A más de dos años de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía tiene abandonadas en prisión a mujeres víctimas del narcotráfico, quienes son sometidas, mediante amenazas e intimidaciones, por los grupos del crimen organizado para transportar droga, alertó la organización EQUIS Justicia Para las Mujeres.
- Las víctimas comparten un cuadro común: se encuentran dentro de los estándares de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Para ellas, la justicia tarda en llegar o simplemente no llega, a pesar de ser candidatas a recibir la amnistía.
- Hasta marzo del 2021, la Comisión de Amnistía tenía registro de 653 solicitudes, que de acuerdo a sus propios criterios, cumplian con lo establecido por la ley. De estas, 453 solicitudes son por delitos contra la salud y de estas, la mitad son por “transportación”.
Las mujeres son las más afectadas, pues son orilladas a cumplir el papel de “mulas” o portadoras de drogas.
- Es el caso de Domitila, una mujer indígena mazahua, quien fue sentenciada injustamente por transportación de droga. Ella fue amenazada por un hombre quien le aseguró que si no accedía a transportar una maleta con marihuana matarían a su hijo.
Domitila aceptó, pero fue descubierta y detenida en Huitzo, Oaxaca, en una revisión de rutina de la policía federal. Fue sentenciada a 6 años y 8 meses sin perspectiva de género, ni interculturalidad y sin tomar en cuenta que fue obligada por un tercero que la amenazó. Este hecho que fue ignorado por el MP, el juez y hasta por su defensa.
Fallas en la Ley de Amnistía
En septiembre del 2020, EQUIS Justicia Para las Mujeres tomó el caso de Domitila y presentó solicitud para la amnistía, sin embargo se encontraron con una serie de fallas y obstáculos.
“Los primeros pasos fueron difíciles hasta para las autoridades. La oficina se encuentra en la Ciudad de México y si se quiere pedir la amnistía desde otro estado, se tiene que hacer la comunicación con la CDMX, de manera física o por correo. Hay personas que se encuentran en esos supuestos de ser personas indígenas, que no hablan español, que no tienen acceso a las tecnologías, que difícilmente van a lograr acceder a internet para enviar su solicitud. Es costoso e inaccesible meter esta solicitudes”, apuntó Amaranta Valgañon, abogada litigante de la organización, en entrevista con El Financiero.
- Domitila tuvo que esperar 20 meses para obtener su libertad. Aún cuando la ley establece que no deben pasar más de cuatro meses para obtener una respuesta a partir de que se ingresa la solicitud, ella recibió una respuesta después de 18 meses y todavía tuvo que esperar más tiempo para obtener una resolución.
“Los procedimientos de la Comisión de Amnistía no son claros, se presenta la solicitud y no se sabe cuándo la van a resolver (…) hay una violación de la ley. Para las personas que están en prisión este es un escenario de total incertidumbre, pues una vez que pasa el mes cuatro no saben cuánto más se va a tardar la resolución”.
Domitila recibió la amnistía por parte de la Comisión en diciembre de 2021 y fue hasta mayo del 2022 cuando el juez confirmó la determinación.
“El juez federal tiene la última palabra, da el ‘visto bueno’ sobre esa decisión, el juez podría no concederla. Ese procedimiento es muy nublado, no es claro, no es transparente, no hay algo que establezca cuánto tiempo tiene ese juez para resolver, cómo lo va a hacer”, denunció Amaranta.
La organización, quien desde 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, considera que la Ley de Amnistía “está operando en la oscuridad, lejos de la ciudadanía y sobre todo lejos de las personas privadas de la libertad”.
Justicia para Araceli
El proceso de Araceli continúa pendiente. Ella es una mujer originaria de Oaxaca, a quien le ofrecieron 2 mil pesos por transportar 30 kilos de marihuana a la Ciudad de México.
Su situación económica la orilló a aceptar la oferta y fue sentenciada a seis años de prisión.
- EQUIS Justicia Para las Mujeres advierte que, al igual que muchas mujeres, Araceli se encuentra en espera de una resolución por parte de la Comisión de Amnistía para recobrar su libertad.
En esta situación se encuentran al menos 2 mil 600 mujeres, quienes han sido encarceladas injustamente.
La población en cárceles aumentó 5.4%
En dos años de vigencia de la Ley de Amnistía —que suponía la liberación anticipada de personas en contextos de discriminación y vulnerabilidad—, la población privada de la libertad fue en aumento.
- Desde el primer año de la Ley de Amnistía, las cifras oficiales dejaron ver un aumento de la población en las cárceles de México. Para marzo de 2022, ya se reportaban 225,843 personas privadas de la libertad en México, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Naciona l, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- Esto quiere decir que, de 2020 a marzo de 2022, la población carcelaria en México aumentó en 5.4% mientras que la Ley de Amnistía ha «beneficiado» a solo 167 personas, de acuerdo con la Comisión de Amnistía.
«Este número de 167 personas que reporta la Comisión de Amnistía es de quienes ya tienen el ‘sí’ por parte de la comisión, pero todavía no salen de prisión porque falta ver qué dice el juez. Es decir, todavía están a la espera de la resolución judicial, no han sido liberadas», aclara Amaranta Valgañón, abogada litigante senior de la organización Equis Justicia para las Mujeres
- La información estadística penitenciaria nacional muestra que del total de personas privadas de la libertad, 28,994 están dentro del fuero federal; en diciembre de 2020 esta cifra era de 28,652.
- Aunque las cifras oficiales indican que la mayoría de las personas privadas de la libertad han recibido sentencia (133,107 tanto en el fuero común como en el federal), hay un universo de 92,736 que están vinculadas a proceso y estos casos son los que están aumentando la población penitenciaria.
«Las personas que aumentaron la población en 5.4% son las que están en proceso de vinculación, no son personas sentenciadas. Esto es porque hay mucha más utilización de prisión preventiva oficiosa como un mecanismo para tener a las personas privadas de la libertad», dice en entrevista Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, la cual forma parte del Observatorio de Amnistías./Agencias-PUNTOporPUNTO
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