RITA MAGAÑA TORRES
Especialistas señalaron las contradicciones legales que nulifican los derechos humanos de migrantes, ya que 70 por ciento en Tabasco son víctimas del crimen organizado o por alguna autoridad y padecen tortura psicológica en estaciones por desconocimiento del procedimiento administrativo.
Al contextualizar el tema, Fray Tomás González, director del refugio “La 72”, refirió que por Tabasco entran al país alrededor de 45 mil migrantes al año, además de que esta organización ha atendido en 2014 a más de 8 mil 500 personas.
“Ha pasado de ser una casa de asistencia humanitaria a una de cotidiana denuncia de lo que les sucede a los migrantes”, subrayó.
En el seminario «La satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad», Tomás González dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha admitido todas las pruebas presentadas para documentar las presuntas violaciones de autoridades en colusión con la delincuencia.
Por ello, cuestionó que a pesar de que las autoridades anuncian la profesionalización y depuración del Instituto Nacional de Migración la realidad es totalmente otra. Es una realidad extremadamente peligrosa para las personas que entran por el sur del país, apuntó.
En su oportunidad, Diana Martínez Medrano, de la organización Sin Fronteras, explicó que las modificaciones al artículo 33 de la Constitución deja abierta la posibilidad de que las detenciones de extranjeros se lleven sin establecer el lugar y tiempo de duración de la misma, lo que es muy preocupante.
Aunado a ello, precisó, la ausencia de una ley reglamentaria podría ocasionar que la reforma tenga un carácter regresivo.
Aunque en su espíritu tenga la finalidad de garantizar el debido proceso en las expulsiones de extranjeros que pretende llevar a cabo el Ejecutivo federal, sin un reglamento se lograría tener el efecto contrario, agregó.
Patricia Zamudio, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacó que los avances sobre el respeto y garantías reconocidas por la Ley de Migración se pierden parcialmente
Ello, porque el Reglamento dificulta los procedimientos relativos a la verificación migratoria y da mucho espacio a la discrecionalidad que opera en contra de los indocumentados, precisó.
Sobre la detención en estaciones migratorias, advirtió que genera un importante impacto psicoemocional, agravado por el uso de cuartos de castigo y es común que las personas sufran una tortura psicológica derivada de la incertidumbre y el desconocimiento del procedimiento administrativo migratorio.
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