Tras el anuncio de la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el Caso Ayotzinapa mucho se ha cuestionado sobre si la acción supondrá por fin un acceso a la justicia para las víctimas o si únicamente se trata de un acto político.
Y es que en el caso de funcionarios públicos la justicia parece solo aparecer a merced de ciertos intereses tal y como se ha demostrado con el Caso Segalmex el cual desde años anteriores puso en la mira omisiones e inconsistencias en el manejo de recursos de la dependencia que hasta el momento ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos desaparecidos. ¿Los involucrados? Servidores públicos de la actual administración del país, miembros de la autodenominada Cuarta Transformación.
- Dichas inconsistencias han sido documentadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde el año 2020, no obstante, no se ha realizado ningún avance significativo en la investigación de dichos hechos, situación que ha llevado a la organización civil a cuestionar si el Caso Segalmex será como la llamada Estafa Maestra, escándalo de corrupción que caracterizó el sexenio del expresidente priista, Enrique Peña Nieto.
La cronología de los escándalos de Segalmex
En el año 2020 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzó a investigar a Segalmex, descubriendo así una red de corrupción ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personas ligadas al partido Movimiento Ciudadano, así como el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.
- La organización civil detalló que tan solo en sus primeros dos años de operaciones, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex, superando los 7 mil 600 millones reportados en la llamada “Estafa Maestra”.
No obstante, dicho dato es tan solo la punta del iceberg de todo el problema que comenzó en agosto de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle como el titular de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana. Cabe mencionar que dicho funcionario se vio envuelto en una polémica hace 30 años cuando, junto a Raúl Salinas de Gortari, estuvo a cargo de la gestión de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
- Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex comenzaron a surgir en septiembre del año 2019 cuando medios de comunicación informaron que la dependencia estaba otorgando cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.
Ya para junio de 2020, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, presentó su renuncia al cargo tras verse envuelto entre múltiples señalamientos de corrupción. Fue en ese mismo año pero en el mes de agosto que las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzaron a rendir frutos y se reportó que Liconsa otorgó dos convenios multimillonarios para el secado de leche a Alejandro Puente, un empresario ligado al partido Movimiento Ciudadano, mismo en donde militó Ignacio Ovalle.
- Rumbo a noviembre de 2020, se expuso que en su evaluación de Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil millones de pesos.
- Los escándalos de Segalmex continuaron en gran medida en 2021 pues en julio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que dicha dependencia otorgó 797 millones de pesos a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.
Siguiendo dicha línea de investigación, en agosto de ese mismo año la organización civil dio a conocer que Segalmex contrató como su nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.
Extrañamente y tras una meticulosa revisión de auditorías internas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Liconsa extravió estados financieros correspondientes a cinco meses, así como que opera con pérdidas millonarias.
- Las pesquisas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) continuaron hasta a inicios de este 2022 cuando revelaron que Segalmex otorgó un contrato de 245 millones de pesos a una empresa que no tenía empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); dicha compañía tenía como objetivo entregar equipo destinado al control de calidad de los granos.
Con dichos precedentes poco a poco la omisión se hacía inviable para las autoridades mexicanas y, de este modo, el Gobierno Federal anunció que destituyó de sus cargos y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a tres altos mandos de Segalmex entre los que se encontraban el director de Comercialización, Manuel Lozano Jiménez; el director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez y el director Jurídico, Carlos Dávila Amerena.
- En febrero de 2022 y como había ocurrido en años anteriores, en su evaluación de la Cuenta Pública 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Segalmex no pudo acreditar el destino de 8 mil millones de pesos. El 21 de ese mismo mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció durante su tradicional conferencia matutina que había denuncias presentadas por los malos manejos en Segalmex, no obstante, en lo que refiere a Ignacio Ovalle -a quien nombró titular de dicha dependencia- pidió no hacer “juicios sumarios”.
- En una investigación más profunda que conllevó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la organización civil dio a conocer que dentro de Liconsa operó una red de corrupción a través de convenios multimillonarios para el secado de leche firmados con empresas, tales como Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (COPROLAC).
Días más tarde, en marzo se reveló que empresarios ligados a la red de seis empresas fachada que ganaron 797 millones de pesos en contratos con Segalmex, actualmente se encuentran construyendo desarrollos de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura. Pero eso no fue todo pues también se expuso que el hijo de René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas de Segalmex, adquirió un departamento en San Antonio, Texas, que pertenecía a la hermana del director de Coprolac, una de las empresas beneficiadas por Liconsa.
Fue en abril de 2022 que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a René Gavira Segreste por la compra de certificados bursátiles con dinero público. No obstante, se descartó por completo que dicha dependencia buscara proceder en contra de Ignacio Ovalle a quien tiempo después se le confirmó su responsabilidad en la autorización de la compra.
Ya para este punto la tensión de que Ignacio Ovalle fuera titular de Segalmex era demasiada por lo que el Gobierno Federal optó por hacer un cambio en la alineación designando a Leonel Cota Montaño como el director general de la mencionada dependencia. En tanto, pese a las múltiples acusaciones de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Ovalle como el nuevo director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
- Cabe mencionar que las acusaciones en contra del polémico funcionario no pararon ahí pues en mayo de 2022 una investigación del medio Animal Político reveló que Ignacio Ovalle autorizó inversiones ilegales por 950 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles utilizando presupuesto de Segalmex.
Pese al largo historias de inconsistencias, pruebas y señalamientos, el Caso Segalmex se ha tratado con opacidad e indiferencia, dejando en claro una vez más que, aunque algunos exservidores públicos se encuentran actualmente en prisión pagando sentencias por los ilícitos que cometieron, en México la justicia “no mide a todos con la misma vara”.
Fantasmas cobran millones por azúcar
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en 2018 con la promesa de combatir la corrupción y la impunidad que por años han representado dos de los mayores problemas del país. Si bien en sexenios pasados escándalos como la Estafa Maestra marcaron la administración de algunos presidentes, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que la autodenominada Cuarta Transformación está lejos de ser diferente a sus antecesores.
- Desde hace un par de meses, investigaciones con carácter periodístico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han revelado una inmensa red de corrupción existente en la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), misma que ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos desaparecidos.
Pese a que la opinión pública ya conoce el caso y la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a investigar algunas de las transacciones de dicha dependencia, la impunidad continúa siendo el escudo para las o los funcionarios públicos involucrados, lo que ha propiciado a que las omisiones y opacidades en el manejo de recursos de Segalmex continúe siendo una realidad, tal y como lo señala en su nueva investigación la organización civil.
- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que una ama de casa que no tiene dinero para pagar un adeudo de tres mil pesos en una tienda, es accionista de Servicios Integrales Carregin, una empresa fantasma que en 2020 firmó un convenio por 465 millones de pesos para venderle 25 mil toneladas de azúcar a Segalmex.
- La mujer fue identificada como Daffne Pomar Colín y, de acuerdo con lo expuesto por la organización civil, fue utilizada para crear la mencionada compañía, misma que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.
- Cabe mencionar que Daffne Pomar no era la única accionista de la empresa pues también formaba parte de ella Jorge Saúl Romero Valencia, quien vive una modesta vivienda en una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.
La organización civil señaló que aunque ambas personas fueron utilizadas como prestanombres, la Fiscalía General de la República (FGR) ya giró órdenes de aprehensión en su contra. Además, destacó el hecho de que uno de los dos apoderados de Carregin participó también en otras dos empresas que han recibido de Segalmex contratos por 52 millones de pesos.
El fraude
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que la compra que se investiga comenzó el 23 de abril de 2020 cuando la Dirección Comercial de Diconsa firmó un convenio con Carregin y posteriormente generó 37 pedidos regionales por los que pagaría 465 millones de pesos para recibir 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país.
- No obstante, tres semanas después de la firma de dicho contrato, la empresa solicitó a Diconsa cancelar 36 de los 37 pedidos regionales argumentando dificultados logísticas provocadas por la contingencia sanitaria, motivo por el cual únicamente quedaría un pedido por 7 mil 800 toneladas, equivalente a 145 millones de pesos.
En la denuncia consultada por la organización civil se constató que la compañía declaró no tener la capacidad para almacenar las 7 mil toneladas en sus almacenes, por lo que, tras un acuerdo entre ambas partes se acordó que el azúcar debía ser resguardado en un domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México.
- No obstante y pese a que no se contaba físicamente con el producto, Segalmex depositó la cantidad total de los 145 millones de pesos pactados en las cuentas de Carregin. En tanto, los funcionarios encargados del pedido fijaron el costo en 18.60 pesos por kilogramo sin realizar un estudio de mercado.
- Aún así las relaciones comerciales continuaron y, aunque firmaron un convenio modificatorio y de finiquito en donde dieron por terminada su relación laboral en diciembre de 2020, Diconsa ya había pagado la totalidad de las 7 mil 800 toneladas de azúcar valuadas en 145 millones de pesos mientras que la empresa únicamente había entregado 3 mil 110 toneladas en los almacenes de Segalmex.
- Por ello, la organización civil expuso que Diconsa solicitó que Carregin realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 una devolución a la cuentas bancarias de la dependencia por la cantidad de 88 millones de pesos, lo que es equivalente a las 4 mil 700 toneladas de azúcar que no se entregaron.
Fueron múltiples las ocasiones en las que Carregin solicitó la devolución, no obstante, dicha compañía únicamente hizo el reembolso de 8 millones de pesos. Al respecto, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa presentó en agosto de 2021 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la empresa y exfuncionarios que resulten responsables.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) entre las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR se encuentran la de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial; René Gavira Segreste, exdirector de finanzas y Carlos Dávila Amerena, exdirector jurídico de Diconsa.
Una ama de casa como accionista
En su labor de investigación, la organización civil se dio a la tarea de acudir al domicilio registrado por Daffne Pomar, presunta accionista de Carregin. En el sitio, un hombre que se ostentó como dueño del inmueble les informó que la mujer era ama de casa y que tiene ya varios años de no habitar su hogar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.
Incluso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que el hombre les mostró un estado de cuenta que llega constantemente a su dirección donde la tienda departamental Coppel le solicita saldar una deuda por tres mil pesos que se generó de la compra de un ropero y una cuna en marzo de 2021, tan solo unos meses después de que se convirtiera en una proveedora millonaria de Segalmex./PUNTOporPUNTO
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