Después de una compleja preparación, hoy están convocados a las urnas 92 millones 823 mil 216 ciudadanos para participar en la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proceso que ha involucrado a los tres poderes del Estado, y generó el nivel de confrontación más intenso de la historia entre el Poder Ejecutivo y las autoridades electorales, lo cual por momentos comprometió el descarrilamiento de la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana.
- Será la tercera vez en un año que los ciudadanos acudan a las urnas como consecuencia de la apuesta obradorista por introducir mecanismos de democracia participativa: las elecciones federales de 2021, la consulta popular y ahora este proceso que, como define la ley, se origina en la “pérdida de confianza” hacia el Presidente. Será la primera ocasión que un titular del Ejecutivo federal someta su mandato al escrutinio público para continuar su gestión hasta el final del periodo por el que fue elegido.
Para que el resultado tenga carácter vinculante deberá pronunciarse la mayoría de los electores por la remoción, con la condicionante de que debe acudir a las urnas al menos 40 por ciento del listado nominal que avaló el Instituto Nacional Electoral (INE) en marzo. Deberán votar 37 millones 129 mil 286 ciudadanos para que, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decrete la revocación de mandato.
- Esta noche el INE informará por dos vías los resultados de la consulta. Entre las 21 y 22 horas se difundirá el reporte del conteo rápido, que incluirá tanto las proyecciones sobre el sí y el no a la revocación, como la participación estimada, variable fundamental para el destino de la votación.
- En paralelo, en el sitio de Internet del INE aparecerán los resultados del cómputo de las 57 mil 517 casillas que se instalarán en todo el país, información que se espera captar en el transcurso de la noche, aunque el instituto oficializará el resultado el 11 de abril.
Con esta primera experiencia en México, será la tercera ocasión que este mecanismo de consulta a la sociedad se realice en América Latina. Anteriormente se efectuaron en 2004, con Hugo Chávez, en Venezuela (que se saldó con una votación a su favor superior a la obtenida en su elección), y de Evo Morales, en 2008, que obtuvo un respaldo mayoritario.
López Obrador someterá su mandato a la decisión ciudadana en su cuarto año de gobierno, promovido bajo su gestión. Auspiciado desde los albores de su sexenio con la premisa de que la sociedad no tiene por qué soportar malos gobiernos, se aprobaron los cambios constitucionales y legales que hoy se concretarán en las urnas.
- En el cuarto año del gobierno de Felipe Calderón ya se acumulaban 28 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico, las masacres proliferaban y emergía con fuerza la desaparición de personas, detonante de una crisis de derechos humanos en el país .
En 2016, el cuarto año de la gestión de Enrique Peña Nieto se sumergía en una crisis detonada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que se profundizó con el escándalo de la Casa Blanca, sepultando la eficacia del denominado Pacto por México como fórmula de gobernabilidad.
Desencuentros
Aunque fue incorporada a la Constitución desde 2019, la revocación de mandato fue regulada en la ley secundaria hasta septiembre de 2021, con 454 días de retraso con respecto al transitorio de la reforma constitucional. Era el inicio de un tortuoso camino para instrumentar un nuevo mecanismo de participación ciudadana que se convirtió en una agria disputa política y legal.
- Aun sin legislación secundaria, ya estaba en ciernes el primer gran desencuentro entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el INE: el financiamiento para la organización con un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al instituto que le dejaba sólo 830 millones de pesos para realizar la consulta.
- La polémica presupuestal generó mutuas recriminaciones: “estrangulamiento financiero”, como un sabotaje a su operación, acusaba el INE; el organismo optó por defender sus privilegios y millonarios fideicomisos, reviraban desde el Poder Ejecutivo. La disputa política terminó con sendos litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las diferencias por el financiamiento derivaron en un segundo escenario de confrontación: las casillas a instalar. Morena acusó al INE de evadir su obligación legal de desplegar el mismo número de la elección federal anterior: 62 mil mesas receptoras. Nadie está obligado a lo imposible, respondió el INE para justificar las 57 mil 517 que finalmente instalará, postura que recibió el aval de la SCJN que le permitió organizar la consulta hasta donde los recursos alcanzaran.
Una legislación muy restrictiva sobre la difusión fue el colofón de un proceso con altos niveles de litigiosidad: 172 quejas relacionadas con la indebida difusión de la revocación por funcionarios, donde el INE responsabilizó al Presidente, su gabinete y gobernadores.
- El proceso cerró con abierta confrontación: el INE denunció la “contumaz violación” de la Constitución por servidores públicos de la Cuarta Transformación y Morena, mientras funcionarios cuestionaron la censura y renuencia del INE a que se promoviera la jornada de este domingo.
- El porcentaje de participación como eje de la procedencia legal para revocar el mandato es también una apuesta política de López Obrador y aquellos, como la organización Que Siga la Democracia, que impulsaron la consulta para demostrar el respaldo al proyecto de gobierno.
Con 11 millones 97 mil 960 firmas entregadas para promover su realización, esta cifra se ha convertido en un umbral mínimo de participación exitosa para quienes auspiciaron este ejercicio.
En condiciones similares de escasa difusión en radio y televisión, restricciones a la injerencia de los partidos y escaso presupuesto para instalar casillas, la primera consulta popular a escala nacional (para enjuiciar a los políticos del pasado) representó un fracaso desde la perspectiva de la participación: sólo 6.6 millones de votos, apenas el 7.11 por ciento del listado nominal de electores.
Hoy se concretará un segundo proceso de democracia participativa para responder a la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Pregunta que por cierto también terminó resolviendo la SCJN.
Ven innecesaria la revocación de mandato
A pesar de los ataques del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades electorales por la consulta de revocación de mandato, medios de comunicación aseguran que los ciudadanos irán a realizar el proceso democrático sin expectativas de cambio este domingo 10 de abril.
- Bajo este polémico contexto, los mexicanos se estrenarán en un referendo revocatorio impulsado por López Obrador, quien según los analistas buscará revalidar su gestión a la mitad del sexenio para darle un nuevo impulso a su proyecto político de la «Cuarta transformación» y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la cara a las elecciones regionales que se realizarán en junio y el próximo año, y las presidenciales de 2024.
- Sobre la inédita consulta, en la que se preguntará a los mexicanos si quieren que se revoque el mandato del actual Ejecutivo o que continúe hasta el final de su sexenio, no se esperan mayores sorpresas. Con una popularidad presidencial que ronda el 60% y el debilitamiento de la oposición, los analistas ya dan por descontado que la opción de revocatoria de mandato no triunfará.
Entre quienes están confiados en que no habrá cambios políticos en México luego de las elecciones del domingo está María Hernández, una ama de casa de 70 años que es beneficiaria de un programa estatal de ayudas económicas a los ancianos, quienes reciben cada dos meses un monto equivalente a 150 dólares.
Desde la sala de su humilde vivienda en la colonia Obrera de Ciudad de México, Hernández indicó que espera que todas las persona de la tercera edad y jóvenes beneficiarios de los programas estatales salgan a votar a favor del mandatario porque «en las buenas y en las malas tenemos que seguir con él, porque si él no está ahí, nos quitan las ayudas que tenemos». «No se va a remover a quien nos extiende la mano», agregó.
- Pese a la polémica y los llamados a boicot de la oposición, que ha planteado que el referendo implicará el gasto de millones de pesos para un proceso que no genera cambios políticos, Abel Medina, propietario de una pequeña fábrica de tortillas en el centro de la capital, dijo que la votación «servirá para legitimar al presidente. Tenemos un buen presidente diferente a esa gente del pasado que nos enterró vendiendo las compañías estatales, y por eso queremos que siga».
- Mientras empaca un lote de tortillas en una bolsa plástica, Medina, de 40 años, dijo que estaba seguro de que la «gente del pueblo, los tortilleros, los peluqueros, los albañiles vamos salir a apoyar a Andrés Manuel», y le restó importancia a los señalamientos que han surgido contra funcionarios públicos en medio de la campaña y sostuvo que la oposición actúa frente a López Obrador como «una novia despechada, que como la dejó el novio le hace la vida imposible».
En contraste, Martín Meneses, un exempleado del correo estatal de 58 años, se manifestó pesimista sobre el futuro de México y cuestionó que se usaran «cantidades estratosféricas para hacer elecciones cuando los niños con cáncer no tienen medicinas». «Ahorita está muy endeble la democracia», expresó, y agregó que espera que los adversarios de López Obrador salgan a votar masivamente porque «es importante que el presidente vea que el pueblo comienza a despertar del letargo».
- La única incógnita que ha surgido en torno al referendo es sí habrá o no participación considerable de electores. Algunos analistas apuntan a que los seguidores del gobierno y los beneficiarios del programas estatales podrían acudir masivamente a las urnas para expresar su respaldo al mandatario.
- Al respecto Rubén Salazar, director la firma local Etellekt Consultores, que se dedica al diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgos y políticas públicas, dijo a la AP que algunas encuestadoras han proyectado una participación del orden del 50%, situación que atribuyó «al aparato propagandístico del propio gobierno que ha hecho una campaña muy intensa con el uso de recursos públicos», y la «coacción de los electores que reciben programas sociales», a quienes aseguró que les han infundido miedo al decirles que si el presidente es destituido podrían perder sus beneficios.
Por el contrario, otros analistas como el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos, consideró que el desconocimiento que hay sobre la votación y el desinterés del electorado pesarán en la participación. Morelos indicó que el evento electoral podría correr con la misma suerte que el referendo que se realizó en agosto pasado, también promovido por López Obrador, en el que se preguntó a los mexicanos si estaban a favor de que se enjuiciaran a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La consulta tuvo una participación de 7% y no logró el porcentaje mínimo de 40% (unos 37 millones de votantes) exigido por la legislación mexicana para ser vinculante para los poderes públicos.
Esta es la opción a la que está apostando la oposición, que ha llamado a los mexicanos a dejar las urnas vacías el 10 de abril para no avalar la iniciativa de López Obrador.
Marcos Aguilar, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) —la principal fuerza opositora mexicana— afirmó que la organización no prevé que en el referendo se alcance una participación del 40% de los electores.
«Participar en este proceso de revocación de mandato implica participar en la simulación», dijo Aguilar a la AP al asegurar que desde el inicio del proceso se incurrió en una «simulación de lo que establece nuestra constitución» porque las firmas requeridas para activar la consulta fueron recolectadas por «la estructura del partido oficial y los servidores de la nación», y no por participación ciudadana.
- El político precisó que durante la campaña electoral también se registraron otras desviaciones, como la participación de funcionarios públicos en actos de proselitistas y el uso de fondos públicos en la campaña. Uno de los casos que alcanzó notoriedad fue el ocurrido el pasado fin de semana en el estado norteño de Sonora, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, intervino junto a otros funcionarios y miembros de Morena en un acto político en el que pidió a los habitantes apoyar al presidente el 10 de abril.
Al preguntarle al respecto, López Obrador expresó en su conferencia matutina que el secretario estaba visitando los estados «para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él está ayudándome con la transformación».
A escasos días de la consulta la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares contra la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y López, entre otros funcionarios, por hacer promoción a favor del presidente en período prohibido y les ordenó retirar publicaciones relacionadas con el referendo de sus redes sociales.
- El director de Etellekt Consultores indicó que las prácticas que siguió el gobierno durante esta campaña, así como los recurrentes cuestionamientos que mantuvo López Obrador contra las autoridades electorales representaron un «ensayo» de lo que podría observarse en los próximos procesos electorales «porque ya no hay nadie que les ponga un alto». Salazar afirmó que en este referendo revocatorio más allá de buscar legitimar a López Obrador «lo que está poniendo a prueba es la capacidad que tenga la propia ciudadanía de reaccionar ya a un intento del gobierno por controlar los procesos electorales».
En los meses previos a la consulta se dio una intensa batalla política y legal entre el oficialismo y el INE luego de que la Cámara de Diputados, que controla Morena, le recortó el presupuesto al organismo. El INE suspendió en diciembre el proceso para el referendo alegando que no tenía recursos suficientes pero luego tuvo que reactivarlo tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le ordenó seguir adelante con la votación.
Tras una serie de ajustes, el organismo electoral fijó un presupuesto de cerca de 78,2 millones de dólares para el referendo revocatorio que inicialmente se había estimado que costaría 191,2 millones de dólares./Agencias-PUNTOporPUNTO
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