De una muestra de gastos de 21.3 millones de pesos, la Contraloría interna en San Lázaro encontró que 19.9 millones (93 por ciento) fueron ejercidos de manera irregular por diputados del Partido Verde Ecologista de México.
- El grupo parlamentario del PVEM usó los casi 20 millones de pesos, que le fueron asignados entre marzo y agosto de 2021 como subvenciones en la Cámara de Diputados, para contratar empresas fantasma, pagar a aviadores y hasta comprar ropa para una legisladora.
En 2021, los verdes recibieron de subvención 71 millones 995 mil pesos. “Las operaciones financieras y las actividades administrativas realizadas por el Grupo Parlamentario no se apegaron a la normatividad aplicable, debido a que se detectaron inconsistencias en los
procedimientos de contratación de prestadores de servicios; así como inadecuada asignación y comprobación de apoyos extraordinarios al personal y de apoyos diversos para diputados”, señaló la Contraloría.
Las subvenciones son recursos que la Cámara de Diputados otorga a las fracciones parlamentarias para cubrir las necesidades derivadas del trabajo que realizan.
- Empero, la Contraloría encontró gastos en la compra de distintos bienes que no tienen una relación directa con la actividad legislativa.
- La auditoría CI/26/21, concluida en marzo, establece que el monto de irregularidades más significativo, al sumar 19.2 millones de pesos, es el correspondiente a la partida 3000 3300-3350- 00 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo mediante la cual supuestamente contrataron asesorías.
- Los contratos, en lugar de asignarse mediante una licitación pública, se otorgaron directo a empresas de las que no se acreditó su existencia.
Además, los recursos también fueron usados para pagar 628 mil 821 pesos en 11 apoyos extraordinarios a integrantes del grupo sin que se conozca qué tipo de trabajo les realizaron.
Los resultados de la auditoría fueron notificados el 31 de marzo al coordinador de los verdes, Carlos Puente, una vez transcurridos los 45 días para hacer las aclaraciones correspondientes, sin que esto hubiese ocurrido, por lo que las observaciones quedaron como definitivas.
Gobierno de Manuel Velasco dispuso de mil mdp a través de empresas fantasma
Sin que hasta ahora se conozca su destino, en 2018 el gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas dispuso de más de mil millones de pesos en efectivo utilizando un esquema de empresas fantasma, según un reportaje de Animal Político.
- En la investigación “En efectivo y en camionetas blindadas: así desaparecieron más de mil millones de pesos en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas”, firmado por Manu Ureste y Arturo Ángel, se documenta que en ese año 2018 las secretarías de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer entregaron recursos a tres empresas que han sido declaradas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dichas empresas habían sido declaradas por el SAT como irregulares pues no contaban con la infraestructura ni con el material requeridos para realizar los servicios a los que se comprometieron. Además, sus presuntos dueños son “empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos”.
La empresa fachada Comercializadora TGZ recibió de las tres dependencias mencionadas 813 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social dio 174 millones a Comercial Abastecedora Chloe, y 174 millones a Conseil D’affaires Belayage (que habría recibido más). En total, mil 161 millones.
Lo inusitado es que esas empresas trasladaron los recursos en efectivo a otras empresas fantasma, donde se pierde el rastro del dinero, señala la investigación periodística.
- Según información de Hacienda, las empresas fantasma tiene un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, quien declaró que sólo fue contratado para liquidarlas en 2020 por falta de ingresos, pese a los recursos que recibieron de las dependencias del gobierno chiapaneco.
- El gobernador Manuel Velasco Coello respondió por escrito a los reporteros Manu Ureste y Arturo Ángel, que su gobierno fue de los más auditados entre 2012 y 2018, que sus contrataciones de bienes y servicios fueron realizadas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios del Estado.
Asimismo, uno de los operadores políticos del gobierno de Andrés Manuel Lópoez Obrador, comentó que las empresas proveedoras no estaban impedidas legalmente para establecer contratos con el gobierno. Manifestó que cooperara con las autoridades en las investigaciones del caso./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
