La mayoría de las Fiscalías Anticorrupción en el país carecen de autonomía y los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción lo que ha generado gran impunidad en la investigación y castigo para esos delitos: De casi 20 mil denuncias registrados en 2022 solo alrededor de 50 de ellas obtuvieron una sentencia.
- De 19,289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, solo 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia, acusa el Reporte “Fiscalías Estatales Anticorrupción en México 2022” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
“La mayoría de las Fiscalías Anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción”, establece la investigación
El reporte analizó los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las Fiscalías Anticorrupción en el país donde acusa que al 2022, las Fiscalías Anticorrupción están sin recursos suficientes para realizar su encomienda e incluso hay algunos estados como Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción en operación.
- De hecho la Ciudad de México junto con Morelos, Nayarit y Oaxaca no reportaron presupuesto para sus respectivas Fiscalías Anticorrupción en 2021 y 2022.
- Los presupuestos se incrementaron solo en 11 estados. Entre 2019 y 2022 solo Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas incrementaron su presupuesto.
- En 2022 la suma del presupuesto reportado por 25 Fiscalías Anticorrupción asciende a tan solo 808 millones de pesos.
El reporte establece que al revisar el marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y resultados, se encontró que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción.
- Sin autonomía: Asimismo advierte que falta autonomía de las Fiscalías Anticorrupción en 11 estados. En Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas el nombramiento del titular de la Fiscalías Anticorrupción es realizado por el fiscal general, lo que implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad.
También hay ausencia de protocolos para investigar corrupción en 28 entidades.
Solo las Fiscalías de Sonora y Querétaro cuentan con protocolos para investigar casos de corrupción, y únicamente la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción.
- Estancamiento: El estudio también advierte un estancamiento en los dos últimos años en el número de ministerios públicos encargados de investigar y procesar los caso de corrupción.
Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas reportan tener el mismo número de Agentes del Ministerio Público desde el 2020.
En tanto que Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas disminuyeron el número de Ministerios Públicos de la FA desde el 2020.
De igual manera disminuyó el número de policías en las Fiscalías Anticorrupción en siete estados: Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora redujeron el número de policías desde el 2020.
El reporte establece que en este año se han abierto 1,340 investigaciones más por delitos de corrupción en las Fiscalías Anticorrupción que en 2020 donde se aperturaron 9,289 contra 17,949.
- Bajan policías: En el reporte del IMCO, también se señaló que se disminuyó el número de policías en las fiscalías, siendo las de San Luis Potosí, Guanajuato y Sonora las que no registraron ningún miembro.
Mientras que en el caso de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Colima registraron un total de dos, respectivamente.
Particularmente en el caso de Colima, la entidad sufrió una caída de 90.48 % en el número de efectivos, ya que para el 2020 se tenía registro de 21 elementos.
“Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción en operación”, indicó el estudio realizado por el IMCO.
Por otro lado, el Estado de México, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo y Querétaro son las entidades federativas que más policías tienen adscritos a las Fiscalías Anticorrupción.
Estefania Medina, también cofundadora de Tojil, agregó que únicamente nueve de las 20 fiscalías especializadas en materia de corrupción, obtuvieron al menos una pena condenatoria.
Delitos cometidos por servidores públicos aumenta
Los delitos cometidos por servidores públicos han registrado un aumento promedio de 9.6 por ciento en la mitad de las 32 entidades federativas, que a la par carecen de protocolos para indagar actos de corrupción.
Este aumento de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales contra funcionarios se observó al comparar la suma de enero a agosto de 2022 con el mismo periodo del año pasado, en el registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- La tendencia al alza se identificó en los estados de Baja California (9.6 por ciento), Baja California Sur (21.9), Campeche (ocho mil 800), Coahuila (11.6), Ciudad de México (3.7), Guerrero (27.1), Hidalgo (44.1), Nayarit (200), Nuevo León (4.3), Puebla (17.5), Quintana Roo (0.7), San Luis Potosí (2.9), Sinaloa (0.8), Tamaulipas (5.2), Yucatán (180) y Zacatecas (21.9 por ciento).
De éstas, el incremento más abrupto se observa en el estado de Campeche, pues dentro del periodo señalado en 2021 no documentó ninguna carpeta abierta, mientras que en este año ya suman 88.
Estas mismas 16 entidades se encuentran inscritas en el listado de las 28 entidades donde las fiscalías no cuentan con un protocolo para indagar actos de corrupción, de acuerdo con el reporte Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Tojil.
Para el primer caso, el número de carpetas abiertas por delitos cometidos por funcionarios públicos se ha mantenido en cero en los dos periodos comparados, mientras que en Sonora, la cifra ha disminuido 41.5 por ciento.
Instituciones académicas, expertos y entes internacionales definen a esta práctica como el abuso de poder público para obtener beneficios privados o personales.
- Incluso la Interpol ha advertido que “la mundialización de la economía” ha hecho de la corrupción “un delito sin fronteras”, donde se “abona el terreno” para que se desarrollen actividades en relación con la delincuencia organizada, “ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.
- En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el mes pasado, la corrupción como uno de los problemas más importantes que aqueja a la población registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales entre 2021 y este año, al pasar de 22.1 a 22.5 por ciento.
En cuanto a la evaluación sobre la labor de las autoridades, la encuesta mostró que 74.9 por ciento de la población ve a los policías de tránsito como los más corruptos, seguido de los jueces, con 67.3 por ciento; policías preventivos municipales, 66.8 por ciento, así como ministerios públicos y fiscalías estatales, con 64.7 por ciento.
En el estudio presentado por Imco se advierte que la falta de protocolos puede afectar el desempeño de servidores durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos.
Entre otro resultados, se observa que de 29 mil 289 investigaciones que se iniciaron, 845 fueron judicializadas y únicamente 54 terminaron en sentencias condenatorias, las cuales fueron reportadas sólo en nueve fiscalías estatales.
Denuncias contra servidores públicos asciende
Las denuncias contra servidores públicos ascienden a 75 mil 591 durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cifra superior en 31.5% a lo registrado en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto —57 mil 475 denuncias.
- Del total de carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos de funcionarios en la gestión de AMLO, 63 mil 236 pertenecen al fuero común y 12 mil 355 al fuero federal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- En el cierre de la presidencia anterior la cifra se dividió en 46 mil 967 del ámbito local y 10 mil 508 del federal.
- Este aumento en el número de denuncias contra trabajadores del gobierno se debe al discurso anticorrupción de López Obrador, el cual estimula a acusar una falta cuando se observa, sin importar su no correlato en la realidad, explicó en entrevista Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
Por el contrario, agregó, con Peña Nieto la ciudadanía identificaba una atmósfera de corrupción desincentivadora de la denuncia de delitos, a pesar de la gran cantidad de estos, pues pensaban que nadie hacía caso.
“Ninguno de los dos presidentes actuó ni actuará, porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador es lógico pensar que su ruta de acción va a ser la misma de los primeros tres años, enérgicamente contra la corrupción. No atienden realmente las denuncias de los ciudadanos”, aseveró el investigador.
- Desde 2015, año en el que el SESNSP comenzó con la distinción de delitos cometidos por servidores públicos en el fuero común, se observa un incremento progresivo del registro, excepto por una ligera disminución en 2020 —periodo en el cual las actividades se redujeron tras la pandemia de Covid-19.
- En los primeros 12 meses de dicho listado se matricularon 16 mil 401 carpetas de investigación; para 2016 la cifra subió a 18 mil 46, y un año después se llegó a 18 mil 766. En 2018 se interpusieron 20 mil 663 denuncias contra funcionarios.
El aumento más significativo se dio en 2019: 26 mil 274 acusaciones. Luego, en el año del inicio de la pandemia, vino una pequeña disminución: 25 mil 714 imputaciones. Hasta el 30 de noviembre de 2021 se tienen 23 mil 603 carpetas de investigación por posibles infracciones de servidores públicos.
- Este notable crecimiento refleja un importante problema en términos de la responsabilidad de los trabajadores gubernamentales, indicó a Publimetro Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Y no es que se denuncie más, sino que hay más abusos, dijo, pues los recursos jurídicos para presentar acusaciones existen desde administraciones pasadas.
“El dato no es de ninguna manera positivo. Yo diría que, en todo caso, hay más abuso por parte de los funcionarios. Y eso, evidentemente, crea un ambiente negativo en términos de lo que significa ser servidor público”, señaló el especialista en Seguridad.
- Benítez Manaut, a su vez, consideró que el referido incremento demuestra la facilidad con la cual en México se roba, extorsiona o entrega contratos sin licitación, por ejemplo; hechos visibles ante la gente, pero impunes.
“En primer lugar, es falta de voluntad política (el aumento de las denuncias contra funcionarios). Y, en segundo lugar, es parte de la operación del sistema político, de la administración pública. O sea, la operación cotidiana está acostumbrada a funcionar con irregularidades”, apuntó.
Los 100 municipios más sancionados
Existen mecanismos para sancionar a los funcionarios que han incurrido en actos indebidos, y que van desde el pago de algún monto económico, en función de la falta cometida, hasta la destitución del cargo.
De acuerdo con el ranking de Alcaldes México, presenta a los 100 municipios que han recibido más sanciones y los 100 que han recibido menos.
- El ranking se elaboró a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras al cierre de 2018.
De acuerdo con el Inegi, en promedio, por cada 100 procedimientos de responsabilidad administrativa, se aplicaron 53.3 sanciones. A nivel nacional se registraron 3 mil 462 sanciones administrativas (amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución; inhabilitación temporal; otras sanciones administrativas) y 521 sanciones económicas.
Las sanciones obedecen a faltas como negligencia administrativa, omisión en la presentación de la declaración patrimonial o de conflicto de interés, violación a leyes y normatividad presupuestaria, no colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sean parte, abuso de funciones y actuación bajo conflicto de interés, entre otras.
Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, son los municipios con más sanciones aplicadas: 442 y 164, respectivamente. Les siguen la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, con 147; San Luis Río Colorado, Sonora, con 129, e Iztapalapa, Ciudad de México, con 123.
En contraste, el municipio de Divisaderos, Sonora, no registra ninguna sanción en el periodo observado; 71 municipios solo recibieron una, y los 28 restantes que forman parte de este ranking, recibieron apenas dos sanciones.
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México cayó en la lucha contra la corrupción
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, México se ubicó en la posición 124 de 180 países y comparte calificación, 31 puntos de 100 posibles, con países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.
- La calificación de 31 sobre 100 que obtuvo México es la misma que logró en el año 2020, con la que sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- En el análisis de los resultados, Transparencia Mexicana, que representa a Transparencia Internacional en nuestro país, aseguró que aunque la lucha contra la corrupción ha sido el eje principal del actual gobierno federal y cuenta con un amplio apoyo social para avanzar, los casos de corrupción definidos como emblemáticos, tales como la Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, ex-presidentes, entre otros, no han sido aún sancionados en materia penal.
“Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente”.
“Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga”, expuso.
- Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.
- En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país. Entre las recomendaciones que Transparencia Internacional dictó para México están, principalmente, que la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas.
Además, los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional; el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes y las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos.
“Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción”.
Asimismo, uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos, por lo que es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”, consideró la organización.
“El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales”, puntualizó./PUNTOporPUNTO
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