La Guardia Nacional mexicana cumple tres años desde su formación jurídica rodeada de polémica por funcionar como una herramienta para la militarización, situación que podría afianzarse todavía más en 2022 en un país donde las masacres y la violencia no cesan, según expertos.
“La Guardia Nacional (GN) fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial de hacer una corporación netamente castrense”, dijo a EFE el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
Para el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este cuerpo policial “nace con un respaldo político y jurídico muy importante a diferencia de otras instituciones de seguridad pública. que suelen nacer siempre con mucha polémica”.
Aguirre aseguró que incluso su organización vio la creación con esperanza, pero pronto los contenidos iniciales del plan “se fueron diluyendo” y la Guardia Nacional tomó muy pronto un camino mucho más cercano a lo militar que a lo civil. Tanto que está encabezada por un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, en lugar de un civil, como se prometió inicialmente.
Las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional fueron apoyadas por unanimidad, pero la imagen que se dio de la corporación era otra.
Y los cambios han ido caminando hacia la militarización llegando al culmen en mayo pasado, cuando a través de un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Además, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que organizaciones civiles han criticado porque, dicen, significaría la militarización de la seguridad pública.
La oportunidad del contrapeso
Sobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la discusión de un recurso de inconstitucionalidad, decisión en la que, consideró Aguirre, el Supremo mexicano puede jugar “un papel relevante de contrapeso”.
Oliva explicó que, aunque otras corporaciones como la Guardia Civil española o los Carabiniere italianos tienen origen militar y funciones policiales «una tradición en las democracias contemporáneas», esta decisión presidencial puede cambiar tajantemente el rumbo de la Guardia Nacional.
“El primer recurso de un soldado es accionar su arma para liquidar y el último recurso del policía es el arma”, expresó.
El pasado 17 de febrero el Gobierno de México anunció que el número de homicidios dolosos en México registró una reducción anual del 14,2 %, al pasar de 2.635 en febrero de 2021 a 2.260 el mes pasado, 375 casos menos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en los últimos nueve meses hubo una tendencia sostenida a la baja de los homicidios intencionados o dolosos.
La contención en el pico de violencia
Sin embargo, medios de comunicación de México y de todo el mundo recogieron en sus portadas en los últimos meses masacres y tiroteos que dejan en evidencia la situación de descontrol de la violencia en la que se encuentran múltiples zonas del país.
“Los datos oficiales señalan que hay contención en algunos de los delitos, sobre todo en homicidio doloso con arma de fuego. Y sí está contenido, pero en su pico más alto”, señaló Oliva.
Con él coincidió Aguirre, quien consideró además que empieza a darse en México una discusión sobre la “solvencia técnica” respecto a las cifras que presenta el gobierno y los segmentos que cortan para hacer comparaciones.
“Estamos teniendo años con más de 35,000 homicidios, no hay reducción que celebrar”, sentenció.
“La Guardia Nacional fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial …». Santiago Aguirre, director del Centro Prodh
Ante esta situación, ambos expertos coincidieron en que 2022 será un año decisivo en el que podría afianzarse la militarización de la seguridad pública en el país si se continúa en el camino establecido por el presidente y se confirma la transferencia de la GN a la Sedena.
“Estamos más bien escépticos y preocupados y consideramos que si se confirma esta reforma esto marcaría un punto de no retorno que sería difícil de cambiar en el futuro”, consideró el director del Centro Prodh.
El 80% de la GN carece de exámenes de control de confianza
Conforme avanza el sexenio los pendientes se acumulan. Y uno de los más importantes es terminar la certificación y capacitar tanto a los integrantes de la Guardia Nacional (GN) como a los de las policías de los tres niveles de gobierno.
- Sin embargo, a casi tres años de la conformación del cuerpo armado propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual prometió resolver los problemas de inseguridad en el país, así como de corrupción y de falta de coordinación entre las fuerzas encargadas de velar por el bien de los mexicanos, los resultados dejan mucho que desear.
Cifras oficiales del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, revelan que a noviembre del año pasado, 80 por ciento de los elementos que conforman la Guardia Nacional carecen de certificación y no han aprobado los exámenes de control de confianza, es decir, de los 100 mil 480 miembros desplegados en el país, 79 mil 485 elementos no cumplían con los requisitos mínimos.
- La fecha que originalmente establecía la Ley de la Guardia Nacional (LGN) para que el cien por ciento de sus integrantes cuenten con el Certificado Único Policial (CUP), el cual en teoría debería ser obligatorio para todo aquel que forme parte de la institución, caducó el 28 de mayo pasado.
- Por este motivo, el 23 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 1/v-se/2021 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), mediante el cual se acordó ampliar el plazo establecido —únicamente para este cuerpo armado— para que la Guardia Nacional tenga para cumplir con los requisitos hasta el 31 de mayo de 2024.
“Tercero. Las instituciones de seguridad pública con excepción de la Guardia Nacional deberán cumplir los requisitos para que, al 31 de marzo de 2022, sus integrantes obtengan el Certificado Único Policial por parte de los CECC’s. El plazo para que los elementos de la Guardia Nacional obtengan el CUP será al 31 de mayo de 2024” se lee en el DOF.
Entre los argumentos que las autoridades esgrimieron para justificar la falta de avances en esta materia, la cual es fundamental para revertir la crisis de inseguridad por la que atraviesa México, está la pandemia provocada por el COVID-19, sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer una nueva estrategia o un plan de trabajo que les permita ponerse al corriente; tampoco se informó a detalle cuáles fueron las fallas que les han impedido cumplir con esta tarea más allá de la crisis sanitaria.
Cambiar el chip para la certificación
Respecto a la complicada situación por la que atraviesan los cuerpos de seguridad en el país, Reporte Índigo conversó con Erubiel Tirado, coordinador del diplomado de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, quien opina que una de las causas por las cuales no se han realizado las certificaciones es porque a los militares no les gusta realizarla.
“Buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional son militares, y a los militares no les gusta tener que cumplir con estas medidas, pues son procesos enfocados para la policía, una institución que muchos de ellos la consideran por debajo de su categoría. Un efecto que a su vez se ha visto replicado con las policías del país, cuyos mandos se han ido militarizando”, dice el experto en la materia.
Tirado advierte que no llevar a cabo lo que establece la ley trae consigo serias repercusiones, pues deja en evidencia que no contamos con un sistema de seguridad pública profesional con integrantes debidamente preparados.
- “El problema de los militares es que no fueron diseñados para atender temas de seguridad pública, no está en su ADN, entonces se debe capacitarlos para que puedan hacerlo, es decir, cambiarles el chip a uno de policía.
- “La certificación tiene justamente el objetivo de validar las capacidades de este personal para a su vez poder también mantener un estándar a la hora de que lleven a cabo sus labores”.- Erubiel Tirado, Coordinador del diplomado de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
“No importa si eras marino, militar o policía municipal, si entraste a la GN y pasaste las certificaciones significa que ya tienes los conocimientos y habilidades convalidadas para desempeñarte”, algo con lo que hoy en día no tenemos certeza cuenten los cuerpos de seguridad del país./Agencias-PUNTOporPUNTO
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