El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) externó su preocupación sobre la responsabilidad de servidores públicos del creciente número de desapariciones forzadas en México, dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos.
- El Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana que llegará al récord de las 100 mil personas desaparecidas.
- “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité al presentar sus conclusiones sobre México.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación a México en noviembre.
El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre de 2021. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.
Según el CED: “Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité. “Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.
- El Comité mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
- Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
El Comité también recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
Desapariciones fomentadas por la impunidad
El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité en un comunicado.
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
- Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
- En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
- El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. El Comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana. El informe completo del Comité sobre su visita a México ya está disponible en línea.
México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos
México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos que se agudizó durante el año pasado debido a los altos niveles de violencia e inseguridad, así como a las declaraciones públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros funcionarios de su gobierno, han hecho en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, activistas y académicos, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).
- El reporte para México señaló que “a pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles, como parte de su estrategia de seguridad pública, el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico”, lo que ha favorecido la violación de derechos humanos en las zonas más militarizadas del país.
- Los datos recopilados por este informe muestran que la Guardia Nacional fue la fuerza de seguridad con mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2021, por lo que su integración total a las Fuerzas Armadas es un retroceso importante en esta materia.
- Además el documento señala que los abusos de autoridad también han aumentado en otras instituciones de seguridad pública como policías municipales, estatales y federales, a los que se señala por cometer actos de tortura para obtener declaraciones inculpatorias o fabricación de delitos, así como detenciones arbitrarias.
El informe también destaca la crisis de personas desaparecidas en el país, que sumó 7 mil 698 nuevos registros de este tipo durante el año pasado para superar las 97 mil víctimas totales de este delito en las últimas seis décadas.
Otro de los puntos relevantes dentro de este informe fue la violencia hacia mujeres y niñas en el país, especialmente en materia de feminicidios en el Estado de México, en donde “las investigaciones penales sobre estos delitos presentaron deficiencias graves”, por lo que “los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, algo que aumentaba la probabilidad de que los crímenes quedaran impunes”.
ONU llama a gobierno de AMLO a abandonar la militarización
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a abandonar la militarización de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos, regresar al Ejército a los cuarteles y convertir a la Guardia Nacional en un organismo de carácter civil.
- Esto como parte del informe que publicó su informe sobre la visita a México que se llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, donde también recomienda fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Además destaca que las reformas legislativas en materia de seguridad, implementadas desde el 2006 y que incluye las recientes que se caracterizan por la militarización, han sido insuficientes para combatir la delincuencia, en lo referente a la protección de derechos humanos, y que, incluso, varios aspectos han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad.
- “La permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, indica el documento del comité.
- Contexto. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la visita que realizó este Comité es muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional.
- “El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”, señala en un comunicado.
Guardia Nacional y sus facultades militares
La Guardia Nacional mexicana cumple tres años desde su formación jurídica rodeada de polémica por funcionar como una herramienta para la militarización, situación que podría afianzarse todavía más en 2022 en un país donde las masacres y la violencia no cesan, según expertos.
“La Guardia Nacional (GN) fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial de hacer una corporación netamente castrense”, dijo a EFE el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
- Para el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este cuerpo policial “nace con un respaldo político y jurídico muy importante a diferencia de otras instituciones de seguridad pública. que suelen nacer siempre con mucha polémica”.
- Aguirre aseguró que incluso su organización vio la creación con esperanza, pero pronto los contenidos iniciales del plan “se fueron diluyendo” y la Guardia Nacional tomó muy pronto un camino mucho más cercano a lo militar que a lo civil. Tanto que está encabezada por un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, en lugar de un civil, como se prometió inicialmente.
- Las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional fueron apoyadas por unanimidad, pero la imagen que se dio de la corporación era otra. Y los cambios han ido caminando hacia la militarización llegando al culmen en mayo pasado, cuando a través de un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Además, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que organizaciones civiles han criticado porque, dicen, significaría la militarización de la seguridad pública.
La oportunidad del contrapeso
Sobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la discusión de un recurso de inconstitucionalidad, decisión en la que, consideró Aguirre, el Supremo mexicano puede jugar “un papel relevante de contrapeso”.
Oliva explicó que, aunque otras corporaciones como la Guardia Civil española o los Carabiniere italianos tienen origen militar y funciones policiales «una tradición en las democracias contemporáneas», esta decisión presidencial puede cambiar tajantemente el rumbo de la Guardia Nacional. “El primer recurso de un soldado es accionar su arma para liquidar y el último recurso del policía es el arma”, expresó.
El pasado 17 de febrero el Gobierno de México anunció que el número de homicidios dolosos en México registró una reducción anual del 14,2 %, al pasar de 2.635 en febrero de 2021 a 2.260 el mes pasado, 375 casos menos. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en los últimos nueve meses hubo una tendencia sostenida a la baja de los homicidios intencionados o dolosos.
La contención en el pico de violencia
Sin embargo, medios de comunicación de México y de todo el mundo recogieron en sus portadas en los últimos meses masacres y tiroteos que dejan en evidencia la situación de descontrol de la violencia en la que se encuentran múltiples zonas del país.
“Los datos oficiales señalan que hay contención en algunos de los delitos, sobre todo en homicidio doloso con arma de fuego. Y sí está contenido, pero en su pico más alto”, señaló Oliva.
- Con él coincidió Aguirre, quien consideró además que empieza a darse en México una discusión sobre la “solvencia técnica” respecto a las cifras que presenta el gobierno y los segmentos que cortan para hacer comparaciones.
- “Estamos teniendo años con más de 35,000 homicidios, no hay reducción que celebrar”, sentenció.
- “La Guardia Nacional fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial …». Santiago Aguirre, director del Centro Prodh
Ante esta situación, ambos expertos coincidieron en que 2022 será un año decisivo en el que podría afianzarse la militarización de la seguridad pública en el país si se continúa en el camino establecido por el presidente y se confirma la transferencia de la GN a la Sedena.
“Estamos más bien escépticos y preocupados y consideramos que si se confirma esta reforma esto marcaría un punto de no retorno que sería difícil de cambiar en el futuro”, consideró el director del Centro Prodh./PUNTOporPUNTO
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