En su esfuerzo por dictar la política económica de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de criminalizar a inversionistas y opositores a su agenda energética, advirtió ayer Mary Anastasia O’Grady, articulista del Wall Street Journal (WSJ).
López Obrador está comportándose como Vladimir Putin y el Presidente Joe Biden debería tomar acciones, señaló la columnista que analiza el panorama de América Latina en el influyente diario.
- Los señalamientos en el WSJ ocurren después de que la Oposición en el Congreso rechazó el 17 de abril la reforma constitucional de López Obrador para dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre privados, conocida como la Ley Bartlett, en alusión a Manuel Bartlett, titular del organismo.
«A López Obrador no le importa el crecimiento y está tratando de derribar instituciones independientes porque se interponen en su capacidad para dictar la política económica. Los que no están de acuerdo con él son tildados de codiciosos y corruptos», escribió la articulista.
«La Prueba A», agregó, «es la reciente amenaza del Presidente de encarcelar a sus oponentes políticos y procesar a los inversionistas que no estén de acuerdo con su agenda energética.
«Es poco probable que esta matonería al estilo de Putin termine en condenas, pero las denuncias penales presentadas ante el Fiscal General pueden resultar en años de investigación, acoso e incluso detención preventiva», agregó.
O’Grady destacó la advertencia del Presidente a las empresas que, según él, están cayendo ilegalmente en un autoabasto de energía eléctrica para ser llevadas a la justicia a menos de que renegocien las condiciones de sus contratos.
El ABC de la reforma eléctrica de AMLO
La reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el Congreso de México tras meses de críticas por parte de expertos ambientalistas y empresarios a la iniciativa que buscaba aumentar el control estatal de la generación de energía en el país.
- El plan del presidente era una de sus mayores apuestas y su rechazo supone una importante derrota legislativa en los tres años y medio que lleva López Obrador en el Gobierno.
Esto es lo que debes de saber sobre la polémica reforma: qué paso, qué se proponía y cómo fue el proceso.
¿Qué pasó con la reforma eléctrica?
López Obrador promovió la reforma constitucional en materia eléctrica como «vital» para sus planes de «transformar» México y era una de sus mayores apuestas de Gobierno. El presidente argumentaba que el proyecto de ley habría protegido a los consumidores y habría hecho al país más independiente energéticamente.
- Pero este domingo después de un acalorado debate en la Cámara de Diputados (Cámara baja) del Congreso que duró más de 12 horas, los partidos de oposición unieron fuerzas para echar para atrás el proyecto de ley que, según dijeron, dañaría la inversión y violaría las obligaciones internacionales.
- El gobernante partido Morena y sus aliados quedaron casi 60 votos por debajo de la mayoría de dos tercios necesaria en la Cámara de Diputados de 500 escaños, reuniendo solo 275 votos.
«Hoy es un gran día para México, para dejar claro que con nuestros votos y la coalición Va Por México se puede impedir que se hagan reformas a capricho y esta reforma en el tema eléctrico obviamente que no tendrá los votos y no va a pasar», dijo a la prensa el domingo Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), algo que ya venían advirtiendo desde días antes.
Mientras se debatía la iniciativa, afuera de la sede del Congreso en la Ciudad de México, manifestantes pedían el voto a favor de la reforma. Para evitar que estos grupos bloquearan los accesos y les impidieran entrar a la sesión donde se discutiría y votaría la reforma, los diputados de la oposición decidieron dormir un día antes dentro del recinto legislativo.
¿Qué proponía la reforma eléctrica?
Con la intención de revertir la reforma eléctrica de 2013 que liberalizó el mercado, la propuesta de reforma de López Obrador buscaba que las plantas de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) vendieran la electricidad antes que las compañías eléctricas extranjeras, es decir, tenía la intención de limitar la participación privada en el sector, cancelando contratos de inversión.
- «Los grandes generadores de energía eléctrica en este país son extranjeros. Eso pone un problema de soberanía energética y de soberanía nacional», dijo a CNN Ángel Balderas, promotor de la reforma y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro.
- Según Balderas, las empresas privadas en México, principalmente extranjeras, dominan el 68% de la generación de energía eléctrica, mientras que el Estado mexicano, solo el 32%.
«La proyección sería que al final de la década, los privados extranjeros dominarán el 85% y CFE solo el 15%. Esto implicaría clarisísimo quién va a dominar las tarifas», dijo.
Sin embargo, quiénes se oponían a la reforma aseguraban que la iniciativa promovía la producción de energía cara y sucia y, además, alejaría las inversiones y no fomentaría la competitividad, algo que López Obrador negó.
«La CFE tiene el control absoluto de todo lo demás, es decir, ellos distribuyen y transmiten la energía. Lo único que estamos pidiendo es que compren energía barata que sea de fuentes ecológicas que es lo que necesitamos hoy con la agenda 2030-2050 a la que este país se comprometió. Que le compren al más barato y no deshagan los contratos que se tienen establecidos con las grandes inversiones», dijo a CNN el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), José Abugaber.
La iniciativa no solo buscaba devolver al Estado el control de la generación eléctrica, también proponía que el litio —un mineral utilizado en la fabricación de baterías eléctricas— fuera explotado exclusivamente por el Estado. Así como eliminar a los órganos reguladores independientes desplazando la regulación energética a reguladores estatales. Se trata de las Comisiones Nacionales de Hidrocarburos y Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, que regula la entrega de electricidad al sistema y las tarifas.
¿Cómo fue el proceso?
A finales de septiembre de 2021, López Obrador entregó a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma eléctrica. Entonces, el presidente aseguro que no se trataba de «nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE».
Desde un inicio el polémico proyecto de ley enfrentó muchas críticas de grupos empresariales y de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, así como de otros aliados que argumentaron que violaría el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, tratado comercial regional conocido como T-MEC o USMCA.
Los líderes empresariales y funcionarios extranjeros expresaron desde entonces su preocupación de que el proyecto de ley pudiera disuadir la inversión privada y desencadenar disputas legales internacionales.
- Ante las críticas, los congresistas del partido oficialista Morena y sus aliados invitaron a las empresas generadoras de energía que participaran en el debate y acordaron retrasar la aprobación de la legislación hasta mediados de abril de 2022, el mismo mes que se celebraría el referéndum revocatorio sobre el mandato de López Obrador.
- Un político de alto nivel de Morena dijo a Reuters que el partido anticipaba una victoria abrumadora de López Obrador en la votación, lo que daría un impulso al esfuerzo del Gobierno para aprobar la reforma.
Semanas antes, el 7 de abril, la Corte Suprema de México bloqueó un primer intento de la oposición para frenar la ley de la industria eléctrica. Con cuatro votos a favor y siete en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no declarar inconstitucional la reforma a la ley de la industria.
Avanza la ley minera en la Cámara de Diputados
Con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó con modificaciones el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la ley minera. El proyecto fue enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
- La iniciativa fue enviada por el presidente López Obrador y en su exposición de motivos indica que su finalidad es establecer que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado mexicano.
Con ello, se prohíben las concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia a particulares nacionales o extranjeros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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