Los delitos cometidos por servidores públicos han registrado un aumento promedio de 9.6 por ciento en la mitad de las 32 entidades federativas, que a la par carecen de protocolos para indagar actos de corrupción.
Este aumento de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales contra funcionarios se observó al comparar la suma de enero a agosto de 2022 con el mismo periodo del año pasado, en el registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- La tendencia al alza se identificó en los estados de Baja California (9.6 por ciento), Baja California Sur (21.9), Campeche (ocho mil 800), Coahuila (11.6), Ciudad de México (3.7), Guerrero (27.1), Hidalgo (44.1), Nayarit (200), Nuevo León (4.3), Puebla (17.5), Quintana Roo (0.7), San Luis Potosí (2.9), Sinaloa (0.8), Tamaulipas (5.2), Yucatán (180) y Zacatecas (21.9 por ciento).
De éstas, el incremento más abrupto se observa en el estado de Campeche, pues dentro del periodo señalado en 2021 no documentó ninguna carpeta abierta, mientras que en este año ya suman 88.
- Estas mismas 16 entidades se encuentran inscritas en el listado de las 28 entidades donde las fiscalías no cuentan con un protocolo para indagar actos de corrupción, de acuerdo con el reporte Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Tojil.
Por el contrario, fiscalías de Querétaro y Sonora
Para el primer caso, el número de carpetas abiertas por delitos cometidos por funcionarios públicos se ha mantenido en cero en los dos periodos comparados, mientras que en Sonora, la cifra ha disminuido 41.5 por ciento.
Instituciones académicas, expertos y entes internacionales definen a esta práctica como el abuso de poder público para obtener beneficios privados o personales.
- Incluso la Interpol ha advertido que “la mundialización de la economía” ha hecho de la corrupción “un delito sin fronteras”, donde se “abona el terreno” para que se desarrollen actividades en relación con la delincuencia organizada, “ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.
- En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el mes pasado, la corrupción como uno de los problemas más importantes que aqueja a la población registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales entre 2021 y este año, al pasar de 22.1 a 22.5 por ciento.
En cuanto a la evaluación sobre la labor de las autoridades, la encuesta mostró que 74.9 por ciento de la población ve a los policías de tránsito como los más corruptos, seguido de los jueces, con 67.3 por ciento; policías preventivos municipales, 66.8 por ciento, así como ministerios públicos y fiscalías estatales, con 64.7 por ciento.
En el estudio presentado por Imco se advierte que la falta de protocolos puede afectar el desempeño de servidores durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos.
Entre otro resultados, se observa que de 29 mil 289 investigaciones que se iniciaron, 845 fueron judicializadas y únicamente 54 terminaron en sentencias condenatorias, las cuales fueron reportadas sólo en nueve fiscalías estatales.
Denuncias contra servidores públicos en ascenso
Las denuncias contra servidores públicos ascienden a 75 mil 591 durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cifra superior en 31.5% a lo registrado en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto —57 mil 475 denuncias.
- Del total de carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos de funcionarios en la gestión de AMLO, 63 mil 236 pertenecen al fuero común y 12 mil 355 al fuero federal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- En el cierre de la presidencia anterior la cifra se dividió en 46 mil 967 del ámbito local y 10 mil 508 del federal.
- Este aumento en el número de denuncias contra trabajadores del gobierno se debe al discurso anticorrupción de López Obrador, el cual estimula a acusar una falta cuando se observa, sin importar su no correlato en la realidad, explicó en entrevista Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
Por el contrario, agregó, con Peña Nieto la ciudadanía identificaba una atmósfera de corrupción desincentivadora de la denuncia de delitos, a pesar de la gran cantidad de estos, pues pensaban que nadie hacía caso.
“Ninguno de los dos presidentes actuó ni actuará, porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador es lógico pensar que su ruta de acción va a ser la misma de los primeros tres años, enérgicamente contra la corrupción. No atienden realmente las denuncias de los ciudadanos”, aseveró el investigador.
Al alza con constancia
Desde 2015, año en el que el SESNSP comenzó con la distinción de delitos cometidos por servidores públicos en el fuero común, se observa un incremento progresivo del registro, excepto por una ligera disminución en 2020 —periodo en el cual las actividades se redujeron tras la pandemia de Covid-19.
- En los primeros 12 meses de dicho listado se matricularon 16 mil 401 carpetas de investigación; para 2016 la cifra subió a 18 mil 46, y un año después se llegó a 18 mil 766. En 2018 se interpusieron 20 mil 663 denuncias contra funcionarios.
El aumento más significativo se dio en 2019: 26 mil 274 acusaciones. Luego, en el año del inicio de la pandemia, vino una pequeña disminución: 25 mil 714 imputaciones. Hasta el 30 de noviembre de 2021 se tienen 23 mil 603 carpetas de investigación por posibles infracciones de servidores públicos.
- Este notable crecimiento refleja un importante problema en términos de la responsabilidad de los trabajadores gubernamentales, indicó a Publimetro Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
- Y no es que se denuncie más, sino que hay más abusos, dijo, pues los recursos jurídicos para presentar acusaciones existen desde administraciones pasadas.
- “El dato no es de ninguna manera positivo. Yo diría que, en todo caso, hay más abuso por parte de los funcionarios. Y eso, evidentemente, crea un ambiente negativo en términos de lo que significa ser servidor público”, señaló el especialista en Seguridad.
Benítez Manaut, a su vez, consideró que el referido incremento demuestra la facilidad con la cual en México se roba, extorsiona o entrega contratos sin licitación, por ejemplo; hechos visibles ante la gente, pero impunes.
- “En primer lugar, es falta de voluntad política (el aumento de las denuncias contra funcionarios). Y, en segundo lugar, es parte de la operación del sistema político, de la administración pública. O sea, la operación cotidiana está acostumbrada a funcionar con irregularidades”, apuntó.
Imperan los delitos del ámbito local
Siempre son más las denuncias de delitos del fuero común —los que afectan directamente al individuo y corresponden a las fiscalías locales—, no obstante, no significa que haya más corrupción en las autoridades estatales o municipales, explicó a este medio Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM.
El fenómeno ocurre porque es más fácil enfrentarse a un procedimiento legal del ámbito local, por ejemplo, cometer una infracción de tránsito o una falta administrativa, abundó el abogado penalista.
- Durante el gobierno de AMLO, los tres estados con más denuncias contra funcionarios por delitos del fuero común son Ciudad de México (15 mil 891), Estado de México (10 mil 902) y Nuevo León (6 mil 752).
- La tendencia es la misma en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, sin embargo, con menor número de carpetas de investigación matriculadas: Ciudad de México con 11 mil 437, Estado de México con 8 mil 509 y Nuevo León con 5 mil 967.
“Siempre son más los delitos denunciados en el ámbito local que en el federal. Puede que haya más trámites o más servidores públicos en términos generales de los que hay en la federación, sobre todo cuando tenemos una administración que opta por una austeridad republicana, que se ha traducido en recorte de personal; entonces tenemos hasta menos funcionarios (federales) que antes”, subrayó Cossío Zazueta./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
reporte%20fiscal%C3%ADas%20anticorrupci%C3%B3n%202022https://www.dropbox.com/s/5793b2kc37snwn8/reporte%20fiscal%C3%ADas%20anticorrupci%C3%B3n%202022.pdf?dl=0
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
