La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) exhortó al Congreso de la Unión y al Poder Judicial a hacer una valoración de las demandas e indemnizaciones de carácter nacional e internacional que tendrán que solventar los mexicanos, en caso de que la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se apruebe en los siguientes días.
- Para la Canacintra, la reforma eléctrica desatará una ola de amparos, litigios, arbitrajes y las empresas que se sientan afectadas acudirán a paneles internacionales.
- “Gran parte de estas tendrían que ser indemnizadas con dinero recaudado de los contribuyentes formales”.
- Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, se manifestó por modernizar y adecuar la Ley eléctrica, acorde a las necesidades actuales y futuras, pero no permitir una regresión de la época de los años 70, en que el gobierno tenga el control del sector energético.
“Aprobar dicha iniciativa sería un gran error gubernamental, que se sumaría al de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México de Texcoco, porque limita la competencia de inversionistas privados y da poca protección al medio ambiente; e incrementa la incertidumbre económica actual y golpea a la credibilidad y confianza de los inversionistas en nuestro país”, sostuvo.
- Para la Canacintra, la iniciativa de reforma eléctrica, representa un “alto riesgo para la seguridad energética del país”, puesto que provocaría suministro intermitente de energía eléctrica, y no contempla un marco normativo en materia energética, ni presenta una sustentabilidad jurídica o equidad dentro del mercado.
Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutiría la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Mientras que por la mañana, López Obrador exhortó al PRI en el Congreso a definirse en la discusión de la reforma eléctrica, pues comentó: “están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras”./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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