México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos que se agudizó durante el año pasado debido a los altos niveles de violencia e inseguridad, así como a las declaraciones públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros funcionarios de su gobierno, han hecho en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, activistas y académicos, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).
- El reporte para México señaló que “a pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles, como parte de su estrategia de seguridad pública, el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico”, lo que ha favorecido la violación de derechos humanos en las zonas más militarizadas del país.
- Los datos recopilados por este informe muestran que la Guardia Nacional fue la fuerza de seguridad con mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2021, por lo que su integración total a las Fuerzas Armadas es un retroceso importante en esta materia.
Además el documento señala que los abusos de autoridad también han aumentado en otras instituciones de seguridad pública como policías municipales, estatales y federales, a los que se señala por cometer actos de tortura para obtener declaraciones inculpatorias o fabricación de delitos, así como detenciones arbitrarias.
El informe también destaca la crisis de personas desaparecidas en el país, que sumó 7 mil 698 nuevos registros de este tipo durante el año pasado para superar las 97 mil víctimas
totales de este delito en las últimas seis décadas.
Otro de los puntos relevantes dentro de este informe fue la violencia hacia mujeres y niñas en el país, especialmente en materia de feminicidios en el Estado de México, en donde “las investigaciones penales sobre estos delitos presentaron deficiencias graves”, por lo que “los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, algo que aumentaba la probabilidad de que los crímenes quedaran impunes”.
Ineptitud de la 4T en combate a cárteles de la droga
Este año el Gobierno de Estados Unidos destinará a México 116.6 millones de dólares para temas de seguridad y Estado de Derecho en el país, lo que representa una disminución de 28.2 por ciento respecto a 2019, el primer año de la administración de López Obrador.
- Así lo refiere el informe Asistencia exterior de EE.UU. a América Latina y el Caribe: asignaciones para el año fiscal 2022 del Congreso estadounidense, en el que se especifica que los recursos que recibió el país durante 2019 fueron de 162.4 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos siete años. Es decir, este año el gobierno de la Cuatroté recibirá 45.8 millones menos respecto a su primer año.
De acuerdo con datos de la administración del presidente Joe Biden, esta disminución se debe en gran medida a los recortes presupuestales que ocurrieron del año 2021 a 2022 en las cuentas de Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INCLE) y de la de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que representaron una disminución de 42.3 millones de dólares para el país.
Sin embargo, de manera específica indica que los 116.6 millones de dólares que serán destinados a México este 2022 tienen el objetivo de “fortalecer el Estado de Derecho; fronteras y puertos seguros; y combatir el crimen organizado transnacional, incluido el cultivo de adormidera y producción de heroína y fentanilo”.
Además, estos recursos contemplan ya algunos fondos para ayudar a México a “reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la conservación del medio ambiente”.
- México tradicionalmente no era un receptor importante de ayuda de Estados Unidos debido a su condición de “país de ingresos medios”, pero comenzó a recibir recursos para la asistencia antinarcóticos y contra el crimen a través de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.
- Esta iniciativa nació en la administración de los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón Hinojosa, que decidieron trabajar en común acuerdo para combatir los altos índices de violencia e inseguridad que empeoraron luego del inicio de la llamada “Guerra contra las drogas” en México y que tuvo repercusiones en ambos países.
La ayuda fue tal que incluso superó a las asignaciones cedidas por el expresidente Bill Clinton en 2000, año en el que Estados Unidos comenzó a dirigir recursos a América Latina y el Caribe, y que tenían como objetivo ayudar a “Colombia y sus vecinos andinos para combatir el narcotráfico y poner fin al prolongado conflicto armado” en aquel país.
Sin embargo, es de resaltar que las asignaciones para el año 2022 al país ocurren a pesar de que el 8 de octubre de 2021 tanto México como Estados Unidos firmaron el llamado Entendimiento Bicentenario, nuevo plan de seguridad que tenía como objetivo sustituir por completo al Plan Mérida y que busca el desarrollo de las comunidades por encima del combate a los grupos delictivos.
- El Gobierno de México considera a esta iniciativa cosa del pasado, ya que el propio canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró en una entrevista concedida al periódico The Washington Post el pasado 29 de julio de 2021 que la Iniciativa Mérida estaba muerta.
“La Iniciativa Mérida está muerta, no funciona. ¿De Acuerdo?”, dijo el canciller mexicano al periódico estadounidense.
El 29 de septiembre de 2021, Ebrard comentó durante la ceremonia de entrega de la colección “21 para el 21” del Fondo de Cultura Económica a la SRE, que el enfoque que ya tenían avanzado un documento muy avanzado para sustituir la Iniciativa Mérida (que terminó siendo el Entendimiento Bicentenario) y que su enfoque sería reducir los homicidios en México, atender las adicciones en ambos países y generar desarrollo en la región.
En este contexto, el Congreso de la Unión Americana especifica en su último informe que no ha concluido las acciones sobre las asignaciones para el año fiscal 2022 del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (SFOPS, por sus siglas en inglés) que este país otorga en materia de combate al crimen organizado a México, por lo que las cifras anteriormente mencionadas podrían variar.
- Incluso, a pesar de que reconoce que las “medidas de la Cámara y el Senado sobre la ayuda a México aún difieren” con los recursos que le otorgaran al país, que contemplaría ceder incluso el mismo dinero que en 2021, que fue de 158.9 millones de dólares, señala que “ambos informes ordenarían al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizar una revisión integral de la Iniciativa Mérida”.
Lo que sí específica es que ha solicitado 35 millones de dólares adicionales para México a través del programa regional de América Latina y el Caribe de la USAID para apoyar el desarrollo en el sur de México e implementar proyectos de ayuda./Agencias-PUNTOporPUNTO
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