TEXTO ÍNTEGRO: VIOLENCIA contra la PRENSA aumentó 85% en los tres primeros años del GOBIERNO de la 4T

En solo tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se tiene un aumento del 85% de agresiones y hasta 50% de asesinatos de periodistas con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.

• Así lo denunció este martes la organización Artículo 19, que presentó su informe anual 2021 sobre violencia contra la prensa en México, el cual tituló «Negación» como una crítica hacia el discurso del mandatario federal y de su área de comunicación.
• Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa en Artículo 19, puntualizó que los primeros tres años del gobierno de López Obrador son «el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro».

La activista agregó que las cifras actuales superan incluso las que se registraron en los sexenios de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), que en sus primeros tres años reportaron 19 y 26 asesinatos de comunicadores, respectivamente. Esos periodos, en su momento, fueron considerados los periodos más violentos para el gremio.

«Este informe da cuenta cómo en los tres años de este gobierno se ha agudizado la crisis de derechos humanos. Hay 85% de agresiones y el doble de asesinatos contra la prensa, en comparación a los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto», enfatizó.

• Tan solo en lo que va de 2022, ocho periodistas han sido asesinados en México, pero, criticó Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, el presidente López Obrador niega que la responsabilidad del Estado y que hay una violación sistemática a los derechos humanos.

«En 2021 se consolidó la tendencia a negar problemáticas de derechos humanos. Esto impacta de manera negativa a la libertad de expresión (…) Así, este gobierno acumula 33 asesinatos de periodistas», dijo Maldonado en la presentación del informe.

En este sentido, señaló que «negar» la realidad que atraviesa el país deriva en la falta de medidas urgentes para frenar el espiral de violencia y el atentado hacia la democracia y la libertad de expresión.

• Leopoldo Maldonado aprovechó el espacio para rendir un homenaje a los periodistas que han sido asesinados en México en solo tres años de gobierno.

«Hoy recordamos a los periodistas asesinados, pues traerles a la memoria significa remitirnos a sus coberturas y a los poderosos que se sintieron con el derecho de arrebatarle la vida», expresó.

La violencia en datos

En su informe, Artículo 19 da cuenta de 644 agresiones contra la prensa en 2021. Es decir, una cada 14 horas. Además, en promedio se cometió al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país, cifra también histórico.

• Pero desde que inició el actual gobierno (en diciembre de 2018) a la fecha suman 1,945 agresiones, con 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones.
• Respecto a la posible participación de las autoridades mexicanas, Artículo 19 estima que estuvieron vinculadas en dos de cada cinco agresiones en contra de la prensa.

A esto se suma el gasto del gobierno federal en publicidad oficial, lo que representa un «obstáculo» para la «pluralidad mediática»: solo tres medios representan el 33% del total del gasto de comunicación social en la administración de López Obrador, mientras que los primeros 10 medios favorecidos acumulan el 52% del total de recursos.

Artículo 19 también criticó la sección de «Quién es quién en las mentiras», que figura en el programa de las conferencias matutinas del presidente López Obrador y desde donde se descalifica la labor periodística.

Las consecuencias de la negación

La negación se traduce, según el informe, en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital y violaciones a los derechos humanos.

Todas estas problemáticas vulneran la libertad de expresión.

“No es solo la negación, sino las consecuencias de ello, en términos de la denostación de quienes critican, quienes contrastan la información dada desde el poder público”, matizó Maldonado.

• Lo anterior queda plasmado, dice, en la sección semanal de las conferencias matutinas desde Palacio Nacional “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, en la que se repasan notas periodísticas en las que se desmiente información supuestamente falsa o crítica con el Gobierno.

“Es preocupante porque la negación se da en todos esos ámbitos y en un contexto en el que desde el discurso público se está distorsionando la realidad, donde se está desinformando y a la vez a quien cuestiona se le está atacando”, consideró el experto.

Una agenda mínima

En este contexto de urgencia, Artículo 19 propone una “agenda mínima” con iniciativas imprescindibles para cambiar el rumbo del país en torno a la violencia contra la prensa.

Entre estas medidas se encuentran la eliminación del uso “discrecional y arbitrario” de la publicidad oficial como recurso de control de las líneas informativas, la eliminación de restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, el desarrollo de una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio periodístico o la promoción y garantía del acceso a internet y a la información “sin discriminación”, entre otras.

Hacer periodismo en México: entre la precariedad, el desplazamiento y la impunidad

El 31 de enero pasado, el director del medio regional Monitor Michoacán, Armando Linares López, repudió el asesinato de su colaborador Roberto Toledo. Exigió justicia en lo que eran hasta ese mes las instalaciones de su portal, habilitadas como un set de televisión. 43 días después, el 16 de marzo, él también fue asesinado.

Armando fue el octavo periodista asesinado en 2022, a la mitad del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo periodo han matado a 33 colegas.

• Enero fue un mes letal. Primero fue José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California, luego Roberto, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
• Febrero y marzo completó la cifra oprobiosa. Hebert López, en Oaxaca; Jorge Camero Zazueta, Sonora y Juan Carlos Muñiz, Zacatecas. Todos con armas de fuego. Todos impunes.
• Desde el 2000 hasta este marzo, han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 desaparecidos por su labor de informar, de acuerdo a la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.

En estados al sur como Guerrero, donde ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, los periodistas sufren desplazamientos masivos; en el Estado de México, uno con altas tasas de feminicidio, secuestraron a una de las periodistas más críticas, Teresa Montaño, mientras que, en el estado del oeste, el efecto Monitor Michoacán ha hecho que cierren sus cortinas otros medios regionales, por mencionar algunos casos.

Antes de ser desaparecido o asesinado, un periodista mexicano padece la precariedad de su profesión— hay medios locales que pagan cuatro mil pesos al mes—, el acecho de políticos que responden con agresiones a las críticas, persecuciones y hostigamiento. Los freelancers la pasan peor, hay meses que no consiguen vender ni una nota o fotografía.

• Un periodista no tiene seguro de vida, tampoco capacitaciones constantes de parte de sus empleadores para cumplir con su trabajo, mucho menos en materia de seguridad, aunque lo mismo se mueven en las sierras donde se siembra amapola, en medio de enfrentamientos o en pueblos fantasma donde la gente huyó para conseguir una mejor vida.
• Una nota de ocho columnas, le puede costar la vida, como a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo del 2017 o a Miroslava Breach, en marzo de ese mismo año y cuyo caso es de los pocos en donde hay detenidos: Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio de Chínipas, fue condenado a ocho años por participar en su homicidio .

Por poner un ejemplo de la informalidad laboral en la que se hace periodismo en México, en 2020 el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoé Robledo informó que en país 22 mil periodistas no están afiliados a un sistema de seguridad social.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para los medios, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Lo ubica en un lejano sitio, el 143 de 180 países evaluados, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021. En Latinoamérica, equiparables violencias viven Venezuela, Colombia y Brasil.

“La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado—especialmente a nivel local—, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría”, apunta RSF.

• La violencia contra los periodistas en México, en un país con un promedio de hasta 100 asesinatos al día, es un fenómeno más que completa un abanico criminal que incluye feminicidios, desaparición forzada, desplazamientos, asesinatos a defensores de derechos humanos, entre otros. Al igual que la mayoría de casos, los homicidios y desapariciones de periodistas están impunes. El 99.3 por ciento de casos sin resolver, según Artículo 19.

Organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) han alertado que este sexenio se perfila como uno de los más violentos para la prensa en México, no sólo por los asesinatos y desapariciones, sino también porque el presidente López Obrador mantiene una confrontación diaria y abierta contra los medios de comunicación y periodistas que considera contrarios a su gobierno.

Su representante en México, Jan-Albert Hoosten, dice que el gobierno de López Obrador debe demostrar voluntad política para resolver los crímenes contra la prensa, hacer claras sus reglas de operación sobre la publicidad oficial y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) que mantiene a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 defensores, hasta abril del año pasado.

El del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) había sido el período más letal para la prensa: 48 asesinatos en esos años que inició la “guerra contra las drogas”, una estrategia que envió a los militares a las calles, supuestamente a pelear contra las bandas criminales, a quienes en ese sexenio les atribuyeron las altas tasas violentas.

• Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 47 periodistas asesinados. Aunque con Calderón en cifras sólo fue un colega más, el hostigamiento y agresiones aumentaron año con año. Artículo 19 alertó que hasta 2018 cada 24 horas un periodista era agredido, mientras que con López Obrador la frecuencia escaló: cada 14 horas la organización registró un ataque contra la libertad de expresión hasta 2021.
• Artículo 19 registró 507 agresiones a periodistas en 2017; en 2018, fueron 544; en 2019, sumaron 609; en 2020, 692 y en 2021 documentó 644.
• Todo esto, en un contexto de violencias traslapadas. El delito de feminicidio aumentó en un máximo histórico. Hasta 2021, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hubo mil cuatro casos de feminicidios, sin dejar de considerar que también las violaciones sexuales y la violencia familiar aumentaron durante la pandemia de COVID-19, en 2020.

Aunque la explicación presidencial refuta que hayan aumentado los delitos como consecuencia de una fallida estrategia de seguridad nacional, aún con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional—la corporación militar que suplió en tareas de seguridad a la Policía Federal que operó hasta el sexenio anterior—, al cierre del 2021 el gobierno de López Obrador registró más de 106 mil víctimas de asesinato.

Nuestra única defensa es una pluma

“Exhibir gobiernos, funcionarios y políticos corruptos nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros… Nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta”, fue el mensaje con el que Armando Linares exigió justicia el 31 de enero.

¿Qué pierde la sociedad cuando se cierra un medio, cuando asesinan a un periodista?

Montitor Michoacán era una voz importante para los ciudadanos de ese estado, característico por la cantidad de civiles armados y las estrategias de seguridad que han iniciado, como en diciembre del 2006, cuando Calderón comenzó allí su combate al narcotráfico con el despliegue de 7 mil soldados. Desde el asesinato de Armando Linares, al menos seis portales más pausaron su actividad. Algunos periodistas salieron de ese estado.

Desde el 2 de diciembre del 2021, dos meses antes de que asesinaran a Roberto Toledo, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció amenazas de muerte. No fue escuchado.

• Este organismo, desde su creación en 2010, sólo ha logrado 149 órdenes de aprehensión y formal prisión para 14 personas de 247 indagatorias iniciadas. De este caso hubo detenciones, de acuerdo a lo que el equipo sabe, pero no por el asesinato de Roberto sino de Armando. También que fueron asesinados dos presuntos pistoleros a finales de marzo.
• Sólo a Armando Linares el gobierno federal le dio el estatus de periodista, Roberto Toledo fue tratado por el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, como un ayudante, demeritando de ese modo su colaboración periodística con Monitor Michoacán, aunque con su nombre firmó investigaciones que señalaban claramente corrupción política.

Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, considera que las características de los reporteros asesinados en 2022 ponen en evidencia la descomposición de los lugares, la corrupción política y cómo es en las regiones más apartadas donde registran el mayor número de casos, además, son los funcionarios, elementos de corporaciones policiacas y servidores públicos, los principales agresores.

Para Balbina Flores, representante de RSF en México, el periodismo local como el que hacía Roberto, es similar a casos como el de Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Reporteros en la calle que tienen sus propios medios, lo cual es más vulnerable, porque están alejados y solos.

“Es el periodismo más frágil y más solitario es el que se hace en los últimos cinco años en México. La impunidad se instala como la práctica más común a dónde las Fiscalías locales no les importa hacer investigaciones profundas y pueden pasar años y años los expedientes allí”, critica.

Un ejemplo de esto: Guerrero, Michoacán y por su puesto Veracruz, el estado más letal para la prensa con 31 asesinatos en los últimos 20 años.

• Joel Vera repitió a la Feadle lo que ya habían denunciado en la Fiscalía local de Michoacán, que las amenazas provenían de funcionarios y políticos vinculados al ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, uno de ellos encarcelado en 2009. Él y su equipo están exiliados.
• Dos homicidios después, con una querella iniciada con folio de investigación 100053/2021, en la que también compareció Armando Linares y reveló los nombres de varios políticos, no hay una sola indagatoria que indique al equipo, si el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís o el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, a quienes denunciaron con investigaciones sobre supuestos actos de corrupción, son investigados.

A Roberto Toledo lo sepultaron en Morelos, de donde era originario, había ido a ese estado en busca de oportunidades. “Lo importante era llevarlo donde está su papá, está la familia, es como le digo, lo llevamos para Cuernavaca, triste, porque no es la forma en la que la familia se reúne”, comparte su hijo.

Su hijo exige justicia, se siente vulnerable y le da miedo, como al resto de su familia, todo en torno al asesinato. Quieren que el Mecanismo de Protección a periodistas y todos los protocolos sirvan antes de que alguien denuncie amenazas. Después para qué. “¿Uno qué hace cuando su familiar ya está asesinado?”.

En Michoacán han sido asesinados del 2000 a la fecha 12 compañeros.

Vivir desplazado

Guerrero es uno de los estados más peligrosos para ser periodista. No sólo por sus insurrecciones, también cuenta con seguridad federal y presenta los más altos índices de violencia histórica. El 2013 fue el más mortífero: tuvo la tasa más alta de homicidio doloso, 69.57 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Muy por encima de la media nacional.

• Desde 1999 a la fecha han sido asesinados 15 periodistas, el último, el 2 de agosto del 2020, Pablo Morrugares en Iguala. Las amenazas se cumplieron, porque a partir del 26 de septiembre del 2014, el día que fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa en ese municipio, la tragedia representó un hito para el periodismo local.
• Al menos 30 colegas de la zona Norte, una región que colinda con los estados de México y Morelos han tenido que abandonar Iguala por amenazas. La mayoría no está en el Mecanismo de Protección.
• Colegas entrevistados al respecto, sin revelar su identidad por seguridad, hicieron una narración de lo que ha pasado en los últimos siete años en Iguala.

Una de las voces explicó que esta violencia se presentó desde 2012. No era tan visible pero ya comenzaban las extorsiones, secuestros, que los criminales se llevaran gente, que la reclutaran para sus actividades, cuando pasó la desaparición masiva del 2014. Fue a partir de que Iguala se convirtió en una gran fosa clandestina cuando la violencia escaló.

Tan sólo en los registros de los colegas locales, de 2014 a 2017 habían encontrado a 300 personas en los cerros. Cuando las organización criminal Guerreros Unidos se fractura por las detenciones que hubo en torno a Ayotzinapa, los colegas empezaron a recibir amenazas.

“Te decían qué publicar, que no. Los de la nota policiaca quedábamos en medio de esos dos grupos, mientras uno te amenazaba con no publicar cierta información, el grupo contrario te amenazaba si no publicabas información”, narra.

Los criminales hicieron grupos de WhatsApp y allí metieron a colegas. Les daban indicaciones.

“Mi incorporación al Mecanismo es desde el 2018, pero mi desplazamiento fuera de Iguala, lo hice por propios medios en 2020, porque el Mecanismo te obliga como opción ser desplazado, pero tiene que ser forzosamente fuera del estado, en mi caso, por la cuestión laboral no podía estar retirado de mi fuente de trabajo”, dice otra voz.

• Los compañeros han recibido amenazas personales y a sus familias. Les arrebataron su tranquilidad. El desplazamiento no sólo afecta su economía, también la manera en la que hacían periodismo. Muchos dejaron de publicar noticias referentes a la seguridad. Actualmente en Iguala sólo hay dos colegas que trabajan en la nota roja.
• Con el gobierno actual de Evelyn Salgado aumentaron los refuerzos de seguridad en ciudades con índices violentos como Iguala. Participan la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército sin que esto garantice a la población estar en paz.

No se escuchan los hechos de violencia en la misma frecuencia que hasta 2018, pero porque ya no hay quien los reporte como tal. Como ejemplo, hace unos días mataron a seis personas sin que nadie diga nada.

“Hay un antes y un después de Ayotzinapa. Lo que evidenció el caso es que hay mucha gente involucrada con el crimen organizado, desde comercios, gente que se dedicaba al cobro de cuotas, a la venta de narcóticos… me llama la atención que a la gente le incomoda, critica mucho las movilizaciones de organizaciones sociales, porque acabaron con la lucha social en la zona”, dice.

La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) considera que el gobierno estatal distribuye los recursos públicos de manera discrecional y es el principal agresor, tan sólo en 2017 registraron 32 agresiones en contra de 40 periodistas. El dirigente de esta organización, Jesús Guerrero, considera que los gobiernos de Morena, afines al presidente agreden aún más emulando el discurso golpista del presidente./Agencias-PUNTOporPUNTO

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