Mientras que la presencia de militares en tareas de seguridad pública se ubica en el centro del debate, el rendimiento de 23 policías estatales provocó una clara disminución en la percepción de efectividad que brindaron a sus ciudadanos durante el último año, de acuerdo con cifras del Inegi.
Entre las entidades federativas que muestran una mayor caída se encuentran Colima y Baja California, dos demarcaciones que actualmente experimentan altos índices de violencia por la presencia de grupos criminales dedicados al trasiego de droga.
- En la primera demarcación solo el 57 por ciento de los habitantes considera que el cuerpo de policía estatal es algo muy efectivo al momento de realizar tareas de seguridad pública, mientras que un año atrás el porcentaje de aprobación era de 63.4 por ciento; es decir, registró una caída de 6.4 puntos porcentuales.
Los datos del Inegi manejan cifras de junio de 2021 al mismo mes del presente año, y en ese mismo lapso los homicidios dolosos en Colima crecieron poco más de 60 por ciento y se han registrado los periodos más violentos para la demarcación con 96 víctimas mortales en marzo y en mayo.
Actualmente, la policía estatal cuenta con cerca de 633 efectivos en las calles dedicados a tareas de patrullaje y prevención del delito en la entidad, una cifra casi cuatro veces menor al número de efectivos federales desplegados en esta demarcación.
- Una historia similar se presenta en Baja California, donde apenas el 44.5 por ciento de los habitantes cataloga como efectiva a la policía local, lo cual representa un retroceso de seis puntos porcentuales en comparación con la calificación obtenida en 2021.
- De hecho, los agentes de esta entidad son los terceros peor calificados sobre la eficiencia de su trabajo, solamente superados por la Ciudad de México (38.8 por ciento) y el Estado de México (42.1 por ciento), que enfrentan problemas mayoritariamente relacionados con los robos a transeúntes.
Durante el último año los homicidios dolosos en Baja California se han mantenido estables, pues en promedio se comenten 256 asesinatos mensuales; sin embargo, esa media se coloca como una de las más altas en los últimos 10 años en la entidad.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 del Inegi revela que hay 648 efectivos de la policía estatal, de los cuales, 526 están contratados para tareas de proximidad con la población y solo 110 están enfocados en tareas de investigación y el resto son policías de reacción.
- En Aguascalientes, un estado que presume de ser uno de los más tranquilos del país, la percepción de eficiencia de la policía estatal cayó 5.1 por ciento en el último año, al pasar de 70 por ciento en 2020 a sumar 64.9 por ciento de apoyos un año posterior.
Actualmente los pobladores de este estado han reportado que viven la violencia más de cerca, pues están rodeados por entidades conflictivas que registran los índices más altos de asesinatos como Jalisco y Zacatecas.
Otras entidades federativas donde los policías estatales redujeron sus niveles de eficiencia fueron Morelos (-4.5 por ciento), Querétaro (-4.5 por ciento), Estado de México (-4.2 por ciento), Tabasco (- 4.1 por ciento), Hidalgo, (-4.1 por ciento) y Coahuila (-3.4 por ciento). En el caso de otras 16 demarcaciones las reducciones oscilaron entre 2-9 y 0.1 por ciento.
Entre los siete estados donde las fuerzas estatales han incrementado sus niveles de confianza están entidades conflictivas como Michoacán y Guerrero; los demás estados son Veracruz, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala.
El martes pasado en el Senado se aprobó que las fuerzas militares operen tareas de seguridad pública hasta 2028; además, se acordó que a partir del próximo año se cree un fondo con recursos económicos para fortalecer policías estatales y municipales con el objetivo de incrementar su efectividad a la hora de combatir delitos de alto impacto.
Policías viven crisis en México
La organización Causa en Común dio a conocer que el excesivo poder que se ha dotado a la Guardia Nacional en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “destruyó” el presupuesto que se otorga de forma anual a las policías locales de todo el país, que ya viven una crisis por la falta de capacidad de reacción que tienen para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia en municipios y estados.
- A través de un informe, la oenegé reveló que el proceso en curso de militarización de este cuerpo civil que nació con la gestión de AMLO absorbió los recursos que se destinaban históricamente para las policías locales, que de acuerdo con estudios recientes, son las que más sufren para contar con los recursos necesarios para combatir la delincuencia y al crimen organizado.
“La obsesión militarista no sirve para atender problemas de inseguridad viola la Constitución, y que ahora está cambiando el sistema político al debilitar a las áreas civiles y darle responsabilidades excesivas a la Guardia Nacional”, sostuvo la ONG.
- Al respecto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, atizó que “la violencia e inseguridad del país se debe al abandono de las estructuras de seguridad y a la impunidad que caracteriza al sistema de impartición de justicia”. Ante el contexto de la militarización, señaló la necesidad de reforzar las policías locales y fortalecer las instituciones de seguridad.
De acuerdo con el análisis, 9 de cada 10 centros policiacos de este nivel tienen un déficit en los recursos que reciben por parte de la Federación en los últimos años, lo que los imposibilita para realizar un despliegue de fuerza adecuado en los municipios en donde se encuentran y que presentan un alto índice delictivo; en el peor de los casos, los elementos de seguridad de este tipo de corporaciones no cuentan ni con uniformes o chalecos antibalas en buen estado.
A pesar de que la violencia en el país continúa en niveles alarmantes –en promedio, 97 asesinatos diarios–, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF) y 2021 se planteó una reducción en los tres subsidios federales destinados a fortalecer las capacidades de seguridad pública y prevención de la violencia de los gobiernos locales.
En contraste, para este 2022 las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional obtuvieron el segundo presupuesto más grande de la administración pública al recibir una bolsa de recursos que ascendió a más de 204 mil 683 millones de pesos.
Militarización deja en el olvido a policías
Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común y coordinador del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, expresó que las implicaciones que tiene el ampliar el periodo en el que las fuerzas armadas sigan haciendo tarea de seguridad pública son negativas en diversos aspectos.
Principalmente porque han pasado más de 15 años con las Fuerzas Armadas en las calles y no ha habido resultados tangibles que justifiquen que sigan haciendo tareas de seguridad.
“Las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación para realizar tareas de seguridad pública, las tareas asignadas constitucionalmente al Ejército son de otra índole de seguridad nacional (…) cuando a ellos los ponen a hacer tareas de seguridad pública batallan porque no tiene la capacitación y al mismo tiempo también se arriesgan a cometer violaciones graves a los derechos humanos y a poner en riesgo su propia vida y la de la gente.
- Las Fuerzas Armadas, aquí y en todo el mundo, están entrenada para la guerra, para matar y tomar decisiones en el momento a partir de una orden superior, esas cuestiones son las que preocupan a las organizaciones”, expresó.
- El experto también consideró que al aprobar esta ampliación se sienta un antecedente muy negativo, ya que no se está respetando el texto constitucional, y lo más preocupante, dijo, es que se modifica la Constitución a través de criterios políticos.
Por su parte, Catalina Pérez Correa, profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), perteneciente a la división de estudios multidisciplinarios, sostuvo que han pasado más de 15 años con el Ejército haciendo tareas de seguridad pública, por lo que los malos resultados están a plena vista, y comprueban que no funciona la estrategia de militarizar la seguridad.
Asimismo, consideró que es preocupante que las recientes modificaciones a ley para dejar a las Fuerzas Armadas en las calles, además de violar los acuerdos que hubo anteriormente,“francamente es una trampa, es un engaño”.
Lo anterior ya que, dijo, existe el riesgo de que estas modificaciones se pueden presentar en el futuro y el deterioro en materia de seguridad continúe por la falta de capacidades de las policías.
Incluso, dijo, los fondos destinados para las policías locales desaparecieron. La Guardia Nacional nunca se construyó como un cuerpo civil, y lo que están haciendo es simplemente militarizar la seguridad./Agencias-PUNTOporPUNTO
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