La noche del pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un peculiar Grito de Independencia, en el que se fue en contra del clasismo, el racismo y de la corrupción. “Muera la corrupción”, gritó ante 140 mil personas congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México.
La modificación del tradicional grito de independencia no pasó desapercibida, sobre todo por opositores de su gobierno, tal es el caso del conductor de noticias de Latinus, Carlos Loret de Mola, quién aseguró que si se cumpliera lo dicho por López Obrador durante el grito —particularmente lo expresado por la corrupción— habría muchos muertos en el gabinete del presidente.
- Así, a últimas fechas el periodista Carlos Loret de Mola ha enlistado los nombres de funcionarios de la 4T que estarían ligados a presuntos casos de corrupción. El periodista comenzó con los señalamientos que existe en contra del hermano de lo AMLO, Pío López Obrador, quien actualmente es investigado por presuntos delitos electorales.
- También mencionó la Casa Gris (el involucramiendo de su hijo, Ramón López Beltrán), así como los señalamientos contra los dos posibles candidatos a la presidencia en 2024: Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón, quienes estarían involucrados en la caída del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
- La lista abarca no solo a políticos miembros del partido fundado por López Obrador, también hay señalamientos a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas del Bienestar. Además de casos de tráfico de influencias y contratos con empresas fantasma; sin embargo, no ahondo en muchos detalles sobre ellos.
A la par, en el texto, refiere a la presunta impunidad “a cambio de embajadas” y el supuesto perdón a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional. Estos como los puntos más polémicos que se han dado recientemente, luego de que se comenzará a plantear la posible “tregua” entre el PRI y Morena: PRIMOR.
- Cabe recordar que en los últimos días, la coalición Va por México -conformada por los partidos PRI, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)- ha estado en medio de la incertidumbre, pues tras casi 19 meses de formarse, hoy sus propios dirigentes se desconocen entre ellos.
Y es que tras la iniciativa presentada por la diputada del tricolor Yolanda de la Torre, que busca alargar hasta el 2028 la presencia del Ejército en las calles para labores de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no han dejado de “coquetear” con los integrantes del PRI, reviviendo así los antiguos rumores sobre la alianza PRIMOR.
Es por ello, que, para Loret de Mola, en caso de que se cumpliera lo proclamado por el presidente la noche del pasado 15 de septiembre, “habría muchos muertos en su gabinete”.
La Conade, bajo la lupa con Guevara y con Castillo
La Comisión Nacional del Deporte (Conade) cumple dos sexenios bajo la lupa y con acusaciones de corrupción por parte de sus titulares y pese al cambio de gobierno.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2019 un uso irregular de más de 100 millones de pesos (mdp) por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que lidera la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara.
- Ese año, la entonces titular de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que se encontraron irregularidades por un posible daño al erario por 50.8 millones de pesos por el uso de facturas falsas, costos de viajes “inflados”y pagos indebidos a entrenadores.
En su auditoría, la ASF encontró que la Conade adjudicó de forma directa el contrato de servicios sin justificar; no realizó la supervisión, control y verificación de los servicios contratados; y pagó 57.9 mdp sin presentar la documentación comprobatoria que acreditara la prestación del servicio contratado.
- La ASF también halló que la Conade realizó pagos por 26.5 mdp con recursos públicos federales de 2019 por compromisos adquiridos en 2018, sin contar con la documentación necesaria que acreditara la prestación de estos.
- Posteriormente, en la auditoría de 2020, la ASF volvió a encontrar un manejo irregular de 377.1 mdp por parte de la Conade, por actividades similares a las detectadas en 2019.
- La ASF indicó que la Conade adjudicó de forma directa servicios sin justificación; realizó pagos con recursos públicos federales del 2020 por servicios adquiridos en 2019 sin acreditar o comprobar que estos se hayan recibido.
Además, se detectó que se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento; y no se encontraron los expedientes integrales de los beneficiarios del Fondo para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento.
Pese a estas irregularidades presentadas en la Conade, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la labor de Ana Gabriela Guevara al frente de la dependencia.
- En 2021 la SFP inhabilitó del servicio público por 10 años a Alfredo Castillo, exdirector de la Conade, debido a la omisión en su declaración patrimonial de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos.
- La Secretaría de la Función Pública indicó que tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esa dependencia.
- Desde 2018, la ASF señaló que la autoridad tributaria no encontró registros de 21 proveedores a los que que se canalizaron 262 millones 142 mil 300 pesos, es decir, que habrían sido dirigidos a “empresas fantasma”.
De acuerdo con el Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, realizado por la ASF, la Conade tampoco presentó el soporte documental de los 498 contratos o requisiciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y sólo documentó 25.
A esto habría que sumarle 72 millones 292 mil 500 pesos del programa “Atención al Deporte”, que serían para adquirir y contratar bienes y equipos para deportistas, que la ASF tampoco pudo comprobar.
Gertz y Cervantes: dos titulares polémicos
- El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, al igual que el de la PGR de Enrique Peña Nieto, Raúl Cervantes, no están exentos de escándalos de supuesta corrupción.
- En el caso de Gertz, es uno de los pocos funcionarios del gobierno que no ha hecho pública su declaración patrimonial. Aún así, su riqueza no puede ocultarse.
- En diciembre pasado, un reportaje reveló que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera detectó gastos de más de 109 millones de pesos entre 2013 y 2021, tan solo para la compra de automóviles.
Además, entre 2013 y 2014 Gertz realizó transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos. De 2003 a 2021 se detectaron retiros para manejo de efectivo por 737 mil pesos. Y en ese mismo periodo el hoy fiscal recibió pagos electrónicos interbancarios por más de 38 millones de pesos. Sin embargo, Pablo Gómez, de la UIF, salió después a negar esa investigación, por lo que esta podría corresponder a su antecesor Santiago Nieto.
En septiembre 2021, Proceso publicó que en 2012 la Universidad de las Américas Ciudad de México, representada por su entonces rector Alejandro Gertz Manero, adquirió una casa en Las Lomas como pago a él mismo como parte de un supuesto adeudo de la casa de estudios. La residencia forma parte de los bienes que el fiscal no ha hecho públicos.
- En abril de este año, Gertz fue denunciado de “tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos” por el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.
En el sexenio de Peña Nieto, Raúl Castillejos, titular de la PGR, no sólo fue criticado por no avanzar en las investigaciones de casos de corrupción como Odebrecht y la Estafa Maestra, sino que también porque le descubrieron que registró un Ferrari 458 Coupé, con valor de 3 millones 800 mil pesos en una privada de casas de interés social en Xochitepec, Morelos.
- Un amplio reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad apunta que la casa de la privada de Paseo de la Lealtad donde se registró el coche de Cervantes es una vivienda deshabitada.
Cervantes Andrade presentó su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de múltiples señalamientos porque existía el temor de que se convirtiera en “fiscal carnal”, pues como último titular de la PGR podría haber pasado en automático a ocupar la titularidad de la FGR gracias a una reforma.
Como procurador desechó expedientes de corrupción, como uno contra César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua, en el que se le acusaba del desvío de 65 millones de pesos.
Scherer y Castillejos, el poder para fines personales
Julio Scherer Ibarra y Humberto Castillejos son de los consejeros jurídicos de la Presidencia más polémicos de los últimos sexenios.
La primera polémica de Scherer -quien salió del gabinete el año pasado- fue el no haber incluido en su declaración patrimonial la posesión de un departamento en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, en el Upper East Side de Manhattan.
- El departamento fue adquirido en enero de 2014 por un pago de 1.7 millones de dólares (en ese momento unos 22 millones de pesos), de acuerdo con el diario El Universal.
- Este año, el abogado Juan Collado -actualmente preso- denunció al exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, así como a tres abogados más y a un operador por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias.
El abogado denunció que le ofrecieron conseguirle su libertad a cambio de entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad y entregar 2 mil millones de pesos, lo cual negó Scherer Ibarra. Finalmente, el caso fue desestimado por un juez.
SFP exonera por Casa Blanca, Casa Gris y por casas de Bartlett
Los encargados de investigar corrupción o conflictos de interés en el anterior sexenio y este han sido criticados por exonerar a los implicados.
- El mayor escándalo que ha sacudido a la actual administración es la vida de lujos en el extranjero que se da José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador, la cual contrasta con el discurso de austeridad de su padre.
Una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus reveló en enero que el hijo del presidente y su pareja, Carolyn Adams, habitaron en dos residencias al norte de Houston, ambas un valor comercial de un millón de dólares, lo que equivale a 20 millones de pesos mexicanos.
En la primera casa que habitaron López Beltrán y Carolyn Adams, desde septiembre de 2019 a mediados de 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, quien fue un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera que cuenta con contratos vigentes con el gobierno de AMLO por más de 151 millones de dólares.
Uno de los autores de esa investigación, el periodista de MCCI, Raúl Olmos, dijo a La-Lista que “hay indicios muy claros de que hay corrupción, aunque eso le toca determinarlo a la autoridad, la corrupción es un actuar que implica un delito, no correspondería a los periodistas señalarlo, sin embargo sí hay claros indicios de posible tráfico de influencias y de compadrazgo ahora que sabemos que hay una relación de compadres entre Carolyn Adams y un contratista que se ha vuelto beneficiado en algunas obras”.
- Sin embargo, la SFP concluyó en mayo pasado que no se encontraron evidencias que acrediten que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “particulares” incurrieron en actos u omisiones que representen una falta administrativa con relación a la polémica de la “Casa Gris”.
Esta dependencia actuó de manera similar con la casa blanca de Enrique Peña Nieto, uno de los mayores escándalos de corrupción en su sexenio.
- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el anterior sexenio, Virgilio Andrade Martínez, exculpó a Peña Nieto y descartó que haya incurrido en un conflicto de intereses al adquirir la casa, ya que no tenía participación directa en asignación de contratos a Grupo Higa, la empresa que hizo la casa y había sido favorecida por su administración por ejemplo con la construcción del Tren México-Querétaro, el cual finalmente fue cancelado.
“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja”, determinó el extitular de la SFP en agosto de 2015.
De forma similar, en diciembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada entonces por Irma Eréndira Sandoval, exoneró a Manuel Bartlett, director de CFE, de haber ocultado bienes, ya que estos no le pertenecen a él, sino a su pareja e hijos.
Segalmex – Diconsa: cambio de nombre, pero con sombras similares
Otro de los de casos de posible corrupción que se presentaron en la actual administración fue el fraude suscitado en el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por más de nueve mil millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- En la auditoría de 2019, la ASF señaló que se encontraron irregularidades en el manejo de 3 mil 721.4 millones de pesos por parte de Segalmex; mientras que en la 2020 se evidenció la misma situación, pero con 5 mil 640 mdp.
- Algunas de de las irregularidades encontradas en la auditoría de 2019 fue que Segalmex no proporcionó los documentos necesarios que amparen la compra de trigo por 516.1 mdp; además de que el organismo realizó pagos en exceso por 51.1 millones de pesos.
En tanto, en 2020 se detectó pagos que excedieron el tonelaje o precios de garantía establecidos para el maíz y frijoles; pagos sin acreditar la prestación del servicio de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; pagos fuera de vigencia del contrato se servicios de fletes; entre otras irregularidades.
En esta dependencia sí hay detenidos, aunque por otra situación.
El extitular de la unidad de administración y finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue vinculado a proceso en abril pasado por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
- La FGR acusa que durante sus funciones como servidor público, René “G” presuntamente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex.
- Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad ha revelado, desde agosto de 2020, múltiples irregularidades en Segalmex, incluidas las adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, el favoritismo, presunto nepotismo, desvíos de subsidios y contratos amañados.
Tras los escándalos de supuesta corrupción en Segalmex, Leonel Cota Montaño fue designado como director del organismo, en lugar de Ignacio Ovalle, aunque a este se le dio la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
- En Diconsa, como se llamaba al organismo del gobierno encargado de llevar productos de la canasta básica a comunidades rurales y marginadas, se detectaron por parte de la ASF posibles desvíos por 325.2 millones de pesos en 2017, penúltimo año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia.
En un esquema muy parecido al de la llamada Estafa Maestra, la Auditoría descubrió que Diconsa incurrió en un esquema en el que una institución de gobierno firma un convenio con una universidad pública y esta, a su vez, subcontrata a empresas para que cumplan con el servicio contemplado, sin que se compruebe si esto se lleva a cabo o no.
En 2017 el titular de Diconsa era Héctor Velasco Monroy, quien tampoco está acusado directamente, pero los posibles desvíos ocurrieron en su administración.
- Otra problemática que enfrento fue, la fata de evidencia del reparto de maíz y frijol por 212 millones de pesos, no tiene pruebas de la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones y hay una diferencia de 476 millones entre el valor de granos registrado en el sistema y lo asentado en estados financieros.
Además, tres exfuncionarios, que no fueron identificados por su nombre, se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para «gastos de viaje y gastos a comprobar» y por los cuales ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según enlistó el despacho Salles SainzGrant Thornton.
- Sobre Diconsa, en un escrito fechado el pasado 22 de marzo, expuso que no tiene pruebas de haber recibido múltiples bienes, servicios y arrendamientos por 447 millones de pesos, además de que, sin aval de la Secretaría de Hacienda, gastó 2 mil 104 millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía autorizado.
Además, no hallan a la empresa Maison de Chance, la cual les vendió 300 mil litros de gel antibacterial y 2 millones de cubrebocas por 40 millones de pesos, los cuales ahora quieren devolver.
- El 19 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador removió de la dirección de Segalmex a Ignacio Ovalle, veterano político priista y ex director de la Conasupo con Carlos Salinas, y lo reemplazó con Leonel Cota, ex Gobernador de Baja California Sur, de filiación morenista.
Por «razones de austeridad», actualmente Segalmex, Liconsa y Diconsa tienen un solo cuerpo directivo. En Liconsa, el despacho Salles Sainz-Grant Thornton reportó cuentas por pagar a corto plazo por 776 millones de pesos, pero no hay facturas para soportar su veracidad.
- Tampoco hay documentos para cobrar mil 344 millones de pesos a terceros a los que Liconsa vendió mercancía.
Por esta vez, por lo que describió como «diversas limitaciones a su trabajo» y «faltas de atención significativas» para la entrega de documentos que involucran más de 9 mil 500 millones de pesos, Salles Sainz se negó a validar esas cuentas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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