El gobierno federal transfirió a las entidades federativas 54 mil 167 millones de pesos en enero-abril en recursos basados en negociaciones directas con los estados, lo que implicó un aumento de 5.4% anual en términos reales, luego del castigo de 16.7% que hubo en igual lapso de 2021, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda.
- Así, los subsidios del Ramo 23 totalizaron cinco mil 51 millones de pesos, lo que implicó un incremento real de 22.8% en el periodo de referencia; los convenios de descentralización sumaron 44 mil 262 millones de pesos, un aumento de 6.6%; en tanto que los convenios de reasignación sumaron cuatro mil 852 millones de pesos, un descenso de 15% real.
- Por entidad federativa, destaca que dentro las que celebraron ayer jornadas electorales para cambiar su gobernador, dos entidades tuvieron reducción de las transferencias sujetas a negociación política, y cuatro presentaron aumentos.
- Las dos entidades que a las que disminuyeron recursos son gobernadas por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), Aguascalientes y Tamaulipas, con caídas de 10.1 y 5.2% anual en enero-abril de este año, respectivamente.
Otro estado relativamente castigado con estos recursos fue Quintana Roo, que sólo los vio crecer en 0.1% anual real.
Por su parte, Durango (gobernado por el PAN) tuvo aumento de transferencias discrecionales por 2.1%, Hidalgo (PRI) tuvo alza de 5.8%, en Oaxaca (PRI) los recursos aumentaron 13.9%.
En total, 15 entidades federativas vieron crecer la recepción de transferencias federales sujetas a negociación política en términos reales, mientras que 17 la vio descender en el periodo enero-abril de este año.
Los convenios
La organización México Evalúa ha explicado en diversos análisis que, si bien los Convenios de Descentralización y Reasignación están mejor regulados frente a los subsidios del Ramo 23, pues tienen criterios dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el reto todavía sigue siendo mejorar su uso.
La organización manifestó que todavía no está del todo claro cuándo se puede hacer un convenio y cuándo no, y que los criterios siguen siendo bastantes discrecionales.
- Han documentado que los recursos del Ramo 23 en diversos años han estado suje- tos al uso político, razón por la cual es muy probable que los convenios de descentralización y de reasignación estén teniendo el mismo uso.
- Me parece que la regulación de los convenios es bastante general y faltan más medidas de transparencia y rendición de cuentas, y no están exentos de riesgos de corrupción y, sobre todo, de uso con criterios políticos”, expresó Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa.
De acuerdo con Hacienda, los convenios de Descentralización y Reasignación “tienen el propósito de transferir responsabilidades, recursos humanos y materiales, así como otorgar recursos financieros, a fin de promover un gasto público más eficiente y eficaz”.
Sistema de evaluación
México Evalúa sugiere implementar para los Convenios un sistema de monitoreo accesible al público, con el fin, por ejemplo, de saber si hay adendas a y a qué resultados se han comprometido.
- Además, que se tenga un calendario de pagos a los estados y sobre eso conocer los productos parciales, para que los Convenios no se suscriban porque sí, sino que sigan un proceso controlado.
Y sobre el Ramo 23, expresó que, si bien ha sido una fuente de opacidad su uso, la solución no es eliminarlo, sino regularlo, porque en el pasado también ha sido fuente importante de recursos para las obras de infraestructura de las entidades federativas.
Incrementan Entidades Públicas sus deudas
Contratar deuda para pagar deuda. En el transcurso de la actual administración, el endeudamiento del sector público acumula un incremento de 2 billones 644 mil 676 millones de pesos; cifra que, vista por sí sola, representa un crecimiento de 25 por ciento desde finales de 2018, cuando se inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de cuyas premisas es “no endeudar al país”.
- Estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evidencian que entre el cierre de noviembre de 2018 y abril del año en curso, el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público Federal (SHRSPF) –la medida más amplia de la deuda pública– pasó de 10 billones 480 mil 575 millones de pesos a 13 billones 125 mil 251 millones.
- Medido como proporción del tamaño de la economía, el SHRFSP fue equivalente a 44.85 por ciento del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2018, relación que en marzo de 2022 se elevó a 45.39 por ciento del PIB, de acuerdo con Hacienda. En 2020 y 2021, como consecuencia de la contracción económica derivada de la pandemia, esas proporciones fueron de 51.73 y 49.99 por ciento del producto, según la misma fuente.
Frente al planteamiento de que no se ha contratado deuda, el incremento de las obligaciones a un ritmo de 2 mil 120 millones de pesos por día, reflejan una serie de factores: ajustes por la inflación y el tipo de cambio, el costo de los intereses e incluso la contratación de algunos créditos con organismos financieros internacionales y bilaterales.
- Arturo Ortiz Wadgymar, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que los aumentos en el endeudamiento corresponden más a ajustes y no necesariamente con la contratación de nuevos créditos. Es más una estrategia de “pedir prestado para refinanciar el pago de intereses de otra deuda”, abunda.
Los informes de Hacienda dan cuenta de que en los 41 meses que hay registro de la administración de López Obrador, el costo financiero de la deuda –intereses, comisiones y pagos por administración de las obligaciones financieras– ha sido de 2 billones 389 mil 952 millones de pesos, cifra que equivale a 90.4 por ciento del crecimiento nominal que tiene la deuda pública.
En el manejo de los pasivos del gobierno federal se han gastado un billón 780 mil 272 millones de pesos (74.49 por ciento del costo financiero total); en el rescate bancario que se arrastra de la década de los noventa, 121 mil 331 millones de pesos (5.08 por ciento); en los intereses y comisiones por la deuda de Petróleos Mexicanos, 410 mil 110 millones (17.16 por ciento), y en los de la Comisión Federal de Electricidad, 78 mil 238 millones de pesos (3.27 por ciento), de acuerdo con información oficial./Agencias-PUNTOporPUNTO
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