético”, dijo Martin. Pero, añadió, en lo que respecta al compromiso del Acuerdo de París, “ya se fue ese tren”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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