Las compras públicas que realizó el gobierno federal durante 2021 estuvieron plagadas de irregularidades, entre las más graves, se encuentran otorgar contratos a empresas fantasmas, de reciente creación e incluso a corporaciones que han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así lo determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C en su reporte más reciente.
- Durante la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción 2022 —herramienta que evalúa miles de compra públicas de la administración pública federal — el Imco confirmó que diversas instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de nueve mil 797 millones de pesos a proveedores “riesgosos” que fueron catalogados como empresas fantasma, así como sancionadas por autoridades federales o de reciente creación.
Esto va en contra de la promesa del gobierno federal, que aseguró al inicio de esta administración que se erradicarían prácticas de corrupción y la discrecionalidad para la asignación de millonarias bolsas presupuestales, como por ejemplo, licitaciones a modo para empresas sin experiencia y nuevas.
- Asimismo, el índice identificó que en 2021, el riesgo de corrupción de las compras públicas aumentó en 75 de 260 instituciones federales, que representan 29% del total y de ellas, existe un “riesgo muy alto” de corrupción en compras de 22 instituciones federales.
- Mientras que otro de los hallazgos importantes es que cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se realizó a través de procedimientos sin competencia, ya que el año pasado, 41% del monto total fue por medio de licitaciones directas y solo 4% a través de invitaciones restringidas.
El Imco propone dar seguimiento a la iniciativa de reforma que busca reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el objetivo de promover la estricta separación de las labores de fiscalización y administración del gasto que lleve a cabo la SFP, así como el correcto funcionamiento y coordinación de las estructuras de control interno.— Precisó el Instituto en conferencia de prensa.
Se agudiza corrupción
El Imco dividió en cuatro categorías a las instituciones federales, según el monto gastado por año. “A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas”. Y fue el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021.
- Esto debido a que su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mayor avance en la medición.
En el sector salud también se detectó que existe poca transparencia en las compras de algunas instituciones. Por ejemplo, en 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de 64 licitaciones públicas que realizó.
CFE y PEMEX en opacidad
En apartado diferente el Instituto Mexicano de Competitividad reveló que entre los entes obligados que no rindieron cuentas y fueron opacos en dar a conocer los contratos en los que gastaron se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues no se logró identificar las compras que hicieron en ese lapso de tiempo en el sitio Compranet.
- En tanto el Banco del Bienestar (BanBien) se posicionó como una de las instituciones federales más opacas, pues sus compras públicas se caracterizaron por procedimientos sin competencia, ya que 89% del monto contratado se adjudicó directamente, es decir, se adjudicaron contratos a empresas directas.
A su vez, el Insabi se alzó con la primera posición del índice en cuestiones de nula transparencia, pues tuvo severos problemas en brindar información completa y oportuna, además de que 98% de las compras realizadas por esta institución no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impidió “contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes”, refirió el Imco.
4T recurre a “otros contratos” para sacar el ejercicio del gasto de las auditorías
En materia de compras de gobierno, la transformación no ha llegado a México: continúa el abuso de figuras como la adjudicación directa, la asignación de contratos mediante criterios políticos y ha aparecido la figura de “otros contratos”, a través de la cual se saca del alcance de las auditorías, del acceso a la información y del radar del escrutinio público, el gasto en insumos, servicios y ejecución de obra pública, plantearon expertos en estos temas.
- Además, señalaron que se abusa de la declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, con el fin de evitar las licitaciones públicas, e, invocando “motivos de seguridad nacional”, se reserva información sobre obra pública, con lo cual el presupuesto se invierte con total opacidad.
- En la página 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece el propósito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “prohibir las adjudicaciones directas”.
Además, en octubre de 2020, la entonces secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró desde la tribuna de la Cámara de Diputados que la intención del gobierno federal era reducir la asignación directa de contratos a 20 por ciento.
Esa promesa está lejos de cumplirse. No solo no se redujo el porcentaje de contratos que se adjudican mediante esa modalidad, sino que aumentó.
De acuerdo con un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de los reportes de la plataforma Compranet, en 2021, se adjudicaron por la vía de la adjudicación directa 126,766 contratos, que representan 80.3%; 16,235 que implican 10.3% mediante licitación pública y 9,692, es decir 6.1% por invitación restringida.
- Ese año, el monto total de los contratos por adjudicación directa fue de 147,206 millones de pesos, que constituye 38.1% del total; el de las licitaciones fue de 176,126 millones, es decir 45.6% y las licitaciones 19,407 millones que corresponden a 5 por ciento.
- El abuso de esta figura no es algo nuevo. El director ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez, llama la atención que en México las adjudicaciones directas nunca han sido menores a 70 por ciento.
- En ese sentido, los datos sistematizados por la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI permiten ver que durante los dos últimos años del sexenio del presidente Felipe Calderón, el porcentaje de contratos adjudicados directamente fue de 78.3% (en 2011) y 73.6% (en 2012).
Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estuvieron entre 74.9% y 82.6 por ciento. Durante 2019, el primero del presidente López Obrador fueron 80.7%, luego subió ligeramente a 80.8% en 2020 y 80.3% el año pasado.
En ese sentido, Eduardo Bohórquez enfatizó que no todas las adjudicaciones directas son corrupción, pero se ha abusado históricamente en el país y durante la pandemia se abusó, como en otros países.
Hay un abuso histórico y sistemático de la figura de compras por adjudicación directa, el cual no revirtió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se mantuvo la tendencia histórica, expuso.
- Lo que se requiere, indicó, es corregir esa tendencia y llevarla hacia donde la ley marca, es decir, que el grueso de las adjudicaciones de contratos sea por licitación o por contratos marco y que solo algunos se hagan por adjudicación directa.
- Una buena práctica sería invertir la proporción que hay ahora, que solo 25 o 30% se hagan por adjudicación directa.
- El director de TM recalcó que si se observa el porcentaje de este tipo de contratos, se pueden ver cifras cercanas al 80% , pero lo relevante es revisar el monto de recursos que se adjudica por esa modalidad.
Además, puede ocurrir que se estén realizando adjudicaciones directas muy bien sustentadas, por ejemplo para la compra de materiales de oficina, pero cuesta trabajo pensar que ocurra lo mismo en casos de licitaciones vinculadas con la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, por ejemplo.
Recalcó que lo que debe hacerse es un análisis diferenciado para identificar dónde los riesgos de la adjudicación directa son mayores y revisarlos a profundidad.
Por su parte Marco Antonio Fernández Martínez, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aclaró que la adjudicación directa, en sí misma no es sinónimo de corrupción, ya que tanto la Ley de Adquisiciones, como la de Obra Pública prevén razones por las cuales se utilizan; sin embargo, lo grave es que no se cuenta con evidencia que demuestren que la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifiquen si las compras que realiza el gobierno mediante la adjudicación directa cumplan con lo previsto en la ley como excepciones a la licitación pública, lo cual constituye una omisión fundamental.
Recordó que la SFP, últimamente ha manifestado que la forma en que se disminuirá la corrupción en la licitación de obra pública será mediante las bitácoras de obra, pero el problema es que ese mecanismo lo desechó de facto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decretó acelerar los permisos a los entes gubernamentales que están realizando una obra pública.
- Eduardo Bohórquez explicó que quienes están facultados para revisar si en la adjudicación directa se cumplió con la normativa vigente son los comités de adquisiciones de cada una de las dependencias.
- Sin embargo, actualmente el problema es que como hay una declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, ésta se invoca para adjudicar de manera directa y se cometen abusos. Por ejemplo, se llegó al extremo que, en 2020, una dependencia compró mediante adjudicación directa boletos para el parque de diversiones Six Flags, en medio de la pandemia, invocando a la emergencia sanitaria.
En ese sentido comentó que Transparencia Mexicana ha pedido se suspenda ya la declaratoria en el capítulo de contratación pública que la están invocando en las áreas de compra para asuntos que no deberían estar ahí.
“Si se están quitando las restricciones sanitarias, pues entonces que se vuelvan a habilitar los controles democráticos en las contrataciones públicas del sector público”, abundó.
- Por su parte, Leonardo Núñez González, investigador de MCCI expuso que, a pesar de que el gobierno actual habla de que se lleva a cabo un cambio de régimen, el marco legal que rige las compras en el país no se ha actualizado desde hace varios años y eso explica que se siga abusando de la figura de las adjudicaciones directas.
Concretamente señaló que si se revisa la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, permanece prácticamente igual que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues solamente fue modificada en agosto de 2020 y otra en mayo de 2021.
La primera, para que las compras de medicamentos en el extranjero quedaran excluidas de la Ley de Adquisiciones y, la segunda, para incluir el nombre de fiscalía general de la República.
- Por otra parte, destacó que, aunque constitucionalmente el gobierno está obligado a utilizar las licitaciones públicas como el método principal para comprar, es mucho más complicado, lento y requiere mucho más habilidades burocráticas y técnicas y esta administración no las posee.
- El problema es que esa situación sirve tanto para lo bueno, que podría ser adjudicar y facilitar el proceso de adquisiciones, pero también sirve para lo malo, es decir beneficiar directamente a ciertas personas físicas o morales, con las compras del gobierno, incluso si se trata de empresas sin nula experiencia.
Recordó que cuando inició la actual administración federal, se recurrió a las compras consolidadas desde la Secretaría de Hacienda, sin embargo, pronto se empantanó ese ejercicio.
“Contratar en el sector público no es fácil; se requiere de conocimientos y lo que tenemos acá es que están continuando con una inercia burocrática que venimos cargando de tiempo atrás”.
Por otra parte, subrayó que comprar mediante licitación pública, es el método que deja más evidencia para el escrutinio público, lo cual se convierte en un incentivo perverso para preferir otros métodos que son opacos.
Asimismo resaltó que ya no estamos ante una situación de improvisación, por tratarse de un nuevo gobierno, pues la curva de aprendizaje ya debió concluir. Entonces lo que tenemos es una decantación por la opción más sencilla./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
IMCO_Indice-de-Riesgos-de-Corrupci%C3%B3n-2022
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