El TREN MAYA y DOS BOCAS: Un “CAPRICHO PRESIDENCIAL” que traerá DEVASTACIÓN AMBIENTAL

Las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador incurren en diversos delitos ambientales, coincidieron especialistas

“Por el bien de todos, primero los pobres” es la consignia base que Andrés Manuel López Obrador utilizó durante la campaña electoral de 2018, misma que lo llevó a la presidencia y que ha retomado a lo largo de los casi cuatro años que lleva ejerciendo como líder del Ejecutivo en México. Si bien su preocupación por ayudar a las comunidades más vulnerables del país lo han colocado como uno de los mandatarios más populares y queridos a nivel internacional, la realidad es que la autodenominada Cuarta Transformación también se ha movido por aguas turbulentas para mantenerse en el poder.

  • Un claro ejemplo de dicha forma de operar es el polémico Tren Maya, pues, pese a que en un inicio Andrés Manuel López Obrador anunció la obra como un magnoproyecto que llevaría progreso a las comunidades más endebles de la Península de Yucatán, su planeación y construcción han estado llenas de irregularidades que permean hasta el más mínimo detalle de todo lo que implica efectuar un proyecto de tal magnitud.

Así lo ha denunciado en múltiples ocasiones el colectivo Sélvame del Tren, mismo que -conformado por académicos y activistas defensores del medio ambiente- se ha posicionado como uno de los principales opositores al proyecto estrella que el mandatario tabasqueño planeaba construir sin ningún tipo de plan ejecutivo o estudios de impacto ambiental.

Cabe mencionar que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado al colectivo de responder a intereses del bloque opositor a su administración, las y los académicos y activistas que conforman Sélvame del Tren han declarado ser totalmente apartidistas por lo que su lucha está motividada únicamente por la defensa de la selva maya y el patrimonio biocultural, cuestiones que han considerado como verdadera seguridad nacional.

En conferencia de prensa, el pasado miércoles miembros de Sélvamen del Tren denunciaron la falta de planeación y transparencia bajo los cuales el Gobierno de México comenzó las obras del Tren Maya, así como las implicaciones que a corto y largo plazo tendría no solo para los múltiples ecosistemas que convergen en la zona sino también para las comunidades y el legado cultural que está en riesgo de ser destruido.

Destrucción del patrimonio biocultural anunciada

Hace aproximadamente 66 millones de años un meteorito impactó en la Tierra -específicamente en la Península de Yucatán- provocando la extinción de los dinosaurios, no obstante, también propició a la creación de un sistema de cuevas subterráneas que hasta el día de hoy conforman la peculiar geología de la región.

Además del inmenso tapete verde que es la Selva Maya, el subsuelo de la Península de Yucatán alberga una incalculable cantidad de cenotes y uno de los mantos acuíferos más importantes de México; estos factores ha influido para que que en la zona converjan diferentes tipos de ecosistemas que le han dado esa incomparable característica paradisíaca que año con año atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Aunque uno de los argumentos principales del Tren Maya fue que los mil 460 kilómetros de vía férrea se construirían sobre una zona que ya contaba con cierto impacto ambiental por la construcción de una carretera, el Tramo 5 que conecta a Playa del Carmen con Tulum es el que más indignación ha generado por los múltiples cambios de ruta que ha presentado derivado del desastre ecológico que implicaría y, de acuerdo con el colectivo Sélvame del Tren, también por los intereses económicos a los que responde.

  • Bajo ese tenor, Rodrigo Medellín -Doctor en Ecología y Conservación de la UNAM- detalló que la construcción del Tren Maya no cuenta con un plan ejecutivo para su realización, así como que hay “muchos parches” que las mismas autoridades han puesto para ignorar la catástrofe ambiental anunciada que la obra traería para la Península de Yucatán y, en consecuencia, para las comunidades que ahí residen.
  • De acuerdo con el académico, actualmente los recursos naturales de la zona son casi insuficientes para la población que habita en la región, lo cual sumado al desastre ecológico suponen un riesgo inminente tanto para los seres humanos como para las múltiples especies de flora y fauna que alberga la selva maya.

Por su parte, el biólogo Roberto Rojo hizo gran hincapié en resaltar las condiciones del subsuelo de la región argumentando que, si la obra continúa con el curso previsto, el Tren Maya atravesará el área con mayor densidad de cuevas en el país lo cual también implicaría un peligro para el mismo proyecto puesto que el fenómeno geológico de la región es dinámico.

Los cenotes colapsan naturalmente y a lo largo y ancho de la Península de Yucatán ya se han registrado hundimientos en el suelo derivado de las condiciones del sistema de cuevas subterráneas característico de la región. Bajo esa premisa, no sorprendería que en un futuro el peso, las vibraciones, y la fuerza del Tren Maya terminaran por colapsar parte del sistema de cuevas de la zona.

  • Asimismo, Octavio del Río -arqueólogo subacuático- resaltó el incomparable valor cultural que dicha demarcación tiene pues datos históricos han señalado que fue precisamente en la Península de Yucatán en donde se asentaron los primeros pobladores en América.
  • Octavio del Río alertó sobre el peligro de la destrucción del sistema de cuevas pues en dichos lugares se han hallado importantísimos vestigios prehisóricos, tales como la osamenta de Eva de Naharon, mujer de 25 años que habitó en una de las cavernas de Tulum hace más de 13 mil años y cuyo descubrimiento es el resto humano más antiguo del continente americano.

Todo eso sin mencionar que la cultura maya asentó gran parte de su cultura en los cenotes de la zona, llegando incluso a nombrar dicho sistema de cuevas como Xib’al’ ba que, de acuerdo con su mitología, era el mundo subterráneo regido por los espíritus de la enfermedad y la muerte.

El colectivo Sélvame del Tren ha emprendido una incansable lucha por preservar tanto el patrimonio natural de la Selva Maya de la Península de Yucatán como el cultural que forma parte de la historia de México y de toda una población.

Ilegalidad, impunidad y el capricho presidencial

Además del evidente ecocidio que la construcción del Tren Maya traería para la Península de Yucatán, el colectivo Sélvame del Tren también reveló todas las lagunas legales a través de las cuales el Gobierno de México comenzó las obras de construcción del tan anhelado proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Francisco Torres Landa, abogado y activista, hizo un llamado a la ciudadanía y a autoridades para atreverse a vivir dentro del margen que dicta la ley en un país en donde históricamente ha permeado la impunidad. Destacó que en un modelo democrático de gobierno, son las mismas autoridades quienes deberían ser el ejemplo de orden, lo que implicaría un correcto acato de la ley en todos los sentidos, situación que no ha ocurrido con la autodenominada Cuarta Transformación.

  • En el tema específico del Tren Maya, Francisco Torres delató que el Gobierno de México no ha respetado las normas plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que garantizan la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, comenzando por las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que debieron ser emitidas antes del inicio de las obras de construcción.

De acuerdo con el abogado, la Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) no son un capricho sino un estudio que dictamina qué tan viable es un proyecto de ese calibre. Del mismo modo, detalló que la importancia de que el documento se emitiera antes del inicio de su construcción recae en el análisis de las consecuencias adversas que se podrían presentar para que, bajo ese tenor, se integraran medidas de mitigación o control.

El orden de los factores sí afecta el producto

Cabe mencionar que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya se emitieron tiempo después de que las obras ya habían arrancado y en un modelo segmentado, es decir, se emitió un estudio por cada tramo de proyecto lo cual, además de ser ilegal, ha sido calificado como una práctica “mañosa” que autoridades adoptaron para justificar el verdadero daño ambiental que la obra generará a los ecosistemas de la región.

  • Francisco Torres puntualizó que dichas omisiones tienen connotación de delitos ambientales y que, aún así, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han hecho nada al respecto, por lo que acusó a las y los funcionarios de dichas dependencias de tener conflictos de interés y de estar al servicio del capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • Adicionalemte, el litigante evocó la máxima juarista que sostiene “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie” para pedir a los jueces que han atendido las denuncias ciudadanas no doblegarse ante la presión que se ejerce desde Palacio Nacional así como para invitar a la ciudadanía a salir a las calles para defender el patrimonio biocultural si falla la defensa por la vía legal.

Son muchas las aristas a considerar sobre el magnoproyecto que tanto Andrés Manuel López Obrador como las y los militantes de la Cuarta Transformación han defendido a capa y espada, no obstante, la visión crítica, objetiva y sustentada del proyecto amplia el panorama sobre las consecuencias que la construcción del Tren Maya traería para preservación del medio ambiente y de la vida de todos aquellos quienes habitan el paraíso que es la Península de Yucatán.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que el debate sobre la construcción del Tren Maya no se motiva por una visión política o antisistema, sino por la preocupación que la ciudadanía ha adquirido por defender la vida en todas sus manifestaciones y porque las obras que pretenden llevar desarrollo económico y social a las comunidades vulnerables se hagan con pleno apego a la legalidad y a la sustentabilidad que urge implementar ante la crisis ambiental que atraviesa no solo México sino el mundo.

Activistas desenmascararon a los responsables del “más grande ecocidio en México”

Diversas organizaciones civiles han reclamado el desacato judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador al designar a su megaproyecto como un asunto de seguridad nacional.

Bajo ese panorama, el pasado mes de julio se llevó a cabo el evento “La almohada más incómoda”, realizada en el Huerto Roma de la Ciudad de México, en la que participó la campaña Sélvame del Tren y que fue convocada por organizaciones como Selva Maya SOS, Sociedad Civil México y SOS Cenotes.

La presentación se realizó con el objetivo de “desenmascarar” a los 15 principales actores que, por acción u omisión, se refirieron como “los autores del más grande ecocidio en la historia de México: el Tren Maya, un megaproyecto desarrollado con recursos del erario público, sin planeación, sin estudios, sin cumplimiento de la ley ambiental y cuya responsabilidad directa es del Gobierno Mexicano”, aseveraron.

  • Gemma Santana, activista y una de las organizadoras del evento, advirtió que esta denuncia no se hace con el fin de atacar a estas 15 personas, sino que es un llamado de atención para preguntarles “de qué lado de la historia” quieren estar frente a la crisis hídrica y climática, es decir, si respaldan la obra insignia de AMLO (a la cual calificaron como un “proyecto de muerte”) o deciden frenarla para evitar la afectación a las especies endémicas , los cenotes y mantos acuíferos por donde pasará el tren.
  • De acuerdo con las y los defensores del medio ambiente, el Tren Maya pone en riesgo las reservas de agua en la región, además de deforestar miles de árboles, amenazar el patrimonio cultural y biológico, afectar a los ríos subterráneos y al comportamiento de la fauna en la zona, principalmente en el Tramo 5, divido en Norte (de Cancún a Playa del Carmen) y Sur (de Playa del Carmen a Tulum), ambos trazos en Quintana Roo.

“Queremos concientizar a México y al mundo del riesgo que hay si continuamos con un tren que destruye y que además avanza de forma ilegal. No es un asunto partidista o de oposición, es un tema de supervivencia, de justicia social, ambiental y de estado de derecho”

En esta campaña de denuncia participaron Gemma Santana, Paco Ayala, José Urbina, Gonzalo Monroy y Cosijoopii Montero, activistas medioambientales, quienes exupsuieron que los principales actores, aunque no los únicos, que respaldan la construcción de la obra insignia de AMLO y a quienes acusan de provocar el deterioro de la selva de Quintana Roo son:

Empresarios

  1. Daniel Chávez Morán, fundador del grupo Vidanta. Además de ser consejero, también es supervisor de las obras del Tren Maya. Fue uno de los empresarios que recomendó mover el tramo 5 de la carretera al interior de la selva, debido a las afectaciones que tendría en los accesos a los hoteles.
  2. Antonio Chaves, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, quien también ejerció presión para que se cambiara el trazo de dicho tramo (que va de Playa del Carmen a Tulum), bajo el argumento de que se generarían conflictos de tráfico en la carretera.
  3. Germán Larrea Mota Velazco, presidente de Grupo México, debido al daño ecológico causado en la región del tramo 5 derivado de las obras de construcción.
  4. Guadalupe Phillips, directora de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por ser la supuesta responsable de la deforestación de miles de árboles en el tramo 5.
  5. Maite Ramos, directora de Alstom México. Se le mencionó por aceptar contratos de millones de pesos para la fabricación de los vagones del tren.

Funcionarios

  1. Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, debido a su presunta omisión en defender la selva y el acuífero maya. “No ha tenido la capacidad de defender su territorio y a sus gobernados”, indicaron.
  2. Efraín Villanueva Arcos, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, por su nula participación al momento de autorizar resoluciones en materia de impacto ambiental. “Fue cómplice de un proyecto ilegal que está dejando daños incalculables a la selva local”, aseveraron.
  3. Karen Castrejón Trujillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Su nombre figuró en la lista debido a su supuesta omisión al momento de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico.
  4. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, por su presunto incumplimiento a la Ley referida con anterioridad. Si bien intentó dialogar con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, los ponentes indicaron que al final “se rindió de dar la batalla contra la ilegalidad”.
  5. Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, por respaldar el megaproyecto de AMLO sin contar con estudios previos, así como por permitir el cambio de tramo al interior de la selva. “Dejará una herencia de destrucción e ilegalidad”, advirtieron.
  6. Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México. Se le mencionó por su supuesta omisión ante la construcción del Tren Maya, pues a pesar de que se han hecho denuncias por el daño ambiental generado, no ha manifestado o realizado ningún acto de clausura en los trabajos del tramo 5.
  7. María Luisa Albores González, titular de la Semarnat del Gobierno de México, por haber recibido y autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 a un par de meses de que iniciaran las obras debido a un decreto presidencial.
  8. Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por aceptar el cambio del tramo 5 sur sin la justificación técnica ni los estudios ambientales requeridos por la ley, indicaron.
  9. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Su mención fue por su “complicidad” al apoyar y supervisar el Tren Maya, a pesar de su supuesta “ilegalidad y de la destrucción a la selva”, mencionaron los activistas.
  10. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Su nombre figuró por no atender el llamado de los expertos y descalificar a los activistas que se oponen a su megaproyecto, además de “ponernos en riesgo ante la pérdida de nuestro patrimonio natural”, aseveraron.

Cabe recordar que el mandatario federal, en su conferencia de prensa del pasado 19 de julio, rechazó que haya incurrido en un desacato a la orden judicial al catalogar el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional.

“No por los intereses de un grupo vamos a detener una obra en beneficio del pueblo y que el tiempo que llevaba parada nos significaba un alto costo”
Posteriormente, en la mañanera del 21 de julio, López Obrador advirtió que darán a conocer quién es uno de los demandantes que interpuso un amparo para la detención de las obras del tramo 5 del Tren Maya, toda vez que el quejoso supuestamente primero dio una dirección en Quintana Roo, después registró un domicilio en España, el cual terminó cambiando por uno de Estados Unidos.

“Entonces, nos importa saber quién es, cómo está eso. Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver (…) Pero nos interesa saber quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer”, agregó, arguyendo que se trataba de las llamadas “tácticas dilatorias”.

  • En respuesta, el ambientalista José Urbina aseguró que los defensores son habitantes de Playa del Carmen, de Akumal, de Cancún y de Tulum, por lo que criticó la intención del jefe del Ejecutivo de “rastrear” al promotor del amparo y exhibirlo en sus conferencias de prensa, y agregó:

“El impulsor que detuvo el tren con el primer amparo fui yo. Vivo en Playa del Carmen desde hace 18 años. Hace 11 compré mi casa. Usted (presidente López Obrador) sabe perfectamente quién soy”
En entrevista con Infobae México, el también buzo de cuevas, conocido como “Pepe Tiburón”, ahondó más al respecto y aseguró que en ningún momento los ambientalistas o los quejosos han tenido una injerencia en el retraso del amparo o las suspensiones. “Continuamente están sembrando inconsistencias para confundir y distraer la atención”, aseveró.

“Promoví un amparo que fue el primero en obtener la suspensión provisional. No estoy solo. Lo hice con otros buzos, pero ellos prefieren mantenerse en el anonimato y están en todo su derecho”, agregó. Además, el integrante de la campaña Sélvame del Tren indicó que ellos -los buzos- están abiertos al diálogo y que estará hasta el sábado 23 de julio en la Ciudad de México por si el mandatario federal quiere hablar con él.

  • Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya ha sido uno de sus proyectos prioritarios. Pese a los amparos promovidos y las denuncias de múltiples organizaciones civiles que alertan sobre el impacto ambiental de su construcción, se prevé que el primer tramo del proyecto esté funcionando para el 2023.
  • Este megaproyecto está divido en siete tramos, los cuales abarcan una distancia de mil 500 kilómetros aproximadamente, y pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El objetivo, según la descripción de su sitio web, es “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”.

Sin embargo, es precisamente lo contrario lo que diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado: deforestación de miles de árboles, afectación en los mantos acuíferos, desplazamiento de las comunidades indígenas y de diversas especies de la selva de Quintana Roo, daño al patrimonio cultural en la región, desabasto de agua en la zona de Calakmul, así como el impacto en las áreas naturales protegidas.

Pese a que en un principio el presupuesto para su construcción era de 140 mil millones de pesos (mdp), posteriormente aumentó a 200 mil mdp, aunque debido a los retrasos y los amparos promovidos, su costo podría acrecentarse hasta cinco veces más de lo previsto.

Obras de la 4T incurren a delitos ambientales

as obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador incurren en diversos delitos ambientales, coincidieron especialistas que participaron en la sexta sesión del Consejo de Crisis Climática de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

  • Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), puso como ejemplo el caso de la refinería de Dos Bocas que será inaugurada el próximo 2 de julio, en la que se pueden configurar dos delitos tipificados en el Código Penal Federal, ya que los trabajos iniciaron sin autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

El primero es la violación al artículo 418, que impone de seis meses a nueve años de prisión, y el equivalente de 100 a tres mil días de multa, a quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural y también a quien cambie el uso de suelo forestal. “Eso aplica para Dos Bocas y aplica para el tramo 5 del Tren Maya”, consideró el abogado especializado en derecho ambiental.

  • El otro tiene que ver con el artículo 420 Bis, que aplica las mismas penas a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. “En Dos Bocas, bajita la mano, tiraron 80 hectáreas de manglar sin autorización alguna. Fueron más, fueron como 250 al final, pero inicialmente fueron 80, reconocido por la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.

Sandra Guzmán, especialista en financiamiento climático y consejera permanente de la OEM, coincidió en que las megaobras del sexenio conllevan diversos delitos al ambiente, aunque no se les quiera ver así.

“Tenemos proyectos como la refinería (Dos Bocas), como el Tren Maya, que son proyectos que, si los vemos desde el punto de vista de la definición de delitos ambientales, son delitos ambientales, y sin embargo no los estamos tratando como tal”, externó.

  • Sobre el tema, el activista socioambiental y también consejero permanente, Francisco Ayala, consideró que estamos ante una estructura de poder que ha mercantilizado a la naturaleza. “Hemos hecho que todos los recursos naturales, plantas, animales, estén al servicio de los hombres y eso ha hecho como consecuencia que quien tiene la capacidad para extraerlo, para controlarlo, pues adquiere poder”.

Alanís agregó que ante el incumplimiento y la impunidad con la que avanzan estas obras, instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son omisas en investigar los posibles delitos ambientales. La Profepa, dijo, “está completamente muerta, completamente omisa, respondiendo a los intereses del presidente (López Obrador)”.

“La autoridad ambiental se está volviendo cómplice de las irregularidades que son evidentes a todas luces en estos proyectos y además es una práctica común: es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la refinería, es el Tren Maya, es el Corredor Transístmico”.

Pobladores temen por colapso ecológico con refinería

Primero fue la devastación de más de 131 hectáreas de manglares y selva baja cuando inició en 2019. Ahora, los pobladores de la región observan en silencio la depredación ambiental que ha dejado a su paso la construcción de la Refinería Olmeca de Dos Bocas. El que es considerado el punto turístico de mayor afluencia en Tabasco vive hoy en la zozobra por la contaminación de ríos, lagunas, afluentes, playas, dunas, palmares y acahuales.

  • Los derrames petroleros que ocurren con frecuencia en las plataformas de Pemex, frente a las costas de Dos Bocas, en el Golfo de México, así como la dispersión de “lava” (petróleo crudo) que expulsan las chimeneas de la planta antigua, cuando se apaga alguno de los tres mecheros por problemas técnicos, tienen a la zona al borde del colapso ecológico. “Todo esto ya se nota desde que inició la construcción de la refinería y sin duda se va a agravar cuando esté en funcionamiento”, dice Gerardo, poblador de la zona.

Gerardo, poblador de la zona, ofrece recorridos en lancha en el Río Seco y en la Laguna Mecoacán, ya sea a turistas o a los propios lugareños donde se asienta la planta refinadora.

Narra que desde que inició la construcción de la megaobra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de agosto de 2019, han emigrado del lugar manatíes, aves, tortugas, mantarrayas, reptiles y distintas especies de peces debido a la intensa actividad en la zona.

En la isla Andrés García, a unos 500 metros de la refinería Olmeca, viven 139 personas que dicen tener “la playa más bonita de Tabasco”, aunque continuamente ellos y pobladores de otras comunidades tienen que limpiar la nata negra de petróleo que se acumula a las orillas de ríos y lagunas, por los derrames de hidrocarburos en instalaciones de Pemex.

  • Doña Graciela dice que el asunto es que ni Petróleos Mexicanos, ni los gobiernos federal y estatal, tanto de la Cuatroté como los anteriores, se responsabilizan de los daños causados por estos accidentes.
  • “Ni se responsabilizan, ni dan indemnizaciones por los derrames de petróleo. Nunca han dado la cara. Nosotros somos los que tenemos que limpiar, porque vivimos del turismo, de la pesca, del río y de la laguna. Así ha sido siempre”.

El daño ambiental detonó con la construcción, hace dos años, de un oleoducto submarino que va de la antigua planta petrolera de Dos Bocas a los municipios del sur de Tabaco, limítrofes con Campeche.

Los impactos se extienden en zonas aledañas. Lo que antes era el corredor turístico de Paraíso, es decir, el boulevard de ingreso al municipio, antes estaba abarrotado de negocios de comida, artesanías, artículos para pesca o de playa, pero también de árboles y áreas verdes.

Ahora lo que predominan son los comercios para la venta de material de construcción, cementeras, renta de equipo de seguridad industrial y overoles./Agencias-PUNTOporPUNTO

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