Mediante cinco juicios de amparo, los jueces especializados en competencia económica suspendieron los efectos del decreto emitido el pasado 13 de junio por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, el cual privilegia los despachos de Pemex y CFE, debido a que tienen capacidad en exceso que no aprovechan.
- La Sener argumentó que los recursos del Estado no están siendo utilizados de manera óptima y que la CFE, por ejemplo, sólo aprovecha 68 y 41 por ciento de la capacidad que ha contratado en los gasoductos mexicanos y estadounidenses, respectivamente.
Desde junio, el sector privado advirtió que se trataba de una medida claramente inconstitucional.
- El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión en los amparos promovidos por las empresas Tractebel Energía del Pánuco y GDF Suez México Comercializadora. También admitió un amparo de Grupo Fermaca, la segunda mayor operadora de infraestructura de gas natural en el País.
El juez Rodrigo de la Peza, por su parte, concedió la suspensión en tres amparos, pero censuró en la lista de acuerdos de su juzgado los nombres de las empresas.La próxima semana notificarán si conceden las suspensiones definitivas.
Sener busca limitar la competencia
El 13 de junio de 2022 la Secretaría de Energía (Sener) envió un oficio al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que exhorta a esta última a modificar los “Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios del Permiso de Gestión Independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural” para garantizar que los usuarios del servicio de transporte de gas natural (p. ej. industrias y centrales generadoras de electricidad) compren este hidrocarburo a alguna de las empresas productivas del Estado.
- Esta medida, que pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al forzar un mayor uso de su capacidad subutilizada de transporte de gas natural, atentaría contra la competencia y la libre concurrencia en el sector, porque obligaría a los usuarios del servicio de transporte de gas natural (vía los gasoductos del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural –Sistrangas–) a comprar este hidrocarburo a las filiales de la CFE encargadas del negocio de comercialización y suministro de combustibles: CFEnergía y CFE Internacional.
De esta forma, se violaría el acceso abierto, efectivo, y no indebidamente discriminatorio a la infraestructura de gas natural previsto en los artículos 62 y 70 de la Ley de Hidrocarburos. Esto tendría efectos perjudiciales no solo para los transportistas y comercializadores de este insumo, sino también para los usuarios finales –especialmente en el sector industrial– que estarían sujetos a los precios y calidad del servicio que determine la CFE.
- Además, el cambio propuesto atentaría contra el Estado de derecho al modificar los términos y condiciones bajo los cuales los usuarios firmaron contratos de transporte de gas natural, lo cual pone en riesgo la certidumbre jurídica en el sector en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración.
- La posición de la CFE como único comprador de gas natural en el exterior y único comercializador en México le restaría competitividad al país e incrementaría los riesgos operativos de la empresa, al tener la responsabilidad del suministro nacional del gas natural. Más aún, el no tener competencia en este sector amenazaría la seguridad energética –la disponibilidad ininterrumpida de energía a precios asequibles– del país.
En un contexto de recuperación económica y de elevados precios del gas natural, la apuesta del Estado mexicano debe ser incrementar la competitividad del país vía el suministro confiable y a precios competitivos del gas natural para la industria y el resto de los usuarios finales en México.
En caso de que la CRE de cumplimiento al exhorto planteado por la Sener, en cambio, se incrementará en los hechos el poder de mercado de la CFE en detrimento de los hogares y las empresas mexicanas.
Por estas razones, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) exhorta a la CRE a actuar de forma independiente con el propósito de implementar políticas que fomenten el desarrollo eficiente de la industria, promuevan la competencia en el sector y protejan los intereses de los consumidores mexicanos en congruencia con su mandato legal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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