Con piedras y palos, pobladores —alentados por el crimen organizado, huachicoleros y comuneros— han desafiado, desarma do e incluso retenido a elementos militares, cuya instrucción es evitar los enfrentamientos.
- De acuerdo con un conteo realizado por EL UNIVERSAL, el primer año de este gobierno acumula el mayor número de agresiones a integrantes de las Fuerzas Armadas, con nueve; en 2020 se registró una, mientras que en 2021 y 2022, siete, respectivamente.
La región de Tierra Caliente, en Michoacán, es el epicentro de los ataques civiles contra militares, con siete casos a la fecha.
“Hay un desgaste en cuanto a la función operativa y legitimidad de las Fuerzas Armadas y su actuación debido al aprovechamiento estratégico del crimen organizado derivado de la política de abrazos, no balazos”, conside ró Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad.
- El Ejército, Marina y Guardia Nacional han sido objeto de agresiones, maltratos e insultos de la población civil en al menos 24 ocasiones durante el gobierno del presidente Andrés M nuel López Obrador. Han sido varios episodios concentrados en Michoacán, donde el martes afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nueva Italia corrieron a militares que patrullan esa zona de Tierra Caliente.
- En esos hechos, con piedras, palos, palas y escobas pobladores alentados por la delincuencia organizada, huachicoleros y comu neros desafían a las Fuerzas Armadas mexicanas, que tienen la instrucción del Ejecutivo federal de evitar los enfrentamientos, al grado de desarmarlas y retenerlas en algunos casos.
Según un conteo de eventos realizado por EL UNIVERSAL, el primer año de esta administración acumula el mayor número de ataques a personal militar, con nueve, entre ellos el de mayo de 2019, cuando personas al servicio del lugarteniente del CJNG, Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, sometieron, retuvieron y desarmaron a un grupo de militares en la comunidad de Zicuirán, municipio de La Huaca na, principal bastión del capo.
En 2020 se registró un evento, mientras en 2021 y 2022 se contabilizaron siete en cada uno.
La región de la Tierra Caliente de Michoacán es el epicentro de las agresiones de la población civil contra el Ejército y la Guardia Nacional, con siete casos hasta ahora, según el conteo elaborado por este diario.
- Le siguen Oaxaca, con cuatro; Puebla e Hidalgo, tres; Guerrero, dos; Estado de México, Querétaro, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, un ataque en cada uno.
- “Hay un desgaste en cuanto a la función operativa y legitimidad de las Fuerzas Armadas y su actuación, debido al aprovechamiento del crimen organizado derivado de la política “abrazos, no balazos”. Saben que si presentan resistencia utilizando la población civil, el Ejército se va retirar”, considera el especialista en temas de . seguridad, Ricardo Márquez Blas.
“Los grupos criminales ya identificaron y diagnosticaron que de la política de “abrazos, no balazos van a obtener beneficios. Uno es el fortalecimiento del control territorial a través de agresiones contra elementos de las fuerzas federales a sabiendas de que no va a pasar nada y que la instrucción que tienen es evitar los enfrentamientos”, añade.
Para el experto en temas de Fuerzas de Armadas, Javier Oliva Posada, actualmente no se tiene una visión de conjunto para abordar la situación del Ejército, Marina y Guardia Nacional en las operaciones contra el crimen organizado en el país.
“Me parece que no ha habido una visión de conjunto y que en ese sentido, las expectativas depositadas en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional son muy altas, pero necesitan tareas complementarias, como el respaldo de las autoridades locales cuando se presentan situaciones como la de Nueva Italia y otras que han ocurrido en Michoacán”.
- El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, refirió que el Estado mexicano está obligado a cumplir la ley cuando hay un ataque de la fuerza delincuencial, no a tolerar, justificar y solapar a los grupos criminales.
“Es decir, el Estado mexicano y las fuerzas federales y locales tienen la obligación de seguir protocolos a la hora que actúan de manera tal que no se viole el debido proceso, que hay una presunción de inocencia. Esos aspectos son los que deben guiar a las instituciones y están descritos en los protocolos de actuación, para los cuales se les capacita o se les debiera capacitar adecuadamente a las autoridades”.
9 mil policías han sido asesinados por el crimen
Marco, un agente municipal de 45 años, patrulla las calles de Celaya con armamento viejo y prestado, en horarios de sol a sol, mientras los grupos criminales salen armados hasta los dientes no sólo para enfrentarse entre sí, sino también para matar a policías.
- En el último semestre asesinaron a nueve. Por algo este municipio está entre las zonas más letales del país para trabajar como uniformado. “¿Cómo es posible que los animales domésticos tengan mejores reglamentos que nosotros?”, se queja Marco. “Está el caso donde alguien pateaba un perro y le dieron dos años de cárcel; acá matan un policía y no pasa nada”
De noviembre de 2021 a la fecha se han cometido 14 agresiones contra diversos cuerpos de seguridad en Celaya. El último caso se dio el pasado 29 de abril, cuando el agente José Francisco ‘N’ fue asesinado en su casa, en pleno día de descanso. La cifra fue mayor entre 2019 y junio de 2021, cuando sumaron 54 asesinatos. Eso significa que en año y medio murió el mismo número de agentes que en los seis años anteriores.
- La tasa comparativa de los municipios con más agentes caídos es abismal: mientras en Acapulco son asesinados 0.08 elementos por cada 100 mil habitantes, en Celaya se reportan cuatro muertes violentas. La precariedad laboral con la que se desempeñan los policías y la penetración del crimen organizado en la estructura de la seguridad pública han ocasionado que desde 2013, en promedio, tres agentes sean asesinados al día en México.
“El policía no está respaldado legislativamente y la falta de profesionalismo de muchos elementos no ayuda con la imagen que se debe dar hacia la sociedad civil”, reprocha Rodolfo Basurto, líder del Sindicato Nacional de Policías.
“El poder político solo nos utiliza para fines electorales y el crimen organizado goza de impunidad”, acusa Para Marco, la precariedad laboral en Celaya se debe, en gran medida, a que las mejores armas, los altos sueldos y los descansos se los facilitan sólo a los ex agentes federales que, hace dos años, fueron contratados para integrarse a la corporación municipal. Marco denuncia que desde que llegaron los ex federales no ha visto su arma.
“Me tienen que prestar las de compañeros de otros turnos porque todas las mejores armas las tienen ellos”. La falta de armamento en Celaya, cuenta, ha orillado que agentes patrullen sin portar pistola. Otra de las principales peticiones al gobierno de Celaya es que se les brinde a los policías horarios conforme a la ley.
“Trabajamos hasta 48 horas seguidas”, denuncia Marco. “Así no podemos enfrentarnos al Cártel Jalisco Nueva Generación ni al de Santa Rosa de Lima. Necesitamos trabajar 24 por 48”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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