En México persisten graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad, indica un informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EU).
- De acuerdo con el documento, entre estos crímenes destacan homicidios arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos degradantes y desapariciones forzadas.
- El Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021: México, refiere como ejemplo lo ocurrido en julio de 2021, cuando el Ejército mexicano brindó la reparación de daño a dos de las tres familias de víctimas asesinadas un año antes a manos de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes fueron privadas de la vida durante diversos operativos realizados contra presuntos miembros de un cártel de drogas.
“El 7 de octubre, el Ejército relevó de su cargo al coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, acusado de ordenar los asesinatos, pero hasta (esa fecha) los fiscales no habían tomado medidas contra los soldados”, señala el texto.
Otro caso que cita el gobierno de Estados Unidos es el de la salvadoreña Victoria Salazar, quien murió en marzo de 2021 luego de que agentes de la policía de Quintana Roo le rompieron el cuello mientras intentaban ponerla bajo custodia.
Días después, el propio fiscal de la entidad confirmó que los policías “usaron la fuerza desproporcionada durante el arresto”, sin que hasta la fecha se tenga mayor información.
- Sobre el delito de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes cometidas por agentes gubernamentales, el informe señala que a pesar de las diversas prohibiciones en la materia “hubo informes de que las fuerzas de seguridad torturaron a los sospechosos” de diversos hechos.
- “Entre enero y agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 26 denuncias por tortura y 123 por detención arbitraria. La mayoría de estas denuncias fueron contra autoridades de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas”, detalla el informe del Departamento de Estado.
Durante su Segundo Informe de Gobierno oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que bajo su administración se habían acabado las violaciones a los derechos humanos.
“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como (Genaro) García Luna”, afirmó el 1 de septiembre de 2020.
Días después, Amnistía Internacional llamó al primer mandatario a reconocer la crisis de derechos humanos en que seguía el país como primer paso para atenderla. Pero la crisis, a la luz de lo documentado por el Departamento de Estado, continuó.
DELITOS IMPUNES
El documento refiere además la existencia de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Asimismo, el arresto o detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas cometida por agentes estatales y de organizaciones criminales transnacionales.
“Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa”.
Dentro de las violaciones a derechos humanos se destacan también diversos actos de corrupción e insuficiente investigación y rendición de cuentas, lo que ha desembocado en el agravamiento de otros ilícitos en contra personas con discapacidad y por razón de género, que incluye violencia doméstica así como contra personas de la comunidad LGBTI+.
“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, señala el documento.
- El informe hace especial énfasis en los delitos cometidos contra niñas y niños, quienes son víctimas de prácticas como abuso infantil, matrimonio precoz y forzado, explotación sexual e institucionalidad infantil, entre otras violaciones a sus garantías.
- Por ejemplo, señala que hasta agosto no había novedades en el caso del secuestro y asesinato de la niña Fátima, de siete años, por el que días después fueron arrestados Mario N y Gladis N y fueron procesados cinco funcionarios de la Fiscalía General de la Ciudad de México por no buscar a Fátima dentro de las 72 horas posteriores a su desaparición.
Otro tema que denuncia el documento es el relacionado al matrimonio infantil, que ha sido incluso denunciado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas conferencias de prensa matutinas. La práctica está prohibida en todos los estados del país, pero el informe identifica que de manera regular “con el consentimiento de un juez, los niños pueden casarse a edades más tempranas”.
MASACRES NO CEDEN EN MÉXICO
Las masacres en México no han cedido, pues durante el primer trimestre de este año, que no ha terminado y que incluye al mes más corto —febrero—, se han registrado 104 multihomicidios, siete menos que los ocurridos en los últimos tres meses del año pasado, cuando sumaron 111.
- Durante los 88 días que han transcurrido de este 2022, ocurrió, en promedio, más de una masacre al día (1.18), es decir, ocho cada semana, cifra que representa 19.6 por ciento de lo acumulado el año pasado, según Causa en Común.
- Además, de acuerdo con el último reporte de la organización, durante el primer bimestre de este año ocurrieron 80 eventos de este tipo, lo que representa un incremento de 14.29 por ciento en comparación con los dos meses previos, en los que sumaron 70.
En su informe “Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”, 47 masacres fueron cometidas en enero y 33 en febrero, a las que se suman 24 ya consignadas por la organización este mes.
Según el criterio aplicado por Causa en Común, una masacre es considerada como tal cuando más de tres personas son asesinadas en un mismo episodio violento, por lo que se estima que al menos 318 individuos han perdido la vida en multihomicidios este año.
Sin embargo, este número podría ser mayor, al señalar que algunas de las masacres cometidas en México han dejado como saldo a más de una decena de personas sin vida.
Como ejemplo reciente está el episodio ocurrido la noche del domingo pasado en un palenque de Zinapécuaro, Michoacán, donde 20 personas fueron asesinadas, y en el mismo estado, hace poco más de un mes, un comando asesinó y se llevó los cuerpos de las víctimas, cuya identidad, cantidad y paradero no ha sido precisado por las autoridades.
- Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, apuntó a La Razón que el equipo de esta organización ya evalúa las características de esta forma de violencia en México y, a pesar de no contar todavía con los resultados, afirmó que lo ocurrido en Zinapécuaro se ubica como una de las masacres más grandes registradas en los últimos años en el país.
- Aunque el número de multihomicidios durante este trimestre aún no rebasa al anterior, Genaro Ahumada alertó sobre el aumento que sí se aprecia respecto a la expansión territorial de las masacres, pues durante este año han comenzado a cometerse en entidades que se caracterizaban por una incidencia baja en este fenómeno.
Tal es el caso de Puebla, pues mientras en 2021 sólo se registraron tres masacres, en lo que va del 2022 ya han ocurrido cinco “muy graves y delicadas”, lo que, a decir del investigador, responde a la expansión de la actividad de grupos del crimen organizado, que ya buscan tener presencia en territorio poblano, advirtió.
En el mismo contexto, subrayó el recrudecimiento de estos episodios delictivos, pues, a diferencia de años previos, ahora se cometen en cualquier zona, sin importar la cercanía con escuelas, si ocurre a la luz del día o en eventos públicos.
“Precisamente lo que se ve son tintes de terrorismo; esto se ha recrudecido. Otro punto importante es que varía de acuerdo a la entidad; por ejemplo, las masacres en Zacatecas son de crueldad extrema. Es un signo de alarma y más cuando suceden en contextos donde no ocurrían”, dijo.
- Sin embargo, el impacto de los multihomicidios va más allá de las vidas que arrebata, pues la rutina de las comunidades en donde se cometen se ve afectada a partir del impacto a nivel psicológico y social que provoca el presenciar las escenas de la violencia, refirió el investigador.
“Se ha tratado de minimizar, al decir que son disputas entre miembros del crimen organizado, lo que va más allá, pues estos hechos impactan a la sociedad, incluyendo a la niñez. Cotidianamente se enfrentan a las escenas de violencia, lo que repercute en su tranquilidad y seguridad, ante un estado de indefensión, debido a que ninguno de los tres niveles de gobierno ha logrado contrarrestar estos eventos”, comentó Genaro Ahumada.
En el mismo sentido, apuntó que otra de las consecuencias es el desplazamiento forzado interno del que las comunidades se han visto obligadas a formar parte, para huir de la violencia.
Frente al panorama, remarcó la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno “asuman la responsabilidad en el cumplimiento de la seguridad pública de la población, como lo dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
313615_mexico-2021-human-rights-report
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