Entregar a MILITARES el control de la SEGURIDAD PÚBLICA “agudizará el desastre” en DERECHOS HUMANOS

Desde el comienzo de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, López Obrador no ha conseguido rebajar los niveles de violencia, y el país registró los dos años más violentos de su historia con 34.681 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.554 en 2020.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, expresaron su preocupación por la aprobación que el Congreso de la Unión dio para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De manera individual, los tres organismos internacionales pidieron al Estado mexicano reconsiderar estas modificaciones las cuales, según apuntaron, profundizan la militarización de las fuerzas de seguridad en el país.

  • A través de un comunicado, la ONU-DH informó que la Alta Comisionada interina de este organismo, Nada Al-Nashif, expresó que es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Sedena, «lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos» Nada Al-Nashif, alta comisionada interina de la ONU-DH.

Al-Nashif recordó además que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que por el contrario, «ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los DH por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas».

  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también respecto a esta reforma y en consecuencia, urgió al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones.

La CIDH recalcó que «toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante el respeto y garantía de los DH por parte de los Estados».

Y es que de acuerdo con la CIDH, estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad, esta debe de ser «extraordinaria», de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte «excepcional, temporal y restringida».

Por ello el organismo de defensa de DH apuntó que el paquete de modificaciones aprobadas por el Senado mantiene una tendencia hacia la militarización de la seguridad ciudadana en México.

«La CIDH reconoce el reto que enfrenta México frente a la grave situación de violencia que afecta al país desde hace varios años. Aproximadamente 100,000 personas desaparecidas, 15,400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 personas periodistas asesinadas durante el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año, según información pública.

«En este sentido, preocupa que la justificación para estas modificaciones enfatiza centralmente que solo una estructura como la de la Sedena, con su despliegue territorial, estructura operacional y disciplina militar se encuentra en capacidad de afrontar el contexto de violencia», apuntó la CIDH.

  • Finalmente, Amnistía Internacional (AI) también expresó su «enérgico rechazo» a la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México con la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.

El organismo apuntó que dicha iniciativa contraviene la Constitución e incumple los tratados internacionales que México suscribe, lo cual «representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos».

“Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, llamamos al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México.

  • Amnistía Internacional, al igual que la CIDH, señaló que la militarización de la seguridad pública ha tenido «consecuencias desastrosas» para los derechos humanos, pues tanto el Ejército como la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos.

Organizaciones pro infancias repudiaron la militarización en México

Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG’s) en defensa de los derechos de la niñez, expresaron su preocupación respecto a las intenciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto al empoderamiento de las Fuerzas Armadas al mantenerlas al frente de la seguridad pública del país.

  • En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe aseguraron que, luego de la “fallida” estrategia de seguridad pública militarizada impulsada por Calderón en 2006, el impacto negativo en la seguridad e integridad de las y los ciudadanos ha alcanzado dimensiones preocupantes.

Asimismo y principalmente, señalan que “ha tenido una grave repercusión en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al impedirles el derecho una vida sin violencia”.

  • Así recordaron el pasado 31 de agosto, cuando Heidi Mariana, de tan sólo cinco años de edad fue asesinada por elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras se dirigía al hospital junto con su mamá y su hermano. Según las investigaciones, la muerte fue provocada por personal de la Secretaría de la Defensa (SEDENA), haciendo uso de la fuerza letal.

De igual forma señalaron que en 2011 el Comité de los Derechos del Niño expresó al Estado mexicano su “inquietud ante la amenaza contra el derecho a la vida de los niños causada por el grado de militarización” en el país.

  • En 2015, recalcaron que el organismo volvió a pedir que se revisara la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, para que las niñas y niños estén protegidos de la violencia, así como para implementar de manera efectiva protocolos para la protección de sus derechos.

“Repudiamos la militarización que ha ignorado los tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones expresas que organismos internacionales han hecho al país, lo cual no ha traído resultados en favor de la paz y ha continuado dañando a la ciudadanía del país, en particular a niñas, niños y personas jóvenes”, dijeron.

  • “La militarización ha multiplicado las violaciones graves a derechos humanos y los miembros de la fuerza armada son cubiertos por la impunidad. Nos preocupa que pese a los indicadores negativos, el gobierno federal y el partido mayoritario en las cámaras pretendan seguir ignorando estas recomendaciones y estándares, manteniendo un negocio multimillonario de muerte y dejando al país bañado en sangre”

Las organizaciones dijeron estar totalmente en contra de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y llamaron al Senado de la República a frenar el militarismo del poder ejecutivo, que, aseguraron, sin responsabilidad de Estado viola abiertamente la Constitución.

Militarización agudiza el desastre de derechos humanos: HRW

“Entregar a las Fuerzas Armadas el control total de las tareas de seguridad pública mientras se limita la capacidad de autoridades civiles de fiscalizar el actuar de los soldados desplegados en las calles amenaza con agudizar el desastre de derechos humanos que atraviesa México”, expresó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, en un posicionamiento.

  • La postura pública de esta organización internacional de derechos humanos se produce mientras López Obrador promueve un cambio a las leyes mexicanas que facultaría a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública a largo plazo.
  • Asimismo, la iniciativa aprobada en el Congreso, trasladaría el control de la recién creada Guardia Nacional, principal institución civil de seguridad pública del Gobierno federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del Ejército mexicano.

La propuesta presidencial daría de baja a casi todos los elementos civiles de la Guardia Nacional, mientras que la mayoría de los soldados y marinos adscritos a este cuerpo, que fue creado como una institución civil, quedarían sujetos a la jurisdicción militar, aunque realicen tareas de seguridad civil.

Crece el de las Fuerzas Armadas en México: WP

Por otra parte, el columnista de The Washington Post, Ricardo Raphael recordó sobre las violaciones de derechos humanos que el ejército mexicano ha cometido, entre el que destaca la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

  • Otro de los eventos en el que participaron, recalco el columnista fue el que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón «Una segunda ola de violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas se fue extendiendo a partir de la autonombrada -guerra contra las drogas- que emprendió desde 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).»

Así mismo recordó «la participación del Ejército en la masacre de Tlatlaya, en junio de 2014, o su involucramiento la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de ese mismo año, son episodios dolorosos. Como lo fue, recientemente, la desaparición de unas 70 personas perpetrada por la Marina en distintos municipios de Tamaulipas durante 2018».

  • Raphael señaló que López Obrador presumió datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) del 2021 donde al menos el 42% de la población consideraba al Ejército como muy efectivo para hacer su trabajo.

«Si se añade a esta percepción la de quienes afirman que los militares son “algo” efectivos para el desempeño de sus tareas, se construye una cifra de aprobación para el Ejército de 86% y 87.8% para la Marina.»

«El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió estos mismos números en julio del año pasado para corroborar el respaldo popular que han tenido sus iniciativas de involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos que antes eran potestad exclusiva de las autoridades civiles, como la realización de obra pública, la administración de puertos y aeropuertos, el control de las aduanas, la investigación de actos de corrupción, la construcción de sucursales bancarias, el combate al robo de combustible o la distribución de medicamentos».

  • Pero en contra parte «de acuerdo con estudios de opinión del Latinobarómetro, realizados en América Latina, la confianza en las Fuerzas Armadas se deterioró entre 2015 y 2020, muy probablemente debido a los episodios de violación a los derechos humanos», señalo el columnista.

«Según los datos del análisis, en 2015 al menos 65% de la población tenía algún grado de confianza en las Fuerzas Armadas, mientras que en 2020 únicamente 54% compartía esa opinión. Al mismo tiempo, ha disminuido el rechazo a las Fuerzas Armadas, lo cual estaría vinculado al apoyo político que López Obrador ha entregado al poder militar. Mientras que en 2019 19% declaró no tenerle ninguna confianza al Ejército, en 2020 esa cifra fue de 15.9%».

  • De ahí apuntó Raphael que «en efecto, el enorme respaldo entregado por el mandatario mexicano ha sido influyente para revertir el deterioro reputacional del Ejército durante los años previos a su gestión».
  • El columnistas también aseveró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha exculpado a las Fuerzas Armadas por las violaciones a los derechos humanos.

«Si el jefe del Estado mexicano instruye a los militares a romper el orden constitucional (violar derechos humanos), ellos cumplen con esa orden; en cambio, si el comando civil dirige a las Fuerzas Armadas por los caminos de la democracia, estas obedecerán con una coincidencia precisa».

«Este argumento es frágil cuando se considera que el actual mandato presidencial terminará en dos años más y que en México no existe, hasta ahora, la posibilidad de la reelección presidencial. Resulta obligado preguntarse cómo van a actuar las Fuerzas Armadas si, en el futuro, otro mandatario con diferentes convicciones respecto de los derechos humanos regresa a dar instrucciones equivocadas».

  • Por último Raphael reveló que de a cuerdo con un estudio realizado en el 2021 por los académicos Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez-Velasco que explora la percepción que tienen las poblaciones mexicanas sobre la presencia militar, la mayoría considerable prefiere abiertamente a las Fuerzas Armadas respecto del resto de las instituciones de la democracia.

«Por ejemplo, en esas zonas 55% respaldaría que el Ejército tomase control del Congreso de la Unión si dentro de esa instancia se integrara un bloque político dispuesto a contrariar al gobierno encabezado por López Obrador».

Como en la era del PRI, López Obrador procura la centralización del poder

En otra colaboración del TWP, Catalina Pérez, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado por regresar a las prácticas de autoritarismo que precedieron en el 2000.

  • «Como en la era autoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la administración de López Obrador ha procurado la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos constitucionales y ha menoscabado el pluralismo. Además, más que en ninguna otra época reciente, los militares se despliegan masivamente por el país».

«El presidente ha mostrado su inclinación a gobernar sin controles ni transparencia, como con un acuerdo presidencial emitido en 2021 donde ordenaba a las dependencias del gobierno federal otorgar los permisos necesarios para iniciar proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aun sin haber cumplido con los requisitos marcados por la ley. Al mismo tiempo ha atacado constantemente a instituciones que tienen como función primordial la fiscalización del gobierno y los funcionarios en turno», apuntó en su colaboración Catalina Pérez.

Así mismo, recalco que el elemento que distingue al gobierno de López Obrador es la militarización del país.

  • «Si bien antes de su gobierno el Ejército ya participaba en tareas de seguridad pública, combate a la delincuencia organizada o mejoramiento del medio ambiente, la cifra de integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados ha crecido 45% durante este gobierno. También han aumentado sus atribuciones y presupuesto».

«Actualmente hay más de 188,000 militares en México realizando tareas de seguridad pública. El Ejército y la Marina realizan detenciones, incautan bienes, preservan el lugar de hechos delictivos e inspeccionan la entrada y salida de personas. Además, policías militares controlan la seguridad de carreteras y aeropuertos en 12 de los 32 estados del país. Las Fuerzas Armadas tienen el control del comercio marítimo y de las comunicaciones y transportación por agua; influyen en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología; dirigen la aviación civil; están a cargo de distribuir y resguardar las vacunas contra COVID 19; y transportan equipo e insumos médicos para hospitales».

Por último, la columnista de TWP mencionó que bajo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación «el Ejército se ha independizado económicamente, se ha fortalecido como actor político y controla áreas estratégicas más allá de la seguridad. Sin sustento legal y sin licitaciones públicas, López Obrador dispuso que las fuerzas armadas construyeran diversas obras públicas: el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, el AIFA o algunos tramos del Tren Maya, un megaproyecto que también administrarán, así como al menos otros tres aeropuertos».

AMLO traicionando las promesas contra la militarización

La periodista Lisa Sánchez, aseguró que ante el anuncio de AMLO sobre un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a control del ejército, el presidente «está traicionando no sólo la ideología de izquierda y sus propuestas de candidatura, sino también las declaraciones que Morena había hecho en campañas en contra de la militarización, además de ser también una violación a la constitución».

  • “Estamos frente a un acto de traición ideológica, programática, autoritarismo y violación constitucional. Nos pondría en la ruta del militarismo civil. No es sólo el ejército y las fuerzas armadas, que tienen todo el poder en seguridad, sino que esa cantidad de poder y recursos además de la posibilidad de tomar decisiones por sí mismos, ya habla de un peso político sumamente importante que muestra independencia sobre la autoridad civil”, expuso.

Asimismo, aseguró que en un militarismo también hay presencia de estos cuerpos en actos donde no deberían estar y lo ejemplificó con la presencia del Secretario de Defensa en las mañaneras. Por lo tanto, su conclusión es que se trata de actos políticos que no dejan duda a que se trate de mensajes de autoritarismo.

  • Por otro lado, explicó que hay un fuerte cuestionamiento de eficiencia en materia de seguridad y la política de militarización no ha servido para bajar la incidencia delictiva, la violencia, ni la impunidad.

“Las cifras hoy son superiores a las del Calderonato, ningún tipo de delito, impunidad ni violencia, han reducido números. Hay que hacer un retiro gradual de las fuerzas armadas, mientras se generan las instituciones de seguridad pública correctas”, concluyó./PUNTOporPUNTO

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